El vicepresidente de la Confederación de Institutos de Enseñanza Privada, Rodolfo De Vincenzi, confirmó a IP Noticias que las instituciones educativas privadas fueron convocadas por el Ministerio de Educación a una reunión este jueves al mediodía. El encuentro tendrá lugar tras la carta que el ministro Nicolás Trotta y el ministro de Justicia, Martín Soria, enviaron intimando a los colegios privados a respetar el Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nacional.

"Los colegios lo que deben hacer es reportar a su autoridad de control directa. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires es la Dirección General de Escuelas de Gestión Privada. Si bien existe el DNU y es claro, también existen medidas cautelares dictadas por distintos juzgados. La autoridad la tiene el Gobierno, no le corresponde a los colegios", comentó Vincenzi.

"En general, las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires se vienen desarrollando con normalidad con buena asistencia de docentes y alumnos. Las familias que pidieron no concurrir son mínimas, de dos a cinco familias por colegio, a las cuales se les ofrecen alternativas para garantizar su continuidad", explicó el Vicepresidente de Confederación de Institutos de Enseñanza Privada.

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El último martes, la Justicia Federal dejó sin efecto la medida cautelar emitida por la justicia porteña y ordenó a la Ciudad de Buenos Aires que suspenda las clases presenciales. Sin embargo este miércoles, las clases presenciales en la ciudad se mantuvieron. "No es que no acatamos, existía un fallo previo que obligaba al CABA a garantizar la presencialidad en las escuelas" comentó el procurador General de la Ciudad, Gabriel Astarloa, en Tarde a Tarde.

El Procurador explicó que "padres de familia, docentes y organizaciones hicieron varios reclamos demandando al Gobierno de la Ciudad en el fuero local para que el Gobierno, en ejercicio de su autonomía, garantizase la presencialidad en las escuelas. El domingo por la noche se conoció este fallo y correspondía acatar la decisión de la Justicia porteña".

El lunes 19 de abril, la Corte Suprema de Justicia de la Nación aceptó hacerse cargo del reclamo iniciado por el Gobierno de la Ciudad respecto al Decreto de Necesidad y Urgencia del Gobierno Nación al que imponía restricciones preventivas. "Aguardamos el fallo de la Corte suprema de la nación que es quien va en poco tiempo poner fin a esta controversia", concluyó Astarloa.

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La Justicia Federal revocó este miércoles el beneficio de la prisión domiciliaria al exvicepresidente Amado Boudou, pero determinó que solo volverá a prisión una vez que quede firme esta decisión. Es en el marco de la condena a cinco años y diez meses de prisión en la causa por la venta de la excalcográfica Ciccone.

La decisión fue adoptada por el juez del Tribunal Oral Federal N° 4, Ricardo Basílico, a través de un fallo de 20 páginas.

“He de revocar el arresto domiciliario oportunamente dispuesto por el Juez que me precediera en la función respecto del condenado Amado Boudou de las demás condiciones personales obrantes en autos, debiendo, una vez que se encuentre firme esta resolución, hacerse efectiva la constitución en detención del mencionado, en la Unidad Penitenciaria que se determine por el Servicio Penitenciario Federal”, sostuvo el magistrado.

La defensa de Boudou había reclamado en una audiencia celebrada el 14 de marzo que se extendiera la prisión domiciliaria al exministro de Economía porque lo único que se modificó desde que obtuvo ese beneficio es que su condena quedó firme, algo que, según se expuso, no alcanza para modificar la modalidad de encierro.

El jurado del caso por la muerte del estadounidense afroamericano George Floyd, asesinado el 25 de mayo de 2020, declaró al expolicía Derek Chauvin "culpable" de los delitos de homicidio accidental, homicidio no intencional con desprecio por la vida, homicidio no intencional en la comisión de delito grave. Aún resta conocer la sentencia, en la cual los cargos podrán considerarse por separado, por lo que se espera una dura condena.

Philonise Floyd, hermano de la víctima, habló con la prensa luego de conocer que el jurado había tomado una decisión y aseguró que "para Estados Unidos, este es un caso histórico, para la familia, esto es profundamente personal".

La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia dará a conocer este martes un informe en el que se recomienda al Poder Legislativo crear una Comisión Bicameral que examine los vínculos y conductas de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte, a partir de las denuncias y argumentos sobre espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

En el documento, se afirma que en el período 2015 - 2019 "se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal", y solicitan se trate de forma específica la conducta de un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte que “desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

Alegan que los nombres de las operaciones contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri dan cuenta de la amplitud del espectro alcanzado: "Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado - GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández".

"No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses de gestión", detalla el archivo.

El objetivo, aseguran, era armar denuncias y difundirlas para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales, para borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. Y que no era posible armar este circuito sin financiamiento, por lo que el gobierno de Macri decidió por decreto que los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vuelvan a ser reservados "sin control alguno".

“En razón de estos fundamentos y de los hechos investigados que se acompañan, es que dictaminamos la necesidad de imponer al Parlamento argentino y por su intermedio a la sociedad toda, sobre la existencia de una estructura ilegal de espionaje y persecución política de matriz mafiosa que en los últimos años ha conmovido el sistema institucional de nuestro país, sobre cuyos pilares se montó una amenaza a la propia democracia", manifiesta.

El documento fue elaborado por integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau, quien a fines de marzo aseguró que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la AFI, entonces encabezada por Gustavo Arribas.

Paloma Bokser habló con Carlos Rozanski, expresidente del Juzgado Oral Nº1, para estrenar el nuevo segmento de "Apuntes con Paloma". El letrado, que formó parte de los juicios de lesa humanidad realizados luego de la anulación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final, habló sobre la democratización de la Justicia.

