Los pasajeros que viajaban en Aerolíneas Argentinas ayer por la noche quedaron atrapados en los aviones debido a una medida de fuerza sorpresiva que llevaron a cabo los trabajadores aeronáuticos, en protesta por la posible privatización de la aerolínea de bandera. 

Los trabajadores realizaron asambleas sorpresivas, principalmente por la privatización de Aerolíneas Argentinas, aunque también en protesta por el despido de un trabajador.

”La  empresa Intercargo decidió despedir arbitrariamente y sin causa, a un trabajador de Aeroparque”, es como empezó el pedido de la APA.

Como primera medida, la Asociación del Personal Aeronáutico (APA) envió una carta a sus compañeros como advertencia para que actuaran en conjunto contra esta medida.

Al no tener respuesta por parte de la empresa luego de ese pedido, los trabajadores realizaron hoy por la mañana una asamblea que demoró la salida de los pasajeros.

Como consecuencia, el gobierno presentó una denuncia penal y advirtió a los gremios que participaron en esta medida de fuerza, que tuvo como consecuencia la demora de los pasajeros: “Presenten un plan de cómo vamos a seguir adelante con Aerolíneas Argentinas o vamos a llevar a la empresa a la presentación de un procedimiento preventivo de crisis”, siendo este el paso previo a la posibilidad de cierre de Aerolíneas Argentinas. 

“No hubo rehenes entre los pasajeros, lo que pasó es que la policía no dejó bajar a los pasajeros hasta que no estuvieran los micros en la pista, porque si no, no se puede cruzar por la plataforma”, declaró el secretario general de APA, Edgardo Llano.

El Ministerio de Seguridad declaró nuevas medidas: “Presentamos una denuncia penal contra Intercargo por secuestrar a más de 2.000 personas, incluyendo niños y mujeres embarazadas, dentro de los aviones en Aeroparque y Ezeiza”, según indicó Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, a través de su cuenta oficial de X.

Y agregó: “Los retuvieron por más de dos horas, afectando su salud en condiciones de encierro y sin ventilación adecuada. Esta extorsión y privación ilegítima de la libertad no quedará impune, el que las hace, las paga”, finalizó la ministra.

 

Este martes hubo una asamblea por el personal de Intercargo que causó vuelos cancelados y demoras en Aeroparque.

La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, cruzó fuertemente y cuestionó lo sucedido en Aeroparque. “Fue una situación muy dura y la PSA hizo un trabajo excepcional, bajando a más de 1500 personas. Cuando 500 todavía seguían en los aviones, ahí se dio cuenta el personal de Intercargo que esto no les iba a salir gratis y empezó a movilizar las rampas", expresó la funcionaria.

"Llegó la Prefectura a Aeroparque y la Gendarmería a Ezeiza a dar apoyo a la situación, para que no destruyan o intenten entrar a la pista los trabajadores. Por supuesto, no podíamos hacer subir a los pasajeros, pero sí bajarlos. Por primera vez nos pusimos enfrente y logramos demostrar que no nos van a pasar por arriba, vamos a liberar a la gente de esta tortura permanente a la que es sometida en aeropuertos, haciendo asambleas repentinas y arruinándoles la vida a miles y miles de personas”, dijo la ministra.

Además, según declaró Bullrich, Intercargo tiene "mafias", al igual que Aerolíneas Argentinas. “Vamos a actuar con toda la fuerza de la ley y con la decisión de que defendemos a los 46 millones de argentinos y a sus impuestos, que es con lo que les pagan a estos señores los sueldos, para torturarlos”, sostuvo la ministra de Seguridad.

“Estar cautivo de Intercargo es algo que se está resolviendo en estos días, nadie va a estar cautivo de Intercargo. Si tiene que dejar de existir porque es pura extorsión, lo va a hacer”, finalizó.

El gobierno argentino delató la verdadera identidad del jefe de operaciones de Hezbolá en América Latina, Hussein Ahmad Karaki. Karaki es acusado de ser el responsable de planificar y reclutar para atentados en la región. Además, fue vinculado a los ataques contra la AMIA y la Embajada de Israel en Buenos Aires.

“Venimos a conocer al cerebro y reclutador de Hezbolá en América Latina. Es muy importante lo que venimos a plantearles, porque esta persona que se llama Hussein Ahmad Karaki ha estado trabajando desde los años 90 en la organización de Hezbolá en nuestro continente”, manifestó Patricia Bullrich, la Ministra de Seguridad, este viernes por la tarde.

Karaki entró con un documento colombiano a Argentina. “Este señor ya no es más un nombre fantasma”, dijo la Ministra, y subrayó: “Este señor fue el que compró y preparó la camioneta que explotó en la Embajada de Israel, comprada a nombre de Elías Ribeiro Daluz”.

Según un informe de inteligencia, Karaki estuvo en Buenos Aires el 17 de marzo de 1992, día del atentado contra la Embajada de Israel, y abandonó el país poco antes de la explosión, usando un pasaporte colombiano rumbo a Iguazú desde el Aeropuerto Jorge Newbery, según también declaró la Ministra de Seguridad.

“El mundo entero sabe que hoy sabemos quién es Naim, que Karaki está vivo, que está en Líbano, y que estamos pidiendo la alerta roja de manera inmediata”, sentenció Bullrich.

Sobre temas legales, la ministra contó que ya están en contacto con los fiscales y los jueces de la causa, para que Karaki tenga alerta roja, y “podamos tener juicio en ausencia, y juzgar de una vez y para siempre a todos los responsables de los atentados que se cometieron en Argentina y de la preparación de atentados en países hermanos para América Latina”.

Para recibirlo en la casa rosada, estaba el regimiento de Granaderos interpretando el feliz cumpleaños en su honor, como regalo de Karina Milei. Como respuesta a este regalo, Milei no pudo contener sus lágrimas y emoción del momento. 

Minutos antes del mediodía, su pareja, Amalia “Yuyito” González bajó de un automóvil, luciendo un impactante taillieur rojo. Su llegada coincidió con el final de la reunión de gabinete, que dio lugar a la aparición del presidente al balcón de la casa rosada junto a distintos ministros y autoridades del gobierno como, Patricia Bullrich, Guillermo Francos, Federico Sturzenegger, Sandra Pettovello, Manuel Adorni, Martín Menem y Luis Petri. 

Como otro método de celebración, el presidente compartió mediante redes sociales dos ilustraciones, una de ellas creada por Nik, dibujante de Gaturro con un fuerte mensaje hacia el mandatario: "Felíz cumpleaños señor presidente, al fin un presidente que cumple". 

 

El juez federal Sebastián Casanello instó a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a presentar "en las próximas 72 horas" un informe que detalle los "fundamentos jurídicos" del protocolo antipiquetes.

La Justicia también exige que se responda si su aplicación "fue consultada" a la Secretaría de Derechos Humanos, organizaciones de la sociedad civil u organismos internacionales.

Además, se pide que se indique "el procedimiento que precedió a su emisión, informando todos sus antecedentes y remitiendo su hoja de ruta y los dictámenes jurídicos previos realizados".

El pedido de la Justicia

El documento judicial sostiene: "Líbrese oficio al Ministerio de Seguridad de la Nación, a efectos de que, dentro de las 72 horas, presente el informe circunstanciado previsto en su art. 11, respecto del dictado de la Resolución nro. 943/2023 (protocolo antipiquete)".

"A su vez, deberá informar si fueron consultados otros organismos del Estado, entre ellos el Ministerio de Justicia de la Nación -y su Secretaría de Derechos Humanos-, y si fueron consultadas -formal o informalmente- organizaciones de la sociedad civil y/u organismos internacionales", continúa.

El juez Casanello también solicita que el Ministerio de Seguridad informe si desde la puesta en vigencia del protocolo antipiquete "se recibieron denuncias en orden a excesos en el ejercicio de las funciones de las fuerzas policiales y de seguridad federales en cumplimiento de tales lineamientos, haciendo saber qué medidas llevó a cabo en consecuencia".

La acción responde al pedido de "inconstitucionalidad" que presentó la legisladora porteña del Movimiento Socialista de los Trabajadores Celeste Fierro.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, se autoproclamó reelecto con el 85 por ciento de los votos al finalizar los comicios en todo el país, aún sin la publicación de resultados oficiales.

Luego de asumir la victoria, envió un mensaje de apoyo a su par argentino, Javier Milei, a quien prometió colaboración en materia de seguridad.

La renovacion del mandato significará la primera en la historia salvadoreña, dado que la Constitución prohíbe la reelección inmediata. Asimismo, y según afirmó Bukele través de sus redes sociales, el triunfo le permitirá al oficialismo conservar una mayoría casi absoluta en la Asamblea Legislativa.

"De acuerdo a nuestros números, hemos ganado la elección presidencial con más del 85% de los votos y un mínimo de 58 de 60 diputados de la Asamblea. El récord en toda la historia democrática del mundo", expresó el líder del partido Nuevas Ideas.

La jornada electoral fue supervisada por 95 observadores internacionales distribuidos por todo el país. Pasadas las 17:00, tras el cierre de los centros de votación, Bukele brindó una conferencia de prensa de cara a su nuevo ciclo gubernamental, que se extenderá hasta 2029.

En ese marco, se refirió a su gestión contra la inseguridad, que se sostuvo en un régimen de excepción vigente desde marzo de 2022, bajo el que fueron detenidas 76.000 personas. Entre otros temas, Bukele se refirió a Argentina y el gobierno de La Libertad Avanza (LLA).

El mensaje de Bukele a Milei y Patricia Bullrich

Al abordar una consulta sobre Milei y la situación de inseguridad en los países latinoamericanos, el presidente reelecto sostuvo: "Le deseo lo mejor y si podemos colaborar en algo, estamos a la orden".

