El pleno de la Corte Suprema de Brasil juzgará desde el próximo jueves dos recursos que piden la suspensión de la Copa América, cuyo comienzo está previsto en ese país el domingo 13 de junio, informó hoy el presidente del tribunal, Luiz Fux. Los ministros analizarán las solicitudes presentadas por la Confederación Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y por el Partido Socialista Brasileño (PSB) para prohibir competencias internacionales mientras dure el aislamiento social causado por la pandemia COVID-19.

Según el documento del PSB, "la intensa circulación de extranjeros entre los estados brasileños -consecuencia evidente del torneo- favorece que no sólo la propagación del virus en lugares que ya estaban experimentando una dificultad extrema para contener el virus, pero también fomenta la entrada de nuevas variantes ". 

El proceso será informado por la ministra Carmen Lúcia, que presentó la orden y es ponente de una de las actuaciones sobre el concurso. Según informó el propio tribunal, el juicio se desarrollará de forma virtual y los once miembros de la corte tendrán un plazo de 24 horas para pronunciarse en las plataformas digitales de la institución, por lo que el fallo sería expedido el viernes.

La Copa América, programada para comenzar el día 13, se llevará a cabo en Brasil luego de que Colombia y Argentina renunciaran a albergar el evento. El último lunes, el Ministerio de Salud presentó los protocolos sanitarios para el torneo, que incluye pruebas cada 48 horas. En la primera fase participarán diez delegaciones, que suman unas 650 personas, entre jugadores y comités técnicos, según la carpeta. El ministro de Salud de Brasil, Marcelo Queiroga, afirmó este martes que la celebración de la competición no supone "riesgos" para la población, pues los protocolos sanitarios que han sido elaborados para el evento "son seguros".

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales reforzó la presión judicial sobre la figura de Milagro Sala y solicitó la pena máxima de prisión efectiva por siete años. La solicitud fue requerida en el marco de una causa por daños y amenazas iniciada por el entonces senador contra la dirigente social en 2009. La defensa de Sala denunció la imparcialidad de la Justicia jujeña en favor del gobernador y pidió la prescripción de la causa por la supuesta agresión. La Justicia rechazó el pedido e inmediatamente recibió la solicitud de Morales demandando la prisión efectiva en una cárcel común. "Milagro Sala es el paradigma de persecución política a una dirigente social enorme", declaró la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Eli Gómez Alcorta, respecto a la prisión domiciliaria que cumple Sala. 

La dirigente de la Tupac Amaru afirmó en declaraciones a la prensa local que busca “terminar el avasallamiento de los jueces hacia el gobierno” y lograr una democracia plena. Además, remarcó la importancia de una reforma judicial para lograr que “los jueces y fiscales dejen de pertenecer a un partido político”. Los magistrados Mariano Borinsky, Juan Carlos Gemignani y Gustavo Hornos rechazaron los recursos de la defensa de Sala, confirmando la sentencia dictada el 22 de junio de 2017, que la condenó a tres años de prisión en suspenso por considerarla coautora e instigadora de daño agravado.

El titular del Juzgado Federal N°4 de Mar del Plata, Alfredo Eugenio López, hizo lugar este lunes a una medida cautelar y ordenó al Estado Nacional que suspenda la aplicación de la Ley 27.610, por considerar que la ley viola la protección integral de la vida desde la concepción.

López argumentó su disposición con una sentencia de la Corte Suprema de 1980 que refería que “la vida es el primer derecho de la persona humana que resulta reconocido y garantizado por la Constitución Nacional”, con relación al pedido de unos padres para que se trasplante un riñón de una hija menor a otro hijo de la pareja.

No obstante, también hizo mención a un hecho reciente: se trató del fallo de la Cámara de Apelaciones de la Justicia de San Juan, el cual ordenó a una mujer que se abstenga de practicar la interrupción del embarazo que estaba transitando, así como la decisión de una jueza de la ciudad de Resistencia (Chaco) que ordenó suspender la vigencia de la ley 27.610, pero que fue revocada.

