Ante la creciente polémica sobre la gestión del Gobierno Nacional para comprar vacunas que permitan combatir el COVID-19, específicamente la vacuna Pfizer, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó a legisladores y diputados al Congreso con la intención de discutir las prestaciones y detalles de los contratos efectuados con los diferentes laboratorios involucrados. El legislador por el Frente de Todos (FDT) y presidente de la Comisión de Salud, Pablo Yedlin, dialogó con IP Noticias Edición Central para explicar los detalles que se llevarán adelante en la reunión.

"El objetivo es que los laboratorios, dentro de los marcos de confidencialidad que tienen, puedan explicarle a la gente los detalles de las negociaciones que se llevaron adelante entre el Ministerio de Salud de la Nación y cada uno de los laboratorios implicados", dijo el diputado.

En relación a las diferentes acusaciones que recibió el gobierno nacional, declaró: "En las últimas semanas se estuvieron escuchando voces de opositores completamente desacertadas que no responden a la situación que se registra en los contratos". Además, subrayó que "muchas de las cosas que se han dicho no tienen ningún atisbo de realidad". La resolución firmada por el presidente de Diputados, Sergio Massa, expresa que la reunión se realizará “a fin de dar explicaciones sobre el estado contractual vigente o en discusión y otros temas relacionados con el Ministerio de Salud del Poder Ejecutivo Nacional”, en relación a este aspecto particular el presidente de la Comisión de Salud detalló que: "Las vacunas están llegando a la Argentina, las vacunas comparadas por el Ministerio son vacunas seguras y efectivas", y agregó: "Vamos a poder preguntarles todas las dudas que instaló la oposición".

La reunión se transmitirá en vivo por el canal Diputados TV. Será de acceso libre a todo quien desee escuchar y ver el encuentro. La Cámara citó a los directivos de todos los laboratorios involucrados: Pfizer,  AstraZeneca, Sinopharm y del Instituto Gamaleya, productor de la vacuna Sputnik V. "Vamos a hacer todo lo que haga falta para conseguir las mejores vacunas para todos los argentinos", concluyó Yedlin.

Por otro lado, en vista de las especulaciones alrededor de la posibilidad de tratar la "ley pandemia" esta misma semana, el diputado aclaró: "Para dictaminar -por protocolo- necesitamos presencialidad de los diputados, por eso es una posibilidad tener comisión conjunta el día miércoles y darle dictamen. La ley permite que el Presidente no tenga que generar DNU cada 15 días para restringir las actividades en base a conceptos técnicos que determinarían el riesgo epidemiológico de cada región". Además, destacó: "La han usado muchísimos países del mundo, la ley es muy respetuosa con gobernadores e intendentes que son los que toman las decisiones finales".

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Pablo Yedlin, médico y diputado Nacional del Frente de Todos conversó en Redacción IP sobre la polémica alrededor de las negociaciones con Pfizer por las vacunas. "A Pfizer no le servía el modelo legal que Argentina tiene respecto al pago de indemnizaciones por efectos colaterales de las vacunas. Estas vacunas fueron elaboradas muy rápido y los laboratorios no tuvieron tiempo suficiente de hacer estudios y corrían algún riesgo de efectos adversos", dijo en diálogo con Andrés Fidanza, Leandro Renou y Patricia Blanco.

En ese sentido, Yedlin explicó que los laboratorios le exigieron a los compradores de todo el mundo que se hagan cargo de las indemnizaciones, y así se hizo. Sin embargo, la ley Argentina establece que este pago no se hará si se comprobara negligencia por parte del laboratorio y eso impidió hasta ahora una contratación.  "No nos hubiese cambiado en gran medida la proporción de argentinos vacunados", aseguró.

Respecto al mecanismo COVAX, el también Presidente de la Comisión de Acción Social y Salud Pública de la cámara de Diputados dijo la elección de vacunas a enviar es opcional, pero por sobre todas las cosas si no hay firmado un contrato no podrían enviarlas. "La industria podría tener alguna contemplación, dado que las vacunas demostraron ser seguras y efectivas. De verdad  necesitamos cambios de paradigma en un mundo tan inequitativo donde hay países que vacunan turistas y otros que no pueden vacunar a sus médicos", concluyó.