Siguiendo esa idea, propuso colaboración con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich: "Nosotros hemos ofrecido oficialmente a la ministra Bullrich, no asesoría, porque creo que no hace esa la palabra, sino la colaboración que ellos necesitan en todos los temas de seguridad, que es lo que hemos platicado, pero cualquier otro también", planteó Bukele.

Entre otras definiciones, puntualizó en la inseguridad vinculada al narcotráfico en la ciudad de Rosario. Así y todo, el mandatario salvadoreño marcó una distinción respecto de las políticas que aplicó durante su primer periodo de gobierno.

"Yo creería que el problema en Argentina es más pequeño, preocupante, sobre todo en Rosario y en algunas zonas, pero es más pequeño que El Salvador y por ende, si bien se pueden aplicar algunas cosas y sería, creo yo, positivo aplicarlas, no tendrían que ser tan drásticos porque el problema ha comparado al que teníamos en El Salvador, la capital mundial de los homicidios, creo que es bastante menor como para aplicar un medicamento menor", dijo.

La Policía volvió a reprimir a manifestantes en las inmediaciones del Congreso luego de que la Cámara de Diputados aprobara la Ley Ómnibus. 

En este marco, las fuerzas de la Policía Federal, Gendarmería y Policía de la Ciudad cargaron contra ciudadanos en el operativo ordenado por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich. 

Los detalles de la represión

Además, la Policía avanzó con gas pimienta, bastonazos y gases lacrimógenos contra la movilización que provocó algunos incendios en contenedores de basura y piedrazos. 

De esta manera, las fuerzas de seguridad continuaron con el objetivo propuesto por el protocolo antipiquetes, que prohíbe la ocupación de calles en protestas. 

También estuvieron presentes miembros de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) en el operativo que rodeó al Congreso de la Nación. 

Por otro lado, un grupo de jubilados fue atacado con gas pimienta por las fuerzas del orden mientras continuaban las consignas contra la Ley Ómnibus como "La Patria no se vende". 

"Acá hay personas adultas mayores, hay jóvenes. Están empujando. Estamos en la vereda, en Callao y Rivadavia. Esta es una movilización pacífica y estamos en democracia. No hay necesidad", expresó la legisladora de Unión por la Patria (UxP), Julia Strada, mientras avanzaba la represión. 

 

La diputada nacional de Unión por la Patria (UxP), Gisela Marziotta, cuestionó al oficialismo por el tratamiento del proyecto de Ley Ómnibus. También reiteró su repudio a la represión policial contra los manifestantes reunidos frente al Congreso en rechazo a la iniciativa.

En el video, la entrevista completa en IP Noticias Segunda Edición.

"Estamos tratando sin tener el dictamen que se firmó, y que los diputados no saben qué contenido tiene. El dictamen definitivo, que se va a votar, no lo tenemos sobre nuestros escritorios", planteó la legisladora.

Y agregó: "Lo están haciendo porque no tienen los votos para que se convierta en ley, entonces están dilatando y negociando el dictamen. Cuando se consigan los votos, van a apurar la votación".

A continuación, se refirió a la delegación de facultades legislativas hacia el Poder Ejecutivo, que forma parte del contenido del megaproyecto.

"Si se sacaran todos los artículos, o quedaran algunos, y quedaran solo los poderes delegados, que es lo que le importa al presidente Milei, se estaría atropellando institucionalmente a la democracia, y lo que se estaría permitiendo y legitimando desde el Congreso Nacional para su propia destrucción, sería la instauración de una dictadura cívico-libertaria", planteó. 

Advertencia sobre las facultades delegadas

Siguiendo esa idea, Marziotta puntualizó en las atribuciones para dictar leyes que tendría el presidente, Javier Milei, en caso de aprobarse ese segmento de la Ley Ómnibus. "Se va a empezar a gobernar por decreto ley, que es lo que usó la Junta Militar durante la última dictadura, para llevar adelante el plan de [José Alfredo] Martínez de Hoz", sostuvo la diputada opositora.

Y añadió: "Se está utilizando la herramienta de la democracia para hacer un golpe institucional, ningunear y destruir el Poder Legislativo y suprimir derechos y garantías que establece la Constitución".

Asimismo, la representante de UxP por la ciudad de Buenos Aires apuntó a los procedimientos adoptado por el Gobierno para impulsar el conjunto de reformas.

"No vamos a saber cuáles son las facultades delegadas hasta que sepamos el dictamen de mayoría, que está firmado sin contenido. El cúmulo de irregularidades que se vienen sumando desde que se presentó este proyecto demuestra que no hay posibilidad de que este gobierno siga adelante institucionalmente; lo hace en contra de las instituciones", dijo.

Represión a la protesta

Por otra parte, Marziotta manifestó el rechazo al accionar de las fuerzas de seguridad durante las jornadas de debate en Diputados. En ese sentido, apuntó al protocolo organizado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Era una manifestación sumamente tranquila, cumpliendo con las nuevas consignas que tenemos, como manifestarnos arriba de las veredas", señaló.

Y concluyó: "De la única forma en que se puede llevar adelante un modelo como el de Martínez de Hoz, en cualquier momento de la Argentina, es con un sistema represivo, suprimiendo la Constitución Nacional. Esto es lo que está sucediendo, porque ya pasó ayer y nada indica que hoy no vuelva a suceder", 

Podés ver IP Noticias Segunda Edición con Agustina Díaz de lunes a viernes a las 12:00 por IP.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires (PBA), Axel Kicillof, cuestionó la represión policial contra manifestantes concentrados frente al Congreso durante el tratamiento de la Ley Ómnibus.

Mientras se desarrollaba la segunda jornada de debate del proyecto en la Cámara de Diputados, el accionar de las fuerzas de seguridad dejó más de 60 heridos, entre los que se contaron unos 25 trabajadores de prensa. Además de disparar balas de goma y usar gases lacrimógenos, los efectivos llevaron adelante detenciones de quienes protestaban pacíficamente en las inmediaciones del palacio legislativo.

"Mientras intentan aprobar una ley sin dictamen y sin un solo artículo a favor de los bonaerenses ni de los argentinos, reprimen a quienes se manifiestan pacíficamente, a periodistas y a diputados, para crear un clima y montar un show. Todo una vergüenza", expresó Kicillof con una publicación en sus redes sociales.

En medio del avance coordinado entre la Policía Federal, Gendarmería y la Policía de la Ciudad, diputados de Unión por la Patria y el Frente de Izquierda salieron a la Plaza del Congreso y pidieron suspender la sesión.

Críticas a la gestión del Gobierno nacional

En declaraciones previas a las protestas contra el proyecto de ley impulsado por el Poder Ejecutivo, el mandatario provincial manifestó su rechazo ante la política económica del Gobierno nacional y el programa delineado en base a la Ley Ómnibus y el DNU 70/2023.

 "Lo que estamos viendo no es otra cosa que un plan de ajuste ortodoxo, convencional y clásico, como se hizo, en mayor o menor medida, en otras experiencias históricas", planteó Kicillof durante un encuentro con representantes de Cámaras y agrupaciones empresarias nacionales y bonaerenses.

Y señaló: "Los ajustados son los trabajadores, los pequeños productores, los cooperativistas, los vulnerables, la Cultura, la Ciencia y la Universidad; y las consecuencias recaen sobre la producción, la demanda, la baja del consumo y el poder adquisitivo".

La Policía, ordenada por el Ministerio de Seguridad a cargo de Patricia Bullrich, cargó contra personas que se manifestaban de forma pacífica sobre la Plaza Congreso, en rechazo a la Ley Ómnibus. 

En este contexto, la Policía Federal en su división motorizada avanzó con escopetas cargadas con balas de goma y disparó sobre parte de la movilización que se encontraba en la plazoleta que da frente al Congreso de la Nación. 

Heridos y detenidos 

Las motos de las fuerzas de seguridad comenzaron disparando al aire para luego apuntar a los manifestantes. 

"Estábamos frente al Congreso, al lado del cordón de la Gendarmería. La Policía estaba circulando motorizada y arrancó tirando balas de goma a todas las personas ubicadas en la Plaza. Ahí estaba nuestro compañero Bruno, que recibió disparos en piernas, brazo y abdomen", contó Romina Lannotti a IP Central. 

Por otro lado, Nicolás Gallardo relató: "Sorpende el accionar policial teniendo en cuenta que no había grandes movimientos". 

"Siento mucha impotencia y bronca. Tiraban balas de goma a mansalva", agregó el camarógrafo herido. 

Entre los heridos por la represión policial se cuentan unas 70 personas.

 

Diputados de Unión por la Patria (UxP) y del Frente de Izquierda (FIT) salieron a la Plaza Congreso y pidieron levantar la sesión por la represión policial a la marcha contra la Ley Ómnibus.

"Este operativo es innecesario", expresó el diputado de UxP, Máximo Kirchner, que fue uno de los que se hizo presente en la manifestación.  

La represión de la Policía

El operativo de seguridad de la Policía Federal, Gendarmería y Policía de la Ciudad, fue ordenado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich. 

En este contexto, los cordones policiales avanzaron sobre la marcha con gases lacrimógenos, bastonazos, gas pimienta y balas de goma, con la excusa de mantener las calles libres de manifestantes de acuerdo con el protocolo antipiquetes. 

"Las calles estaban cortadas por el operativo policial, no por los manifestantes. Es una locura lo de este operativo represivo y siempre que se sesiona con este clima es porque lo que se va a votar no es bueno para el pueblo", detalló el legislador de UxP, Itaí Hagman, a IP Central. 

