Luego de que el 30 de diciembre del 2020 se aprobara la ley de interrupción voluntaria del embarazo en Argentina y después de que el gobierno nacional la haya promulgado, la jueza chaqueña, Marta Aucar de Trotti, dispuso la suspensión de la Ley 27.610
La ONG Católicas por el Derechos a Decidir (CDD) denunció por prevaricato a esta jueza. La denuncia fue presentada por la comisión de prevaricato, un delito que se sucede cuando las resoluciones judiciales que dictan los jueces "no son fundadas en derecho o parten de hechos falsos".
"En el día de hoy, las mujeres del Chaco por el hecho de ser chaqueñas no pueden llevar adelante un derecho que todas las mujeres argentinas tenemos" Dijo Mónica Menini, abogada por Católicas por el Derecho a Decidir, en IP Noticias.
El gobernador Jorge Capitanich, advirtió que su gobierno "debe ejecutar una ley que se sancionó por parte del Congreso y que es de orden público". La IVE, agregó el mandatario, "es ley suprema de la Nación, de manera que cuando es ley de la Nación hay competencia federal y aplicación" y "las leyes deben ser cumplidas".
