Una por una: las causas judiciales que se abrieron tras la represión en Recoleta

En esta nota, todas las causas judiciales que se abrieron por la represión en Recoleta a los manifestantes a favor de Cristina Kirchner.

Desde que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, una multitud de manifestantes realizan una vigilia pacífica en apoyo a la vicepresidenta, en el frente de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. La misma fue reprimida por la Policía de la ciudad de Buenos Aires, en un operativo que fue repudiado por diversos sectores, por lo que se abrieron diferentes causas judiciales.

La denuncia por espionaje

La Comisión Bicameral de Inteligencia, a través de sus integrantes Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, abrieron una causa en el fuero federal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, por las tareas de espionaje que realizó la Policía de la Ciudad a los manifestantes a favor de Cristina Kirchner. 

Durante el operativo policial en la manifestación pacífica frente a la vivienda de la vicepresidenta se pudo ver a efectivos filmando y tomando imágenes desde los balcones de los edificios aledaños. Esto, fue tomado por un claro hecho de espionaje hacia los manifestantes. 

La jueza Capuchetti enviaría este martes el expediente al fiscal Carlos Rívolo para que analice si impulsa una investigación por la denuncia sobre espionaje ilegal, a la que se sumó una ampliación por la presencia de dos volquetes con cascotes cerca de la vivienda de CFK

Las denuncias por el vallado

El sábado 27 de agosto, tras días de demostraciones de apoyo a la expresidenta, las inmediaciones de la vivienda de Cristina Kirchner amanecieron valladas y con gran presencia policial. Contra las vallas se presentaron amparos en el fuero contencioso administrativo porteño, entre ellos uno del dirigente social Juan Grabois y la legisladora Ofelia Fernández. 

Además, hubo amparos por parte de las legisladoras Claudia Neira y Claudio Ferreño y de los diputados Mariano Recalde y Paula Penacca. 

Los planteos señalaban la violación de los derechos a la libre circulación, a la libertad de expresión y a manifestarse en la vía pública. También pedían remover los vallados y otros obstáculos, limitar el accionar arbitrario e ilegítimo de la policía porteña, evitar detenciones; algunos plantearon la identificación de los agentes que participaron, la prohibición del uso de agentes encubiertos, la portación de armas de fuego y la remisión de todos los registros filmográficos de los agentes. 

Las denuncias también hacen hincapié en que el operativo incluyó las actividades de inteligencia ilegal, por evidentes razones políticas, algo prohibido por la ley de inteligencia. Recordó que la protesta es un derecho que, al revés de lo ocurrido, debe gozar de la protección de la vida y la integridad física de quienes participan. Contra eso, señala, fueron agredidos el periodista Ezequiel Guazzora y los diputados nacionales Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Máximo Kirchner, entre otros.

Policía política

La Policía porteña asumió un claro papel de policía política durante la represión en las manifestaciones a favor de Cristina Fernández. Esto, quedó en evidencia con la filtración de audios y videos en los que se escucha a efectivos identificar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

  • "El gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante a tomar posición por detrás del personal policial", decía un agente.
  • "Está (Andrés "Cuervo") Larroque, no tiene fueros ni inmunidad diplomática", señalaba otro. 

Los mensajes afirmaban que podían reprimir libremente a ambos funcionarios, o incluso detenerlos. 

Sin embargo, referentes del PRO como Patricia Bullrich presentaron una contra denuncia contra Cristina Fernández, Alberto Fernández, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el dirigente Luis D'Elía y Hebe de Bonafini por supuesta "incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y violación de los deberes". 

La custodia de Cristina Kirchner

El juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cese el operativo policial en los alrededores de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta. De esta manera, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro deberá terminar con el vallado y la presencia de oficiales. 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 porteño solicitó el "cese de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" de la expresidenta. El pedido también incluye a su familia y su casa, dado que deben estar a cargo de las "autoridades de seguridad federales".

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció la "ampliación de la custodia de la vicepresidenta, a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la Policía Federal".

El juez Gallardo analizó las leyes y resoluciones vigentes y concluyó que: "no hace falta inventar nada, sino aplicar adecuadamente la ley. Desde la Constitución hacia abajo, dar entidad a lo que las normas disponen. Las normas son muy claras. La seguridad de la señora vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños, a cargo de la policía local". 

