La primicia de Página/12, que revela que el gobierno de Mauricio Macri colaboró con "material bélico" en el golpe de Estado en Bolivia del 10 de noviembre de 2019, destapó una revisión de los hechos y cómo reaccionó el Gobierno Nacional de ese entonces.

El 14 de noviembre, cuatro días después del golpe, la ahora presidenta de PRO y entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, confirmó que un grupo de funcionarios del gobierno de Evo Morales ingresó al país como turistas: "Seguramente por las situaciones de violencia que había en sus territorios, han entrado con normalidad, han entrado solos", dijo. Al mismo tiempo, fuentes de la Casa Rosada confirmaron el envío de Gendarmes del grupo Alacrán a Bolivia para resguardar al personal de las embajadas de la Argentina. Sin embargo, la dirigente no realizó ningún cuestionamiento ni condena sobre la situación política del país vecino.

Otros que siguieron con un llamativo silencio la trama internacional fueron los mandatarios cercanos al entonces presidente Mauricio Macri, como el jefe de Gobierno Horacio Rodríguez Larreta y la gobernadora María Eugenia Vidal. No hubo alusión alguna a lo sucedido en Bolivia, a pesar de que la mayor parte de la cúpula política que había participado en los comicios de ese año repudió el hecho y se manifestó a través de las redes sociales.

El gobierno de Bolivia denunció que durante la gestión de Mauricio Macri se entregó “material bélico” al régimen de Jeanine Áñez, con el que se reprimió a manifestantes que apoyaron a Evo Morales en 2019. El canciller del país vecino, Rogelio Mayta, presentó una carta en la que el comandante de la Fuerza Aérea “agradecía” a la Argentina por la “colaboración”.

En una entrevista con AM750, Mayta expresó la necesidad de que la Justicia boliviana esclarezca cómo se dio dicha negociación y comparó lo sucedido con el Plan Cóndor. "Quien deba ser procesado debe ser procesado por nuestras autoridades, en Bolivia no podemos dejar impune la masacre y la muerte de decenas de compatriotas", afirmó sobre lo que calificó como “delito de lesa humanidad”.

La ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, informó en Twitter que los jefes de las Fuerzas Federales deberán presentar un informe en las próximas 72 horas sobre cómo se dio el intercambio. Además, el titular de la cartera de Defensa, Agustín Rossi, utilizó la misma red para difundir el documento que dio cuenta de un cargamento que partió desde el Palomar hacia La Paz, el 12 de noviembre de 2019.

El embajador argentino en Bolivia, Ariel Basteiro, contó que el encargado de ordenar el traslado del armamento habría sido el expresidente Mauricio Macri en un avión Hércules de la Fuerza Aérea. Además, puntualizó que por el tipo de municiones entregadas, que suele utilizar la Gendarmería Nacional, la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, sería partícipe necesaria. En dicha aeronave regresaron a Buenos Aires los periodistas agredidos durante las manifestaciones.

El caso de Menem, Ecuador y Yugoslavia

La grave denuncia contra Mauricio Macri despertó el recuerdo de lo que sucedió hace casi tres décadas, cuando el expresidente Carlos Saúl Menem firmó tres decretos secretos mediante los cuales autorizó la venta de armas de guerra a Panamá y Venezuela, países que no habían pedido el cargamento bélico. Los elementos manufacturados en la Fábrica Militar de Río Tercero terminaron como propiedad de los ejércitos croata, bosnio y ecuatoriano y fueron empleados en las guerras que dichas naciones llevaban adelante.

Los recientes descubrimientos de la implicación de la gestión de Mauricio Macri en el golpe de Estado en Bolivia están sacudiendo a la comunidad latinoamericana. La publicación de la carta del 2019 por parte del General Jorge Gonzalo Terceros Lara hacia el Embajador argentino Normando Álvarez García detalló el "material bélico" enviado para derrocar a Evo Morales y poner en el poder a Jeanine Áñez. Somos PM dialogó con Nadia Alejandra Cruz Tarifa, representante interina de la Defensoría del Pueblo Boliviano, sobre cómo se analizan estas pruebas.

"Lo que caracterizaba el gobierno de Jeanine Áñez era la irregularidad, la falta de transparencia y lo que siempre denunciamos es que su gobierno se sostuvo a partir de una política de miedo y terror, un terrorismo de estado dentro del estado boliviano. Sustentó su fraude y legitimidad en una forma de pacificación que básicamente eran las masacres de población civil", explicó la representante de la Defensoría.

