Argentina pide más tiempo para entregar chats en la causa YPF
En el marco del juicio con el fondo Burford por la expropiación de YPF, la Argentina comunicó oficialmente a la jueza neoyorquina Loretta Preska su decisión de cooperar en la entrega de los correos electrónicos y mensajes de texto requeridos por la justicia estadounidense.
En la presentación judicial, el Estado pidió además una nueva prórroga —la segunda en menos de un mes— para cumplir con el pedido de información. El plazo actual vence el 4 de noviembre, pero el Gobierno busca extenderlo hasta el 21 del mismo mes con el fin de completar un proceso clave: obtener el consentimiento individual de los 35 funcionarios y exfuncionarios cuyos intercambios fueron solicitados.
De acuerdo con fuentes vinculadas al caso, la prórroga permitiría cumplir con los protocolos de privacidad que exige la legislación argentina antes de compartir cualquier comunicación. En ese sentido, los abogados del Estado remarcaron que la cooperación no supone un reconocimiento del contenido de los mensajes, sino una muestra de disposición para facilitar la labor judicial.
El giro en la estrategia oficial marca un cambio de postura respecto de las semanas anteriores, cuando el Gobierno había enfatizado las dificultades legales y técnicas para acceder a los registros electrónicos. Ahora, la prioridad parece centrarse en evitar sanciones procesales y demostrar buena fe ante el tribunal estadounidense.
Voceros cercanos a la defensa destacaron que la gestión abarca tanto a integrantes del actual gabinete como a exfuncionarios, y que el procedimiento se lleva adelante “de forma individual y bajo estricta confidencialidad”.
En los próximos días, la jueza Preska deberá resolver si otorga la prórroga y bajo qué condiciones continuará el proceso de entrega del material solicitado. La evolución del caso es seguida muy de cerca por el Ministerio de Economía y la Procuración del Tesoro, ya que el litigio se encuentra en una etapa decisiva tras el fallo adverso que dejó al país frente a un reclamo millonario.
Mientras tanto, el Gobierno intenta ganar margen de maniobra sin volver a tensar la relación con la magistrada estadounidense, consciente de que cada paso procesal puede tener impacto en las negociaciones futuras del caso YPF.
