A dos mil días de su detención, la dirigente y líder de la organización política y social Tupac Amaru, Milagro Sala, conversó en Tarde a Tarde sobre su situación judicial. "Yo no quiero un indulto, quiero que revisen todas las causas. Quiero sentarme en un banquillo con un juez y fiscal que no tengan colores de ningún partido político. No quiero nada de arriba, quiero demostrar mi inocencia", expresó en conversación con Agustina Díaz y Nacho Corral.

La dirigente remarcó que el acampe que se está realizando en Plaza de Mayo, más allá de ella, representa a los más de "30 presos políticos del país". "El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, arremete contra todos los opositores que se atreven a pedirle reedición de cuentas o lo acusa de corruptos", dijo.

Milagro Sala y la Tupac Amaru

"No nos perdonan que nunca nos callamos y que demostramos que la construcción dejaba mucha plata y nosotros no nos ahorrábamos esa plata: en asamblea decidíamos que se iban a construir centros de salud, fabrica textil, metalúrgica. Hemos construido en 12 localidades más de 8 mil viviendas", contó Milagro Sala en otro pasaje del reportaje.

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

El golfista Ángel "Pato" Cabrera fue condenado a dos años de prisión efectiva al ser declarado culpable de los delitos de "lesiones agravadas y hurto simple", denunciados por su expareja, Cecilia Torres Mana, ocurridos en 2016 y 2018. La denuncia fue formulada por Torres Mana, en el marco de una causa tuvo alcance internacional tras el viaje de Cabrera sin permiso a Estados Unidos para disputar un torneo de golf en 2020. En paralelo el fiscal de Violencia de Género y Familiar Cristian Griffi dictó la prisión preventiva para el golfista en otra causa por amenazas y desobediencia a la autoridad en perjuicio de su ex pareja. Griffi tiene a su cargo tres causas más en contra de Cabrera, todas por denuncias de violencia de género de sus ex parejas Torres Mana, Micaela Teresa Escudero y Silvia Rivadero, madre de sus hijos. 

En agosto de 2020 pidió la captura internacional, que se concretó en enero de 2021 en Río de Janeiro, Brasil, desde donde fue extraditado al país. Ya en su Córdoba natal y detenido en el penal de Bouwer, Cabrera esperó por el juicio que comenzó hace una semana y finalizó este miércoles tras el fallo de la jueza Mónica Traballini. Entre las pruebas contra Cabrera que se presentaron en el juicio se destaca un video donde el golfista le dice a Torres Mana: "Yo de la cárcel voy a salir. Pero vos del cementerio, no". Antes de escuchar el fallo, Cabrera se negó a hablar.

 

Organizaciones sociales, políticas y sindicales realizan un acampe en Plaza de Mayo por la liberación de Milagro Sala, al cumplirse 2 mil días de su encarcelamiento por el gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy. La actividad-protesta se extenderá hasta el viernes 9 y contará con distintas acciones dentro y fuera de los gazebos instalados frente a la Plaza con el objetivo de "visibilizar la detención arbitraria de Milagro Sala", según declaró Alejandro "Coco" Garfagnini, coordinador nacional de la agrupación Tupac Amaru. "El próximo 8 de julio se cumplirán 2 mil días de detención de Milagro Sala", recordó y señaló a Morales como el "responsable directo" de esta situación. 

La protesta incluye charlas-debate, varias actividades y una celebración religiosa de los Curas por la Opción de los Pobres en el cierre. Según el coordinador de la Tupac Amaru, se trata de un acompañamiento para "torcer la voluntad de una minoría privilegiada que pretende dirigir los destinos de nuestro país más allá de la voluntad electoral". 