Además, Cruz Tarifa declaró no estar sorprendida por las declaraciones de la expresidente de facto Jeanine Áñez, ya que catalogó que su comportamiento es un "intento de ponerse una careta de religiosidad, de fe, de un ámbito religioso para de alguna forma cubrir todas las canalladas que hizo". La titular remarcó que Áñez era consciente del armamento que cargaban las fuerzas armadas ya que habría firmado un decreto que "le daba impunidad a las Fuerzas Armadas horas antes que se ejecute la primera masacre".

¿Qué pasará con los países que intervinieron?

La Defensora corroboró que Bolivia está buscando denunciar a todos aquellos diplomáticos y autoridades que colaboraron con el gobierno de Jeanine Áñez y la represión que conllevó a la muerte de 38 personas, 833 heridos y más de 1504 detenidos. "Estamos hablando de delitos de lesa humanidad, de graves violaciones a los Derechos Humanos, más allá del grado de autoridad o el lugar hayan tenido las personas que intervinieron", afirmó.

La dirigente jujeña Milagro Sala aseguró este viernes que el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, y el exembajador argentino en La Paz, Normando Álvarez García, "estuvieron involucrados en el golpe en Bolivia y hoy se confirma que fue así", al referirse a la reciente denuncia del actual Gobierno boliviano sobre el envío de material represivo por parte de la gestión de Mauricio Macri para colaborar en la represión de las protestas de los partidarios de Evo Morales, en noviembre de 2019.

En declaraciones a Télam, agregó que desde la Túpac Amaru “ya habían advertido sobre la presunta colaboración de Morales con los preparativos del golpe” y aseguró también: "Nosotros mandábamos videos y mandábamos pruebas pero no nos creían. ¿Y ahora? Lo que nosotros dijimos es que Morales, el Embajador (por Normando Álvarez García, hoy ministro de Trabajo de Jujuy) y muchos sectores de la derecha estuvieron involucrados con el golpe de Bolivia. Hoy se confirma que fue así", subrayó la fundadora de la organización barrial.

"Nosotros en septiembre de ese año -2019- vimos pasar tropas, y cuando la gente preguntaba dónde iban esos camiones o camionetas con militares dijeron que iban a hacer una práctica en el norte, pero después nos enteramos que eso pasó directamente a Bolivia, con el pretexto de que iban a ayudar a combatir un incendio, pero todos comentan que ese incendio fue provocado", advirtió la dirigente social.

"Morales se cree dueño y patrón de estancia de Jujuy", acusó hoy Sala, mientras en la porteña Plaza de Mayo se completaba el último día del acampe en reclamo por su libertad. Sala lleva cinco años y cinco meses detenida, situación que definió como "una agonía que lamentablemente no termina", y sobre ese punto agregó que "hace unos días" le iniciaron una nueva causa judicial, "por instigación a la violencia", con lo que ya acumula "17 causas" en su contra.

El ex ministo de Gobierno de Bolivia, Hugo Moldiz, explicó que el material bélico enviado por el gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe contra Evo Morales, llegó de manera premeditada. "Ellos lo enviaron el día 12 de noviembre. Esto significa que ya se lo habían pedido, como mínimo, el día 11, y confirma que ya del 10 se consolida el golpe; la autoproclamación fue nada más que parte de un libreto que trataba de legitimar a un gobierno civil militar que ya actuaba en la sombra", declaró Moldiz en diálogo con AM750. 

El armamento se utilizó para reprimir al pueblo boliviano que salió a defender la democracia frente al golpe de Estado perpetrado por civiles y militares opositores. Las armas se habían usado en las represiones que las fuerzas de seguridad encararon en las regiones de Secaba y Senkata, el 12 de noviembre de 2019. “Está claro que hubo un frente internacional en el golpe contra Evo Morales”, aseguró el ex ministro. Además, acusó a la Organización de Estados Americanos y los Estados Unidos de la participación. "Ellos no podían estar ausentes", resaltó. 

