La vicepresidenta, Cristina Fernández, declaró este viernes en audiencia pública, en la causa por el Memorándum de entendimiento con Irán. La medida judicial llegó luego de la confirmación del fiscal Marcelo Colombo en la causa. La convocatoria fue realizada por el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 para debatir un planteo de nulidad de la causa sobre la firma del Memorándum con Irán por el atentado a la AMIA. La misma fue solicitada por las defensas de los imputados, entre ellas la de Fernández. La cita comzó a las 11:30, a través de la plataforma virtual Zoom, con seguimiento en vivo por YouTube para el público general. La resolución fue tomada por los jueces Daniel Obligado, José Antonio Michilini y María Gabriela López Iñíguez.
Fernández comenzó su exposición haciendo un repaso por la historia de cada uno de los acusados, al momento del atentado a la mutual judía. "Declaré como testigo en la causa AMIA, frente al Tribunal 3, en diciembre de 2003. La segunda vez fue en 2005. Ahora estoy como encubridora de aquel atentado al que fui a dos juicios orales a declarar como testigo. Esto revela un poco el disparate que significan todas estas actuaciones", explicó.
También recordó el soborno del juez Galeano, que llevó adelante la causa AMIA hasta su destitución, por 400 mil dólares al imputado Carlos Telleldín para que acusara a policías de la provincia de Buenos Aires. "Cuando se produjo esa imputación y fueron presos los policías, se disputaba en Argentina el tema de la presidencia en nombre del Partido Justicialista y algunos creyeron que de esa manera se iba a perjudicar a quien finalmente resultó ser el candidato, que fue el Dr. Eduardo Duhalde", declaró.
"Mientras hablaban de la independencia del poder judicial, Macri iba a jugar al tenis con el juez Borinsky", dijo acerca de las visitas a la Quinta de Olivos, de los jueces Mariano Borinsky, juez de Cámara de Casación Penal y Gustavo Hornos, presidente de la Cámara de Casación, durante la presidencia de Mauricio Macri. Ambos magistrados fueron acusados de reunirse con el expresidente en unas 15 ocasiones, mientras llevaban adelante la causa de la denuncia por encubrimiento a Cristina Fernández, del fiscal Alberto Nisman.
Por otra parte, Fernández explicó que las presiones de los fondos buitres fueron una constante en su presidencia, junto a la propaganda de desprestigio. "Me negué a pagar cualquier cosa para no hipotecar el futuro de Argentina. Este Memorándum, la causa de Vialidad y la del dólar futuro, está todo armado para denostarnos a nosotros y que el pueblo argentino pueda entregarse débilmente a lo que siempre hicieron desde afuera: dominarnos a través de la deuda", refirió.
Por último, la expresidenta reclamó: "Todavía me cuesta creer que a 27 años de la tragedia de la AMIA estemos discutiendo esto, que es el montaje de una mentira para poder ganar elecciones, mantener entretenida a la gente y echarle la culpa a los que mal o bien gobernamos para que la gente pudiera vivir mejor".
El juicio por violencia de género contra el golfista cordobés, Ángel "Pato" Cabrera entra en su fase definitoria. Hoy se producirán los alegatos y luego, se estima que luego del mediodía, se conocerá el veredicto. La acusación que pesa sobre el golfista, contempla los delitos de lesiones leves, agravadas y hurto simple, por lo que podría caberle una pena de hasta seis años de cárcel.
El deportista ganador del US Open 2007 y del Másters de Augusta 2009, en su declaración, negó ser violento y resaltó que no golpeó a la denunciante, su ex pareja Cecilia Torres Mana. Cabrera amplió su declaración y explicó al jurado que tuvo un episodio violento cuando le arrojó un celular a Torres, pero "sin apuntarle al cuerpo"."La tarea del fiscal es determinar si sucedieron los hechos que le imputan, no la personalidad de mi defendido", declaró su abogado, Carlos Hairabedian. Además, el letrado aseguró que Cabrera siempre estuvo a disposición de la Justicia.
