El ex funcionario del gobierno de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, continúa prófugo en Uruguay, donde la Corte Suprema rechazó un nuevo pedido de asilo político presentado por su defensa.

El máximo tribunal de ese país consideró "inadmisible" un recurso de apelación contra fallos anteriores que le habían negado la condición de refugiado político. De esta manera, resolvió que el declarado en rebeldía por la Justicia federal argentina deberá cumplir con el pedido de extradición en su contra.

Rodríguez Simón fue uno de los principales operadores del expresidente, Mauricio Macri, y se desempeñó como director de YPF durante su mandato. También fue diputado del Parlasur y asesor legal de medios de comunicación que entraron en conflicto legal con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Dos años prófugo

Rodríguez Simón permanece en suelo uruguayo desde el 8 de diciembre del 2020. En marzo de 2021, la jueza federal María Servini le prohibió salir del país alegando que existía riesgo de fuga en el marco de una investigación judicial en la que figuraba como imputado. 

Como había advertido la magistrada, "Pepín" ya se encontraba radicado fuera del país. En mayo de ese año, la jueza lo citó a declaración indagatoria en la causa por la denominada "mesa judicial" sospechada de intimidar y hostigar a empresarios de medios de comunicación, con la complicidad de jueces y fiscales.

Servini convocó al entonces exfuncionario luego de constatar que habían existido reuniones y llamadas que coincidían con otros testimonios de la causa. Pero Rodríguez Simón no compareció, por lo que fue declarado en rebeldía y posteriormente objeto de un pedido de captura de Interpol.

Otras investigaciones por operaciones judiciales

La jueza María Eugenia Capuchetti tiene a su cargo en el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional Nº5 una causa judicial en la que se acusa a Rodríguez Simón de presionar a la ex procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, con el fin de provocar su renuncia durante el gobierno de Macri.

Gils Carbó presentó su renuncia en octubre de 2017 y dejó el cargo en diciembre de ese año. A días de la asunción del entonces presidente, el diputado del PRO e integrante del Consejo de la Magistratura, Pablo Tonelli, había declarado que relevarla de su cargo era "una decisión tomada".

Las presiones incluyeron un intento de modificación de la  Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal para acotar la duración del mandato de su titular. El propio Macri había apuntado públicamente a la procuradora y avalado los pedidos para su salida.

El fiscal federal Gabriel de Vedia declaró en el marco de la investigación por la posible participación de Rodríguez Simón en la coacción contra Gils Carbó. Según contó, el operador le advirtió que el hostigamiento a la funcionaria cesaría solo ante su renuncia, y que de lo contrario "las hijas y ella, en ese orden" irían a prisión.

Esa conversación tuvo lugar un mes antes de que la procuradora presentara su renuncia, y mientras ya había una procesamiento en su contra por presuntas irregularidades en la compra de un edificio en la sede de la Procuración.