 

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, subió a las redes sociales un documento de las Fuerzas Armadas que probaría el envío de material bélico a Bolivia durante la presidencia de Mauricio Macri. Esta información oficial confirmaría el apoyo con armamento del gobierno argentino al gobierno de facto de Jeanine Añez, que removió a Evo Morales de su presidencia democrática, en 2019. En el escrito se indica un itinerario de vuelo de un avión Hércules C-130, del 12 de noviembre de 2019, con personal de Gendarmería a bordo dirigiéndose hacia La Paz.

En el mismo, consta que Gendarmería desciende con un cargamento, que sería el material bélico enviado por el gobierno de Macri. "Detalle de las tareas realizadas por el Hercules C-130. Sale con personal de Gendarmería desde Palomar, llega a La Paz, desciende el personal y su cargamento !!!. Regresa con familiares de personal de la embajada inmediatamente. Documento de FAA", escribió Rossi en su cuenta oficial de Twitter. El ministro de Defensa también adjuntó fotos del documento en cuestión, que demuestra oficialmente estos movimientos. 

El presidente Alberto Fernández pidió perdón al pueblo boliviano por la entrega de armamento del gobierno de Mauricio Macri para apoyar el golpe de Estado contra Evo Morales, en 2019. "Voy a hacer una dispensa solamente, que es pedirle disculpas al pueblo de Bolivia porque un gobierno argentino haya mandado armamento para parar la protesta de un pueblo que se levantaba contra un gobierno militar", declaró Fernández, en el acto por el Día de la Independencia, en San Miguel de Tucumán. 

"Mi modelo no está en los que mandan balas de goma a Bolivia. Mis modelos siguen siendo San Martín, Güemes y Belgrano. Nunca esperen de mí que haga algo que arruine la vida del pueblo argentino", remarcó el primer mandatario, luego de que se conociera la denuncia del presidente boliviano, Luis Arce, demostrando con documentos oficiales el envío de material bélico de parte del gobierno de Macri a Bolivia, para reprimir a la población. 

 

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, negó colaboración alguna del gobierno de Mauricio Macri a Bolivia durante el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. "Nunca pasó por mis manos pedido alguno de material para la Fuerza Aérea Boliviana", declaró Bullrich, quien fuera ministra de Seguridad de la Nación cuando ocurrió la interrupción del orden democrático en el país vecino. El caso se enmarcó en la denuncia del gobierno de Luis Arce contra la administración de Mauricio Macri por el supuesto envío de “material bélico” para reprimir a la población boliviana. 

Defensa del Gobierno de Macri

A través de una publicación en Facebook, la titular del PRO explicó que "nuestro país colaboró con Bolivia enviando gendarmes para proteger la Embajada de Argentina en La Paz, en la que se encontraban miembros del gobierno de Evo Morales, incluido su Ministro del Interior, protegidos en nuestro territorio". Además, aclaró que “Gendarmería evacuó de un hotel a periodistas argentinos que estaban en peligro y a funcionarios del gobierno boliviano, y los acompañó hasta la frontera. Entraron a la Argentina por Salta, donde pidieron asilo”, remarca el texto posteado por Bullrich. 

En ese sentido, aclaró que “se hizo todo lo contrario a lo que manifiesta el presidente (Alberto) Fernández”, y agregó que “se ayudó a los funcionarios de Evo Morales, se resguardó la Embajada Argentina y a los periodistas que estaban bajo el asedio de los manifestantes". 

El canciller boliviano Rogelio Mayta dijo que los envíos de material bélico para las fuerzas de seguridad del régimen inconstitucional de Jeanine Añez y su esquema de represión, por parte del gobierno de Mauricio Macri, "es lo más cercano al Plan Cóndor que hayamos conocido". En declaraciones al programa "La Mañana", conducido por Víctor Hugo Morales en AM 750, Mayta afirmó que hubo "un nivel de articulación internacional" y que "sin lugar a dudas desde Argentina y Ecuador no iba a salir este material si no era con conocimiento de sus presidentes o de altos funcionarios políticos". Agregó que "hemos podido reconstruir que llegó material desde Argentina y Ecuador, justo para que las fuerzas armadas y policiales ejecutasen operativos de represión contra la población civil desarmada".