"Un número imponderable de niñas y niños por nacer pueden sufrir su muerte desde este mismo momento (durante la IVE) y la sentencia definitiva que se dicte en la presente acción no podrá remediar su situación en virtud del tiempo transcurrido en la sustanciación del caso de autos", escribió el magistrado en el texto.

Por otro lado, también consideró que en razón del "interés superior del niño" y la legitimación que la Ley 26.061 le reconoce a cualquier ciudadano para "iniciar una acción judicial para su protección", se encontraban reunidos los requisitos para la configuración de un caso contencioso. Además, declaró la inconstitucionalidad de la Ley N° 26.854 de Medidas Cautelares contra el Estado por entender que la misma atenta contra la división de poderes y la tutela judicial efectiva.

"El Protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo afectan y ponen en peligro la vida, dignidad y derecho del niño por nacer, como de su madre gestante”, agregó.

La Justicia de Uruguay resolvió suspender el pedido de extradición del ex asesor judicial de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, hasta que quede firme su calidad de refugiado, según el documento judicial. Tras la presentación de Rodríguez Simón ante la Justicia por el pedido de extradición solicitado por la jueza María Servini, informaron también que el imputado deberá constituir el domicilio en ese país, entregar los pasaportes que pueda tener en su poder y se dispuso la prohibición de salida del país, concediéndole un plazo de 24 horas a los efectos de dar cumplimiento a dichas obligaciones que estén dentro de su actuación.

Al concluir, solicitaron a la Oficina Actuaria proceder a desglosar todas las actuaciones que están dentro del expediente, reservando la autorización judicial a la Dra. Chamsarián. Rodríguez Simón había presentado su pedido de ser considerado refugiado político ante la Comisión de Refugiados, presidida este año por la cancillería uruguaya, pero la definición pasó a manos de la Justicia luego de que la jueza María Servini enviara un exhorto a ese país para reclamar la detención y extradición. Chamsarian quedó a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugio para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por Servini, según indicaron fuentes de la justicia y la diplomacia uruguaya. 

El juez santafesino, Rodolfo Mingarini dejó libre a un hombre acusado de abuso sexual con el argumento principal de que el imputado se colocó un preservativo para realizar el acto. Según el fallo, al magistrado no le pareció "lógico" que el atacante tuviera tiempo de ponerse un profiláctico "cuando estaba sometiendo" a la víctima. Además, Mingarini admitió que, si bien pudo tratarse de una "relación forzada", se amparó en su opinión personal, dejando de lado los informes forenses que confirmaron "lesiones compatibles" con el abuso. La Mesa Ni Una Menos Santa Fe repudió el fallo y recordó que el juez presenta antecedentes de haber liberado a otro hombre imputado por golpear y prender fuego a su ex pareja. En aquella ocasión, el magistrado descartó la detención para "preservar la seguridad de la víctima". 

“No puedo relacionar ni entrar en la lógica de colocarse el profiláctico para tener esta relación cuando tiene que estar sometiendo a la víctima”, explicitó Rodolfo Mingarini en el fallo. La fiscal Celeste Minitti, que llevó adelante la investigación, pidió medidas de restricción a la libertad del acusado para evitar daños en la integridad de la víctima. El hecho había ocurrido al norte de la ciudad de Santa Fe, en el momento que la víctima fue atacada por un albañil que estaba trabajando en una obra en construcción.

El exasesor judicial de Cambiemos Fabián "Pepín" Rodríguez Simón deberá presentarse este jueves a las 14:30 ante la Justicia de Uruguay por el pedido de detención y extradición realizado por la jueza María Servini. La citación fue concretada por la magistrada uruguaya de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, confirmaron fuentes judiciales de ese país.

Es parte del proceso de extradición, aunque sus abogados no verían indicios de que fuera a ser detenido, explicaron las mismas fuentes. El periodista uruguayo Fabián Cardozo informó a través de su cuenta de Twitter que en el encuentro le preguntarán "si quiere entregarse o no". La jueza Chamsarián será quien quede a cargo de las tres definiciones claves del proceso: primero tendrá que resolver el pedido de refugio, para pasar a fallar sobre la detención y la extradición solicitadas por la jueza Servini.

