Tormenta de Santa Rosa: evacuados y destrozos en varios puntos del país

La Justicia avanza en la investigación por un presunto esquema de retornos que salpica a funcionarios del Gobierno y a la droguería Suizo Argentina. Este viernes se llevaron adelante nuevos allanamientos en las sedes de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y en las oficinas de la firma farmacéutica, con el objetivo de recolectar documentación clave para la causa.

Los procedimientos fueron ordenados por el juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, y ejecutados por el Departamento de Delitos Complejos de la Policía de la Ciudad. En el caso de la ANDIS, los operativos alcanzaron las sedes de la calle Hipólito Yrigoyen y de la avenida Rivadavia, mientras que otro allanamiento se realizó en la sede de Suizo Argentina.

La causa se abrió tras la filtración de audios del ex titular de la agencia, Diego Spagnuolo, en los que se mencionaban presuntas coimas. Además de los allanamientos, Casanello dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Spagnuolo y de los directivos de la droguería.

Avances y antecedentes

Se trata de la segunda tanda de allanamientos desde que estalló el escándalo la semana pasada. En la primera etapa, se requisaron las viviendas de Spagnuolo; de Emmanuel y Jonathan Kovalivker, dueños de Suizo Argentina; y de Daniel Garbellini, ex director nacional de Acceso a los Servicios de Salud de la ANDIS.

En uno de esos procedimientos, Emmanuel Kovalivker fue sorprendido en Nordelta mientras intentaba salir en su auto con sobres que contenían u$s 266.000 y $7 millones de pesos. En esa ocasión se le secuestraron además su teléfono y pasaporte.

Sin embargo, la investigación enfrenta dificultades técnicas: la empresa israelí Cellebrite, que colabora en el peritaje, informó que no dispone de la tecnología necesaria para acceder a los datos del celular Samsung de última generación incautado a Kovalivker.

Mientras tanto, Spagnuolo ya designó a sus abogados defensores: Juan Aráoz de la Madrid e Ignacio Rada Schultze.

Autoridades de un establecimientos educativo de Mar del Sud, que cuenta con un jardín de infantes, una primaria y una secundaria, están siendo investigadas por presunta falsificación de certificados de potabilidad y distribución de agua no apta para el consumo humano.

El caso comenzó hace cuatro meses tras la denuncia de un padre, quien alertó sobre varios episodios de gastroenteritis en los alumnos durante el año pasado. Ante estas sospechas, la cooperadora escolar encargó un análisis bacteriológico y fisicoquímico del agua, que confirmó la presencia de Escherichia coli y Pseudomona aeruginosa, ambas bacterias potencialmente peligrosas para la salud.

Según la fiscalía, las autoridades escolares estaban al tanto de la contaminación, pero habrían presentado certificados falsos que indicaban lo contrario. Durante una reunión con familias, el Consejo Escolar de General Alvarado exhibió análisis supuestamente realizados por la Universidad Nacional de Mar del Plata con la firma de una perito química. Sin embargo, la profesional negó haber firmado los informes, lo que motivó la denuncia formal ante la fiscalía.

La investigación incluyó allanamientos en los domicilios de los implicados, secuestro de computadoras y teléfonos de un contratista encargado de la limpieza de los tanques de agua, así como revisiones en los establecimientos y en la sede central del Consejo Escolar. Mensajes y audios obtenidos en estas diligencias permitieron identificar a otras cuatro personas dentro del organismo educativo presuntamente involucradas.

Actualmente, la fiscalía continúa recabando declaraciones testimoniales del personal de los colegios afectados y analizando el material secuestrado, con el objetivo de determinar responsabilidades penales por la presunta distribución de agua no potable y la falsificación de certificados.

La Justicia dictó una medida cautelar que frena la difusión de los audios en los medios y redes sociales