Agregó que diversas fiscalías de Bolivia "están desarrollando un proceso investigativo" sobre este hecho, y que un grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos trabaja para detallar los delitos de lesa humanidad que cometió este régimen inconstitucional. "Cuando se cometen delitos de lesa humanidad, hay que iniciar una amplia investigación y eso va más allá de los personajes involucrados. Quien deba ser convocado y procesado, deberá serlo. No podemos dejar en la impunidad el asesinato de decenas de nuestros compatriotas, los procesos de tortura y persecución que merecen justicia".

 

El presidente de Bolivia, Luis Arce, se refirió a la denuncia que hizo pública su administración sobre el envío de material bélico por parte de la administración de Mauricio Macri para apoyar al aparato represivo del gobierno golpista que derrocó a Evo Morales en noviembre de 2019.

"Repudiamos el apoyo del gobierno del expresidente de Argentina, Mauricio Macri, al golpe de Estado que vivimos el año 2019 en el Estado Plurinacional de Bolivia. El envío de material bélico para reprimir al pueblo boliviano contraviene las normas internacionales", manifestó Arce a través de un mensaje en su cuenta de Twitter.

"Ratificamos nuestros lazos de hermandad con el pueblo argentino, y reconocemos la solidaridad y el apoyo del hermano presidente Alberto Fernández al pueblo boliviano, así como su compromiso con la memoria, la verdad y la justicia", agregó el mandatario.

A través de una carta enviada a Arce, Fernández pidió disculpas en nombre del "pueblo argentino" después de que "se constatara" en el vecino país que desde Argentina "se remitió una partida de material que no puede ser interpretada sino como un refuerzo a la capacidad de acción de las fueras sediciosas contra la población boliviana en esos días".

El gobierno de Bolivia denunció este jueves que la administración de Mauricio Macri proveyó de manera clandestina "material bélico" al régimen de Jeanine Añez para reprimir las protestas sociales que tuvieron su punto máximo en las llamadas "masacres de Sacaba y Senkata".

La información fue difundida a la prensa por el canciller Rogelio Mayta, quien dio un detallado informe sobre el armamento que el Gobierno de Juntos por el Cambio habría proporcionado a Añez. Por esos episodios, la autoproclamada presidenta interina debe declarar ante la Justicia de Bolivia.

La primicia de Página/12 dio a conocer una carta enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, donde le agradece al embajador argentino de entonces "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional al golpe de Estado contra el gobierno de Evo Morales. La revelación descorrió el velo sobre la relación entre la administración de Mauricio Macri y el gobierno de facto de Jeanine Añez, y la ambigüedad que mantuvo respecto de la ruptura del orden democrático ocurrida. 

El 10 de noviembre de 2019 sucedió el golpe de Estado en Bolivia, el gobierno de Macri se encontraba en retirada luego de su derrota electoral el 27 de octubre. "Todos estamos preocupados por lo que pasa en Bolivia”, dijo el todavía presidente al ser consultado por periodistas al llegar a la Casa Rosada aquella jornada. Por otro lado, Cancillería el mismo día emitió un comunicado donde expresó que en Bolivia se abrió un "período de transición que se ha abierto por las vías institucionales”. Según consta, no se refirieron al hecho como un golpe de Estado.

Algunos días más tarde, sin embargo, el gobierno se abstuvo de reconocer a Jeanine Áñez como presidenta: "No podemos hacer ninguna mención a su presidencia provisional hasta que no se entienda quién y qué la sostiene. Por el momento evaluamos el estatus de la senadora. Hay que tener una pausa prudente, entender que los tiempos son otros". En respuesta, a través de la canciller, Áñez le reclamó que "sea más claro" respecto de su postura.

El embajador argentino en Bolivia, Normando Álvarez García, en su momento dijo: "Ayer, cuando ya estaban todas las cartas echadas y se sabía dos días antes que Evo Morales iba a renunciar, salieron las Fuerzas Armadas a pedirle la renuncia. Hay una interrupción del orden constitucional en base a una gran conmoción social".

Cómo protegió el gobierno de Alberto Fernández a Evo Morales

El presidente Evo Morales llegó a la Argentina el 12 de diciembre de 2019, luego de haber estado asilado en México, su primer destino luego que había sido depuesto por un golpe de estado el 10 de noviembre de ese mismo año. La acción coordinada entre el presidente electo argentino Alberto Fernández y el primer mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador, había conseguido su salida de Bolivia donde, según sus palabras y los testimonios coincidentes, su vida "estaba en peligro".  "Arribé a Argentina, para seguir luchando por los más humildes y para unir a la Patria Grande, estoy fuerte y animado", escribió Morales en su cuenta de Twitter poco después de llegar a Ezeiza. 