Diputados en la Plaza Congreso

En este marco, los diputados de UxP y del FIT solicitaron un cuarto intermedio en la sesión que fue concedido y se acercaron a la Plaza Congreso para solidarizarse con la protesta y pedirle a las fuerzas de seguridad que paren la represión. 

"La sesión debe suspenderse con este operativo policial", expresó en medio de la manifestación la legisladora de UxP, Cecilia Moreau. 

Entre los diputados que salieron en defensa de los manifestantes se encontraban Miryam Bregman y Nicolás del Caño (FIT) junto a Carlos Castagnetto, Juan Manuel Pedrini y Sergio Palazzo (UxP). 

"Es una brutalidad, son unos animales, están tirando gases lacrimógenos a la gente. Esto es el gobierno de (Javier) Milei. Hay que suspender la sesión", destacó Palazzo. 

Por su parte, Pedrini agregó: "Hay Estado de Sitio en Argentina gracias a Patricia Bullrich. ¿ A esto le llama orden esta mujer? Una verguenza. En mi vida pensé que iba a vivir esto". 

"Es una locura. Salimos a pedir una reunión pero no hay un responsable. La unica orden que dio Patricia Bullrich es pegarle a todos los que estén en la plaza. No se puede seguir sesionando como que no pasa nada", expresó Bregman. 

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes a las 20:00, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

 

La Policía ordenada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, cargó contra manifestantes ubicados en las inmediaciones del Congreso en el marco del rechazo a la Ley Ómnibus. 

Las fuerzas de seguridad acataron el protocolo antipiquetes de Bullrich y prohibieron que los movilizados cortaran parte de la Avenida Callao.

La represión policial 

Mientras continuaba el debate de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados, personal de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires cargó contra un grupo de personas que ocupaba uno de los carriles de Callao. 

En este contexto, las fuerzas del orden detuvieron a un hombre que resultó ser el propietario de un camión de sonido que acompañó a la protesta. 

"Me sacaron de la nada, tengo un camión con sonido y me sacaron. Me resistí porque soy un ciudadano con derechos", relató. 

A esta situación, se sumó que un manifestante fue herido en la zona del mentón con pérdida de sangre, lo que provocó la llegada de una ambulancia del SAME y su posterior traslado. 

Por otro lado, el dirigente del MST, Nahuel Orellana, describió cómo fueron esos momentos de tensión cuando la Policía cargó contra la multitud.

"Fue una provocación conjunta por parte de la Policía Federal y de la Policía de la Ciudad. Es una vergüenza lo que están haciendo. Empezaron la represión porque venía una columna de una cuadra de Casa de la Provincia de Mendoza porque hay detenidos en Mendoza y estamos pidiendo su libertad", destacó en Tarde a Tarde por IP. 

Grabois convocó a una marcha

Asimismo, el dirigente de Unión por la Patria, Juan Grabois, convocó a una movilización frente al Congreso en repudio a la represión policial. 

"Ayer reprimieron a ciudadanos movilizados y detuvieron a cuatro chicas que cantaban el himno frente al Congreso a modo de protesta. Hoy reprimieron a quienes reclamaban por la falta de alimentos en comedores y merenderos. No van a poder hambrear al pueblo a palos", expresó desde su cuenta de X (ex Twitter).

En esta línea, agregó: "Hoy todos al Congreso para frenar la Ley y el DNU, para defender pacíficamente el Estado social de derecho en Argentina. Nos vemos a las 18hs en Hipólito Yrigoyen y Solís. La patria no se vende". 

 

 

El diputado nacional de Unión por la Patria (UxP) y secretario general de la CTA, Hugo Yasky, aseguró que el oficialismo "no puede terminar de garantizar los números que necesita" para dar media sanción a la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados.

Al inicio de la segunda jornada de tratamiento de la iniciativa en el recinto de la Cámara baja, el legislador cuestionó lo acontecido durante la primera sesión. En ese sentido, señaló que La Libertad Avanza (LLA) no cuenta con el dictamen definitivo para avanzar en la votación del proyecto.

"Todo el trámite dilatorio, el cuarto intermedio, obedecen al hecho de que no hay un dictamen; se está trabajando en el aire con lo que el oficialismo va sacando. Esto revela, claramente, que no están los números. El Gobierno no está garantizando la mayoría que necesita", planteó.

En cuanto a las modificaciones incluidas en el articulado, afirmó: "Va a generar más pobreza, más marginación, va a ceder soberanía nacional y va a terminar generando una situación de conflicto social que la van a querer resolver como vimos ayer: con un desmesurado despliegue de fuerzas represivas".

Así y todo, Yasky remarcó: "No sabemos a ciencia cierta cuántos artículos va a tener ni cual va a ser el contenido de esos artículos que son clave, como las privatizaciones, la legislación represiva y otros".

Protesta y represión

El primer día de debate de la Ley Ómnibus se llevó adelante en medio de un operativo de seguridad con participación de Gendarmería, Prefectura y la Policía Federal en las inmediaciones del Congreso. Sobre la tarde, los efectivos reprimieron y detuvieron a manifestantes que protestaban en la calle frente al edificio legislativo.

Al referirse a la situación, Yasky apuntó al denominado "protocolo antipiquetes" dispuesto por la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich.

"Tendrían que haber podido expresarse frente al Congreso de la Nación, como se hace en cualquier país donde hay democracia, y como se hacía en la Argentina hasta antes de que la ministra Bullrich decidiera que estamos en un virtual estado de sitio", sostuvo el dirigente sindical.

A continuación, señaló que las dos CTA mantendrán un encuentro con "el espacio multisectorial que se sumó a la marcha de la CGT" para definir un plan de lucha de cara a las próximas semanas.

"La movilización va a continuar y las convocatorias de las centrales sindicales y los movimientos sociales se van a seguir manteniendo. Lo que definiremos son los tiempos", sostuvo.

Podés ver Imagen Positiva con Nicolás Artusi y Paloma Bokser de lunes a viernes a las 9:00 por la pantalla de IP.

Efectivos de Gendarmería avanzaron contra un grupo de manifestantes que intentaron cortar carriles vehiculares sobre Avenida Rivadavia, frente al Congreso de la Nación. 

Las fuerzas de seguridad aplicaron el protocolo antipiquetes que prohíbe impedir la circulación del tránsito en la marcha que organizaciones sociales llevan a cabo para protestar contra la Ley Ómnibus que se debate en la Cámara de Diputados.

"Patricia Bullrich quiere reprimir a la población"

En este marco, el dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, relató cómo fueron los acontecimientos que llevaron a que Gendarmería avance sobre los manifestantes. 

"Metieron a la Gendarmería directamente arriba a la vereda. La gente está manifestándose. Hay mucha gente y esto se va a desbordar. Se ve que (la ministra de Seguridad) Patricia Bullrich quiere reprimir a la población que se está manifestando. Hasta ahora no hubo ni un solo incidente. Ahora está la Policía, hay gente golpeada y tiraron gases", expresó a IP. 

"El protocolo de seguridad es ilegal"

Por otro lado, el dirigente social criticó a la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, por imponer el protocolo antipiquetes en la movilización. 

"El protocolo de seguridad de Bullrich es ilegal e inconstitucional. Ya lo dijeron hasta organismos internacionales. La gente estaba subida arriba de la vereda y se desborda la manifestación porque hay mucha cantidad de gente. Más tarde van a llegar más personas. Si esto empieza así, no quiero ni pensar lo que va a ser más tarde", declaró. 

Además, Belliboni rechazó la presencia de Gendarmería en el lugar.

"Gendarmería debería estar cuidando las fronteras y en los barrios donde está lleno de narcos pero están acá empujando trabajadores", resaltó. 

 

El dirigente social de Unión por la Patria (UxP), Juan Grabois, llamó a una movilización de "resistencia no violenta" contra la Ley Ómnibus que se trata en la Cámara de Diputados.

La convocatoria para este martes a las 21:00 frente al Congreso Nacional se dio en el marco de la represión de Gendarmería y la Policía contra manifestantes que se acercaron a las inmediaciones del Parlamento en rechazo de la normativa. 

La convocatoria de Grabois

Frente a este panorama de violencia institucional contra la población, Grabois anunció una marcha en repudio de la coacción ordenada por el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. 

"Frente al amedrentamiento desmesurado a ciudadanos pacíficamente movilizados y el avasallamiento obsceno de la Constitución convocamos desde Argentina Humana a ejercer la resistencia no violenta. Que quede claro: no tenemos miedo. Nos convocamos a las 21hs en Hipólito Yrigoyen y Solís", expresó el fundador del Frente Patria Grande vía X (ex Twitter). 

De esta forma, la protesta se llevará a cabo en la Plaza Congreso, donde ya se encuentran movilizadas distintas organizaciones sociales desde el martes al mediodía, momento en que se dio inicio al tratamiento de la Ley de Bases, en el Parlamento. 

Por otro lado, para que el Gobierno logre dar media sanción a la ley necesita obtener la mayoría simple, es decir, 129 votos de los 257 que hay en Diputados.

En caso de darse este panorama, la norma pasaría al Senado donde la administración del presidente, Javier Milei, deberá contar con 37 sufragios a favor de los 72 que existen en la Cámara Alta. 

La Cámara de Diputados dio inicio a la sesión para tratar el proyecto de ley "Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos", conocido como Ley Ómnibus e impulsado por el presidente, Javier Milei.

Por acuerdo del diputado nacional de La Libertad Avanza (LLA) y titular de la Cámara baja, Martín Menem, con los jefes de bloques de la oposición, el cronograma inició a las 10:00 y, según estimaciones de las autoridades parlamentarias, podría extenderse por 35 horas.