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Las comisiones de Seguridad Interior y de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados debatirán este miércoles en el marco de la cuarta de reunión el proyecto integral contra la violencia institucional, que busca "prevenir y erradicar" estos actos por parte de las fuerzas policiales, de seguridad y servicios penitenciarios. Del plenario participarán los presidentes de cada comisión, Paula Penacca y Hugo Yasky (ambos del Frente de Todos) con la presencia de expertos en la materia a partir de las 11 horas.

La iniciativa establece pautas de acción frente a las denuncias "con el propósito de que la recepción de las mismas se realice a través de un mecanismo transparente y eficaz". Asimismo, el texto incluye un programa de reentrenamiento y formación con una perspectiva transversal de Derechos Humanos para las fuerzas de seguridad. También establece principios básicos sobre el empleo de armas letales y no letales cumpliendo con los estándares internacionales.

Según el proyecto, se entiende por violencia institucional "todo acto, por acción u omisión, ejercido por miembros de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias que implique cualquier forma de afección física o psíquica que afecte derechos humanos fundamentales de las personas". De acuerdo con la iniciativa, se considera víctima de violencia institucional a "toda persona que, individual o colectivamente, haya sufrido daños, inclusive lesiones físicas o psíquicas, sufrimiento emocional, discriminación, daño económico o menoscabo sustancial de los derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones de las fuerzas policiales, de seguridad y penitenciarias".

Diputados y legisladores nacionales del oficialismo y bloques opositores repudiaron este lunes las declaraciones de la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien señaló que el Gobierno habría pedido sobornos para comprar la vacuna de Pfizer, mientras desde Juntos por el Cambio respaldaron a la exfuncionaria macrista. A través de su cuenta de Twitter, el diputado oficialista Hugo Yasky señaló: “La mentira es otra de las características de la horrenda derecha argentina que acapara los medios hegemónicos con discursos cargados de desinformación y odio. Son una vergüenza."

Por su parte, la legisladora del Frente de Todos Paula Penacca escribió: “Que vergüenza que sos Patricia Bullrich; dejá de estorbar a los que trabajan para cuidar la salud y la vida. Primero el falso envenenamiento de las vacunas, ahora ésto. Cuánto daño hacen para sacar un cachito de rédito electoral”. Leonardo Grosso, del Movimiento Evita, expresó: “La payasada de la oposición fue desmentida por los dueños del circo. Mientras, seguimos gestionando una pandemia: entre ayer y hoy llegaron a la Argentina 1.657.565 dosis de la vacuna contra el COVID”.

Por su parte, desde la oposición, el presidente del bloque Consenso Federal, Alejandro 'Topo' Rodríguez, tuiteó 'Patas Cortas' junto a una foto de Bullrich, y apuntó: “La irresponsabilidad es un signo típico de la voracidad electoralista”. Por el partido Juntos Somos Rio Negro, que forma parte del interbloque Unidad Federal para el Desarrollo, el diputado Luis Di Giácomo, enfatizó: “Cuando te desmiente tu patrocinante, es porque llegaste a ese lugar desde donde no se vuelve: El Ridículo”.

El jefe de bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados, Máximo Kirchner, recibió este domingo por la tarde el alta médica tras ser internado en el Hospital Italiano de La Plata por un "cuadro agudo que se interpreta como cólico renal". El comunicado emitido desde el centro médico dónde se encontraba Máximo declara: "luego de una buena evolución clínica y respuesta terapéutica, se otorga el alta de internación del paciente Máximo Kirchner"; "el paciente sigue controles y tratamiento ambulatorio", completa el texto.

El médico asesor del Gobierno bonaerense, Jorge Rachid, explicó hoy por la mañana que Kirchner tenía "una piedra o piedrita, depósitos cálcicos que generalmente se depositan en el tracto urinario", una patología principalmente dolorosa que requiere internación pero no reviste ningún tipo de gravedad.
El profesional afirmó que el cólico renal "es uno de los peores dolores en clínica medica", pero insistió que se resuelve clínicamente o de manera quirúrgica sin mayores complicaciones.  "Es un diagnóstico benigno" y no reviste ningún tipo de gravedad, solamente necesita asistencia médica, internación e hidratación" continuó Rachid.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la diputada Nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, presentó un proyecto de ley para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, y garantizar que quienes atraviesen esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en la elaboración del duelo.

La iniciativa, conocida como "Ley Johanna", por el caso de Johana Piferrer, quien en 2014 padeció un hecho de violencia obstétrica tras sufrir un caso de muerte perinatal, establece dotar a las/os profesionales de la salud que intervienen al momento del parto y postparto, de procedimientos estandarizados que faciliten la atención sanitaria de quienes sufren esta situación, para que puedan atravesar la pérdida en un ambiente de contención y acompañadas de especialistas.