Cronograma de actividades

El martes 6 de julio a las 13 comienzan las actividades frente a Plaza de Mayo con la instalación del acampe. Luego iniciará la transmisión de la Radio Abierta "Voces libres del Acampe", con una programación especial de 18 a 21. El miércoles se realizará el panel de "Violencia política e institucional" y comenzará la exhibición de una muestra fotográfica, de 14 a 16. Luego, iniciará el panel de "La soberanía como horizonte para el trabajo y la producción". El jueves a las 10 habrá una conferencia de prensa, luego un panel sobre  "Reforma judicial feminista" y más tarde se producirá la presentación del libro "Tocar Fondo: cuatro años de gobierno de Cambiemos", un libro de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH). Además, se activará el panel "Del apagón a Milagro Sala, del bombardeo al Lawfare. Una historia de persecución política", y se leerán y cantarán cartas, poesías y canciones para Milagro. El viernes la protesta concluirá con una misa interreligiosa al mediodía y a las 13 se realizará una marcha y proclama del acampe por la "definitiva Independencia".

 

En lo que se considera "una embestida ilegítima del gobernador Gerardo Morales", la dirigente social Milagro Sala acumula unas 15 causas en la Justicia, al mismo tiempo que cumple prisión domiciliaria, después de cinco años detenida entre prisiones de este tipo y la cárcel común. La Corte Suprema de Justicia ratificó la única condena actual firme, a tres años de prisión, por considerarla "instigadora" de un escrache a Morales en 2009. Por su parte, distintas organizaciones de Derechos Humanos reclaman la revisión de sus condenas por considerarlas poco claras, además de manifestar que la decisión de mantener a Sala privada de su libertad está vinculada a intereses políticos. La ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta coincide con esta línea, y en una oportunidad explicó que la dirigente social "es una presa política" y que está siendo juzgada por "hechos que están prescriptos según toda jurisprudencia de la Corte y toda la doctrina nacional". 

Las tres causas principales

• "Megacausa" y "Pibes villeros": Se trata de la causa judicial más compleja que la líder de la Tupac Amaru enfrenta en la actualidad. Son dos causas unificadas en una. En la segunda, ya fue condenada a 13 años de prisión por el Tribunal en lo Criminal N°3 de Jujuy, acusada de fraude a la administración pública y extorsión en concurso real por el desvío de fondos de 60 millones de pesos que el Estado le había girado a su organización para realizar un plan de viviendas que nunca llegó a terminarse.

• Esta se engloba en la llamada "Megacausa", que investiga un desfalco por 700 millones de pesos entre 2011 y 2015. La defensa alegó "carencia de validez" de las pruebas contra Sala, dado que la fiscalía presentó documentos fotocopiados para acusarla. El fallo de "Pibes Villeros" actualmente está en instancia de apelación en la Corte Suprema de Justicia. La investigación judicial incluye a 23 imputaciones, entre voluntarios de la Tupac Amaru, funcionarios y el ex gobernador Eduardo Fellner. 

Causas en las que fue sobreseída

Por otro lado, Sala fue sobreseída de varias causas, por acusaciones con fundamentos poco claros y comprobables. Estas causas contemplan: una acción por amenazas contra una comisaría, lesiones graves contra el dirigente de la CCC, Lucas Arias, en 2006. Un acampe en enero de 2016, por supuesta toma de la Plaza Central de San Salvador de Jujuy y una acusación por coautoría de homicidio agravado, en grado de tentativa, en la "Balacera de Azopardo", una protesta en 2007. Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) denunciaron "5 años de detención arbitraria y criminalización de la protesta social" de la dirigente. 

El ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, criticó este lunes a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, por defender a Mauricio Macri en la causa del Correo Argentino S.A., tras decretarse la quiebra de esa empresa, cuando años atrás la exministra criticaba al expresidente por el manejo de esa firma.

"Hace 18 años Patricia Bullrich declaraba que Mauricio Macri era un mentiroso que 'recorría despachos oficiales en nombre del Correo Argentino' para NO pagar...CINISMO AL PALO!", escribió Soria en su cuenta de Twitter.

El ministro adjuntó un tuit de Bullrich en el cual la exministra de Seguridad señala: "Estimado @MauricioMacri: quiero que sepas que contás con todo mi apoyo ante la embestida del Gobierno Nacional. Quieren realizar persecuciones y lo único que buscan es venganza".