 

Fue primicia de Página/12. El ministro de Relaciones Exteriores de Bolivia, Rogelio Mayta, denunció este jueves en conferencia de prensa que el gobierno argentino, por entonces a cargo de Mauricio Macri, participó del golpe de Estado a Evo Morales en 2019. "Hemos tenido acceso a un documento que pone en evidencia que el gobierno de Macri en Argentina aportó con material para que se pueda reprimir la protesta social y consolidar el gobierno de facto de Jeanine Áñez", señaló.

"Hubo una coordinación internacional que contó con el envío de material por parte de Ecuador, de Argentina, y mucho más", agregó Mayta. El hecho quedó confirmado a través de una carta enviada por el entonces comandante general de la Fuerza Aérea boliviana, Jorge Gonzalo Terceros Lara, donde le agradece al embajador argentino de entonces "la colaboración prestada" en el marco del respaldo internacional "debido a la situación conflictiva que vive Bolivia". 

La misiva, cuyo original consta en los archivos de la embajada en La Paz, agradece además el "material bélico de agentes químico" que el gobierno de Macri les había remitido. En el gobierno argentino califican esto como "gravísimo" e incluso advierten que puede tener consecuencias judiciales para Macri.

Por su parte, el presidente Alberto Fernández le envió una misiva a su par boliviano Luis Arce, afirmando sentir "dolor y vergüenza" por la situación.

El presidente constitucional Arturo Humberto Illia fue derrocado hace 55 años por un golpe de Estado encabezado por el general retirado Juan Carlos Onganía. El 28 de junio de 1966, Illia se retiró de la Casa Rosada por sus propios medios por la puerta de la calle Balcarce y rodeado de algunos adeptos, pidió un taxi y se marchó hacia el domicilio de su hermano, en Martínez, pero luego se retiró a Cruz del Eje, provincia de Córdoba. 

El día previo, las Fuerzas Armadas le habían comunicado al presidente que lo mejor era renunciar, algo que rechazó de plano luego de haber intentado destituir al general Pascual Pistarini como jefe del Ejército y que los mandos militares desconocieron por completo. Esa noche, fuerzas policiales roedaron la Casa Rosada mientras Illía permanecía en su despacho junto a un grupo de colaboradores. Pasadas las 5 de la mañana del 28, el general Julio Alsogaray ingresó a la sede gubernamental para exigir la renuncia del jefe de Estado: el militar le dijo al presidente que cumplía “órdenes” de su superior (el general Pascual Pistarini), e Illía le replicó que era “un insurrecto” que no reconocía la verdadera autoridad del presidente como jefe comandante en jefe de las Fuerzas Armadas. Minutos después, un grupo de la guardia de infantería al mando del coronel Luis Perlinger desalojó el despacho presidencial y consumó el golpe.

El general Juan Carlos Onganía asumió un día después, al frente de un régimen que se autodenominó como "Revolución Argentina, y que limitó seriamente las libertades constitucionales, impuso la censura, intervino las universidades y aplicó un duro plan económico liderado por el ministro de Economía Adalbert Kriger Vasena. 

¿Quién fue Arturo Humberto Illia?

Hijo de inmigrantes italianos, Illia nació en la ciudad bonaerense de Pergamino en 1900, y tras graduarse como médico en la Universidad de Buenos Aires se instaló en la ciudad de Cruz del Eje, en el noroeste de Córdoba, donde comenzó a forjar su carrera política en la Unión Cívica Radical (UCR). Fue senador provincial, vicegobernador de Córdoba y en 1948 resultó electo diputado nacional. En 1963 fue el candidato presidencial de la UCR y obtuvo el 25.14 por ciento de los votos en comicios en los que se registraron más de dos millones de sufragios anulados o en blanco, más de un 20 por ciento del total. Tras ser ratificado por el Colegio Electoral, Illia asumió la presidencia el 12 de octubre de 1963, pero su negativa a establecer alianzas y el hecho de haber sido electo en comicios en los cuales el peronismo estuvo prohibido, le restaron el apoyo que hubiera necesitado para implementar medidas contaban con respaldo popular.