Ángel "Pato" Cabrera fue denunciado por quien entonces fuera su pareja, la oficial de la policía cordobesa Cecilia Torres Mana, en 2017. Los hechos se habrían producido cuando el golfista retornaba a su domicilio alcoholizado y Torres Mana lo encontró en una estación de servicio de la zona, en conversación con otra mujer. Esto desencadenó una discusión, vista por testigos de la causa. Según las versiones, Cabrera puso en marcha su vehículo y chocó a propósito al de su ex pareja, para luego golpearla e insultarla. La denuncia fue acompañada de un video realizado por Mana, que muestra las marcas de la supuesta agresión.
La titular de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N° 12 de la ciudad de Buenos Aires, Alejandra Mangano pidió este lunes una serie de informes sobre las supuestas visitas del juez de la Cámara Federal de Casación, Gustavo Hornos, al expresidente Mauricio Macri.
Entre otros requisitos de prueba, se pidió un informe a la Secretaría General de la Presidencia sobre el registro de audiencias de Macri en Casa de Gobierno. Además, se requirió al Consejo de la Magistratura de la Nación que informe si hay abierta alguna investigación sobre visitas de Hornos a Macri en la Comisión de Disciplina o la de Acusación. Y a la vicepresidencia de la Cámara de Casación sobre si las visitas reportadas de Hornos a la Casa de Gobierno derivaron en la apertura de alguna actuación.
El pedido se encuadra dentro de la investigación que busca establecer si hubo alguna gestión para "influir" sobre los fallos que tenía que dictar el magistrado de parte del gobierno de Cambiemos, a partir de haberse detectado visitas del magistrado al exmandatario, entre el 2015 y el 2019.
El exasesor jurídico de Mauricio Macri, Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, realizó un pedido de asilo oficial en Uruguay. La jueza federal María Servini de Cubría le había prohibido la salida del país a fines de marzo mientras se lo investiga por integrar la “mesa judicial” de Cambiemos.
El caso investiga la serie de entrevistas que tuvieron varios funcionarios de la Justicia en el Palacio de Olivos y las juntas que sostuvieron con el expresidente Macri según consta por los registros entregados por la Casa de Gobierno ante el pedido de la organización civil Poder Ciudadano.
"Tengo temores fundados de que si lo hiciera sería privado indebidamente de mi libertad, con peligro para mi seguridad personal, en el marco de causas judiciales amañadas como pretexto para encarcelarme", escribió Rodríguez Simón en una carta donde declara su decisión de quedarse en Uruguay.
La jueza federal Servini de Cubría ya le había prohibido la salida del país a fines de marzo, pero para entonces el asesor ya se encontraba fuera del país. Su representante legal, Gustavo De Urquieta, había presentado un pasaje de BuqueBus como prueba que Rodríguez Simón tenía previsto regresar a Buenos Aires.
El abogado De Sousa señaló que “Pepín Simón fue el principal ejecutor de las decisiones de la mesa judicial, junto a Macri, Peña y Torello” y acompañado de los letrados Carlos Beraldi y Ary Rubén Llernovoy, habían pedido una cautelar para que se prohibiera su salida al país. Servini de Cubría hizo lugar a su pedido ya que existía “un riesgo concreto de parte del imputado, no sólo de poder sustraerse del accionar de la justicia, basado en los contactos que tiene en los distintos estamentos de poder, y el arraigo en el exterior del país, sino también su intento de entorpecer en su momento el trámite de este expediente".
El tratamiento en Diputados de la reforma del Ministerio Público Fiscal tiene a Juntos por el Cambio en contra, mientras que Frente de Todos pretende emitir el dictamen de comisión este martes y tratarlo la semana siguiente en el recinto de la Cámara baja. El proyecto busca eliminar el cargo vitalicio del procurador general de la Nación y establece un mandato de cinco años.