Sobre ese mensaje, Soria replicó con un artículo del diario Página 12 del 4 de julio 2003 que decía: "'A mí me vino a ver Mauricio Macri cuando yo era ministra de Trabajo para defender los intereses del Correo Argentino. Así que a mí no me puede mentir'. De esta manera, Patricia Bullrich le respondió al candidato de Compromiso para el Cambio, quien había afirmado que hace ocho años abandonó la actividad empresarial", indicó el artículo.

"Me vino a pedir que el Correo no pagase un canon', reveló la candidata de Unión para Recrear. 'Yo puedo atestiguar que en octubre del año 2001 estaba recorriendo despachos oficiales en nombre del Correo Argentino', aseguró Bullrich, quien además se preguntó irónicamente si en ese momento Macri ya había dejado de ser parte del directorio o si estaba contratado como lobbista", señaló la nota.

La jueza en lo Comercial Marta Cirulli decretó este lunes la quiebra del Correo Argentino S.A., una empresa del Grupo Macri, tras dar por fracasado el proceso de salvataje.

La Justicia penal rechazó este lunes por la tarde cuatro presentaciones de habeas corpus realizadas por diputados nacionales en representación de viajeros argentinos en el exterior que no pueden reingresar al país debido al cupo sanitario de 600 pasajeros diarios, determinado por el Gobierno Nacional para reducir el impacto de la variante Delta del coronavirus.

"Resuelvo rechazar la presente acción de 'Habeas Corpus' que lleva el número 28442/2021 (...) y sus acumuladas número 28443/2021, presentada por Waldo Wolff, Luis Alfonso Petri, Fernando A. Iglesias, Álvaro de Lamadrid, Cristian Ritondo y Pablo Torello, quienes en su calidad de ciudadanos argentinos y diputados nacionales", precisa el escrito que lleva la firma del magistrado Martín Carlos del Viso, quien consideró la medida del Gobierno como "razonable y proporcional".

Fueron tomados en cuenta los casos de nueve argentinos en el exterior que no tuvieron la posibilidad de volver al país con sus respectivos vuelos programados por la entrada en vigencia de la Decisión Administrativa N° 643/2021.

"La medida cuestionada resulta razonable y proporcional a los fines buscados, esto es, obedece a la necesidad de garantizar la salud pública frente a circunstancias de inusitadas características, siendo la protección de ella una obligación inalienable del Estado”, indicó el fallo.

Los pasajeros involucrados en el pedido de habeas corpus son Cristián Masarik, Natalia Fridenberg, Tomás Masarik, Gerardo Hugo Sarayottis, Fernando Solanet Tornquis, Luis Patricelli, Maria Sol Zapata y Tania Patricelli.

Al igual que el año pasado, el acto central por el 27º aniversario del atentado terrorista a la AMIA del 18 de julio de 1994 será virtual. El mismo se transmitirá el viernes 16, desde las 9.53 por redes sociales. En ese contexto, para quienes quieran participar, desde la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) invitan a quienes quieran participar y decir presente a utilizar un filtro especial para el momento en que se mencionen los nombres de las 85 víctimas y acompañar el reclamo de Memoria y Justicia.

El filtro puede conseguirse ingresando al sitio amiamemoria.org/serparte siguiendo una simple guía, que explica paso a paso cómo tomarse una foto para formar parte del homenaje. Allí los usuarios podrán clickear el botón "Decir presente", que deben clickear. Después de aceptar el uso de la cámara del teléfono o de la computadora que se esté usando, deben colocarse según lo indique la cámara fotográfica, y un filtro diseñado especialmente para esta ocasión, ubicará una pancarta en forma automática. Por último, hay que hacer click en el botón para tomar la foto, y luego en "Enviar".

"Desde donde estés, vos también podés decir presente", "Sigamos haciendo memoria y exigiendo justicia", "Conectados contra la impunidad", dicen los mensajes que compartieron desde AMIA. La transmisión se podrá ver por el canal de YouTube y el Facebook de la entidad. 

