El canciller de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció que el gobierno de Mauricio Macri había colaborado con el envío de material bélico para producir el golpe de Estado desarrollado contra la gestión de Evo Morales en el 2019. La denuncia hizo eco en los circuitos políticos nacionales y muy pronto comenzó a circular la documentación que oficializaba el intercambio entre la Cancillería argentina en Bolivia y las Fuerzas Armadas de ese país. Imagen Positiva entrevistó a Ruth Llanos, de la Asociación de Familiares de Detenidos y Desaparecidos en Bolivia, para saber cómo se observa desde allí este escándalo político.
"Lo que vivimos en el año 2019 con el golpe ilegitimo que permitió la asunción de la autonombrada señora Áñez como presidenta del país, fue parte de un proceso que conlleva la coordinación, como se hacia en el marco del Plan Cóndor, de varios gobiernos de derecha en el continente. Cuando se estaban produciendo las masacres y grandes violaciones de Derechos Humanos en Bolivia se callaron y no dijeron nada, de lo contrario, estamos viendo ahora que estaban actuando de manera coordinada para el envío de armas letales para reprimir al pueblo boliviano. Lo hizo Moreno en el ecuador y lo hizo Macri en Argentina", explicó Llanos.
La activista establece un paralelismo con el golpe de Estado del General García Meza en consonancia al Plan Cóndor, la campaña estadounidense de la década de los '70 que aseguraba los gobiernos dictatoriales en América del Sur. Llanos aseguró que el golpe del 2019 fue coordinado a partir de los espacios ofrecidos por la Universidad Católica y apuntó contra la Unión Europea, la Embajada Británica y el Embajador de Brasil.
En tanto las masacres que se dieron en los días de incertidumbre del 2019, la activista explicó que en el período menor al de un año hubo una gran cantidad de víctimas en los movimientos sociales: "Hubieron 1504 detenidos, 833 heridos y 38 fallecidos", declaró.
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