La muerte perinatal es aquella que se produce luego de la semana 22 de gestación. Las mujeres y personas gestantes que la atraviesan suelen hacerlo en soledad y sin el acompañamiento necesario de las instituciones. Las cifras no son bajas: en todo el mundo hay más de 6,3 millones de muertes perinatales al año.

“Tenemos que humanizar una tragedia como es una muerte perinatal”, señaló Álvarez Rodríguez. Y agregó: “No existe en nuestro país un protocolo de actuación que informe a los/as profesionales de la salud cómo desenvolverse ante la situación concreta de la muerte perinatal. Esto resulta ser traumático para quienes lo sufren y por eso es indispensable que exista un marco de asistencia y ayuda profesional para acompañar a las mujeres, personas gestantes y sus familias”.

El proyecto busca además facilitar el acceso a información sobre las opciones terapéuticas, gestiones y consultas a realizar, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las/os profesionales. Tiene como antecedente otro proyecto de ley presentado por la diputada Magdalena Sierra, cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (AboFem), la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) y la Red de Salud Mental Perinatal, entre otras.

El exoperador judicial del gobierno de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, permanece prófugo de la Justicia argentina y se presentó en un juzgado uruguayo para dar a conocer su situación de refugiado. Fuentes de la Fiscalía de ese país aseguraron que "por el momento" no está prevista su detención. Fuentes de Cancillería uruguaya aseguran que está el pedido de refugio y que todavía no saben que decisión tomarán al respecto. El diputado del Parlasur de Cambiemos ya presentó un segundo recurso de “habeas corpus” para atender su situación legal en el país vecino, del cual aún no hay novedades.

Por otro lado, el diputado renunció a su residencia legal permanente en Uruguay para poder solicitar el estatus de refugiado, una figura jurídica que se contrapone a un eventual pedido de extradición hacia Argentina. Esto fue una consecuencia de la solicitud de la jueza argentina María Servini, que pidió la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón. La alerta roja de Interpol ya está activa. La Comisión de Refugiados de Uruguay tiene 90 días para elevar un informe tras entrevistar a la persona que solicita refugio.

El primer habeas corpus fue presentado por Rodríguez Simón el último 6 de mayo, cuando solicitó refugio sosteniendo que en Argentina está siendo perseguido “por sus opiniones políticas”. Agregó: “A fines de 2019, se inició una causa en su contra ante el juzgado a cargo de la Dra. María Servini de Cubría, la que se ha tramitado en forma anómala, arbitraria, irregular, con denuncia de delitos no graves y con medidas cautelares desproporcionadas”. 

En tanto, la resolución de la jueza Servini dice que no tiene ningún argumento para alegar que existe en su contra una "persecución política", la razón que invoca para que le den el carácter de refugiado y evitar su posible extradición. Servini lo había citado a indagatoria en la causa donde investiga una presunta asociación ilícita y le atribuye amenazas y extorsiones concretas contra los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de De Sousa, y maniobras con el objetivo de perjudicar a sus empresas o de quitárselas. 

Repercusiones en Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema el último martes en el acto de conmemoración del 210 aniversario de la batalla de Las Piedras. Dijo que se había enterado por las noticias del pedido de refugio y que se había comunicado por teléfono con el canciller, Francisco Bustillo. “Si cumple con determinados requisitos, se le concede; si no, no”, subrayó.

 

El Comité de Evaluación de Femicidios, Transfemicidios y Violencia de Género expresó este miércoles su rechazo a los dichos de Martín Grande, diputado nacional por Salta, del interbloque Juntos por el Cambio. El funcionario tildó de “atorranta” a la fiscal Verónica Simesen de Bielke, durante una entrevista realizada el 18 de mayo. “Esa fiscal es una absoluta ineficiente funcionaria, que te puedo asegurar que sí caza brujas y brujos, porque te lleva a declarar sin tener absolutamente nada para declarar. Por supuesto nunca me voy a negar a declarar, pero lo que hizo esa fiscal no tiene nombre. Es una verdadera incapaz, miran para el lado que les conviene. Vamos viejo, haceme el favor, no pongas de ejemplo a esta fiscal, que me parece a mí, una atorranta”, había expresado el legislador.

