A un año de la reglamentación de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, la iniciativa del Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) llamada "Proyecto Mirar", monitoreó a lo largo del año cómo se implementó esta política pública a lo largo del país.
"Hay provincias donde los obstáculos son todavía muy grandes, como en Corrientes, Salta y en buena medida en Chaco. Hay otras provincias y otras jurisdicciones donde las barreras de acceso se han ido levantando de a poco", contó Silvina Ramos, Investigadora del CEDES.
Según el Mirar, durante el primer semestre se realizaron 25.900 interrupciones voluntarias o legales del embarazo en los servicios públicos de salud, aunque Ramos clarificó que en este proceso existieron muchas desigualdades: "Hay menos barreras en las ciudades capitales que en las ciudades más pequeñas, y ni qué hablar en las zonas más semirurales y rurales, donde ahí son todavía mayores", dijo.
"A pesar que la ley es obligatoria para cumplir en todo el territorio nacional, no es la misma voluntad política la que existe en cada una de las provincias del país por parte de autoridades sanitarias y de autoridades políticas para hacer cumplir esa ley con toda la plenitud que se debería esperar", declaró la investigadora.
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