En los días previos a la entrada de la iniciativa al recinto, el oficialismo aseguró el quórum para sesionar con apoyo de las bancadas Hacemos Coalición Federal, PRO y la Unión Cívica Radical, junto a fuerzas políticas minoritarias. Estos espacios adelantaron su voto a favor de la aprobación en general del proyecto, que marcará la primera etapa del debate en el parlamento.

Por su parte, Unión por la Patria (UxP), la Izquierda anticiparon su rechazo a la iniciativa en su conjunto, mientras que la Coalición Cívica presentó un dictamen propio en desacuerdo con el de mayoría.

Debido a la duración prolongada del tratamiento, se espera la definición de un cuarto intermedio una vez aprobado el cuerpo normativo en general. No obstante, la oposición permanecerá en alerta a la espera de conocer el articulado definitivo para el debate de cada capítulo en particular.

Manifestaciones y operativo de seguridad

En las horas previas al inicio de la sesión, el Congreso fue vallado y rodeado por efectivos de la Policía Federal y la Gendarmería. Las fuerzas de seguridad controladas por el Gobierno nacional desplegaron un operativo que incluye carros hidrantes y estará enmarcado bajo el protocolo antipiquetes establecido por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

En tanto, organizaciones sociales, sindicales, de Derechos Humanos, de la cultura y estudiantiles se movilizarán a la Plaza del Congreso para realizar una "vigilia de necesidad y urgencia" en rechazo al proyecto de ley. Las columnas empezarán a llegar desde el mediodía

Líderes provinciales del PRO expresaron su apoyo para que el exmandatario Mauricio Macri presida el partido a partir de las próximas elecciones de autoridades. A través de una carta, los dirigentes plantearon que el expresidente y fundador de esa fuerza política es "el indicado para liderar la unidad del PRO".

El escrito fue firmado por 20 presidentes provinciales del espacio, que remarcaron la necesidad de "fortalecer el partido, potenciarlo como un espacio político que represente las demandas de los argentinos y sobre todo, seguir trabajando por la unidad".

"Sabemos que la diversidad de opiniones enriquece y queremos fomentar un diálogo abierto, constructivo y federal, trabajando en la generación de consensos necesarios para enfrentar los desafíos que tenemos como sociedad", agregaron.

En ese sentido, manifestaron que Macri debería conducir al PRO desde los próximos comicios. "Su experiencia, liderazgo y visión son fundamentales para fortalecer el espacio y que el PRO siga siendo un actor protagónico en la escena política de nuestro país", argumentaron.

Elecciones internas en el PRO

A fines de noviembre de 2023, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció su renuncia a la presidencia del PRO debido a su incorporación al gabinete del Gobierno nacional. Asimismo, anticipó que convocaría a elecciones para inicios de 2024.

Posteriormente, se estableció el 2 de junio como fecha para la votación de las nuevas autoridades nacionales del partido. El escrutinio definitivo se conocerá una semana después, mientras que la proclamación de los dirigentes electos se llevará adelante el 13 de junio. Finalmente, asumirán oficialmente el 3 de julio de 2024.

"En el marco de la renovación de autoridades, ponderamos al federalismo como parte esencial de este proceso y consideramos clave la presencia de los líderes del interior en el Consejo Nacional, acompañando a la presidencia en la conducción y dándole vida a las secretarías desde los territorios que representamos", afirma la carta suscripta por los líderes provinciales.

Y cierra: "Creemos en la fuerza del diálogo como herramienta, del trabajo en equipo como pilar, y sobre todo en el respeto por la República y las instituciones como valores fundamentales que identifican al PRO desde sus inicios. Sigamos adelante trabajando juntos para construir un futuro mejor para la Argentina".

La Policía Federal informó la detención de dos de los sospechosos que eran buscados por el asesinato de Umma Aguilera, la menor de 9 años baleada en un intento de robo en Lomas de Zamora, quien era hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

En este marco, las fuerzas de seguridad detallaron que los presuntos implicados en el hecho fueron capturados en la localidad bonaerense de Marcos Paz, con lo cual ya suman cuatro los apresados por el crimen. 

Los detenidos

Los últimos dos detenidos son Guillermo "El Paraguayo" Romero Molinas (17) y Miguel "Patoto" Pastor Romero Molinas (20), mientras que la Policía ya había arrestado a Axel Emiliano "Pelusa" Rojas (20) en la localidad de San Pedro. 

Los tres sospechosos se sumaron a Patricio Valentín García, de 22 años, quien fue el primer detenido y cuenta con antecedentes penales por "robo agravado", en 2021. 

"Los asesinos de Umma, todos presos"

Por otro lado, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, destacó el accionar de las fuerzas policiales en el caso.

"Los asesinos de Umma todos presos. Con estos dos criminales que atrapamos, Miguel Pastor Romero Molinas, alias “Patoto”, y Guillermo Romero Molinas, alias “Paraguayo”, toda esta banda de asesinos de niños está puesta a disposición de la Justicia. Un excelente trabajo de investigación de la Policía Federal Argentina para que Umma tenga justicia. Hoy empiezan a pagar por todo el sufrimiento que causaron", expresó la funcionaria en su cuenta de X. 

 

Miles de trabajadores se agruparon frente a la Plaza del Congreso donde participaron del paro general que convocó la CGT, en contra de las medidas del Gobierno nacional impulsadas por el presidente, Javier Milei.

Gremios, movimientos sociales, partidos políticos y organizaciones de derechos humanos concentraron en las inmediaciones del Congreso donde elevaron críticas a los legisladores por la posible sanción del megadecreto de desregulación económica y la Ley Ómnibus. 

El acto principal fue encabezado con la lectura de un documento por parte de los secretarios Generales de la CGT, Héctor Daer y Pablo Moyano, principales oradores de la jornada. 

Por otra parte, las calles cercanas al Palacio Legislativo quedaron bloquedas a pesar de la implementación del protocolo antipiquetes por parte del Gobierno. 

A través de un documento, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, indicó que se realizó un control estricto en micros y estaciones de trenes. 

"Se aclara a la ciudadanía que la agrupación sindical (CGT) no posee capacidad ni se encuentra habilitada para asegurar, autorizar o restringir ningún tipo de circulación, siendo las autoridades gubernamentales las únicas con potestad para realizar dichos controles, los que serán aplicados bajo estricto control y conforme las pautas ya notificadas oportunamente", destacó el comunicado oficial. 

Críticas al Gobierno

En este contexto, los referentes de la CGT criticaron al Gobierno por sus políticas económicas de ajuste a los sectores populares y advirtieron a los legisladores por la votación de la Ley Ómnibus y el DNU propuestos por Milei. 

Por otro lado, el dirigente Héctor Daer rechazó las privatizaciones de empresas estatales propuestas en la nueva ley y el megadecreto de desregulación económica. 

"Con la libertad quieren perder todas las empresas del Estado; con la libertad quieren regalar energías argentinas; y con la libertad no quieren que suceda esto, porque si sucede esto nos quieren meter a todos presos. Así que no criminalicen la protesta", destacó. 

En esta línea, Pablo Moyano denostó la implementación de una economía de ajuste y criticó al ministro de Economía, Luis "Toto" Caputo. 

"El mismo Ministro de Economía, que fue socio de Macri, que fugó 45.000 millones de dólares, que tendría que estar desfilando por los tribunales dando explicación. Yo le digo que si lleva estas medidas económicas se ajuste, de hambre, de despido, los trabajadores, los jubilados y los más humildes lo van a llevar en andas al ministro de Economía pero para tirarlo al Riachuelo", indicó. 

 

Familiares y amigos despidieron los restos de Umma Aguilera, la nena de 9 años asesinada en un intento de robo, que era hija de un custodio de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

Los servicios fúnebres de la menor fueron llevados a cabo en una cochería de Banfield, en el partido bonaerense de Lomas de Zamora, y contó con la presencia de la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la ministra Bullrich y parte de la cúpula de la Policía Federal debido a que los padres de la niña, María Eugenia Rodríguez Álvarez y Eduardo Aguilera, pertenecen a la fuerza. 

"No más inseguridad"

En este contexto, los miembros de la familia pidieron justicia por el asesinato de la menor ocurrido en la mañana del lunes 22 de enero, cuando cuatro personas intentaron robar el auto de Aguilera, quien cumple funciones como custodia de la Ministra de Seguridad. 

"No más inseguridad", "Hasta cuando por favor!!!" y "Justicia", fueron algunos de los carteles que los allegados a la familia llevaron al velatorio en Sepelios Banfield, ubicado en Zapata 98, de esta localidad.

Además, Bullrich acompañó a la familia y tuiteó en sintonía con el reclamo de celeridad en la justicia para resolver el crimen. “Asesinaron a Umma. Estos criminales no tienen perdón. Los vamos a buscar hasta encontrarlos. Estamos junto a sus padres, María Eugenia y Eduardo, en este terrible momento y profundo dolor”, expresó. 

Un detenido y tres prófugos

Por otro lado, la Policía confirmó la detención de un sospechoso identificado como Patricio Valentín García, de 22 años, quien cuenta con antecedentes penales por "robo agravado", en 2021. 

La causa quedó a cargo del magistrado, Sebastián Monellos, y el fiscal, Pablo Rossi, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción 18 de Lomas de Zamora.

El detenido será indagado por "tentativa de robo agravado y homicidio criminis causa", mientras las fuerzas de seguridad buscan a tres prófugos que habrían participado del hecho. 

Marcha por Umma

Además, los familiares de Umma convocaron a una marcha para pedir justicia y seguridad frente a la casa de la menor, donde ocurrió el asesinato.

