Crimen del diputado Olivares: condenaron a prisión perpetua y a 45 años de cárcel a los dos acusados
La Justicia condenó a Juan José Navarro Cádiz y a Juan Jesús Fernández a 45 años de prisión y de prisión perpetua respectivamente, por los crímenes del diputado Héctor Olivares y su asesor Miguel Yadón, ocurridos en 2019 en Plaza Congreso.
El fiscal de juicio, Ariel Yapur, los había acusado de ser coautores de un "homicidio agravado por alevosía cometido en forma reiterada en dos ocasiones, en concurso ideal con portación ilegal de arma de guerra". La diferencia en las condenas tiene que ver con que Navarro Cádiz, quien confesó ser el autor material de los disparos homicidas, fue detenido en Uruguay y para que sea extraditado se fijó como condición la imposibilidad de que sea condenado a perpetua.
Luego de la sentencia, el imputado Navarro Cádiz había pronunciado sus últimas palabras ante los jueces, donde pidió "perdón" a las familias de las víctimas y dijo que no había sido su intención asesinarlas. "Quiero decirles que nunca quise lastimar a nadie, ni mucho menos matar a nadie. Les pido por favor a las familias que me perdonen”, señaló.
El crimen de Olivares y Yadón ocurrió el 9 de mayo de 2019, cuando el diputado radical por La Rioja y su asesor salieron a hacer su caminata matutina habitual por la plaza del Congreso Nacional. A las 6.50, al pasar por segunda vez delante de un Volkswagen Vento estacionado sobre Avenida de Mayo entre Luis Sáenz Peña y Virrey Cevallos, les dispararon varias veces. Yadón cayó muerto de tres disparos, mientras que Olivares recibió un tiro en el abdomen que lo dejó herido de gravedad y falleció tres días después.
La clave para esclarecer el caso fueron los videos de 80 cámaras de seguridad que grabaron todo el derrotero de Fernández y Navarro Cádiz esa madrugada, desde que llegaron a la plaza hasta que escaparon, y que fueron recopilados y analizados por detectives de la División Homicidios de la Policía Federal.
Si bien se especuló con que el doble crimen podría haber estado vinculado a un "atentado a la democracia" o con algún tipo de "venganza personal", el juez Mariano Iturralde y la fiscal Estela Andrades llegaron a la conclusión de que "fue una práctica de tiro sobre dos blancos móviles indefensos, derivada del placer por desahogar el instinto de matar sin otro motivo que el de probar el arma y su mira láser", según constaba en la acusación original.