Orlando Pulvirenti, abogado constitucionalista, explicó en Somos PM que “estamos en un momento en el que todo lo que intente modificar una institución se convierte en un ataque automático a la República. Pero si hubiese salido de la otra fuerza política, sería interpretado como un fortalecimiento a la organización republicana porque, de hecho, parte del proyecto fue presentado en su momento por la oposición al actual gobierno”.
Pulvirenti dijo que el procurador puede ser transitorio, no es necesario que sea vitalicio. “El Poder Judicial no es intocable. Además, todos saben que una vez que el juez, fiscal o defensor son electos, no responden a nadie más que a ellos mismos”.
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“No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencia”, dijo el presidente Alberto Fernández, luego de que la Corte Suprema se expresara a favor de las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires. Fue en el marco de un acto realizado en Ezeiza, donde anunció la puesta en marcha del Plan Federal Juana Manso, que implica una inversión de 22 mil millones de pesos que garantizarán la entrega de 633 mil netbooks a estudiantes secundarios de todo el país.
"Lo que hacemos es para preservar la vida y la salud de nuestra gente; contra eso dicten las sentencias que quieran, vamos a hacer lo que debemos". También expresó que se va a "garantizar la educación de los argentinos y argentinas por más que escriban muchas hojas en sentencias".
Respecto al Plan Federal Juana Manso, el Presidente dijo que "tratar de que todos partan de un mismo punto tiene mucho que ver con esa sociedad igualitaria a la que tanto aspiramos [...] Vivimos un tiempo en que el conocimiento es central. Las sociedades ricas son las que se educan, las que cultivan el conocimiento, las que desarrollan la ciencia y la tecnología".
El proyecto se iniciará con una primera entrega de 80 mil equipos en julio, a la que seguirán nuevas entregas cada 30 días. La prioridad la tendrán los establecimientos con alumnos que han tenido baja o nula continuidad pedagógica en 2020 y la distribución comenzará en aquellas provincias de menor nivel socioeconómico y con mayor porcentaje de estudiantes desvinculados.
Tras conocerse el fallo de la Corte Suprema a favor de la autonomía de la Ciudad y las clases presenciales en el distrito, la vicepresidenta Cristina Fernández expresó en Twitter: "Hoy la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS [...] y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el poder ejecutivo nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias".
"Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar, ¿no será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?", manifestó. Y agregó: "Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popula ya no son como antaño".
A su vez, sostuvo que el pasado 30 de abril "el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA". "Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡habeas corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no solo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un habeas corpus −sostuvo−. Ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea… te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuánto, cómo y cuándo se les de la gana. Como verás, el poder judicial es también tu problema".
La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló a favor de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. El legislador de CABA por el Frente de Todos, Santiago Roberto, conversó al respecto con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo para IP Noticias.
"El fallo es contradictorio; por un lado habla de los principios federales que tiene la Nación de intervenir en momentos de pandemia y por otro habla de la autonomía de la Ciudad. Es una resolución más política que jurídica, en el marco de las precisiones que realiza", declaró.
El funcionario explicó su posición respecto de la presencialidad en el contexto declarado de pandemia: "Somos los primeros en defender las clases presenciales. Lo que se está preservando en esta emergencia sanitaria es la salud de los vecinos y vecinas de la Ciudad", remarcó.
Podés ver IP Noticias segunda edición, conducido por Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo, de lunes a viernes de 12 a 14hs
El fallo de la Corte Suprema por las clases presenciales se dará a conocer antes del mediodía, según se espera. Patricia Blanco, conductora de Redacción IP, explica que "será un fallo de cuatro votos, no de cinco". La corte va a fallar en contra del Gobierno Nacional
Por un lado, la jueza Elena Highton de Nolasco no votará porque considera que el fallo no le dio a la ciudad de Buenos Aires el mismo carácter que a una provincia y no corresponde a un juicio originario.
Por su parte, Horacio Rosatti y Juan Carlos Maqueda escribieron juntos su voto y ambos irán a favor de Larreta.