Una por una: las causas judiciales que se abrieron tras la represión en Recoleta

Desde que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, una multitud de manifestantes realizan una vigilia pacífica en apoyo a la vicepresidenta, en el frente de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. La misma fue reprimida por la Policía de la ciudad de Buenos Aires, en un operativo que fue repudiado por diversos sectores, por lo que se abrieron diferentes causas judiciales.

La denuncia por espionaje

La Comisión Bicameral de Inteligencia, a través de sus integrantes Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, abrieron una causa en el fuero federal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, por las tareas de espionaje que realizó la Policía de la Ciudad a los manifestantes a favor de Cristina Kirchner. 

Durante el operativo policial en la manifestación pacífica frente a la vivienda de la vicepresidenta se pudo ver a efectivos filmando y tomando imágenes desde los balcones de los edificios aledaños. Esto, fue tomado por un claro hecho de espionaje hacia los manifestantes. 

La jueza Capuchetti enviaría este martes el expediente al fiscal Carlos Rívolo para que analice si impulsa una investigación por la denuncia sobre espionaje ilegal, a la que se sumó una ampliación por la presencia de dos volquetes con cascotes cerca de la vivienda de CFK

Las denuncias por el vallado

El sábado 27 de agosto, tras días de demostraciones de apoyo a la expresidenta, las inmediaciones de la vivienda de Cristina Kirchner amanecieron valladas y con gran presencia policial. Contra las vallas se presentaron amparos en el fuero contencioso administrativo porteño, entre ellos uno del dirigente social Juan Grabois y la legisladora Ofelia Fernández. 

Además, hubo amparos por parte de las legisladoras Claudia Neira y Claudio Ferreño y de los diputados Mariano Recalde y Paula Penacca. 

Los planteos señalaban la violación de los derechos a la libre circulación, a la libertad de expresión y a manifestarse en la vía pública. También pedían remover los vallados y otros obstáculos, limitar el accionar arbitrario e ilegítimo de la policía porteña, evitar detenciones; algunos plantearon la identificación de los agentes que participaron, la prohibición del uso de agentes encubiertos, la portación de armas de fuego y la remisión de todos los registros filmográficos de los agentes. 

Las denuncias también hacen hincapié en que el operativo incluyó las actividades de inteligencia ilegal, por evidentes razones políticas, algo prohibido por la ley de inteligencia. Recordó que la protesta es un derecho que, al revés de lo ocurrido, debe gozar de la protección de la vida y la integridad física de quienes participan. Contra eso, señala, fueron agredidos el periodista Ezequiel Guazzora y los diputados nacionales Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Máximo Kirchner, entre otros.

Policía política

La Policía porteña asumió un claro papel de policía política durante la represión en las manifestaciones a favor de Cristina Fernández. Esto, quedó en evidencia con la filtración de audios y videos en los que se escucha a efectivos identificar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

  • "El gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante a tomar posición por detrás del personal policial", decía un agente.
  • "Está (Andrés "Cuervo") Larroque, no tiene fueros ni inmunidad diplomática", señalaba otro. 

Los mensajes afirmaban que podían reprimir libremente a ambos funcionarios, o incluso detenerlos. 

Sin embargo, referentes del PRO como Patricia Bullrich presentaron una contra denuncia contra Cristina Fernández, Alberto Fernández, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el dirigente Luis D'Elía y Hebe de Bonafini por supuesta "incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y violación de los deberes". 

La custodia de Cristina Kirchner

El juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cese el operativo policial en los alrededores de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta. De esta manera, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro deberá terminar con el vallado y la presencia de oficiales. 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 porteño solicitó el "cese de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" de la expresidenta. El pedido también incluye a su familia y su casa, dado que deben estar a cargo de las "autoridades de seguridad federales".

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció la "ampliación de la custodia de la vicepresidenta, a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la Policía Federal".

El juez Gallardo analizó las leyes y resoluciones vigentes y concluyó que: "no hace falta inventar nada, sino aplicar adecuadamente la ley. Desde la Constitución hacia abajo, dar entidad a lo que las normas disponen. Las normas son muy claras. La seguridad de la señora vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños, a cargo de la policía local". 

Desde que el fiscal Diego Luciani pidió 12 años de prisión para Cristina Fernández de Kirchner, una multitud de manifestantes realizan una vigilia pacífica en apoyo a la vicepresidenta, en el frente de su casa, en el barrio porteño de Recoleta. La misma fue reprimida por la Policía de la ciudad de Buenos Aires, en un operativo que fue repudiado por diversos sectores, por lo que se abrieron diferentes causas judiciales.