Si bien se espera que resuelva el pedido de refugio en un plazo inferior al que se habría tomado la Comisión de Refugiados, que tiene un máximo de 90 días, la ley que regula este procedimiento establece que la magistrada le pida un informe a la Comisión antes de adoptar una resolución. En simultáneo, este jueves, los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos del Parlasur evaluarán la situación de Rodriguez Simón, quien sigue prófugo de la Justicia argentina, y decidirán si lo expulsan o no como miembro de la asamblea.

Los integrantes de la Comisión de Asuntos Internos del Parlasur evaluarán la situación de Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que sigue prófugo de la Justicia argentina en Uruguay, donde pidió asilo político. Amigo y asesor del expresidente Mauricio Macri, fue uno de los operadores judiciales del macrismo durante el gobierno de Cambiemos y uno de los integrantes de la llamada "Mesa Judicial".

El miércoles de la semana pasada, en el plenario del Parlasur, avanzó un pedido para expulsar al representante de Juntos por el Cambio después de haberse profugado en Montevideo para evitar ser indagado por la jueza María Servini en una causa por extorsión y hostigamiento contra los dueños del Grupo Indalo. Ese pedido lo presentaron los parlamentarios del Frente de Todos y del Bloque Argentina Federal.

El trámite de la extradición de Rodríguez Simón está en el despacho de la jueza de Uruguay Adriana Chamsarian, quien espera esta resolución de los parlamentarios del Mercosur.

El expresidente de la Nación y líder de Juntos por el Cambio, Mauricio Macri, se pronunció en su cuenta de Twitter luego de conocerse la sentencia del Tribunal Oral de Menores número 2, que condenó al expolicía Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc. "Día triste para la Justicia argentina, que hoy condenó al policía Luis Chocobar por cumplir con su tarea de proteger a los ciudadanos de los delicuentes", expresó.

Esta es la segunda sentencia que recibe el imputado, ya que la primera fue la pena por 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El exefectivo mató a Pablo Kukoc, el 8 de diciembre de 2017, a pocos metros de Caminito. Un joven de 18 años tras haber robado y atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

El 1° de febrero de 2018, a pocos días de ocurrido el hecho, Macri recibió en la Casa Rosada a Chocobar, en lo que significó un fuerte respaldo para el entonces policía. "Estoy orgulloso de que haya un policía como vos, al servicio de los ciudadanos", dijo tras el encuentro el entonces presidente de la Nación.

Este viernes, el Tribunal Oral de Menores número 2 condenó a Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc. Esta sería la segunda sentencia que recibe el imputado, ya que la primera fue la pena por 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El abogado Fernando Soto, en diálogo con Tarde a Tarde, dio su parecer respecto al accionar de la Justicia.

“Estoy con tristeza por la justicia que tenemos, con las pruebas que había donde se acreditaba que él había obrado bajo la ley y cumpliendo los protocolos, la fiscal no pudo explicar porqué se había excedido”, declaró el abogado. “Es una pena chiquita pero le arruina la vida, él es policía y con una condena, si queda firme, no puede trabajar más, lo van a echar” sumó, refiriéndose al impacto de la medida sobre la vida del oficial. “Los jueces optaron por la cómoda”, dijo respecto a la decisión tomada por el Tribunal. Además, agregó: “Los policías dudaban antes de obrar, ahora después de confirmarse el precedente Chocobar no van a querer disparar”. 

“Esto es un fallo político, no jurídico”, argumentó el abogado e hizo referencia al resultado de los peritajes consultados por la defensa, “fue de derecha a izquierda y en el flanco derecho, el tiro no fue por la espalda”, manifestó en relación a las declaraciones hechas por la fiscal. "Hasta que no tenga sentencia firme, no lo pueden despedir y el sigue siendo policía" aclaró el abogado en relación a la imposibilidad que tiene el acusado de ejercer sus funciones.

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

El Tribunal Oral de Menores número 2 condenó este viernes a Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc. Esta es la segunda sentencia que recibe el imputado, ya que la primera fue la pena por 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El exefectivo mató a Pablo Kukoc, el 8 de diciembre de 2017, a pocos metros de Caminito. Un joven de 18 años tras haber robado y atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.