De esta forma, la concentración será este martes 23 de enero a las 19:00 en las calles Pío Baroja y Martín Rodríguez, en Villa Centenario, partido de Lomas de Zamora.

Por otra parte, el fiscal Rossi destacó que la investigación cuenta con "muchas filmaciones y evidencia digital suficiente" como para poder esclarecer el hecho. 

 

Familiares y vecinos de Umma Aguilera, la nena de 9 años asesinada en un intento de robo en Lomas de Zamora, realizaron una marcha en reclamo de seguridad y justicia. 

La menor era hija de María Eugenia Rodríguez Álvarez y Eduardo Aguilera, dos miembros de la Policía Federal, siendo su padre uno de los custodios de la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich. 

Ambos estuvieron ausentes en la movilización debido a que ya habían despedido a su hija en el velatorio organizado en Sepelios Banfield, ubicado en Zapata 98, de esta localidad.

Reclamo por seguridad y justicia

La convocatoria fue impulsada a partir de las 19:00 por familiares de la víctima en la intersección de Pío Baroja y Martín Rodríguez, Lomas de Zamora, donde los vecinos se concentraron con carteles que pedían justicia.

"Umma te extrañaremos", "Justicia por Umma" y "Justicia por mi amiga", fueron algunas de las pancartas que elevaron los allegados a la marcha que tuvo su pico de mayor tensión al llegar a las puertas de la Comisaría 7 de Villa Centenario. 

En este lugar, se encontraron con un vallado que impedía acercarse a la dependencia policial, lo que motivó el reclamo de la multitud para que alguna autoridad viniera a hablar con ellos. 

De esta forma, diez vecinos lograron ingresar a la comisaría y dialogar con miembros de la Policía Federal.

Los intermediarios comentaron que las fuerzas de seguridad se disculparon por la colocación de vallas y explicaron que hay nuevas autoridades en la comisaría por lo que pidieron tiempo para resolver estos temas desde la gestión. 

 

 

Este miércoles 24 de enero, se realizará el primer paro general de la CGT contra las medidas del gobierno de Javier Milei.

Al respecto, el cotitular de la central obrera Pablo Moyano advirtió: "Será incontrolable la cantidad de laburantes que se van a movilizar".

La CGT realizará una huelga de 12 horas en rechazo a las reformas sociales y económicas que impulsa el Presidente.

"(Patricia) Bullrich va a montar el show que nos tiene acostumbrados. Va a querer bajar a la gente de los puentes, de las autopistas. ¿Cómo vamos a respetar el protocolo?, ¿Me llevo a upa a los 40 mil camioneros que voy a movilizar? Es imposible", sostuvo el titular de camioneros.

En esta línea, Moyano indicó que los gremios harán "responsable" a la ministra de Seguridad "de cualquier inconveniente" que ocurra en las calles.

"No somos orcos ni grupos paramilitares, queremos expresar el descontento con estas medidas. Nosotros le garantizamos a la gente que va a ser una movilización en paz", sostuvo.
 

Las fuerzas de seguridad identificaron a los cuatro coautores del crimen de Umma, la niña de 9 años que fue asesinada de un disparo durante un robo. Por el momento, hay un detenido.

Umma era hija de uno de los custodios de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y al momento del asesinato se encontraba con su mamá y su papá.

"Los vamos a agarrar y los cuatro van a pagar la brutalidad de lo que hicieron. La bestialidad de matar a alguien sin ninguna razón", indicó Bullrich.

Identificaron a los asesinos

El trabajo conjunto de las fuerzas provinciales y nacionales logró identificar a los cuatro delincuentes.

"Sabemos quiénes son. Tenemos toda la información. Hablé un par de veces con el ministro bonaerense. Además, el secretario de seguridad a Lomas de Zamora y la Policía bonaerense también trabajaron al igual que la intendencia, que enseguida dio las cámaras para la búsqueda de los asesinos", detalló la ministra.

A su vez, indicó que todos los identificados contaban con antecedentes previos.

Un detenido

El primer detenido por el crimen de Umma tiene 22 años y está alojado en la comisaría séptima de Lomas de Zamora.

El fiscal del caso, Pablo Rossi, afirmó que "hay evidencias suficientes para entender que (el detenido) ha tenido participación en el hecho".

"Nuestra prioridad es encontrar a los autores del hecho. Tenemos muchas filmaciones y la investigación se basa en que hay cuatro personas que se distribuyeron las tareas, los cuatro han sido coautores", sostuvo.

El crimen de Umma

En la mañana del lunes 22 de enero, cuatro delincuentes sorprendieron a la familia de Umma cuando salía del garaje de su casa en la localidad de Villa Centenario.

La víctima se encontraba a bordo de un auto Ford Ka; junto a su padre, que conducía, y su madre, que estaba en el asiento de acompañante. Ambos padres son policías.

Los asesinos se transportaban en un Toyota Corolla, que frenó frente a la propiedad de la pareja de oficiales. En ese momento, se bajaron dos y amenazaron con un arma al custodio, que atinó a acelerar y escapar, pero los ladrones le dispararon.

Umma sufrió una herida de bala en la nuca y otra en una de sus manos. Fue trasladada de urgencia al hospital Gandulfo y luego derivada en helicóptero al hospital Churruca, donde permaneció internada con pronóstico reservado hasta que falleció.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, afirmó que el Gobierno retirará de la Ley Ómnibus el artículo que obligaba a pedir autorización para realizar reuniones de tres o más personas en espacios públicos.

La funcionaria fue convocada al plenario de comisiones de la Cámara de Diputados, donde se lleva adelante el tratamiento del proyecto con las primeras reuniones informativas.

Al iniciar su exposición, Bullrich se refirió al artículo 331 de la iniciativa promovida por el Poder Ejecutivo. "He escuchado, y entiendo la razón de por qué ha podido haber una mala interpretación del artículo 331, que plantea que se debería pedir un permiso para una reunión de tres personas", introdujo.

"Ese artículo está vinculado a la Ley del Tránsito y no a la ley en general. Quizás deberíamos haber puesto que ese artículo era el inciso final del artículo que cambiamos de la ley de Tránsito. Para facilitar la discusión, porque da lo mismo cuántos cortan el tránsito, les vengo a decir que vamos a retirar ese artículo porque está suficientemente explicado en otros artículos. Al haberse generado una confusión preferimos retirarlo. Denlo por retirado", sostuvo la ministra.

Qué dice el artículo 331 de la Ley Ómnibus

A través del artículo 331 del proyecto, el Gobierno definía las reuniones o manifestaciones como una "congregación intencional y temporal de tres o más personas en un espacio público".

Bajo este criterio, la norma incluida en la Ley Ómnibus indicaba que dichos encuentros debían ser notificados al Ministerio de Seguridad con al menos 48 horas de anticipación. La solicitud debía incluir características sobre la concentración, como datos de personas u organizaciones convocantes, recorrido, duración y cantidad estimada de participantes.

A partir de entonces, la cartera tendría la facultad de autorizar o rechazar el pedido. En caso de aprobarlo, se emitiría un comprobante para certificar el trámite y presentar ante las autoridades al momento de realización de la reunión. 

Según indica el artículo en cuestión, Seguridad podría oponerse a la realización de la reunión, "fundamentándose en cuestiones que hagan a la seguridad de las personas o seguridad naciona". Además, podría proponer modificaciones al horario, la ubicación o la fecha.

La Cámara de Diputados retomó el debate del proyecto de Ley Ómnibus en el plenario de comisiones. Durante este 10 de enero, exponen el ministro del Interior, Guillermo Francos, y su par de Seguridad, Patricia Bullrich.

Francos expuso desde las 9:00 sobre temas referidos a la reforma electoral, ambiente y turismo. El turno de Bullrich será desde las 14:00, para referirse a puntos referidos a su función.

Además, está previsto que funcionarios del Ministerio de Economía estén presentes en el debate para responder sobre cuestiones impositivas, fiscales, deuda, defensa de la competencia y energía.

Ley Ómnibus

El proyecto de Ley Ómnibus le pide al Congreso declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, de defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025.

La iniciativa contiene 664 artículos, en los que se plantean reformas laborales, fiscales y electoral. Además, plantea la posibilidad de privatizar más de 40 empresas estatales, sancionar manifestaciones y suspender la fórmula de actualización de las jubilaciones.

La Cámara de Diputados inició el tratamiento en comisiones del proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el Gobierno. El cronograma de trabajo fijado para los grupos de Legislación General; Asuntos Constitucionales y Presupuesto y Hacienda establece sesiones informativas durante el 9 y 10 de enero.

Durante las primeras reuniones, los legisladores podrán consultar a miembros del Gabinete sobre los 664 artículos desarrollados en el megaproyecto. Por esta razón acudieron al inicio del debate el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo.

De acuerdo al esquema acordado, la jornada siguiente será el turno de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, su par de Interior, Guillermo Francos, el de Infraestructura, Guillermo Ferraro y la de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El debate parlamentario en sesiones extraordinarias

El diputado de Avanza Libertad y presidente de la comisión de Presupuesto, José Luis Espert, afirmó que los bloques de la Cámara baja "van a empujar con modificaciones" la sanción de la normativa presentada como eje de desregulación de la economía, que incluye reformas en materia judicial, electoral, previsional y de seguridad, entre otras, además de la delegación de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

"Salvo el kirchnerismo, que se va a oponer a casi todo, el resto de los bloques, con modificaciones, van a empujar una ley crítica para los argentinos", sostuvo ante la prensa previo al comienzo de la sesión. "Es altamente probable que salga, pero puede haber modificaciones en artículos", remarcó.