Finalmente, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, llegaron a la misma conclusión y definieron que "hay que reconocer la autonomía porteña para decidir sobre el manejo de las clases"
La causa se inició el 16 de abril por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires pidió que la Corte declarara inconstitucional el artículo 2 del decreto 241/2021 de Alberto Fernández que suspendió las clases presenciales en el área metropolitana (AMBA) por dos semanas y que dispusiera una medida cautelar.
Margarita Stolbizer habló en Imagen Positiva sobre el caso de los jardines invisibles. En 2018, la exdiputada nacional había realizado una denuncia desde la ONG que libera, Bajo la lupa, por irregularidades en el gobierno del expresidente Mauricio Macri. Según dicta la denuncia, Macri había pagado 62 millones de dólares para la construcción de 93 jardines de infantes que nunca se hicieron. “Hubo constatación desde nuestra parte. Llevamos documentación y fotografías”, asegura.
“Hay una diferencia enorme entre lo que se prometió y en lo que se ejecutó. Primero prometió 3000 jardines, después bajó a una implementación de un programa por 200 jardines, después por 500, y se terminaron licitando ciento y pico, aunque se pagaron y ni se terminaron”, detalla Stolbizer.
La causa había quedado archivada, pero el actual ministerio de Educación, bajo la gestión de Nicolás Trotta, hizo una presentación en la Oficina Anticorrupción (OA) con nueva información, que reactivó la causa; se descubrió que el pago implicaba sobreprecios: el metro cuadrado se llegó a pagar 1.498 dólares el metro cuadrado, una cifra que implica el doble que se establece en el valor de mercado.
Explica Stolbizer: “Los sobreprecios no fueron parte de nuestra denuncia, pero no descartamos que hayan existido. Lo más grave es que el gobierno de ese entonces no controlaba la ejecución, y sin ejecución seguía pagando. No hacía ningún reclamo”. Y concluye: “No tengo un doble estándar para calificar los actos cuando están mal, es independiente al gobierno. Insisto en que haya un juez que investigue y que la Justicia lo determine”.
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El 22 de abril, el fiscal federal Franco Picardi impulsó una denuncia para que se investigue al expresidente Mauricio Macri y otros funcionarios de su gestión por fraude en la toma de deuda pública del país con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ante la jueza María Eugenia Capuchetti, Picardi presentó un ampliación del requerimiento de instrucción de un expediente que ya está iniciado y tiene entre los imputados al expresidente.
La denuncia había sido presentada por el titular de la Oficina Anticorrupción, Félix Crous, ante el juzgado federal Nº 5, e indica que el monto de la deuda era exactamente igual al de la cifra de 45 mil dólares que se habría fugado en el mismo período de tiempo.
Paloma Bokser habló con Carlos Rozanski, expresidente del Juzgado Oral Nº1, para estrenar el nuevo segmento de "Apuntes con Paloma". El letrado, que formó parte de los juicios de lesa humanidad realizados luego de la anulación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, habló sobre la democratización de la Justicia.
Dentro de los rankings de confianza de las instituciones, las encuestas realizadas sobre el poder Judicial demostraron que el 90% de la población descree del sistema. "Es un hecho trágico que trasciende el partido político", dijo.
Según Rozanski, el sector Judicial de mayor jerarquía pertenece a un sector social distinto que todas las personas afectadas por sus fallos y es por ello que se genera un alto nivel de desconfianza. Pero no solo es definido por el nivel económico y de pertenencia social, sino de los impedimentos propios sociales y legales que una persona tiene para llegar a ser letrado.
"Las propias desigualdades sociales, que el neoliberalismo actual impone y que naturalmente hace que una persona tenga dificultades para llegar al colegio primario, también hará muy difícil que termine en un estrado judicial. Eso es lo que yo creo que habría que repensarlo y es muy difícil de hacerlo", señaló el exjuez de la Cámara Federal.
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