Pablo Rovatti, el abogado de la familia de Kukoc, declaró ante la prensa: "Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo, que esto está prohibido y es delictivo." La condena efectuada por la Justicia impide que, por un lado, Chocobar siga ejerciendo su cargo policial y, a su vez, se le impide absolutamente la portación de armas. "Para lo cual evidentemente no estaba capacitado", agregó Rovatti. "Esto es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad". El abogado, sin embargo, se mostró inconforme ante el falló y consideró la condena como “demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio”. La carátula "en suspenso" determina la no efectividad de la prisión. Es decir, que Chocobar no iría preso por el momento (al menos por 5 años). En general, las condenas que son menores a tres años de prisión se reconocen "en suspenso", esto significa que la Justicia cree que no es necesario que el acusado vaya detenido, mientras el mismo cumpla con una serie de condiciones que deberá cumplir para mantener, justamente, en suspenso esa situación.

Susana Pernas, la fiscal del juicio, mantuvo que Chocobar era autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber” y, en consecuencia, pidió tres años de prisión en suspenso. Sin embargo, la querella solicitó una pena de prisión perpetua y el delito que le imputó fue el de “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. Previamente, la fiscal había pedido 18 años de prisión para el menor acusado. El juicio llegó a su fin luego de ocho meses. Aunque sufrió de varias interrupciones por la pandemia. Antes del aislamiento, la defensa del policía acusado planteo la posibilidad de realizar un juicio por jurados, algo que en la Ciudad de Buenos Aires no está regulado.

El policía bonaerense Luis Oscar Chocobar fue sentenciado a la pena de 2 años de prisión (en suspenso) y de 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado de un de un asaltante que había acuchillado a un turista en La Boca en 2017. La fiscal de la causa, Susana Pernas, había subrayado ante el Tribunal  Oral de Menores Nº 2 que la muerte a balazos del delincuente fue cometida con "exceso en el cumplimiento de un deber". El abogado querellante, Pablo Rovatti, quien representa a la madre de Kukoc y es integrante del Programa de Asistencia y Patrocinio Jurídico de Víctimas de Delitos de la Defensoría General de la Nación, había pedido a la fiscal la máxima condena considerando el caso como un acto de "gatillo fácil"

La Justicia uruguaya trabaja en el pedido de extradición y detención del ex asesor de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, solicitado por la jueza argentina María Servini de Cubría. Simón se encuentra en el país vecino con asilo político y a la espera de la resolución para ver si será juzgado en Argentina por extorsión y asociación ilícita. El periodista Fabián Cardozo, corresponsal desde Uruguay, dialogó al respecto con Alejandra Martínez para IP Noticias. "Son horas claves para la definición judicial de Pepín Rodríguez Simón; hoy será trasladado ante la jueza de Crimen Organizado para ser informado de su situación judicial. Seguramente lo informarán de su situación y el fiscal decidirá sobre su detención en el territorio uruguayo", explicó Cardozo. 

Además, el periodista analizó el pedido de asilo político que "Pepín" solicitó en territorio charrúa. "Hay pocas posibilidades de que le otorguen el asilo político; el Gobierno uruguayo le informó al embajador argentino Alberto Iribarne, que no se va a demorar el pedido de extradición. Por fuentes cercanas a la Comisión para los Refugiados (CORE), que es la encargada de tramitar los asilos, no habría elementos para comprobar que Simón sea un "refugiado político", resumió. 

El diputado por el Parlasur Oscar Laborde conversó en Tarde a Tarde sobre el caso Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, luego de que este no se presentara al plenario virtual del Congreso del Mercosur.

"El está prófugo: es una cosa indecorosa, inmoral y grave que un parlamentario, que ha jurado cumplir la constitución y toda la reglamentación del Mercosur, huya de la Justicia. Además, se lo acusa no solo de extorsionar a opositores, sino que se lo acusa de extorsionar para quedarse con las propiedades", destacó Laborde al explicar el por qué buscan ahora la expulsión del parlamentario de Cambiemos.

