El ministro de Defensa de Bolivia, Edmundo Novillo, anunció el hallazgo de una "acta o remito de ingreso" de la Fuerza Aérea de ese país que certifica el ingreso de municiones anti-tumulto, sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos llegadas desde la Argentina, según confirmó este domingo el embajador argentino en La Paz, Ariel Basteiro.
Basteiro, que este lunes se reunirá con Novillo por este tema, señaló que este nuevo hallazgo se corresponde con "un acta, un remito de ingreso, de, según el ministro, seis ítems, que son los ítems que (el comandante de la Fuerza Aérea de Bolivia) Jorge Terceros Lara le agradece a la embajada argentina en La Paz". El embajador informó que la localización de este papel fue anunciada "el día jueves, en una conferencia de prensa, por el ministro de Defensa Edmundo Novillo" y en relación al contenido detalló que en la nota figuran "seis ítems firmados por un suboficial" de la Fuerza Aérea boliviana (FAB), que consisten en "los 40 mil cartuchos de municiones, diferentes tipos de sprays de gas pimienta y granadas de gases lacrimógenos".
La investigación está a cargo del juez en lo Penal Económico, Javier López Biscayart, pero en paralelo existe otro expediente en el juzgado de Alejandro Catania, también del fuero Penal Económico, aunque no se descarta que se unifiquen en los próximos días. La semana pasada, el juez López Biscayart rechazó la apelación interpuesta por la defensa del expresidente Mauricio Macri que pretendía que la Cámara frenase una investigación interna o administrativa de Gendarmería.
Trabajadores de la Salud autoconvocados cortan el Puente Pueyrredón, que une la Capital Federal y Avellaneda, con el reclamo de mejoras salariales y de sus condiciones laborales. En el lugar se vivieron momentos de tensión, ya que efectivos de Gendarmería y Prefectura apostados en el lugar impiden que los manifestantes avancen y bloqueen totalmente el acceso. En estos momentos, los trabajadores están en asamblea para decidir si levantan o continúan con la protesta.
A raíz de la manifestación, está cortada la mano del puente que va hacia la Ciudad. A los trabajadores de Salud del AMBA se le suman otros, que desde hace varios días reclaman contra los despidos de empresas tercerizadas de EDESUR, EMA y Argencobra. Según informaron los manifestantes, los sueldos en el sector de la salud pública rondan entre los 42 mil y los 50 mil pesos. Otro de los reclamos, encabezado por la agrupación Marrón Clasista, tiene que ver con el pedido de reconocimiento profesional a enfermeros y personal técnico que el gobierno de CABA no concede. Además, los trabajadores piden el pase a planta permanente de todos los contratados, monotributistas y becarios y también igualdad de derechos para las mujeres que trabajan en la salud.
Michelle Bachelet, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, se mostró preocupada por la creciente ola de violencia que protagoniza Colombia desde el inicio de las manifestaciones en contra del presidente Iván Duque. La ONG Temblores denunció 43 asesinatos en manos de las fuerzas de seguridad. "Es esencial que todas las personas que presuntamente causaron lesiones o muerte, incluidos funcionarios del Estado, estén sujetas a investigaciones rápidas, efectivas, independientes, imparciales y transparentes, y que los responsables respondan ante la ley", expresó la expresidenta de Chile en un comunicado oficial.
Además, pidió ponerle fin "a todas las formas de violencia, incluyendo el vandalismo" y animó a todas las partes a continuar el diálogo para garantizar "el respeto por la vida y la dignidad de todas las personas".
Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales. Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo.
Desde que iniciaron las protestas antigubernamentales en Colombia, la Fiscalía General entregó este 24 de mayo su informe sobre personas no localizadas. El ente judicial informó que halló a 290 que habían sido reportadas como desaparecidas en el marco de las manifestaciones y que la búsqueda se mantiene activa para otros 129 ciudadanos. La intervención de las fuerzas armadas y la violenta represión hacia los ciudadanos trajo caos y miedo a la situación.