Por su parte, el diputado nacional de La Libertad Avanza Lisandro Almirón señaló: "La voluntad del Presidente es tener una solución antes del 30 de enero y buscar ahí los consensos; sino el camino a seguir será seguir trabajando".

En ese sentido, el legislador correntino señaló que el presidente, Javier Milei, "es una persona republicana y respetuosa de la división de poderes". "Entiende que hoy la situación pasa por el Congreso. Allí, las cosas seguirán un cauce natural y serán las mayorías las que aprueben o rechacen el proyecto", añadió.

La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, respaldó el accionar de las fuerzas de seguridad en la marcha de la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el megadecreto de desregulación económica del presidente, Javier Milei. 

En este marco, la funcionaria destacó el operativo conjunto de la Policía Federal, la Policía de la Ciudad y Gendarmería en el cumplimiento del protocolo antipiquetes frente a la protesta que la central obrera realizó frente al Palacio de Tribunales. 

"Queremos un país en orden"

La titular de Seguridad avaló el trabajo de las fuerzas de seguridad que detuvieron a seis personas, dos mujeres y cuatro hombres, por "atentado y resistencia a la autoridad", en la desconcentración de la marcha. 

"La policía actuó en todo momento de acuerdo a la legislación vigente, intentando que no tomen la calle y que no se llegue a la violencia en ningún momento. Por eso también felicitamos a la policía que actuó en esas circunstancia para poner orden frente al desorden. Ya dijimos que nosotros queremos un país en orden. No queremos más desorden, más disturbios, más caos, ni más ruptura", expresó Bullrich en conferencia de prensa.

Además, la ministra destacó que la marcha fue "pacífica" y dio detalles acerca de la situación de Gabriel Fernando Piri, el oficial de la Policía de la Ciudad que fue atropellado por un colectivo de la línea 26 en medio de disturbios por un intento de algunos manifestantes de tomar las arterias de las avenidas Corrientes y Callao. 

"En un momento, una columna se desprendió y quiso tomar la calle en Callao y Corrientes. Unos manifestantes trataron de cortar la calle y una moto de la Policía de la Ciudad los paró. En este momento, venía un colectivo que no pudo frenar a tiempo y provocó una víctima que es un policía de la Ciudad que está internado en el Hospital Italiano (...) tiene un traumatismo pero por suerte su vida está fuera de peligro", indicó.

La Policía confirmó la detención de seis manifestantes en la desconcentración de la marcha encabezada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra el megadecreto de desregulación económica del presidente, Javier Milei. 

Las fuerzas de seguridad detallaron que los detenidos son cuatro hombres y dos mujeres, entre los que se encuentran el trabajador de prensa Martín Brunas y el dibujante Agustín Riccardi.

Los incidentes 

Luego del acto que la central obrera realizara frente al Palacio de Tribunales, en Plaza Lavalle, la Policía de la Ciudad montó un operativo en la desconcentración que llevó a la detención de las seis personas.

Las fuerzas de seguridad porteñas destacaron que los manifestantes fueron detenidos bajo la figura de "atentado y resistencia a la autoridad", en las adyacencias de avenida Corrientes y Uruguay, donde algunos integrantes de la marcha intentaron cortar la calle. 

Además, el oficial de PCBA perteneciente a la División Verificación Vehicular, Gabriel Fernando Piri, resultó herido luego de que un colectivo de la línea 26 lo atropellara mientras circulaba por avenida Corrientes.

El efectivo fue atendido por el SAME y trasladado al Hospital Italiano con un parte de "inconsciencia por herida sangrante y cortante en el cuero cabelludo".

Luego de que la Policía de la Ciudad cumpliera con el protocolo antipiquetes ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la Gendarmería se hizo presente en el lugar para brindar un refuerzo al operativo. 

"Se cumplió con el objetivo de que las arterias principales de tránsito durante todo el tiempo estuvieran liberadas, ya sea la 9 de Julio como las avenidas Corrientes y Córdoba", expresó el ministro de Seguridad de la Ciudad, Waldo Wolff.

La CGT encabezó la marcha al palacio de Tribunales en rechazo al megadecreto firmado por el presidente, Javier Milei. De la movilización participaron las dos CTA, la Unidad Piquetera, la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). 

La concentración convocada frente al Palacio de Justicia nuclea los reclamos de diversas organizaciones gremiales y sociales que se manifiestan en contra de las primeras medidas económicas del Gobierno, y por considerar que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) atenta contra la división de poderes.

En ese marco, y con el fin de frenar a través de la Justicia el alcance del DNU, presentarán acciones judiciales contra la medida que cobrará vigencia el 29 de diciembre, derogando múltiples leyes laborales y de otros rubros.

Junto a la convocatoria, la CGT anunció que al día siguiente reunirá al Comité Central Confederal para definir un plan de lucha que podría incluir una huelga nacional de 24 horas.

El Gobierno advierte con el "protocolo antipiquetes"

En los días previos a la manifestación, funcionarios del Gobierno advirtieron que serán utilizadas "todas las medidas de disuasión" disponibles, en el marco de la aplicación del protocolo de orden público dispuesto por el Ministerio de Seguridad, que dirige Patricia Bullrich.

En este sentido, la ministra planteó que "hace 16 días que asumió este Gobierno" y que la marcha de la CGT será "la tercera manifestación" en su contra. "En vez de oponerse, ayuden a que el país salga adelante", agregó.

"En este camino de los argentinos que quieren un país distinto, hay otros que no quieren cambiar, que anuncian marchas y protestas", dijo el portavoz presidencial, Manuel Adorni, con relación a la medida de protesta convocada frente a los Tribunales porteños.

El protocolo antipiquetes prevé, entre otros puntos, la actuación de las fuerzas de seguridad cuando una protesta impida el tránsito de personas o vehículos con cortes de calles, avenidas y rutas, sin necesidad de que medie una orden judicial.

El secretario parlamentario del bloque de la Unión Cívica Radical (UCR) y exdiputado nacional, Alejandro Cacace, se refirió al megadecreto firmado por Javier Milei y a la postura que adoptaría el radicalismo frente a la decisión de aprobar o rechazar el DNU en el Congreso. 

"Cuestionamos claramente la forma de enviar el DNU. Nuestro partido reclamó que se envíen los proyectos de ley al Congreso, algo que el presidente ya adelantó que no va a hacer", sostuvo.

En el video, la entrevista completa.

Sobre el DNU

Cacace apuntó contra la utilización de un Decreto de Necesidad y Urgencia para modificar normas vigentes: "La verdad es que un DNU es una herramienta de excepción que no está pensada para reformar tantas medidas a la vez. Es algo que puede emitir el presidente solamente cuando no se puede seguir el trámite ordinario para la sanción de las leyes".

En ese sentido, apuntó: "Lo que veo complicado del DNU es que es o todo o nada. Hay ideas con las que se está de acuerdo y otras con las que no pero esto de forzar a través del DNU la derogación de 300 leyes está complicando la confirmación del documento".

Así, el exdiputado afirmó: "Lo ideal para nosotros sería buscar la forma jurídica de acompañar parcialmente y, que el Gobierno tenga las reformas que el país necesita".

A título personal, el radical mostró su apoyo a buena parte del decreto.

"Estoy de acuerdo en un 95%. Estoy de acuerdo en el espíritu de desregular, de simplificar procesos, de abrir la economía, de promover la competencia para darle mejores precios a los consumidores", explicó.

Reforma laboral

Por su parte, Cacace mostró su conformidad respecto a la reforma laboral propuesta en el decreto. 

"El sistema actual de indemnizaciones siempre deriva en juicio y eso le quita previsibilidad al empleador respecto a cuál va a ser el costo de emplear. Estamos de acuerdo en cambiar eso, es algo que también habían propuesto Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta. Se trata de darle certeza, sobre todo a las empresas pequeñas, de cuál va a ser el costo de contratar y despedir", señaló.

Así, concordó respecto a la especificidad del DNU en ese área: "Que (la indemnización) sea una cotización fija que, según el DNU es de no más del 8% del sueldo del empleado, para que cuando el empleado termine su relación laboral cobre lo de ese fondo. No se fija un piso pero sí se fija un tope", concluyó.

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El Gobierno nacional denunció por "extorsión" y "defraudación al Estado" a las organizaciones sociales que participaron de la manifestación en Plaza de Mayo el 20 de diciembre. Además, buscará cobrar a los manifestantes el costo del operativo de seguridad.

Así lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria en Casa Rosada. Al fundamentar la decisión, señaló que la línea 134 registró 16.150 llamadas con supuestas denuncias de extorsión por parte de dirigentes sociales a beneficiarios de programas de asistencia estatal.

De esos llamados, añadió el vocero, 1.200 "se podrían relacionar directamente" con los delitos denunciados, y las acciones judiciales del Gobierno apuntan a 32 personas.

El pago del operativo de seguridad

El 20 de diciembre, movimientos sociales nucleados en Unidad Piquetera y el Polo Obrero marcharon a Plaza de Mayo con reclamos por las medidas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo, y en conmemoración de las protestas de diciembre del 2001.

Previo a las manifestaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, había anunciado la puesta en funcionamiento del "protocolo antipiquetes".

Entre otras restricciones frente a "cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales", la funcionaria advirtió que los manifestantes deberían hacerse cargo del pago correspondiente a la movilización de las fuerzas que coordina Nación. El día de la protesta intervinieron efectivos de la Policía Federal y Gendarmería.

