Uruguay: Lacalle Pou habría ordenado espiar ilegalmente a su esposa
Se conoció que el exjefe de seguridad de la presidencia de Uruguay, Alejandro Astesiano, pidió al subdirector ejecutivo de la Policía Nacional, Jorge Berriel, información privada sobre la exesposa del mandatario Luis Lacalle Pou.
Según trascendió, en julio el exfuncionario pidió que se averigüe "en modo reservado" sobre un viaje personal de Lorena Ponce de León, quien aún oficia de primera dama.
Astesiano también está involucrado en causas de contrabando y espionaje ilegal contra legisladores de la oposición del Gobierno uruguayo.
Los chats que muestran el espionaje
"Perdón la hora, estamos en Colombia. Tenemos modo reservado averiguar Lorena Ponce de León. Viaja mañana las seis de la mañana. Dónde va. Reservado total", le escribió Astesiano a Barriel el 3 de julio pasado.
"Complicado pero veremos", respondió Berriel. Y más tarde le informó: "Sale ahora en el vuelo de LATAM LA2421 de la hora 06:52 con destino a Lima y ahí conecta con LA 2464 con destino final Miami. Ya hizo Migraciones y está en el vuelo, y regresaría el 9 de julio desde San Pablo en el vuelo LA8118 a la hora 09.55".
Al momento del intercambio, Lacalle Pou se encontraba en Colombia durante una visita oficial para reunirse con el entonces presidente de aquel país, Iván Duque.
Los mensajes forman parte de la investigación sobre Astesiano, imputado y en prisión preventiva por la comisión de tres delitos por espionaje.
Espionaje ilegal: paralelismo con el caso de Mauricio Macri
Astesiano también está siendo investigado por una denuncia de la oposición uruguaya, que afirma que el exagente opera con una empresa de seguridad de Estados Unidos en el armado de "fichas" con "información personal" sobre los senadores del Frente Amplio Mario Bergara y Charles Carrera.
El espionaje ilegal a miembros de la oposición por parte del Gobierno uruguayo teje un paralelismo con el caso argentino durante el mandato de Mauricio Macri.
En septiembre de 2020 se presentó una denuncia por espionaje ilegal contra periodistas, funcionarios, miembros de la oposición y familiares de las víctimas del ARA San Juan.
En ese momento se imputó a Macri para investigar si había "ordenado y posibilitado la realización sistemática de tareas de inteligencia expresamente prohibidas por la ley 25.520 y sus modificatorias", entre diciembre de 2017 y fines de 2018.
