Criptoestafa: los funcionarios libertarios ignoraron la citación de la Comisión Investigadora
Para este martes, la Comisión Investigadora del caso $LIBRA había citado a distintos funcionarios del Gobierno, entre ellos, Karina Milei y Mariano Cúneo Libarona. A pesar de ello, decidieron ignorar la orden de presentarse frente a los diputados para declarar por la promoción de la criptomoneda, que terminó en una multimillonaria estafa.
Desde el momento en que un grupo de diputados decidieron abrir una comisión para hacer una investigación política del caso, el Gobierno libertario intentó poner palos en la rueda para que esta no avance. En principio, Javier Milei eliminó esta medida legislativa y legítima, aunque luego fue restaurada por la Cámara Baja. Ahora, se suma el total desinterés por parte del oficialismo en aclarar lo que sucedió en febrero.
El escándalo por la criptomoneda inició a mitad del segundo mes de año, cuando el Presidente determinó promocionar una moneda digital, denominada $LIBRA. Sin embargo, el problema se desencadenó cuando los principales inversores de la divisa le retiraron la liquidez, lo que generó que muchos otros pierdan enormes cantidades de dinero. A partir de allí, comenzó una investigación alrededor del caso, desde la Justicia y también en la Cámara de Diputados.
Es así como, la Cominsión Investigadora, encabezada por Maximiliano Ferraro, determinó que, tanto funcionarios participantes como impulsores de la criptomoneda, debían declarar qué sucedió con los fondos que se perdieron. Los citados fueron: Karina Milei (Secretaria general de la Presidencia), Mariano Cúneo Libarona (ministro de Justicia de la Nación), Mauricio Novelli (trader y asesor financiero argentino), Manuel Terrones Godoy (empresario e inversionista cripto) y Sergio Morales (exasesor de criptomonedas en la Comisión Nacional de Valores).
Ante la ausencia de los involucrados, la asamblea puede apelar a la Justicia y pedir que emita una autorización judicial para obligarlos a presentarse y dar explicaciones. Esta es la última instancia que el Congreso puede ejercer sobre un funcionario del Poder Ejecutivo que se niega a hablar.
