Los cuatro policías acusados de matar a cuatro jóvenes de entre 13 y 22 años, en el caso que se denominó Masacre de Monte, fueron considerados culpables en un juicio por jurados.

Este mecanismo judicial está previsto en la Constitución Nacional desde 1853 y se encuentra reglamentado en 10 provincias argentinas: Buenos Aires, Córdoba, Neuquén, San Juan, Chaco, Mendoza, Río Negro, Entre Ríos, Chubut y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué es un juicio por jurados

Es un modelo de enjuiciamiento en el cual personas ajenas al Poder Judicial tienen la tarea de determinar la culpabilidad o inocencia de un acusado.

Este sistema persigue la idea de que una persona acusada sea juzgada por sus pares y no por jueces profesionales.

En general, suelen ser utilizados en la Justicia penal en casos de extrema gravedad. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires está previsto para casos que puedan tener una condena mayor a 15 años de prisión. 

Implementación del juicio por jurados

La implementación de este modelo de enjuiciamiento tuvo avances progesivos a nivel nacional. El nuevo Código Procesal Penal Federal, incluyó disposiciones sobre la realización de juicios por jurado en su artículo 282, aunque aún se requiere de una ley específica.

Por otra parte, la esencia de los juicios por jurados radica en que una persona es juzgada por sus pares en lugar de jueces profesionales. Estos jurados populares son un grupo de personas, entre hombres y mujeres con diversas trayectorias y sensibilidades sociales.

Selección de los jurados

El procedimiento para la selección del jurado varía en cada provincia. Por ejemplo, en Buenos Aires, el jurado está compuesto por 12 jurados y seis suplentes, con igualdad de género. Estos miembros son seleccionados mediante sorteo a partir del padrón electoral de ciudadanos mayores de 21 y menores de 75 años.

Algunas personas, como los miembros de las fuerzas de seguridad, funcionarios electos o empleados del Poder Judicial, no pueden formar parte del mismo.

En Neuquén, el proceso de selección es similar, pero se busca que al menos la mitad del jurado pertenezca al mismo entorno social y cultural del acusado. También se procura contar con personas de distintas edades.

En el caso de Córdoba, el jurado se compone de ocho ciudadanos comunes y dos jueces profesionales que acompañan el proceso y la deliberación. Se seleccionan inicialmente 24 ciudadanos y los primeros ocho que acepten el cargo conforman el jurado. En todos los casos, los miembros seleccionados pueden excusarse bajo ciertas circunstancias, como problemas de salud.

Entre una de las críticas que los profesionales jurídicos realizan a esta modalidad, se encuentra que podría existir una tendencia de los ciudadanos hacia la "mano dura" en los casos que les toca juzgar, sin el análisis de los atenuantes en cada pena que los magistrados contemplan en un juicio general.