Respecto a la sesión, remarcó que él tenía la posibilidad de asistir porque sigue siendo legislador y fue citado por el mismo medio que todos a la sesión virtual: "Es un hombre de confrontar poco cuando no tiene la seguridad de no tener la supremacía".

Laborde tildó a "Pepín" de "cobarde" en su labor parlamentaria: "Presumía mucho su poder sobre la justicia" y "agredía con chicanas". "Era una oportunidad importante porque él podía explicarle a sus pares parlamentarios, incluso a los que piensan como él, su descargo que hizo en un medio grafico el domingo pasado", agregó.

El diputado también recordó que Rodríguez Simón estuvo a cargo de la Unidad de Control del Espacio Público (UCEP): "Debía atender a la gente que estaba en situación de calle y lo que hacía era quemarle los colchones, la ropa... Presumía que llegaba en 4x4, con vidrios polarizados y sin patente a dirigir las operaciones".

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

El pleno del Mercosur aprobó este miércoles girar a la Comisión de Asuntos Internos la petición de pérdida de mandato del exasesor judicial de Cambiemos Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, que se encuentra prófugo de la Justicia argentina en Uruguay.

Por unanimidad, los parlamentarios del Parlasur decidieron que se proceda a debatir la continuidad del segundo mandato de Rodríguez Simón que comenzó en diciembre de 2019 y tiene vigencia hasta diciembre de este año. El primer mandato había sido de diciembre de 2015 a diciembre del 2019.

La justicia uruguaya recibió este martes la orden de detención y extradición por parte de los tribunales argentinos. La decisión de buscar refugio en Uruguay fue informada por el propio imputado a través de distintas entrevistas televisivas, pero además fue notificada de manera formal por su abogado ante el juzgado de María Servini, que entendió ese movimiento como un intento de evadirse de la justicia.

Fue en ese contexto que la magistrada declaró a Rodríguez Simón en "rebeldía" y ordenó su captura nacional e internacional para someterlo a indagatoria tras considerar que la exclusiva decisión del imputado evidenciaba su "voluntad de no someterse a la jurisdicción de este Tribunal y sustraerse del accionar de la justicia".

Además, el pleno del Mercosur votó por avanzar también con la destitución del parlamentario paraguayo Celso Troche, acusado de haberse vacunado de manera irregular contra el coronavirus.

La Justicia de Uruguay está trabajando con prontitud en el pedido de detención y extradición del exasesor de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que hizo el juzgado de María Servini. Antes de expedirse sobre esa solicitud deberán decidir si consideran o no "refugiado" al diputado del Parlasur.

La Cancillería uruguaya remitió este lunes al gobierno de ese país el exhorto que solicita la detención y extradición de Rodríguez Simón. Como él mismo apareció en medio de la solicitud de refugio, ese último pedido pasará directamente al juez, quien deberá expedirse. 

En caso de rechazar la solicitud, proceso que podría tardar un tiempo, se iniciará un estudio más a fondo sobre la extradición. El exasesor informó a través de entrevistas televisivas su decisión de buscar refugio en Uruguay y, de seguir las vías habituales del trámite, la decisión iba a conllevar un máximo de 90 días, aseguraron las fuentes.

Tras la solicitud del estatus de refugiado, la jueza Servini lo declaró en “rebeldía” y ordenó su captura nacional e internacional para someterlo a indagatoria, solicitud que aún no fue aprobada por Interpol y, en caso de hacerlo, debería lanzar una alerta roja para que se detenga al imputado en cualquier parte del mundo.

Por su parte, la Comisión de Refugiados (CORE) recibió la instrucción política de evaluar lo antes posible la situación de Rodríguez Simón. Para conseguir el estatus debe demostrar que en Argentina "no va a tener un juicio justo", lo que, según fuentes judiciales uruguayas, sería difícil, ya que se considera que en Argentina hay democracia y garantías. Además de que dar lugar al pedido podría afectar las relaciones entre el presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, y su par argentino, Alberto Fernández.

