Durante las elecciones de 2019, el movimiento feminista lideró la campaña #FeministasEnLasListas. En ese momento, la lucha por ampliar los derechos de las mujeres se encontraba en apogeo y la sociedad demandaba candidatas comprometidas con la igualdad de género.
Sin embargo, en el actual cierre de listas se percibió una falta de avances significativos en este sentido. A pesar de la presencia de mujeres como candidatas, muchas de ellas se opusieron abiertamente a la ampliación de derechos igualitarios.
En esta nota, un análisis sobre cómo se refleja en la oferta electoral femenina el paso de estos años de lucha por la igualdad.
Dos mujeres postuladas a presidenta
Dentro de las ocho listas de las alianzas más importantes, considerando a los precandidatos cuyos frentes superaron el 1% de los votos válidos en las PASO de 2019, únicamente se cuenta con dos mujeres como precandidatas a presidenta: Patricia Bullrich (Juntos por el Cambio) y Myriam Bregman (Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad).
Si retrocedemos a las PASO de 2019, la situación era aún más desigual. En aquella ocasión, se presentaron un total de diez listas, pero solo una mujer se postuló como precandidata a presidenta, Manuela Castañeira por el Movimiento al Socialismo.
En cuanto a las vicepresidencias, en las actuales PASO solo hay dos mujeres entre las ocho listas: Paula Abal Medina (Lista Justa y Soberana dentro de Unidad por la Patria) y Victoria Villarruel (La Libertad Avanza). Sin embargo, en ambas fórmulas, estas mujeres acompañan a dos varones, Juan Grabois y Javier Milei, respectivamente.
En comparación, en las elecciones de 2019, hubo tres precandidatas a vicepresidenta: Cristina Fernández de Kirchner (Frente de Todos), Romina Del Plá (FIT-Unidad) y Cynthia Hotton (Frente Nos).
Aunque se han logrado avances en otros ámbitos políticos, el camino hacia la igualdad de oportunidades para las mujeres en la política aún está pendiente.
Candidatas antifeministas
Las mujeres de ultraderecha local han encontrado un espacio central en las elecciones de este año. Estas mujeres defienden posturas negacionistas y abogan por políticas de mano dura, buscando revertir las conquistas en materia de derechos.
Su discurso se articula en contra del lenguaje inclusivo y a favor de la eliminación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidades, además de cuestionar la Educación Sexual Integral (ESI).
Dentro del arco conservador, Juntos por el Cambio ha construido una versión de mujer de derecha que reconoce las desigualdades de género pero propone desmantelarlas desde una perspectiva meritocrática e individualista, favoreciendo a los sectores empresariales y encontrando inspiración en experiencias europeas.
Amalia Granata, con su hashtag "Dale una patada a la casta", utiliza las redes sociales y la televisión para difundir su programa político como precandidata en la provincia de Santa Fe. Granata se presenta como una de las más antifeministas y se posiciona firmemente en contra del aborto.
Además, ha cuestionado la existencia del Ministerio de la Mujer, acusándolo de ser un "curro" y abogando por su cierre, tal como propusieron Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta.
Otra figura relevante es Victoria Villaruel, actual candidata a vicepresidenta y compañera de fórmula de Javier Milei por Libertad Avanza. Abogada y diputada porteña, ha justificado los crímenes del Terrorismo de Estado mediante la reactualización de la teoría de los dos demonios.
En su campaña presidencial, Villaruel se ha pronunciado en contra de los reclamos de diferentes grupos mapuches que buscan la autonomía en la Patagonia Argentina. Acusa al Estado y a las provincias de complicidad, sosteniendo que están afectando la identidad territorial y la propiedad privada.
La paridad de género limitada por la Ley de Lemas
En los últimos tres años, la paridad de género se implementó en la mayoría de las provincias argentinas, con 22 de ellas aprobando leyes en este sentido. Sin embargo, aún existen dos provincias, Tucumán y Tierra del Fuego, que no han adoptado medidas de paridad.
Aunque el cupo del 50% para mujeres en las legislaturas y, en algunos casos, en los poderes Ejecutivo y Judicial, representa un avance en la participación política femenina, en algunos distritos la efectividad de la aplicación de la ley es limitada, mientras que en otros casos, se convierte en un techo infranqueable.
Una de las dificultades se presenta en la intersección entre las leyes electorales provinciales y las leyes de Paridad. En la provincia de Santa Cruz, por ejemplo, la participación de las mujeres en cargos ejecutivos alcanza el 38%, mientras que en la Cámara de Diputados la cifra se reduce al 25%, según un relevamiento realizado en abril de 2023 por el Ministerio del Interior.
En San Luis, Salta y La Rioja también se aplica la Ley de Lemas, un sistema electoral que permite a los partidos políticos presentar múltiples listas de candidaturas para el mismo cargo y asignar los votos recibidos por todas las listas al candidato más votado dentro de cada partido.
En 2018, un informe del Observatorio Electoral Argentino destacó que la Ley de Lemas "dificulta la información con la que deciden los votantes. El electorado no sabe a qué lista irá su voto hasta el recuento". En este contexto, la paridad se convierte en un objetivo inalcanzable bajo una ley en la cual el destino final de los votos se vuelve opaco.