La Ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, conversó con IP Noticias para analizar cuál fue la cadena de responsabilidades estatales en el caso del femicidio de Úrsula Bahillo.
"Una de las principales fallas que identificamos es que, cuando se radicó la primera denuncia, no se unificó con otras que tenía previamente la misma persona", comentó Gómez Alcorta respecto a las denuncias que tenía el sospechoso de parte de su ex pareja y la resolución del año 2014 que obliga que, en casos de violencia de género, hay que unificar las denuncias.
Además, la Ministra destacó que otro error fue no considerar que Martínez era parte de la fuerza de seguridad y había demostrado el incumplimiento reiterado de la perimetral y que estaba bajo licencia psiquiátrica.
"Se deben investigar las omisiones, las malas intervenciones, la falta de diligencia debida de cada funcionario y funcionaria que intervinieron en el caso. Esa investigación puede derivar en consecuencias administrativas o penales. Eso es imprescindible, porque si algún funcionario o funcionaria que tiene a cargo casos tan sensibles y su mala intervención puede tener como consecuencia directa un femicidio requiere necesariamente que sea evaluada esa responsabilidad", le comentó la Ministra a Noelia Barral Grigera.
