Ética Salud: acusan a dos empresarios de robar 60 millones por mes a obras sociales
Los directivos de Ética Salud, Pablo Baldoni y Raúl Barreiro, fueron denunciados por armar una estafa en la que habrían recibido aportes sin otorgar ninguna prestación médica. La empresa que operó bajo los nombres de Ética Médica, Ética Salud y Ética Más fue imputada por la Superintendencia de Servicios de Salud en la Justicia Federal. Fuentes de la causa indicaron que el flujo de dinero mensual de la prestadora superaría los 60 millones de pesos.
La investigación
La causa fue iniciada en el Juzgado N°2 de Comodoro Py, a cargo del magistrado Sebastián Ramos. Por orden del mismo, la Policía Federal allanó 37 domicilios relacionados con la firma en AMBA.
En un principio, la gerenciadora investigada por llevarse 60 millones mensuales de sus aportantes en obras sociales fue denunciada en redes sociales por sus afiliados que relataban no haber recibido credencial ni prestación alguna.
Tanto Baldoni como Barreiro tenían otros negocios en común, entre los que figuran las firmas Fortaleza Salud, CBGB Construcciones y Solución Salud. Las primeras investigaciones arrojaron que estas compañías no tendrían operaciones registradas ni empleados en blanco. Tampoco se les encontró un CUIT, por lo que se estima que podrían ser empresas fantasmas.
Ética Médica SA
La razón social de la empresa investigada por la Justicia es Ética Médica SA, registrada en AFIP desde 2017. Su domicilio fiscal figura en una casa particular de Floresta, en CABA. La causa registró que la prestadora dejó de pagar aportes a sus empleados y designó a Baldoni como director suplente y a Barreiro como titular en 2019.
En su web, Ética Médica destacó su servicio con “más de 2.500 profesionales de la salud en los distintos sanatorios, clínicas y centros médicos de la ciudad y la provincia de Buenos Aires”. Además, remarcaron que la empresa también incluía supuestos servicios de óptica, odontología, planes maternos infantiles y odontología.
La estafa
La estratagema que utilizarían los acusados estaría relacionada a registrar la empresa como gerenciadora de salud y no como prestataria. Esto implica que la misma se haya asociado a una obra social que en este caso figura en los registros.
De esta forma, recibían los aportes de los afiliados, pero no daban prestación. Los afectados denunciaron que nunca les llegaron sus credenciales y que los centros médicos no los atendían.
Además, la investigación analiza un esquema de traspasos de afiliados sin consentimiento desde otras obras sociales para recibir mayores ingresos. En total serían unas 10 mil víctimas afectadas. Por el momento, la causa anotició a 18 personas en los allanamientos realizados.