Todas las fotografías formarán parte del acto virtual, que ayudarán a mantener viva la memoria de las personas que fueron asesinadas en el peor atentado terrorista perpetrado en la Argentina.

La Corte Suprema de Justicia rechazó este miércoles la petición de Farmacity S.A., la empresa de locales minoristas de medicamentos, para poder desembarcar con locales en la provincia de Buenos Aires. La empresa presentó una demanda en la cual cuestionó la normativa vigente que impide a sociedades comerciales estar a cargo de este tipo de locales comerciales que expenden medicamentos. 

"De acuerdo a los principios constitucionales examinados, la facultad ejercida por la Provincia de Buenos Aires a través de la ley 10.606 para regular lo atinente a la titularidad de los establecimientos farmacéuticos no se revela como desproporcionada con la finalidad perseguida de bien público",  sostuvo el fallo.

Y agregó: "Por el contrario, el legislador provincial ha ejercido sus facultades en forma razonable, y no arbitraria pues se basó en propósitos de salud pública, ampliando la protección de los pacientes garantizada en la regulación nacional, como una opción que cabe reputar como válida".

La demanda manifestó “la declaración de nulidad” de determinados actos por los cuales se le denegó a la sociedad, una solicitud para operar en el ámbito provincial así como un pedido de habilitación para poner en funcionamiento una farmacia en la localidad de Pilar.

La determinación judicial fue firmada por los jueces Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Martín Irurzun y Mirta Gladis Sotelo de Andreu, en disidencia. El tribunal estuvo integrado de esa manera porque Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti se excusaron.

Hasta el momento, la empresa solo pudo abrir locales de Simplicity, una segunda marca que vende los mismos ítems que Farmacity, pero sin los medicamentos, ya sean de venta libre o recetados.

El Tribuna Oral Federal 1 de La Plata fijó para el 30 de agosto próximo el inicio del juicio contra los genocidas Miguel Etchecolatz y Julio Garachico por las torturas y crímenes cometidos contra siete víctimas, entre ellas el albañil Jorge Julio López, que permanece desaparecido. Así lo confirmó hoy la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que será querellante en el proceso y participó hoy de la audiencia preliminar sobre lo que será el debate de la causa denominada Arana II.

En el proceso oral y público se investigará la responsabilidad de los dos genocidas (condenados en otras causas) en los delitos cometidos contra cientos de víctimas que permanecieron cautivas en el centro clandestino Destacamento de Arana, que funcionó entre abril de 1976 y marzo de 1978. El juicio se llevará adelante a partir del 30 de agosto próximo por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en perjuicio del albañil Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lápices Francisco López Muntaner.

Respecto de la modalidad en la que se llevará a cabo el debate, las partes plantearon que las audiencias se realicen dos veces por semana, que quienes presten testimonio puedan estar acompañados y que sus testimonios no sean interrumpidos. A su vez, se solicitó que los imputados se encuentren presentes en el debate, ya sea de forma presencial o telemática virtual (con cámara prendida) y que las audiencias sean difundidas a través de alguna plataforma para garantizar así el carácter público del juicio.

El tribunal, conformado por Alejandro Daniel Esmoris, Andrés Fabián Basso y José Antonio Michilini escuchó los planteos de las partes y se expedirá en los próximos días sobre estas peticiones y toda otra cuestión práctica de interés para el desarrollo del debate. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en este juicio y por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la Unidad Fiscal Federal de La Plata, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

El plenario del Parlamento del Mercosur (Parlasur) aprobó este miércoles el procedimiento para analizar el pedido de expulsión por falta de decoro del argentino Fabián “Pepín” Rodríguez Simón. Sobre el exasesor de Cambiemos existe un pedido de captura desde Argentina, donde es juzgado debido a su gestión como funcionario del gobierno de Mauricio Macri. Rodríguez Simón solicitó refugio en Uruguay por entender que es víctima de una persecución política en su país.

