Activistas uruguayos consiguieron más de 800 mil firmas para cuestionar la Ley de Urgente Consideración (LUC) impuesta por el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou. La normativa reformó varios puntos del Código Civil y Penal del país, lo que produjo una fuerte reacción por parte de la oposición. IP Noticias se comunicó con Alexandra Lizbona Cohen, politóloga uruguaya, para entender la problemática que dio pie al referéndum.
"Esto fue una hazaña para el movimiento social, el movimiento de Izquierda, el movimiento Sindical y la fuerza política Frente Amplio que se unieron a través de una convicción pro referéndum", señaló la especialista y apuntó que es la primera vez que el movimiento junta tanta convocatoria. Cohen también explicó que el gobierno de Lacalle Pou es una coalición compuesto de muchos partidos mayoritarios, lo cual genera que la tendencia tenga la mayoría parlamentaria en casi todos los casos. "Es la primera vez desde que asumió el gobierno de Lacalle Pou que va a estar en una defensiva y esta vez la oposición, el Frente Amplio, va a estar a la ofensiva", comentó.
¿Qué dice la Ley de Urgente Consideración?
La alianza gobernante de Uruguay (los partidos Nacional, Colorado, Independiente y dela Gente más Cabildo Abierto) firmó un acuerdo que alertó a la mayoría de la población. Los puntos que más oposición encuentran son:
- La flexibilización del uso de la fuerza policial.
- La regulación del derecho a la huelga.
- Declaración de ilegitimidad a los piquetes realizados en espacios públicos o privados que "afecten la libre circulación de personas, bienes o servicios".
- Ampliación de la imputabilidad para penas mínimas y máximas en menores de edad.
- Se extiende el concepto de legítima defensa a un bien material.
- Se extiende de 2 a 4 horas el plazo de la Policía para informar a la Fiscalía sobre la detención de una persona.
- Se le otorga a Policías y personal militar la potestad de registrar personas y autos en "procedimientos preventivos rutinarios".
- Elimina la obligatoriedad de la educación formal en la primera infancia.
- Reduce el rol de los directores generales de los Consejos de Educación.
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