Tolerancia cero: la reforma penal que planteó el Gobierno para no hablar del escándalo de Espert

En medio del escándalo por los vínculos de José Luis Espert con el narcotráfico, Javier Milei y Patricia Bullrich presentaron este jueves, en el Penal de Ezeiza, un proyecto para reconfigurar el Código Penal. La iniciativa plantea diversos tópicos que confluyen en un concepto: "Tolerancia cero". Seguridad se sitúa como el último bastión de la campaña libertaria de cara a las elecciones de este mes.

Así comenzó otra batalla del oficialismo para tapar un nuevo escándalo. El Presidente presentó una nueva reforma penal, que aparece como un nuevo baluarte que el Gobierno utilizará para, en principio, tapar el escándalo que rodea a Espert, y, segundo, como lanza para intentar rescatar votos perdidos de cara a las elecciones legislativas nacionales. El mandatario estuvo acompañado de la ministra de Seguridad, quien apoyó las palabras del libertario.

Entre las modificaciones que expusieron los funcionarios, aparece la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 13 años, el endurecimiento de todas las penas, la supresión de beneficios y la obligatoriedad del sistema acusatorio para agilizar los procesos.

"El país necesita tolerancia cero, que el que las hace las pague, que los juicios se hagan rápido y los delincuentes cumplan la condena donde corresponde: en la cárcel", remarcó Milei.

Sin escrúpulos, también se atrevió a hablar de narcotráfico, pero sin mencionar a Espert. "La sociedad me pidió terminar con el flagelo de la inseguridad. Dentro de la ley terminamos con los piquetes, fuimos contra el narcotráfico, reequipamos a las fuerzas y bajamos la tasa de homicidios a nivel nacional", manifestó.

Con la idea de tener "penas más duras", el mandatario detalló lo que describe el proyecto: el delito de homicidio simple, que va de 8 a 25 años, llevarlo a entre 10 y 30; el de lesiones leves de 1 mes a 1 año a 1 y 3; el de lesiones por conducción imprudente a 2 a 6 años a 3 y 6 años, según sea simple o agravada en cada caso.

Y claro, no se olvidó de los periodistas. En la iniciativa, proponen aumentar los castigos en los delitos de "injuria", que pasaría de la actual pena, que va de 1 a 3 años, a la nueva de entre 2 y 6. También plantean agravar el delito de "agresión en manifestaciones". Si el ataque es contra un funcionario o fuerza de seguridad, la pena pase a ser de cumplimiento efectivo al pasar de 2 a 5 años, a 3 y 9 años.