El procedimiento fue aprobado por mayoría y hubo dudas de los parlamentarios sobre cómo se registró. En la sesión estuvo presente Rodríguez Simón, pero no votó. Lilia Puig y Walter Nostrala, de Juntos por el Cambio, se abstuvieron por entender que antes de aprobar este procedimiento se debería acordar y votar un Código de Ética. “Esta decisión es un mal precedente”, advirtió Puig.

Rodríguez Simón solicitó hablar luego de la votación. Sostuvo que primero debería votarse un Código de Ética. “No se puede hacer un procedimiento que no cumple los estándares de legalidad que exige la normativa del Mercosur”, afirmó.

El documento votado este miércoles consta de seis puntos. Primero se establece que el presidente de la Comisión de Presupuesto y Asuntos Internos del Parlasur deberá convocar a una sesión urgente para tratar el asunto. El trabajo de la comisión será de carácter público. Se indica, en tercer lugar, que la comisión recibirá hasta dos de los denunciantes para que fundamenten de forma oral el planteo.

La comisión convocará después al parlamentario objeto del procedimiento a efectos de que realice sus descargos. El parlamentario objeto de la denuncia podrá comparecer asesorado por un abogado y ofrecer prueba.

Cumplidas estas etapas, la comisión procederá a analizar el caso planteado y a designar al miembro o a los miembros redactores del o los informes que se aprueben.

Por último, será el pleno del Parlasur el que deberá resolver por una mayoría especial sobre el asunto.

"Se va a respetar el derecho a la defensa de Rodríguez Simón"

El diputado y presidente del Observatorio de la Democracia del Parlasur, Oscar Laborde, habló con Tarde a Tarde a poco de terminada la sesión y se refirió a la situación del exasesor de Mauricio Macri. "Ahora el día de hoy lo que se trató es cómo va a ser el procedimiento para su juzgamiento. Fabián Rodríguez Simón y cuatro radicales votaron en contra. La condición de prófugo lo pone en una situación de gran debilidad. Por supuesto que en el proceso se va a respetar el derecho a la defensa, derecho a la defensa que él muchas veces impidió para quienes perseguía", expresó.

Fabián "Pepín" Rodríguez Simón participó este miércoles por la tarde de la sesión del Parlasur en la que se aprobó el procedimiento para analizar su posible expulsión como parlamentario y pidió "rever el código de ética" para que se defina de qué se lo acusa. El exasesor del gobierno de Mauricio Macri permanece en Uruguay, tras haber pedido asilo político para impedir que se concrete su indagatoria en la causa que investiga las "mesas judiciales". Tiene un pedido de captura nacional e internacional y declarado por la jueza federal María Servini en "rebeldía".

"¿La falta de decoro qué es? ¿Colgarse de la luz de otro? ¿Usar las influencias? Hay que definir cuál es la conducta. Si se hiciera esto, tendríamos un código de ética que defina qué es la falta de decoro, tendríamos el tipo de sanción y de procedimiento a aplicar con lazos ciertos, algo que este no tiene", señaló el exasesor macrista en la asamblea.

"El acusado debe saber de qué se lo acusa y tener tiempo para defenderse, algo de lo que habla el Pacto de San José de Costa Rica. No hay código de ética que determine cuál es la conducta punible y cuáles son las penas", dijo el parlamentario, quien integra el Parlasur por la alianza Juntos por el Cambio.

Además, a Rodríguez Simón se le imputa presionar bajo amenaza de ahogo financiero a los dueños del canal de noticias C5N, del mismo Grupo Indalo.

"Que trasciendan estas serie de barbaridades contra el Pacto de San José de Costa Rica es una cosa que no sería buena para nadie. Yo no sé por qué están pidiendo mi remoción. El procedimiento es lo que importa. Les pido rever esta decisión, porque lo que se está haciendo es de una gravedad inusitada", cerró su exposición.