En la madrugada del miércoles cayeron misiles de Hamás sobre ciudades israelíes y hubo ataques aéreos de Israel a territorio palestino. Es el estallido de violencia más severo desde la guerra de 2014 y no hay un final a la vista. El ministro de Defensa de Israel, Benny Gantz, aseguró este miércoles que el Ejército “continuará atacando” posiciones de la organización palestina Hamás en la Franja de Gaza para conseguir “una paz completa y duradera”. “Las Fuerzas Armadas de Israel continuarán atacando y traerán una paz completa y duradera. No hay fecha de finalización y no recibiremos sermones morales de ninguna organización sobre nuestro derecho a proteger a los ciudadanos”, publicó Gantz vía en su cuenta de Twitter.
El grupo Hamás, a cargo del gobierno en Gaza, y otros grupos militantes dispararon cientos de cohetes sobre las defensas de misiles de Israel: sirenas y explosiones resonaron en Tel Aviv, el área metropolitana más grande de Israel, y otras ciudades. Los ataques aéreos israelíes han arrasado dos torres de apartamentos en la Franja de Gaza. Los disparos de advertencia permitieron a los civiles evacuar los edificios, pero las pérdidas materiales son inmensas.
El número de muertos en Gaza ascendió a 43 palestinos, incluidos 13 niños y tres mujeres, según el Ministerio de Salud. Casi 300 personas han resultado heridas, incluidos 86 niños y 39 mujeres. Seis israelíes, entre ellos tres mujeres y un niño, murieron por disparos de cohetes el martes y la madrugada del miércoles, y decenas de personas resultaron heridas.
El conflicto se enmarca un tiempo convulso por la anulación de las elecciones palestinas y las órdenes de desalojo en el barrio de Sheij Jarrá, en Jerusalén Este. Esta parte de la ciudad sagrada para los tres grandes religiones mundiales -cristianismo, judaísmo, islamismo, fue el epicentro del repunte de la violencia entre las autoridades israelíes y palestinas, de cara a la celebración de unas elecciones legislativas convocadas para el 22 de mayo, después de que el Gobierno de Israel impidió la celebración de actos de campaña y la votación en esta zona de la ciudad. La Autoridad Palestina postergó el acto electoral, que iba a ser el primer en 15 años en la ciudad que considera futura capital de un Estado todavía no reconocido.
Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.
¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo.
Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por la situación de Colombia, en el marco de los acontecimientos ocurridos durante el lunes por la noche en la ciudad de Cali, donde la policía abrió fuego contra manifestantes que protestaban contra las reformas fiscales y, según informes, mataron e hirieron a varias personas, detallaron. “Estamos profundamente alarmados”, expresaron, y agregaron que “nuestra oficina en Colombia está trabajando para verificar el número exacto de víctimas y establecer cómo se produjo este terrible incidente en Cali. Los defensores de los derechos humanos también informan que han sido acosados y amenazados”.
“Destacamos nuestra solidaridad con quienes han perdido la vida, así como con los heridos y sus familias”, aseguraron. “A pesar del anuncio de la presidencia colombiana el 2 de mayo de que el proyecto de ley de reforma tributaria sería retirado del Congreso, las protestas, que comenzaron el 28 de abril, han continuado, con llamados a una manifestación masiva mañana, 5 de mayo. La mayoría de las protestas hasta la fecha han sido pacíficas”, recordaron. Y destacaron que, dada la situación extremadamente tensa, con soldados y policías desplegados para vigilar la protesta, “recordamos a las autoridades estatales su responsabilidad de proteger los derechos humanos, incluido el derecho a la vida y la seguridad de las personas, y de facilitar el ejercicio del derecho a la libertad de reunión pacífica”.
Recordaron también que “los agentes del orden deben respetar los principios de legalidad, precaución, necesidad y proporcionalidad al vigilar las manifestaciones. Las armas de fuego solo pueden utilizarse como medida de último recurso contra una amenaza inminente para la vida o una lesión grave”.