Mientras tanto, la jueza uruguaya de Crimen Organizado, Adriana Chamsarian, analiza la posibilidad de la detención y extradición. Si bien ahora debe intervenir Fiscalía, todavía no informaron quien tomará ese rol. Los argumentos que la justicia argentina expone refieren que Rodríguez Simón “se dio a la fuga del territorio y manifestó su intención de no someterse a la jurisdicción del país”, por lo que piden se atienda con urgencia.

A fines de la semana pasada, la Justicia penal de Montevideo rechazó una solicitud de habeas corpus que había presentado el exasesor, que de haber sido aprobada le hubiera permitido evitar una eventual detención en ese país. La resolución estuvo a cargo del juez letrado de primera instancia en lo Penal, Marcelo Malvar, ante quien Rodríguez Simón había interpuesto un segundo habeas corpus, en el que se definió como "víctima de persecución política" y dijo que la Justicia argentina buscaba detenerlo arbitrariamente.

Rodríguez Simón está citado a declarar el 17 de junio como acusado en un proceso por los delitos de extorsión y asociación ilícita ante la jueza Servini y el fiscal Guillermo Marijúan. Él y otros funcionarios del gobierno anterior fueron acusados de liderar una serie de maniobras, a través de la denominada “Mesa Judicial”.

El juez Federal Ariel Lijo reabrió la causa penal que investiga presuntas irregularidades en la construcción de jardines de infantes durante el gobierno de Mauricio Macri, luego de una presentación realizada por la Oficina Anticorrupción (OA). El organismo que conduce Félix Crous analizó información aportada por el Ministerio de Educación y llegó a la conclusión de que se pagaron 62 millones de dólares para la realización de 93 establecimientos que nunca se terminaron.

El diario Página/12 pudo acceder a un escrito del fiscal Ramiro González en el que solicitó darle un nuevo impulso a la investigación: "Deberá profundizarse la pesquisa a fin de determinar si existieron irregularidades respecto al recupero de anticipos, recupero de acopios, ejecución de garantías, acciones sumariales y resguardo de obras en el marco de las licitaciones públicas internacionales. Se vislumbran nuevos elementos que ameritan la realización de otras medidas probatorias".

El Plan Nacional 3000 Jardines fue presentado en 2016 por el entonces presidente Mauricio Macri. Se estipulaba la construcción de 3000 establecimientos con salas de 3 a 5 años para que 700 mil niños y niñas pudieron acceder a la educación. Solo fueron licitados 292 de los cuales ninguna obra finalizó y 93 quedaron a mitad de camino.

Al cumplirse el primer aniversario del asesinato de George Floyd a manos de un policía blanco, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, recibió este martes a la familia del joven en la Casa Blanca. Philonise, hermano de Floyd, sostuvo tras la reunión que espera que se promulgue la reforma policial y le pidió al mandatario demócrata "más leyes para proteger a las personas de color".

"Si se pueden hacer leyes federales para proteger al ave nacional y al águila calva, también se pueden crear leyes federales para proteger a las personas de color", manifestó el joven.

Respecto a la reunión privada de parte de la familia con Biden y la vicepresidenta Kamala Harris, Philonise señaló que ambos funcionales les "hablaron desde el corazón" en la fecha en que se conmemora el primer aniversario del asesinato del hombre afroamericano y que revivió las polémicas por la brutalidad policial.

"Estamos agradecidos por lo que está sucediendo y solo queremos que esta Ley George Floyd se apruebe en el futuro", agregó.

Tras la reunión, Biden emitió un comunicado: “Aunque pasó un año desde que su amado hermano y padre fue asesinado, para la familia, para cualquier familia que experimente una pérdida profunda el primer año todavía puede parecer que recibieron la noticia hace unos segundos. Y han tenido que revivir ese dolor de aquellos horribles 9 minutos y 29 segundos”.