La política santafesina atraviesa una fuerte polémica a raíz del intento por parte de algunos legisladores opositores de impedir que el exministro de seguridad provincial, Marcelo Sain, vuelva a asumir como jefe del organismo de investigaciones que trabaja con los fiscales en los delitos complejos de la provincia. La oposición local, sobre todo el socialismo, busca llevar al funcionario a un juicio político. Al respecto, IP Noticias Edición Central conversó con el periodista de SinEse Info Juan Manuel Berlanga, quien dio detalles sobre los intereses detrás de la jugada política.

"La oposición que existe en Santa Fe al gobierno de Omar Perotti hoy se quiere llevar puesto a Marcelo Sain. Un hombre que impulsó algunas investigaciones como las del juego clandestino, que terminaron echando al jefe de los fiscales de Rosario y echando a su segundo. Están los dos presos involucrados en la protección del juego clandestino", expresó el periodista.

Sain renunció como ministro de Seguridad y pretende volver al lugar donde trabajaba antes de ser ministro de Perotti, al frente del organismo de investigaciones que trabaja con los fiscales en los delitos complejos. "Sain era el director de ese organismo, dejó de ser ministro, volvió a ser director de este organismo y desde la oposición se busca, en un hecho bastante inédito, sancionarlo para expulsarlo y que no pueda ocupar ese lugar. El Poder Legislativo buscando sancionar al Poder Judicial", agregó Berlanga.

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El fiscal federal Ramiro González imputó al expresidente Mauricio Macri por el supuesto ocultamiento de parte de su patrimonio cuando llegó a la Presidencia de la Nación. La disposición está relacionada a un delito vinculado en el Código Penal al de enriquecimiento ilícito, en el marco de una denuncia presentada la semana pasada por la Oficina Anticorrupción (OA) que encabeza Félix Crous.

En ese contexto, el representante del Ministerio Público Fiscal a cargo de la investigación dio impulso a la denuncia y dispuso las primeras medidas de prueba, según informaron fuentes judiciales. La OA denunció a Macri el 17 de junio por presunto ocultamiento malicioso de parte de su patrimonio, y lo acusó de haber protagonizado movimientos accionarios entre sociedades ficticias y socios inexistentes para dar apariencia de legalidad a dinero que pudo haber sido conseguido de forma espuria.

La denuncia, elaborada a instancias de un informe confeccionado por la Inspección General de Justicia (IGJ), alertó sobre la posibilidad de que el exmandatario hubiera incurrido en los delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Según la denuncia, Macri habría mentido cuando declaró poseer el 14% de las acciones de la empresa AGRO G cuando en realidad tenía el 20%, y además, omitió haber adquirido la titularidad de más de 5 millones de acciones preferidas de la firma.

El expolicía Derek Chauvin fue condenado este viernes en Minneapolis, EE. UU., a 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato de George Floyd, ocurrido en mayo de 2020, de los que cumplirá, al menos, 15 años en prisión efectiva. El juez Peter Cahill leyó la sentencia en una sesión celebrada en el tribunal del condado de Hennepin, donde Chauvin fue hallado culpable en abril por un jurado del asesinato de Floyd.

Durante la sesión, el exefectivo, quien apoyó su rodilla sobre el cuello del afroamericano durante más de 9 minutos hasta matarlo, le envió sus condolencias a la familia. "Habrá información en el futuro que podría ser de interés y espero que les dé, de alguna manera, paz mental", precisó Chauvin.

Estas son las primeras palabras que se escuchan de Chauvin en el juzgado después de que se negara a declarar durante el juicio que duró seis semanas entre marzo y abril pasado. Habló después de que la familia de Floyd, la Fiscalía, la defensa y su propia madre ofrecieran unas palabras en esta sesión, antes de escuchar la sentencia. El exagente permaneció en todo momento sentado en el banquillo de los acusados llevando un barbijo contra el COVID-19, y cuando todos terminaron de hablar se acercó al estrado y se quitó el tapabocas para dar su declaración.