"Se dictó la resolución para establecer los parámetros que determinan los costos de ese operativo, que, por supuesto, vamos a intimar a las organizaciones, para que se hagan cargo de este gasto que no le corresponde a la ciudadanía. Hay una estimación en 60 millones de pesos, y esta será la factura que le pasaremos a las organizaciones sociales", explicó Adorni.

A continuación, enumeró al Polo Obrero, la Corriente Clasista y Combativa, Libres del Sur, La Dignidad, Barrios de Pie, y el Movimiento Evita.

Movimientos sociales centralizados en Unidad Piquetera y el Polo Obrero marcharon a Plaza de Mayo con reclamos por las medidas económicas anunciadas por el ministro de Economía, Luis Caputo. 

Asimismo, la movilización tiene por propósito conmemorar un nuevo aniversario del estallido social del 19 y 20 de diciembre del 2001. 

La movilización

En este contexto, la marcha comenzó a las 16:00 con la mayoría de los convocados llegando en trenes y subtes para evitar cortes de calles y eludir enfrentamientos con la policía debido al protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

"La ministra Bullrich participó de manifestaciones durante la pandemia, cuando estaba efectivamente prohibido por la salud pública. ¿Se le aplica a ella retroactivamente lo que dice ahora? Estamos entrando en un terreno muy peligroso", declaró el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, en IP. 

De esta forma, los manifestantes llegaron a las inmediaciones sin cortes totales en lugares como el Metrobús, pero algunas calles fueron afectadas por lo que las fuerzas de seguridad cortaron el tránsito en la zona. 

Por otro lado, el presidente, Javier Milei, se presentó en la central de Policía Federal donde seguirá los acontecimientos junto a la ministra de Capital Humano, Sandra Petovello y Bullrich. 

Asimismo, el vocero presidencial, Manuel Adorni destacó: "El derecho a manifestarse se respeta porque es un derecho constitucional mientras no impida la libre circulación ni afecte el orden público. Podrán manifestarse en parques, en plaza e incluso sobre cada una de las veredas". 

Enfrentamientos entre manifestantes y la policía

A la altura de Diagonal Norte se registraron enfrentamientos entre manifestantes y las fuerzas de la Gendarmería y la Policía Federal Argentina (PFA).

Los distintos movimientos sociales que buscaban marchar a plaza de Mayo fueron acorralados en un intento policial de retener el avance del colectivo social. multitud. 

De acuerdo a lo trascendido, dos personas resultaron detenidas por el conflicto con el personal policial. 

La ministra de Capital Humano, Sandra Petovello, detalló que las personas que adhieran a las protestas de los movimientos sociales con cortes de calles, dejarán de cobrar planes.

En este contexto, la funcionaria advirtió a las organizaciones sociales sobre posibles impedimentos a la libre circulación en sintonía con el protocolo antipiquetes anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle", dijo.

La palabra de Pettovello

Frente a la movilización convocada para el miércoles 20 por distintas organizaciones sociales, Petovello publicó un mensaje grabado en donde explicó que el Gobierno actuará de forma rígida frente a las personas que participen de la marcha, en caso de obstruir vías de circulación como calles y rutas.

"Los únicos que no van a cobrar el plan son los que vayan a la marcha y corten la calle. Ya lo dijo el Presidente (Javier Milei): el que corta no cobra", expresó.

Además, la titular de Capital Humano indicó que el ministerio que tiene a cargo iniciará auditorías para verificar a cada uno de los beneficiarios de los planes sociales y eliminar a los intermediarios entre el beneficio y quien lo recibe.

"Vamos a auditar a todas las organizaciones que entreguen planes sociales (e iniciaremos) un proceso para la eliminación de la intermediación" destacó y agregó que quitarán los "certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales".

Sobre las movilizaciones

La funcionaria también hizo hincapié en la decisión del Gobierno acerca de aumentar la Asignación Universal por Hijo (AUH) al doble y la Tarjeta Alimentar en un 50%.

"Por otra parte queremos darle tranquilidad a los beneficiarios de los planes. Deben saber que nadie puede obligarlos a ir a una marcha con la amenaza de dar de baja el plan. Por esa razón, suspenderemos el control de los certificados de presencialidad que dan las organizaciones sociales", agregó.

El mensaje de Petovello llegó dos días antes de la marcha convocada por la Unidad Piquetera con el objetivo de recordar el estallido social del año 2001 y reclamar por las medidas de ajuste encaradas por la administración del presidente, Javier Milei.

"Manifestarse es un derecho, pero también lo es circular libremente por el territorio argentino para dirigirse al lugar de trabajo. Los que promuevan, instiguen, organicen o participen de los cortes, perderán todo tipo de diálogo con el Ministerio de Capital Humano", finalizó.

El presidente, Javier Milei, y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, viajaron a Bahía Blanca tras el fuerte temporal con ráfagas de viento de hasta 150 kilómetros por hora que dejó un saldo de 13 muertos y más de 350 personas evacuadas en la localidad.  

Al arribar, los mandatarios se reunieron con el intendente Federico Susbielles y con autoridades provinciales y municipales para sumarse al Comité de Crisis ante la emergencia.

Asimismo, Susbielles decretó 72 horas de duelo en el municipio y se solidarizó con los familiares y allegados de los fallecidos. Además, llamó a la población a que permanezca en sus viviendas hasta que termine la situación de emergencia.

La respuesta de Axel Kicillof

El primero en arribar al lugar fue el gobernador de PBA, que tras enterarse de las consecuencias climáticas expresó a través de sus redes sociales: "Todos los ministros de las áreas del gobierno de la provincia de Buenos Aires están coordinando esfuerzos con la municipalidad de Bahía Blanca en el marco del Comité de Emergencia".

De esta manera, Kicillof dispuso la movilización del ministro de Seguridad, Javier Alonso, quien arribó la madrugada del sábado a la ciudad.

Además, ordenó suministrar todos los recursos sociales, sanitarios y logísticos necesarios para atender la emergencia. Así, se dispuso el traslado de camiones con 504 bidones de agua, 10.000 kilos de alimentos y 1.000 frazadas, al igual que 250 colchones, 500 kits de indumentaria y calzado, y 500 kits de limpieza.

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, afirmó que se enviaron "tres equipos interdisciplinarios de refuerzo" para trabajar en conjunto con las autoridades de Bahía Blanca.

La presencia de Javier Milei 

Por su parte, el presidente llegó a la localidad a las 14:15 del domingo acompañado por la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y por los ministros del Interior, Guillermo Francos; de Seguridad, Patricia Bullrich; de Capital Humano, Sandra Pettovello, y de Defensa, Luis Petri.

En reunión con autoridades provinciales y nacionales, el mandatario nacional expresó: "Estoy perfectamente confiado en que ustedes van a poder lograr resolver esta situación de la mejor manera posible con los recursos existentes".

Al momento de desatarse el temporal, el Gobierno nacional había comunicado a través de sus redes sociales que monitoreaba "la delicada situación generada por la tormenta eléctrica en la provincia de Buenos Aires".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, advirtió que el "Plan Antipiquetes" se implementará en la movilización convocada por distintas agrupaciones políticas y sociales para este miércoles 20 de diciembre. 

La palabra de Bullrich 

Este sábado 16 de diciembre, la funcionaria de La Libertad Avanza (LLA) se refirió a la marcha que se realizará desde Congreso a Plaza de Mayo, y afirmó que no va a permitir "que se corte ninguna calle".

"Lo único que hemos hecho con este protocolo es ordenar y que las personas sepan qué consecuencias van a tener si cortan la calle. Pueden manifestar lo que quieran, pero lo tienen que hacer sin cortar las vías de circulación: pueden ir por la vereda, pedir una plaza, ir a un parque. Lo que no pueden es cortar la calle, porque eso afecta la vida de millones y millones de argentinos", afirmó.

Asimismo, y de acuerdo a lo postulado en su programa antipiquetes, Bullrich especificó qué postura adoptarán con los beneficiarios de planes sociales que decidan sumarse a la movilización

"El que no corta (una calle), va a cobrar el plan y aquel que no lo cumpla va a tener consecuencias penales. Se lo vamos a avisar de todas las maneras posibles. Estamos en un momento difícil del país. Necesitamos que todos colaboren. Ese día se quedan en su casa o vayan a realizar un trabajo. Que vayan a hacer lo que tienen que hacer en vez de marchar", apuntó la Ministra. 

La respuesta de organizaciones políticas

Paralelamente, un amplio conjunto de organizaciones sociales, sindicales y de derechos humanos se presentarán ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para denunciar que la gestión de La Libertad Avanza busca atentar contra el derecho de protesta en el país. 

En esa línea, el consejo directivo de la CGT también se pronunció contra el protocolo de Bullrich y lo calificó como una "estrategia para criminalizar la protesta social que, a la luz de los recientes anuncios económicos y de los consecuentes impactos en la calidad de vida del pueblo argentino, implica vulnerar el ejercicio efectivo del derecho constitucional a la libertad de expresión y la libertad sindical".

 

 

El portavoz presidencial, Manuel Adorni, anunció una serie de medidas de ahorro que llevará adelante el Gobierno nacional. Al explicar el alcance de los recortes en el gasto estatal, señaló que "otro de los grandes objetivos es terminar con los privilegios".

En este sentido, afirmó que se avanzará en la reducción del 50% en choferes de la planta de la administración pública nacional, así como de la flota de autos, y la venta de dos aviones pertenecientes a la empresa YPF que eran "utilizados casi con exclusividad por privilegiados de la política".

"El ajuste que pretendemos realizar sobre los gastos de la política, sólo en gastos de funcionamiento, gira en torno a los 3 mil millones de dólares anuales", informó el vocero en una conferencia de prensa tras la reunión de gabinete que encabezó el presidente, Javier Milei.