Al concluir, manifestaron que desde el 28 de abril, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU ha recibido denuncias de al menos 14 muertes en el contexto de las protestas en diferentes partes de Colombia, incluido al menos un oficial de policía.
El 5 de abril de 2007, el docente neuquino Carlos Fuentealba murió en un hospital provincial, tras haber sido baleado por la espalda y a quemarropa en una manifestación de trabajadores y trabajadoras de la educación, que tuvo lugar el 4 de abril y que fue violentamente reprimida por el gobierno del entonces gobernador Jorge Sobisch.
El autor material del crimen fue el cabo de la Policía de la Provincia de Neuquén Darío Poblete, quien disparó en la huelga y movilización que el sindicato docente ATEN (CTERA) realizaba en la ruta N° 22, a la altura de la localidad de Arroyito.
Desde entonces, cada 4 y 5 de abril son días de reivindicación de la lucha docente, en repudio a la represión policial y en pedido de Justicia por Carlos Fuentealba. Si bien Poblete fue condenado a prisión perpetua e inhabilitación absoluta, organizaciones sociales y organismos de Derechos Humanos exigen castigo a los culpables, y a los autores intelectuales y políticos del asesinato.
Gente que nos hace bien es una sección de Somos PM, que se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 h a 17 h, con la conducción de Pía Slapka, Maximiliano Legnani y Ana Sicilia.
Más de 100 personas fueron asesinadas por soldados y policías en 40 localidades de Myanmar, en una jornada de protestas masivas contra el golpe de Estado, mientras se llevaba a cabo el Día de las Fuerzas Armadas.
La cifra exacta de fallecidos es difícil de precisar por la falta de información oficial y los cortes en las comunicaciones que imponen las autoridades militares para intentar mitigar las manifestaciones. Desde que empezaron las manifestaciones por la democracia, en Myanmar murieron 320 personas.
El país asiático atraviesa una profunda crisis institucional desde que los militares llevaron adelante el golpe de Estado el 1 de febrero. Por su parte, el embajador estadounidense Thomas Vajda denunció en un comunicado que “las fuerzas armadas de seguridad están asesinando a civiles desarmados”.
La Policía de la provincia de Jujuy reprimió ayer a los vecinos, incluidos niños, del barrio Campo Verde de la capital, que defendían el espacio donde funcionaba una cancha de fútbol, para permitir el avance de las obras para construir una escuela. Hay, al menos, cinco detenidos y hubo heridos.
Según informó el abogado que representa a los vecinos, Héctor Hugo Huespe, sobre las personas detenidas, “no hubo orden de juez para la detención. Supuestamente están para averiguación de antecedentes. Hay muchas personas golpeadas, mujeres y niños perseguidos por la Montada. El barrio sigue sitiado por la Policía, le prohíben a la gente salir a las calles. Es la vulneración absoluta de las garantías constitucionales en un estado de derecho”, denunció.
La Policía reprimió para permitirle al gobierno de Jujuy iniciar la construcción de la escuela Secundaria N°39. Los vecinos exigen que se busque otro espacio y se concluyan las construcciones de otros establecimientos escolares de la zona.
En el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras, cientos de mujeres que marcharon hasta el Zócalo de Ciudad de México y derribaron parte del muro que el mismo Gobierno había colocado para proteger el Palacio Nacional, fueron reprimidas con gas lacrimógeno por la Policía. Se reportaron más de 20 heridas.
Algunas horas antes de la manifestación, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador había sido criticado por colocar las vallas, a lo que había respondido: “Yo soy humanista y no estoy en contra del feminismo”. “Es mejor poner una valla frente a las mujeres que van a protestar que a los granaderos, como era antes. Tenemos que evitar eso, que no haya violencia, que nadie salga herido”, había expresado.
La violencia contra las mujeres en México es alarmante a nivel mundial. En 2020 se registraron 969 femicidios, en promedio más de dos por día, según estadísticas oficiales. El pico más alto se dio en junio, cuando 309 mujeres fueron asesinadas, es decir, una media de 10.3 femicidios por día.