Tras las declaraciones, el Comité mencionado consideró que el diputado faltó “a la ética” y demostró “su falta de formación en Derechos Humanos, de las Mujeres y en Perspectiva de Género”. Además, expusieron que se evidenció el desconocimiento de la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres en los Ámbitos en que desarrollen sus Relaciones Interpersonales. “Manifestamos nuestra preocupación ante la posibilidad de que un legislador que representa en el Congreso Nacional a nuestra Provincia, severamente golpeada por la violencia de género en todas sus formas y con los índices de femicidio de los más altos del país; y con aspiraciones de integrar la Legislatura provincial, siga sin capacitarse y pretenda mantenerse por ese camino”, expresaron desde el organismo.

En noviembre del 2020, Grande había sido noticia por defender la ingesta de dióxido de cloro pese a que la Organización Panamericana de la Salud (OPS) ya había advertido a la ciudadanía sobre “la toxicidad de compuestos de cloro”.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, convocó este martes a una sesión especial para este miércoles a las 13 horas, para tratar, entre otros temas, el proyecto para postergar las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), y las elecciones generales. Se trata de un proyecto consensuado entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio, los dos bloques mayoritarios, que difiere por un mes, y por única vez, ambos procesos electorales ante la segunda ola de la pandemia de coronavirus. El objetivo es dar tiempo  a que avance la campaña de vacunación para inmunizar a la mayor cantidad de personas posible.

Se propone trasladar las PASO del 8 de agosto al 12 de septiembre y las generales del  24 de octubre al 14 de noviembre. La sesión de este miércoles será la primera luego de que Massa acordara con los distintos bloques parlamentarios la renovación del protocolo de funcionamiento hasta el 23 de junio. También se tratarán los proyectos de aplicación de las causas de caducidad de los partidos políticos.

El Gobierno Nacional negocia con los bloques en Diputados para alcanzar una mayoría con el objetivo de aprobar el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, el diputado Nacional José Luis Ramón, que apoyará la iniciativa, habló con Redacción IP.

"Estamos dando paso a un cambio de época y las cosas van a cambiar porque la economía del mundo va a tener que repensarse y empezar tratar de levantar el estándar de la calidad de vida de abajo para arriba. Las economías del bienestar de las familias con una gran presencia del estado", remarcó en diálogo con Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

En ese sentido, Ramón explicó que en vistas del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal tienen "una visión particular en relación al cambio de época" y que conversaron cambios y propuestas con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "No entra dentro de este proyecto, pero se lo propusimos: los fiscales y los jueces de la Argentina tienen que ser elegidos por el voto popular".

"Patricia Bullrich (presidenta del PRO) y el presidente de la UCR (Alfredo Cornejo) ambos han planteado una manera de oposición que va con los tapones de punta y no está permitiendo esto que la ciudadanía nos está pidiendo a gritos: ¡Pónganse de acuerdo!", agregó el legislador.

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El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC) elaboró un informe en el que destaca el proceso de modernización e innovación impulsado en la Cámara de Diputados de la Nación durante la pandemia por COVID-19 y que garantizó el funcionamiento parlamentario.

El informe de CIPPEC distingue la utilización de herramientas tecnológicas para el trabajo legislativo remoto y lo define como un “hito” en la Cámara de Diputados que preside Sergio Massa. A su vez, destaca el trabajo coordinado de todas las fuerzas políticas y personal de la Cámara de Diputados para el desarrollo del sistema telemático. Por último pone en valor la legitimidad, integridad, accesibilidad y la transparencia del proceso parlamentario en su rol de legislar, controlar y representar.

La Cámara de Diputados abrirá esta tarde el debate en comisión del proyecto del Ejecutivo para postergar la fecha de las primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) del 8 de agosto al 12 de septiembre y las elecciones legislativas del 24 de octubre al 14 de noviembre, a raíz de la segunda ola de coronavirus.

El proyecto comenzará a analizarse a las 17 en la Comisión de Asuntos Constitucionales, presidida por el diputado del Frente de Todos por La Pampa, Hernán Pérez Araujo. La iniciativa refleja el acuerdo entre el ministro de Interior, Eduardo de Pedro, y dirigentes de Juntos por el Cambio, que preside Mario Negri.

