Lawfare: en qué se diferencia la situación de Cristina Kirchner con la que enfrentó Lula Da Silva
La condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner marca un hecho inédito en la historia del país, pero no de Latinoamérica.
Se trata de la primera vez que un integrante del Poder Ejecutivo argentino en funciones recibe una sentencia judicial de esa gravedad. La referencia más próxima se encuentra en Brasil, donde el presidente electo Lula Inázio da Silva fue encarcelado luego de un cuestionado proceso judicial con similitudes al de la expresidenta.
Sin embargo, también hay diferencias, y fundamentalmente en la temporalidad cruzada de ambas experiencias: en el momento en que Lula vuelve a la escena política después de pasar 580 días preso, Cristina Kirchner se enfrenta a una sentencia que hasta ahora no es ejecutable, pero amenaza con eliminarla del juego electoral.
Tanto el caso del referente del Partido de los Trabajadores (PT) como en el de la vicepresidenta urgen de investigaciones por hechos de corrupción durante sus mandatos.
Como en un espejo, las irregularidades en el derecho a defensa como acusados se repitieron. Ambos mandatarios atribuyen este factor al denominado lawfare, donde la influencia de los medios de comunicación también juega (y jugó) un rol clave en el rechazo de la opinión pública hacia sus figuras.
En ese marco, los contextos políticos de los países y algunos rasgos del funcionamiento de sus poderes judiciales dan características propias a cada suceso.
Las causas de Lula Da Silva
El encarcelamiento de Lula fue ordenado por el juez Sergio Moro en 2017 y concretado en 2018. El magistrado dictó sentencia en el marco de la causa conocida como Tríplex de Guarujá, al considerar que el entonces expresidente había aceptado sobornos por 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares) de la constructora OAS para beneficiarla en sus negocios con Petrobras.
La red de corrupción que involucraba a esa empresa, a otras y a funcionarios en la causa Lava Jato quedó probada. No así la culpabilidad de Lula, quien de todos modos fue impedido de ser candidato a la presidencia en 2018 debido a la condena, tal como lo disponía la ley de "ficha limpia".
Jair Bolsonaro ganó esa elección y designó a Moro como ministro de Justicia, aunque una disputa entre ambos meses más tarde terminó en la dimisión del jurista. Mientras duró en el cargo, la popularidad del juez que metió preso Da Silva fue usado como un símbolo de "justicia contra la corrupción".
En 2021, el Supremo Tribunal Federal brasileño anuló todas las sentencias contra Lula, argumentando que Moro había incumplido normas procesales y que no era el juez competente en la causa Guarujá.
La relación con el Tribunal Supremo y la Corte
La decisión del Tribunal Supremo brasileño, integrado por magistrados nombrados durante el gobierno del PT, no decretó la inocencia de Lula, sino la vulneración de su derecho a defensa. Ese criterio fue compartido más tarde por el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
Exceptuando a Moro, Lula no enfrentó juicios ante tribunales con funcionarios cercanos a sus adversarios políticos o directamente designados por ellos. Pero la relación de Cristina Kirchner con los funcionarios judiciales es diferente.
Al igual que su par brasileño, la vicepresidenta enfrentó más de una causa judicial por denuncias de corrupción en su mandato. En ambos casos, la mayoría prescribieron o fueron archivadas por falta de pruebas y por el paso del tiempo.
Sin embargo, los plazos de la Justicia argentina han sido mucho más extensos, al punto que causas sobre hechos ocurridos en el segundo mandato de la vicepresidenta (2011 - 2015) siguen en curso sin avances significativos.
La complejidad del caso argentino es más complejo por dos motivos: por un lado, debido a las sospechas que despertó la participación de funcionarios del TOF 2 y el fiscal Diego Luciani en actividades deportivas en la quinta Los Abrojos, del expresidente Mauricio Macri.
Por otro lado, la apelación de la condena por la causa Vialidad será revisada por la Cámara de Casación Penal. Dos de los jueces que integran ese tribunal, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, fueron denunciados y luego sobreseídos por sus visitas a Macri durante la gestión de Cambiemos.
En rigor, la última instancia de revisión para la sentencia contra la exmandataria es la Corte Suprema, cuyo presidente, Horacio Rosatti, y vicepresidente, Carlos Rosenkrantz, también fueron designados sin aval del Senado por el líder del PRO y Juntos por el Cambio.