El laboratorio Pfizer desmintió a la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, que había denunciado una supuesta demanda de coimas de parte del Gobierno Nacional en la provisión de vacunas contra el COVID-19. Al respecto, Gisela Marziotta, Diputada Nacional por el Frente de Todos, dialogó acerca de esta situación con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo para IP Noticias: “Lo que pasó ayer es una aberración total y absoluta; de una irresponsabilidad que no tiene límites. Se trata de generar miedo a través de la mentira. Lo que dijo Bullrich no tiene sustento alguno porque ya salió Pfizer a desmentirla y también porque sabemos quién es Ginés González García", declaró Marziotta, sobre el caso que ya fue presentado en la Justicia por calumnias, denunciado por el presidente Alberto Fernández. 

La funcionaria salió al cruce de los dichos de Bullrich, cuestionando su accionar como intencionado. "La mentira es violencia y más en un contexto de pandemia; una guerra contra un virus. En ese escenario, esta señora, tiene la irresponsabilidad de seguir generando este tipo de situaciones y lo grave es que lo instala dentro de las casas de las personas. Del otro lado hay personas que la escuchan con miedo e incertidumbre de lo que estamos viviendo", sentenció. 

Marziotta también aseguró que este accionar de la oposición es premeditado, al punto de haberse convertido en una estrategia para hacer campaña y ganar elecciones. “Para el macrismo todo tiene que ver con un objetivo electoral. Parece que la mentira es lo único que tienen para ofrecerles a la población; es una forma de ganar elecciones. Especular electoralmente en este contexto es tremendo”, objetó. 

Además, la diputada afirmó que la oposición "no ayuda" en la construcción de un objetivo común para salir adelante y lograr la unión de la población. "Si quieren ayudar, que colaboren con propuestas proactivas, que tengan que ver con defender la vida de los argentinos y argentinas, no generar miedo, paranoia y más incertidumbre; en vez de tener plataforma de gobierno y un plan para colaborar y sumar a la unidad nacional que se necesita para enfrentar a este enemigo invisible, instalan mentiras”, remató. 

Podés ver IP Noticias con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo, de lunes a viernes de 12 a 14 hs. por IP Noticias. 

El abogado Gregorio Dalbón será el representante del presidente Alberto Fernández en la denuncia por difamación contra la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, quien acusó al Gobierno Nacional de haber realizado un pedido de coimas al laboratorio Pfizer como condición para llegar a un acuerdo en la adquisición de vacunas contra el coronavirus. En diálogo con Redacción IP, el letrado contó que el mandatario lo contactó a través de "un llamado telefónico" al que le contestó que "es un honor representarlo".

"Es una causa civil que vamos a interponer contra Patricia Bullrich por lo que significó la difamación y por lo que representa la que difama. Es la presidenta del principal partido opositor que difama a un gobierno que está luchando contra una pandemia", explicó Dalbón a Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

En exclusiva con IP, el abogado dijo que la comunicación con el Presidente fue por vía telefónica. Al mismo tiempo, se abstuvo de hacer algún análisis político, ya que ahora se encuentra en un proceso como abogado y como profesional técnico no puede politizar.

"Este tipo de difamación que es tan clara, que se hace a través de la difamación y con un tercero citado, que sería Pfizer, que desmiente lo que dice el difamador, se torna en un juicio que va a tener un final de condena y le vamos a pedir la comunicación de la sentencia a los medios gráficos, televisivos y radiales y una indemnización que el Presidente me pidió que sea donado al instituto Malbrán", concluyó.

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou.

La Cancillería de Argentina envió este lunes el pedido de detención y la extradición del exasesor judicial de Cambiemos, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, quien está siendo investigado por la presunta comisión del delito de asociación ilícita en el marco de la causa en la que se investigan presiones del gobierno de Mauricio Macri sobre los accionistas del Grupo Indalo.

La cartera que conduce Felipe Solá había enviado el último viernes un exhorto en el que se solicitó que se localicé al exfuncionario macrista y se le prohíba la salida del país. Este lunes, a través de la embajada en Uruguay, se completó con un pedido de detención y extradición.

El último miércoles, la jueza federal María Servini ordenó la captura internacional de Rodríguez Simón. El gobierno uruguayo había recibido un día antes el pedido formal de refugio del operador judicial, que es investigado por el delito de "hostigamiento y ahogo financiero" a las empresas del Grupo Indalo, comandadas por el empresario Cristóbal López.