El texto de la medada señala: "nos encontramos en un contexto de excepción y, en ese marco, en el imperioso desafío de garantizar el pleno ejercicio de los derechos políticos individuales y colectivos propios de nuestro sistema democrático. Ello nos impulsa a establecer las medidas que la situación epidemiológica nos impone para evitar una mayor propagación del virus, sin trastocar las reglas y fundamentos de nuestro régimen electoral”.

El proyecto también propone reducir de 50 a 45 días previos a la elección general el plazo para que las juntas partidarias proclamen sus candidatos y pospone 5 días el inicio de la campaña electoral de las elecciones generales para que coincida con la proclamación.

Tras el acuerdo alcanzado con la oposición la semana pasada, el poder ejecutivo envió el proyecto para modificar la fecha de las PASO y las elecciones generales al Congreso, para avanzar con la campaña de vacunación en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país. Con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Interior Eduardo Wado de Pedro, el proyecto ingresó este lunes a la cámara de diputados. El mismo establece modificar "por única vez" la fecha de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.) para el segundo domingo de septiembre de 2021; y las elecciones nacionales generales para el segundo domingo de noviembre del año 2021. 

A su vez, se modifica "con carácter de excepción y sólo para las elecciones nacionales 2021", el plazo para el registro de candidatos y candidatas y presentación de listas, hasta cuarenta y cinco (45) días anteriores a la elección. Lo mismo para el inicio de la campaña electoral. 

La diputada Nacional Graciela Camaño analizó en IP Noticias el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló la presencialidad en las clases de la Ciudad de Buenos Aires, y la respuesta que dio el gobierno de Alberto Fernández. "No hay posibilidad de subjetividad frente al fallo, dice lo que dice", aseguró.

"El fallo habla de convivencia, de interacción, de coordinación, de lealtad o buena fe federal. O sea que habla en definitiva del federalismo de concertación", analizó la legisladora de Consenso Federal.

La diputada destacó que la decisión del máximo tribunal no declara la inconstitucionalidad ni invalida el Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que reivindica la Constitución Nacional en cuanto a las potestades que tienen la Ciudad y las provincias en materia de salud y en materia de educación. En ese sentido, Camaño entiende que la propuesta de la Corte en el fallo es que "vayan por una ley".

Consultada sobre si apoyará el proyecto que el presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso para establecer parámetros sanitarios de gestión de la pandemia, la legisladora dijo: "No acompañaría ninguna decisión que permita que la suma del poder esté en uno de los poderes del Estado. Por la sencilla razón de que el Congreso funciona, está funcionando. Y por la sencilla razón de que tiene que haber una convivencia entre los Estados. El Estado Nacional es el resultado de la decisión de las provincias, eso dice nuestra Constitución. El Estado Nacional tiene la obligación de entender que es condición sine qua non la convivencia con las provincias".

"Quienes saben lo que se necesita en cada lugar son los gobiernos locales", agregó Camaño.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Tras el fallo de la Corte Suprema que avaló la presencialidad en las clases de la Ciudad de Buenos Aires, el diputado Nacional Leopoldo Moreau conversó con Tarde a Tarde. "Una vez más, la cabeza del Poder Judicial está absolutamente afuera de la realidad de la Argentina. Están en una burbuja y desde la nube dictaron un fallo que nada tiene que ver con el drama y la tragedia que estamos atravesando", expresó.

Además, el legislador del Frente de Todos remarcó que solo se centraron en la cuestión de la presencialidad, pero que "acá la discusión no es entre presencialidad y salud pública. Tampoco sobre la autonomía de la Ciudad porque la pandemia es intrajurisdiccional. El virus no se detiene en la General paz".

"Estas cuatro personas que dictaron el fallo lo dictaron desde su casa. Ellos le dicen a la gente que en las escuelas tiene que haber presencialidad, pero ellos siendo nada más que cuatro ni siquiera se juntaron. Es increíble. La Corte quiere debilitar la figura del Presidente", agregó Leopoldo Moreau.

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

El diputado Nacional del Frente de Todos, Rodolfo Tailhade, denunció por supuesto enriquecimiento ilícito al procurador general interino, Eduardo Casal. El funcionario realizó la presentación este jueves en la comisión Bicameral de Segumiento y Control del Ministerio Público. 

Tailhade, dialogó al respecto con Patricia Blanco, Leandro Renou y Andrés Fidanza para Redacción IP.

"La declaración jurada de Casal es un escándalo. Es prácticamente un magnate. Porque estamos hablando de once propiedades, no informa el monto ni valores, pero son muy valiosas. La cantidad de metros cuadrados que informa, todo en un crecimiento de tres años. El crecimiento económico de Casal es desproporcionado si vemos su ingreso", apuntó el legislador.