El expolicía fue declarado culpable por un jurado en abril de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, Chauvin no tiene antecedentes penales y la legislación estatal indica que, para una persona en esa condición, la sentencia presunta por homicidio en segundo y tercer grado es de 12 años y medio.

Los fiscales que investigan la causa de la muerte de Diego Armando Maradona indagarán al psicólogo Carlos Ángel Díaz, considerado parte del "equipo médico tratante" del Diez. En total son siete los profesionales de la salud acusados de "homicidio simple con dolo eventual". A Díaz se lo acusa de "omitir realizar las visitas y el seguimiento del paciente en tiempo y forma" además de "manipular" a la familia del astro del fútbol. "Su poder de decisión sobre la persona de Diego Armando Maradona trascendió lo puramente médico, para extenderse a las relaciones del paciente con sus familiares", indicaron desde la fiscalía.

Por su parte la psiquiatra Agustina Cosachov, una de las más complicadas en la causa junto al neurocirujano Leopoldo Luque, declarará este viernes a partir de las 12:00. Cosachov está acusada de no adoptar los "recaudos adecuados" según las necesidades clínicas del paciente y de no tener en cuenta la patología cardíaca previa que presentaba Maradona. También la acusan de falsedad ideológica, por presuntamente falsificar una firma de Maradona, en octubre del año pasado.

 

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación, Elizabeth Gómez Alcorta, habló en IP Noticias Edición Central sobre la judicialización en contra de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), el índice de femicidios y la situación judicial de la dirigente de la organización Tupac Amaru Milagro Sala.

"En estos seis meses, desde la sanción de la Ley, hubo cerca de 30  planteos en contra y ninguno prosperó.  Lo que buscaban centralmente es impedir su aplicación", remarcó la funcionaria en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Respecto a los números de femicidios, contó que hace 20 años que las cifras no bajan y explicó que dentro de las intervenciones estatales hay en general "tres o cuatro errores groseros". "El único modo de que baje esta tasa de femicidios es haciendo intervenciones eficientes cuando una mujer se acerca a pedir ayuda", aseguró la ministra.

En ese sentido, Gómez Alcorta contó que están trabajando en integrar la información, ya que no hay un sistema de vinculación entre denuncias de una misma persona o hacia una persona en común de dos denunciantes distintos. De esta forma, también podrán medir el riesgo: "En la Provincia de Buenos Aires hubo en 2020 109 mil denuncias de género. Es obvio que el sistema no tiene forma de procesar esa cantidad", dijo. De esta forma podrían prever y actuar sobre las urgentes.

La ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad también se refirió al Programa Acompañar que  durante 6 meses acompaña a las mujeres víctimas de violencia de género con un apoyo económico equivalente al salario mínimo vital y móvil y actualmente asiste a 23 mil mujeres en todo el país. Además, la provincia o municipio acompaña con apoyo psicosocial.

Consultada sobre la situación judicial de la dirigente jujeña Milagro Sala y las posibilidades que tiene el Gobierno Nacional de intervenir, Gómez Alcorta sostuvo: "Cuando las causas son provinciales, el único que tiene posibilidad de dictar un indulto es el gobernador de esa provincia".

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El vocero de la organización Tupac Amaru, Alejandro Garfagnini, analizó en IP Noticias Edición Central la condena de Milagro Sala en el caso de escrache a Gerardo Morales. "En Jujuy no existe la Justicia, ese es el problema. Se tiene que terminar el hostigamiento de Morales a Milagro Sala porque es una presa arbitraria, ilegal y política", dijo en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Garfagnini destacó el apoyo recibido de parte del movimiento obrero y organismos de Derechos Humanos así como también allegados y funcionarios del oficialismo. "Lo que necesitamos es la decisión del presidente de la república, que ya ha dicho reiteradas veces que Milagro es una presa política, en línea con lo que dijo todo el sistema interamericano de DD.HH, una acción concreta para la libertad de Milagro", expresó el vocero.