 

Más de 100 personas fueron asesinadas por soldados y policías en 40 localidades de Myanmar, en una jornada de protestas masivas contra el golpe de Estado, mientras se llevaba a cabo el Día de las Fuerzas Armadas. 

La cifra exacta de fallecidos es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones. Desde que empezaron las manifestaciones por la democracia, en Myanmar murieron 320 personas. 

El país asiático atraviesa una profunda crisis institucional desde que los militares llevaron adelante el golpe de Estado el 1 de febrero. Por su parte, el embajador estadounidense Thomas Vajda denunció en un comunicado que “las fuerzas armadas de seguridad están asesinando a civiles desarmados”. 

Rubén López es el hijo de Jorge Julio López, militante, víctima de desaparición forzada durante la última dictadura cívico-militar y sobreviviente, que declaró como testigo, ya con la democracia instaurada, en los Juicios por la Verdad donde finalmente se le dictó cadena perpetua al genocida Miguel Etchecolatz. Días previos a la declaración y sentencia, el 18 de septiembre de 2006 Jorge Julio López fue desaparecido sin dejar rastro alguno.

“Hoy estamos conmemorando lo que fue la dictadura y, en lo personal y particular, esta segunda desaparición en plena democracia que aún hoy en día no tenemos explicación, es lo más difícil de sobrellevar”, expresó Rubén Lopez en diálogo con Paloma Bokser y Nicolás Artusi en Imagen Positiva. “Son días que también tenemos que contar y transmitir las vivencias que hemos tenido nosotros como familia pero también como colectivo y país, a los más jóvenes, para que tengan las herramientas para poder prever este tipo de acciones y no vuelvan a pasar”, manifestó.

“Mi viejo era un tipo comprometido con la causa, con la lucha”, "dijo Rubén acerca de su padre, el vínculo con la militancia y su necesidad de exponer la verdad ante los tribunales de la Justicia. “Tenía esa necesidad de contar cómo había visto que mataban a Patricia Dell’Orto, a Ambrosio De Marco, Norberto Rodas, todos chicos jóvenes que estaban en la Unidad Básica, que todavía hoy se siguen buscando sus cuerpos”, expresó.

La ex presidenta de facto de Bolivia Jeanine Añez fue detenida el sábado en la localidad de Trinidad, a 600 km de La Paz. Está acusada de "sedición, terrorismo y conspiración" en relación al golpe de Estado que derrocó a Evo Morales en 2019. 

Desde sus redes sociales, Añez manifestó: “El MAS me acusa de haber participado en un golpe de estado que nunca ocurrió”. Luego agregó: “La persecución política ha comenzado. El MAS ha decidido volver a los estilos de la dictadura. Una pena porque Bolivia no necesita dictadores, necesita libertad y soluciones”. 

Por su parte, el ex presidente Evo Morales escribió "justicia y verdad para las 36 víctimas fatales, los más de 800 heridos y más de 1500 detenidos ilegalmente en el golpe de Estado". "Que se investigue y sancione a los autores y cómplices de la dictadura", sentenció el dirigente del MAS. 

La Fiscalía de Bolivia había emitido ayer una orden de detención contra la ex mandataria y varios de sus ministros, denunciados por los delitos de sedición, terrorismo y conspiración. Dos de ellos, Álvaro Coímbra, extitular de Justicia y Rodrigo Guzmán, de Energía, también fueron detenidos.

Después de que el Ejército tomara el poder y diera un golpe de Estado en Myanmar, poniendo fin a una década democrática, nuevamente cientos de miles de personas salieron a las calles para manifestarse, haciendo caso omiso a la brutal represión y ataques que despliegan las fuerzas militares.

El lunes por la noche, las autoridades prohibieron las congregaciones de más de cinco personas en Yangón, Napypidó y otras localidades del país asiático, y decretaron un toque de queda. Aun así, los manifestantes protestaron para reclamar la liberación de los detenidos, el fin de la dictadura y la abolición de la Constitución de 2008, hecha a medida del Ejército. Desde el golpe, el número de detenidos ascendía a 190.

El golpe de Estado que fue condenado por Nueva Zelanda, Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y otros países, se realizó el 1 de febrero. La ONU, por su parte, calificó como “desproporcionado” e “inaceptable” el uso de la fuerza de los militares.