Consultado por la agenda parlamentaria, Tailhade dijo: "Desde Diputados pusimos en marcha el tratamiento de la reforma judicial".

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

"Vos sos un pelotudo atómico, vos dejás de trabajar hoy mismo conmigo”, se lo escuchó gritar por teléfono al diputado de Juntos por el Cambio por la provincia de San Juan, Marcelo Orrego, durante la Comisión Virtual de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.

Fue mientras exponía el legislador del PRO Jorge Enríquez. Los otros participantes le tuvieron que advertir:  “Marcelo, Marcelo, muteate”. Orrego quiso justificar: "Estos son los inconvenientes de la virtualidad y de la no presencialidad".

Rápidamente, el video se volvió viral en las redes sociales, por lo que Orrego se disculpó vía Twitter y replicó que nadie "fue desafectado". Dijo que tiene mucha confianza con la persona con la que hablaba y que la razón de su enojo fue porque le pidió que ayude a una persona y el receptor no lo había hecho. Hasta el momento, la persona detrás del teléfono no dio testimonio y la versión de Orrego no pudo ser comprobada.

 

La Cámara de Diputados de la Nación debatirá un proyecto de Ley Integral contra la Violencia Institucional, que busca erradicarla a través de un reentrenamiento con perspectiva de Derechos Humanos para las Fuerzas de seguridad, entre otras medidas. El diputado Nacional del Frente de Todos y uno de sus autores, Hugo Yasky, conversó con Tarde a Tarde.

"Este proyecto busca dar una respuesta a un problema que arrastramos como una especie de rémora de lo que fue el genocidio y la dictadura militar en Argentina. Se impregnó a las fuerzas de seguridad una concepción autoritaria y que establece una relación asimétrica", comentó.

Yasky destaca que estas actitudes punitivas afectan sobre todo a jóvenes de condición humilde y mujeres.

"Esta ley intenta establecer garantías para los ciudadanos, para el que es víctima directa y para las familias que denuncian. Genera, además, un protocolo para las situaciones en que las fuerzas de seguridad tienen que desenvolverse en actos masivos, donde también se suelen producir desmadres y acciones violentas", dijo.

El diputado explicó que es una ley muy completa porque también indica en qué situaciones las fuerzas de seguridad pueden utilizar armas y en cuales deben utilizar aras no letales.

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La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre el proyecto de Ley del Impuesto a las Ganancias para sociedades, presentado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, enviada al Congreso el 9 de abril pasado, se encuentra dirigida a sociedades y empresas con "enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo" y brindar “más alivio fiscal”.

El proyecto busca una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, específicamente las micro y pequeñas empresas, y fortalecer la sostenibilidad fiscal. A partir del nuevo esquema propuesto, solo el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada.

“Nueve de cada 10 empresas verán reducida su alícuota. Son 2000 empresas que solo pagarán el gravamen más alto. Es importante verlo en términos de lo que es en cada una de las jurisdicciones y provincias: les mejorará la recaudación y supondrá $79 mil millones de recursos tributarios”, aseguró durante su exposición la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Según lo precisado en la nota enviada, se intenta revertir la reforma tributaria del 2017, instrumentada por el gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter “regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión”.

En este sentido, una vez que la ley sea aprobada, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta 5 millones de pesos anuales, un 30 para un tramo intermedio de 5 millones a 20 millones de pesos anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%.

La diputada Nacional por el PRO en la provincia de Mendoza Hebe Casado tomó relevancia pública luego que, una vez confirmado el contagio de coronavirus del presidente Alberto Fernández, deseara en su cuenta de la red social Twitter que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, se contagiara también.

"Díganme que estuvo con CFK en las últimas 48 hs, el vacunado", pidió en una publicación el último 3 de abril. Como "médica especialista en inmunología", según su descripción en la red social del pajarito, Casado parece encontrarse bien lejos del juramento hipocrático.

No es el primer episodio de la legisladora de Mendoza. En el marco del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia de 2020, polemizó sobre los muertos por la pandemia y las personas detenidas desaparecidas por la última dictadura genocida: "Son 30.000, no como los otros 30.000. Un éxito la estrategia del gobierno de científicos, pero como no reconocen errores, en 15 días dicen que seguimos sin derechos a la libre circulación".