La denuncia por espionaje

La Comisión Bicameral de Inteligencia, a través de sus integrantes Leopoldo Moreau, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, abrieron una causa en el fuero federal contra el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta y el ministro de Seguridad porteña, Marcelo D'Alessandro, por las tareas de espionaje que realizó la Policía de la Ciudad a los manifestantes a favor de Cristina Kirchner. 

Durante el operativo policial en la manifestación pacífica frente a la vivienda de la vicepresidenta se pudo ver a efectivos filmando y tomando imágenes desde los balcones de los edificios aledaños. Esto, fue tomado por un claro hecho de espionaje hacia los manifestantes. 

La jueza Capuchetti enviaría este martes el expediente al fiscal Carlos Rívolo para que analice si impulsa una investigación por la denuncia sobre espionaje ilegal, a la que se sumó una ampliación por la presencia de dos volquetes con cascotes cerca de la vivienda de CFK

Las denuncias por el vallado

El sábado 27 de agosto, tras días de demostraciones de apoyo a la expresidenta, las inmediaciones de la vivienda de Cristina Kirchner amanecieron valladas y con gran presencia policial. Contra las vallas se presentaron amparos en el fuero contencioso administrativo porteño, entre ellos uno del dirigente social Juan Grabois y la legisladora Ofelia Fernández. 

Además, hubo amparos por parte de las legisladoras Claudia Neira y Claudio Ferreño y de los diputados Mariano Recalde y Paula Penacca. 

Los planteos señalaban la violación de los derechos a la libre circulación, a la libertad de expresión y a manifestarse en la vía pública. También pedían remover los vallados y otros obstáculos, limitar el accionar arbitrario e ilegítimo de la policía porteña, evitar detenciones; algunos plantearon la identificación de los agentes que participaron, la prohibición del uso de agentes encubiertos, la portación de armas de fuego y la remisión de todos los registros filmográficos de los agentes. 

Las denuncias también hacen hincapié en que el operativo incluyó las actividades de inteligencia ilegal, por evidentes razones políticas, algo prohibido por la ley de inteligencia. Recordó que la protesta es un derecho que, al revés de lo ocurrido, debe gozar de la protección de la vida y la integridad física de quienes participan. Contra eso, señala, fueron agredidos el periodista Ezequiel Guazzora y los diputados nacionales Natalia Zaracho, Itaí Hagman, Federico Fagioli y Máximo Kirchner, entre otros.

Policía política

La Policía porteña asumió un claro papel de policía política durante la represión en las manifestaciones a favor de Cristina Fernández. Esto, quedó en evidencia con la filtración de audios y videos en los que se escucha a efectivos identificar al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, y al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

  • "El gobernador de la provincia es un manifestante más en este momento. Vamos a trabajar con el personal urbano de la manera correcta, está formada la línea y vamos a aguantar. El hidrante a tomar posición por detrás del personal policial", decía un agente.
  • "Está (Andrés "Cuervo") Larroque, no tiene fueros ni inmunidad diplomática", señalaba otro. 

Los mensajes afirmaban que podían reprimir libremente a ambos funcionarios, o incluso detenerlos. 

Sin embargo, referentes del PRO como Patricia Bullrich presentaron una contra denuncia contra Cristina Fernández, Alberto Fernández, Axel Kicillof, el ministro del Interior Eduardo "Wado" de Pedro, el dirigente Luis D'Elía y Hebe de Bonafini por supuesta "incitación a la violencia colectiva, abuso de autoridad y violación de los deberes". 

La custodia de Cristina Kirchner

El juez Roberto Gallardo le ordenó al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que cese el operativo policial en los alrededores de la casa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el barrio de Recoleta. De esta manera, el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro deberá terminar con el vallado y la presencia de oficiales. 

El Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2 porteño solicitó el "cese de cualquier operatoria policial directa o indirectamente vinculada con la custodia" de la expresidenta. El pedido también incluye a su familia y su casa, dado que deben estar a cargo de las "autoridades de seguridad federales".

Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, anunció la "ampliación de la custodia de la vicepresidenta, a la custodia de su domicilio independientemente de la custodia personal de la Policía Federal".

El juez Gallardo analizó las leyes y resoluciones vigentes y concluyó que: "no hace falta inventar nada, sino aplicar adecuadamente la ley. Desde la Constitución hacia abajo, dar entidad a lo que las normas disponen. Las normas son muy claras. La seguridad de la señora vicepresidenta está a cargo de las fuerzas federales y la seguridad de los barrios porteños, a cargo de la policía local". 

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