La década de 1990 estuvo marcada por la lucha incesante del colectivo LGBTIQ+ por conquistar derechos que históricamente le habían sido negados. En ese entonces, el Congreso de la Nación atajaba una lluvia de proyectos de ley para una modificación en el Código Civil que impactaría enormemente en la sociedad: la habilitación del matrimonio igualitario. Otra década pasó hasta que el 15 de julio del 2010 se convirtió en ley y comenzó una nueva época.
En 2002, luego de 7 años en pareja, María Rachid, ahora dedicada a la militancia LGBTIQ+ y a su carrera política, y Claudia Castrosín, debieron presentar un amparo para confirmar su estatus frente al Estado. Este amparo habilitó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a reimpulsar su proyecto de ley de Unión Civil, que permitió que la pareja pudiera oficializar su unión en la ciudad de Buenos Aires.
Aunque la capital argentina se convertía en la primera ciudad de América Latina en permitir estas uniones, la ley garantizaba solo algunos derechos de lo que implicaba un matrimonio heterosexual, porque, a pesar de todo, la reglamentación accionaba en los márgenes del Código Civil nacional. Era importante que la ley reconociera que la palabra era matrimonio y que cualquier otro contrato civil no bastaba para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. En 2009, la CHA y la Federación Argentina LGBT lanzaron una campaña nacional para visibilizar esta distinción y presentaron un proyecto que contemplaba cientos de recursos de amparo de todo el país que demostraban la necesidad de una actualización de las normativas.
La jornada duró más de 15 horas de debate en el Senado. Una fiesta estalló en los alrededores del Congreso cuando se anunció que 33 votos se impusieron a los 30 votos negativos. Bajo la consigna “Los mismos derechos, con los mismos nombres”, la campaña se volvió el estandarte de la militancia LGBTQI+. El 15 de julio de 2010, se logró que la Legislatura reconociera la modificación del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.
Argentina se convirtió entonces en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en conquistasr un derecho fundamental para todas las parejas no heterosexuales. Desde entonces y hasta 2020, se registraron más de 20 mil uniones de este tipo.
¿Dónde sigue prohibido el matrimonio igualitario?
Existen 68 países de los 193 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas donde las parejas del mismo sexo son catalogadas como delictivas y algunos hasta aplican la pena de muerte como sentencia por el vínculo. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuaes, Trasexuales e Intersexuales (ILGA), esta resolución existe en los códigos penales de los siguientes países:
- Mauritania
- Sudán
- Somalia
- Nigeria
- Arabia Saudita
- Afganistán
- Brunei
- Qatar
- Emiratos Árabes Unidos
- Irán
- Pakistán
- Yemén
En países como Jamaica, San Cristóbal y Nieves, la pena para hombres homosexuales es la realización de trabajos forzosos. En Malasia, el delito es considerado como "coito contra natura" y puede llegar a otorgar 20 años de cárcel. Otros países, como China y Rusia, limitan la libertad de expresión y prohíben la posesión o producción de cualquier elemento cultural que haga alusión a parejas del mismo sexo.
Hasta el momento, en Sudamérica solo en seis países es legal que dos personas del mismo sexo se casen: Uruguay, Guayana Francesa, Ecuador, Colombia y Argentina. En Chile, el presidente Sebastián Piñero promovió el tratamiento del matrimonio igualitario este año y en Perú desde el año pasado distintas ONGs comenzaron el movimiento "Si, acepto" para visibilizar el pedido por la normativa.