Por otra parte, dijo que se cancelará el pago de un seguro en beneficio de la residencia presidencial: "La quinta de Olivos tiene cuadros que tienen un seguro por el que pagamos 2.600.000 dólares, resulta irracional", planteó.

Definiciones sobre la situación económica

En otro tramo de su segundo contacto del día con la prensa, Adorni planteó que el 1% de inflación diaria que se registra deja al país "inmerso en una hiperinflación". A continuación sostuvo que el Gobierno hará "todo el esfuerzo para que la catástrofe no termine ocurriendo".

Por otra parte, el funcionario comentó que el Presidente expresó su "respaldo" al protocolo de actuación contra la protesta social anunciado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, al igual que a las medidas presentadas por su par de Economía, Luis Caputo.

"Nos llama la atención el que se ponga en duda el cumplimiento de la ley. La diferencia con el protocolo es el apoyo que van a tener las fuerzas locales, que va a ser total. El norte de todo esto es vivir en un país normal y evitar que el negocio de la política no nos permita hacerlo", definió el vocero, respecto a la iniciativa impulsada por Bullrich.

El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, criticó los dichos de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y su propuesta de un "Plan Antipiquetes". 

"Las declaraciones de Patricia Bullrich caen en la ilegalidad. Son antidemocráticas, inconstitucionales", cuestionó en IP Noticias.

En tanto señaló: "La ministra Bullrich participó de manifestaciones durante la pandemia, cuando estaba efectivamente prohibido por la salud pública ¿Se le aplica a ella retroactivamente lo que dice ahora? Estamos entrando en un terreno muy peligroso".

En el video, la entrevista al dirigente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni.

La palabra de Belliboni

El dirigente enfatizó que la disposición de la ministra de Seguridad es inconstitucional y que carece de la potestad para implementarla.

"Ella (Bullrich) se plantea como la que puede o no otorgar el derecho a protestar. Acá se ha cambiado de gobierno no de régimen jurídico. Si ellos quieren cambiar el régimen tienen que mandar una reforma constitucional o decretar el estado de sitio. Han dicho muchas cosas incorrectas, como por ejemplo que la gente no puede reunirse en las estaciones para venir a una movilización", dijo.

Y agregó: "Los ministros no pueden sobrepasar las normas de la ley, están para que se apliquen las normas. Lo escuchamos al presidente decir: 'dentro de la ley todo, fuera de la ley nada'. Lo que dijo patricia Bullrich está fuera de la ley".

Asimismo, el dirigente del Polo Obrero se refirió a la movilización convocada para el 19 y 20 de diciembre: "La movilización está creciendo enormemente. No somos solo nosotros. Después del discurso de Patricia Bullrich me han llamado un montón de organizaciones y personalidades que quieren venir a la marcha. Algunos coinciden con nuestros reclamos, otros no. Ahora lo que está en juego es otra cosa: las libertades democráticas".

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La titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, realizó una conferencia de prensa donde anunció un "Plan Antipiquetes" con sanciones para aquellas protestas que impidan la libre circulación en calles y rutas de todo el país.

En este marco, Bullrich destacó que en el protocolo antipiquetes actuarán las cuatro fuerzas federales lo que incluye a Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y la Policía Federal Argentina. Además, se sumarán los miembros del Servicio Penitenciario Federal.

En el video, el anuncio de la ministra de Seguridad.

Las fuerzas federles intervendrán en manifestaciones

La funcionaria indicó que a las fuerzas federales coordinarán acciones conjuntas con fuerzas provinciales para disuadir posibles cortes. 

"Vamos a intervenir frente a cortes, piquetes o bloqueos sean parciales o totales. La ley no se cumple a medias. Se cumple o no se cumple. Nosotros la vamos a cumplir", expresó.

De esta forma, Bullrich también resaltó que las fuerzas federales podrán intervenir "de manera inmediata y de acuerdo con el artículo 194 del Código Penal" cuando existan protestas que bloqueen calles o rutas. 

"Es muy importante entender que la fuerzas federales van a actuar en la zona federales y esto llevará a que las fuerzas provinciales deban actuar en las zonas de su competencia para tener un verdadero trabajo en común y para que los argentinos sean liberados de esta situación permanente de extorsión que sufren", remarcó. 

"La fuerza será graduada en función de la resistencia"

Por otro lado, Bullrich destacó que las fuerzas de seguridad actuarán hasta dejar totalmente liberadas todas las vías de circulación y que la utilización de la fuerza será ajustada de acuerdo a los niveles de perseverancia que utilicen los que protestan. 

"No vamos a tomar en cuenta la existencia de vías alternativas al tránsito o a la circulación. Quiere decir que si se corta la vía principal, se libera la vía principal. No porque haya una vía alternativa se permitirá que esa vía siga cortada. Se va a actuar hasta dejar totalmente liberado el espacio de circulación. Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente que será graduada en proporción a la resistencia", detalló. 

El ministro de Seguridad porteño, Waldo Wolff, respaldó el protocolo antipiquetes anunciado por el Ministerio de Seguridad de la Nación a cargo de Patricia Bullrich.

En este contexto, el funcionario destacó que las fuerzas de seguridad de la ciudad de Buenos Aires colaborarán con las federales en posibles protestas contra el Gobierno.

El aval de Wolff al protocolo antipiquetes

Sobre las portestas, Wolff indicó: "Vuelvo a recalcar una vez más, que en las protestas federales, tal el caso de las que ya sabemos que se vienen, vamos a trabajar de manera conjunta con el Ministerio de Seguridad la Nación, con sus fuerzas federales, que van a ponerse a disposición de los requerimientos de las protestas que aquí tengan características federales".

En esta línea, el titular de Seguridad en CABA hizo hincapié en la necesidad de que las fuerzas de la cartera que tiene a su cargo ayuden para disuadir protestas junto con las de Nación.

"Creo que esto es importante para todos. Para nosotros como Gobierno y para los ciudadanos. Para saber que no estamos solos en la ciudad de Buenos Aires y que estamos acompañados de un proyecto nacional, más allá de que no es nuestro signo de gobierno", expresó.

"La Policía de la Ciudad va a actuar"

Por otro lado, Wolff ratificó que la Policía de CABA intervendrá en las protestas de acuerdo con lo especificado en el Protocolo para el Mantenimiento del Orden Público anunciado por Bullrich. 

"Por supuesto que la Policía de la Ciudad va a actuar, porque la ley es una sola. No hay una ley para el resto del país y una ley para la ciudad de Buenos Aires. El artículo 194 la Constitución es claro y el Código Contravencional de la Ciudad también. Vamos a hacer cumplir la ley. Les pido que tengan paciencia", indicó.

Y agregó: "Este es un nuevo tiempo. Es el tiempo del trabajo mancomunado entre las autoridades de la ciudad de Buenos Aires y las autoridades federales. Por eso, les pido que tengan paciencia. Nosotros tenemos el mandato popular, pero además tenemos el mandato de la Constitución y los distintos códigos y lo vamos a hacer cumplir".

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, presentará medidas destinadas a "el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación". Así lo anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni, en su conferencia de prensa diaria desde la Casa Rosada.

Según adelantó el vocero, el "protocolo" fue elaborado "por instrucción del presidente, Javier Milei, y contemplando el concepto de 'dentro de la ley todo, fuera de la ley, nada'". 

Asimismo, detalló que la ordenanza contemplará "sanciones severas a todos aquellos involucrados en impedir la circulación de los argentinos, que alcanza al que corta, al que transporta, al que organiza y al que financia".

La comunicación oficial tuvo lugar luego del llamado a la movilización difundido por la organización Unidad Piquetera (UP). Según informó el frente conducido por Eduardo Belliboni, se trata de un "paro activo" en la Plaza de Mayo, como respuesta a los anuncios del ministro de Economía, Nicolás Caputo.

La movilización se realizará el el 20 de diciembre, con la participación "del movimiento obrero, sindicatos docentes y la Unión Ferroviaria", según se detalló desde la UP.

El antecedente del "protocolo antipiquetes"

En 2016, durante su gestión de la misma cartera en el gobierno del expresidente Mauricio Macri, Bullrich impulsó un protocolo conocido como "antipiquetes" con el objetivo de evitar los cortes de tránsito en la vía pública.

En esa ocasión, el "Protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad del Estado en manifestaciones públicas" apuntaba a "ordenar la circulación ante cortes de calles y rutas llevados a cabo por manifestantes".

En concreto, la política consistía en limitar a "5 o 10 minutos" el tiempo para desalojar los caminos afectados por las protestas; de exceder ese tiempo, los presentes serían removidos por las fuerzas de seguridad y, eventualmente, detenidos.

La iniciativa de Bullrich fue extendida a los representantes de las provincias agrupados en el Consejo de Seguridad Interior nacional. Sin embargo, no se tradujo en una resolución que se publicara en el Boletín Oficial.

En ese marco, el protocolo fue cuestionado por organizaciones políticas y sociales, bajo la perspectiva de que daba lugar a la criminalización de la protesta, que está garantizada como derecho por la Constitución Nacional y los tratados internacionales sobre Derechos Humanos.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) apuntó que el lineamiento de Seguridad limitaba "de manera inconstitucional el derecho a la protesta", a la vez que ampliaba "las facultades policiales para reprimir y criminalizar la protesta social".

Entre otras críticas, el CELS advirtió que la decisión afectaba al trabajo periodístico y la libertad de expresión. Este reclamo sostenía que el protocolo facultaba a las fuerzas policiales para indicar a los trabajadores de prensa dónde debían situarse para cubrir las manifestaciones con el fin de que "no interfieran con el procedimiento de seguridad".