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Eduardo Tavani, abogado e integrante del Comité por la Libertad de Milagro Sala, conversó en Tarde a Tarde sobre la condena a la dirigente de la organización jujeña Tupac Amaru en la causa en la que se la acusa de escrache contra el gobernador Gerardo Morales, previo a las elecciones en su provincia. "Gerardo Morales no era gobernador en ese momento, era senador Nacional por la provincia y fue un suceso en el que Milagro no estuvo, no participó y no tuvo anda que ver. No obstante lo cual, desde 2015 Jujuy no tiene Estado de Derecho y se convirtió en un ensayo exitoso de persecución y criminalización", comentó dijo en diálogo con Agustina Diaz e Ignacio Corral.

Al respecto, contó que el Tribunal Federal de Jujuy falló contra Milagro en esta causa con 3 años y medio de prisión, en lo que considero como "un bochorno". "Está para registrar en los anaqueles del derecho como un escándalo jurídico", expresó Tavani. “La causaba está prescripta, está caduca. Por eso fuimos a denunciarlo al Consejo de la Magistratura", explicó.

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

Tras la mediación entre el presidente Alberto Fernández y la titular del PRO, Patricia Bullrich, Gregorio Dalbón, abogado del líder del Frente de Todos, aseguró en Somos PM que "nadie más va a poder difamar al presidente". La audiencia entre los dos dirigentes concluyó este viernes al mediodía sin acuerdo entre las partes, por lo cual el mandatario demandará ante la justicia civil por "difamaciones" a la exministra de Seguridad, quien afirmó en los medios que el Gobierno Nacional había buscado obtener supuestos retornos para conseguir la llegada a la Argentina de la vacuna contra el coronavirus elaborada por el laboratorio Pfizer.

Gregorio Dalbón, quien acompañó al presidente en la audiencia, aseguró en diálogo con Pía Slapka, Anita Sicilia y Maximiliano Legnani que "a las personas que hablaron de envenenamiento" también las van a denunciar. Esto lo dijo en alusión a los dichos de Elisa Carrió y agregó: "No se puede especular con muertos ni pandemia, ni decir que un presidente envenena a la nación".

"No solamente vamos a hacer el juicio a Patricia Bullrich, sino que a quienes dijeron que estaban envenenando gente. Nadie más va a poder difamar al presidente. Vamos a denunciar a los cuatro denunciantes de la causa por envenenamiento. Se puede decir cualquier cosa de Alberto, pero es un hombre honesto y probo", agregó.

Somos PM se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 14 a 17, con la conducción de Pía Slapka, Maximiliano Legnani y Anita Sicilia.

La dirigente social Milagro Sala, denunció la corrupción de sectores del poder del Gobierno jujeño, encabezado por el gobernador Gerardo Morales. "Cuando alguien levanta la voz en Jujuy, lo llenan de causas. Morales tiene la complicidad de jueces, fiscales, policía provincial y de un sector de periodistas que cobran pauta", declaró en Imagen Positiva. 

La denuncia se dio en el marco de la sentencia del Tribunal Oral Federal de Jujuy en contra de Sala, a 3 años y medio de prisión. Esta causa comenzó en 2009, con la acusación de Morales por daños y amenazas, en un escrache del que habría participado la líder de la Túpac Amaru. "Cuando se le hizo el escrache a Morales, yo no estaba presente en San Salvador del Jujuy. El único testigo que tenía Morales, a los días salió con una camioneta 4x4 y hoy es funcionario del gobernador. Removieron una causa de hace 12 años y me dictaron una sentencia de 3 años y seis meses", comentó en declaraciones exclusivas a IP. 

Además, Sala remarcó la impunidad del accionar judicial en la provincia. "Como puedo pedir justicia cuando los jueces y fiscales son amigos o parientes de Morales"; y volvió a remarcar la falta de libertad y persecuciones vividas en territorio jujeño. “En Jujuy vivimos un gobierno dictatorial que se convirtió en un narcoestado donde ningún opositor se atreve a levantar la voz".  Por último, solicitó ayuda al Gobierno Nacional para "que vuelva a reinstalar la democracia judicial en la provincia".