Dentro de los rankings de confianza de las instituciones, las encuestas realizadas sobre el poder Judicial demostraron que el 90% de la población descree del sistema. "Es un hecho trágico que trasciende el partido político", dijo.

Según Rozanski, el sector Judicial de mayor jerarquía pertenece a un sector social distinto que todas las personas afectadas por sus fallos y es por ello que se genera un alto nivel de desconfianza. Pero no solo es definido por el nivel económico y de pertenencia social, sino de los impedimentos propios sociales y legales que una persona tiene para llegar a ser letrado.

"Las propias desigualdades sociales, que el neoliberalismo actual impone y que naturalmente hace que una persona tenga dificultades para llegar al colegio primario, también hará muy difícil que termine en un estrado judicial. Eso es lo que yo creo que habría que repensarlo y es muy difícil de hacerlo", señaló el exjuez de la Cámara Federal.

Podés ver Imagen Positiva con Nicolás Artusi y Paloma Bosker de lunes a viernes de 9hs a 12hs en IP Noticias

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente para analizar la presentación de la Ciudad de Buenos Aires contra la suspensión de las clases presenciales y anticipó que le dará un trámite acelerado al expediente para resolver la cuestión en los términos que permite el Código Civil y Comercial de la Nación, para que los magistrados resuelvan "de oficio" y como "primera providencia", si "la naturaleza de la cuestión y la prueba ofrecida" lo permite. “Declarar que la presente causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, prevista en el art. 117 de la Constitución Nacional. Notifíquese y comuníquese a la Procuración General de la Nación”, reza el texto.

La resolución, firmada por el juez Carlos Rosenkrantz, trasladó al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini, el pedido para que fije la posición del Gobierno de Alberto Fernández en relación con la acción declarativa de inconstitucionalidad y la medida cautelar presentada por la Ciudad de Buenos Aires para evitar la suspensión de la presencialidad por 15 días frente al avance de la segunda ola del COVID-19.

La justicia de San Isidro le concedió este lunes la eximición de prisión al psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete imputados en la causa que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, informaron fuentes judiciales a Télam.

La resolución fue adoptada por el juez de Garantías N° 2 de San Isidro, Orlando Díaz, quien de todas formas delimitó el beneficio a la imputación homicidio culposo -un delito excarcelable-, que es la calificación que por el momento tiene la causa.

Además de Leopoldo Luque y Carlos Díaz, los otros cinco profesionales imputados son la psiquiatra Agustina Cosachov, los enfermeros Dahiana Gisela Madrid y Ricardo Omar Almirón, la médica que coordinaba la internación domiciliaria de la prepagal, Nancy Forlini y el coordinador de los enfermeros, Mariano Perroni.

El juez Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo porteño Guillermo Scheibler hizo lugar a una medida cautelar presentada por un conjunto de padres y ordenó al Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires que "se abstenga de computar las faltas y/o quita de vacantes de los alumnos cuyos padres hayan decidido no llevarlos al colegio cuyos padres y madres resolvieran la no concurrencia de sus hijos/as a los establecimientos educativos”. También ordenó al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta “adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la escolaridad virtual del colectivo involucrado en autos”.

El fallo judicial señala que avala “todo ello hasta tanto la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva la cuestión planteada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires respecto a la constitucionalidad del artículo 2º del DNU 241/2021 o hasta el cumplimiento el plazo dispuesto en dicho artículo, lo que ocurra primero”.

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires falló el último domingo a favor de la presencialidad de las clases en el distrito, al pronunciarse sobre una presentación hecha por organizaciones de docentes contra el DNU del Gobierno Nacional que establece la suspensión de la actividad por 15 días para contener la segunda ola de coronavirus.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró este lunes competente ante el amparo presentado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional por la suspensión de las clases presenciales. Para analizar el contexto, Redacción IP consultó al ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Rodolfo Barra. 

"Todos los jueces, pero sobre todo los de la Corte, tienen que medir las consecuencias políticas de sus fallos. Los casos que llegan a la Corte son muy importantes y creo que a todos los integrantes del tribunal les genera una gran tensión su resolución", comentó Barra.

Para el exmagistrado, la demanda resuelta por la Justicia de la Ciudad está equivocada y cree que "deberían haber pedido la medida precautoria en el fuero federal". Por otro lado, declaró que "no hay un daño irreparable, los alumnos pueden recuperar las dos semanas perdidas" y que la pandemia no es una cuestión de salud local, es un suceso a nivel mundial.

Al mismo tiempo, el ex ministro cree que "desde el punto de vista formal el decreto se ajusta a la ley" y que "las restricciones son las medidas menos dañinas que se podían dictar".

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El expresidente Mauricio Macri opinó sobre la decisión de un tribunal porteño que resolvió autorizar la presencialidad en las escuelas, pese al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) del Gobierno Nacional que establece la modalidad virtual por 15 días ante la suba de contagios de coronavirus.

“Felicitaciones a los padres que se organizaron para mantener la educación y a la Justicia que actuó en defensa de la Constitución de la Ciudad e hizo cumplir la ley como corresponde”, publicó en su cuenta de Twitter.

“Quiero felicitar también al Gobierno de la Ciudad que, con datos científicos y decisión, defendió la educación. Al mismo tiempo, no puedo dejar de lamentar la actitud y los exabruptos de las autoridades de la Provincia de Buenos Aires y la de los gremios docentes que hacen un uso político de la situación y actúan en contra de los alumnos por los que dicen trabajar”, agregó el exmandatario.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró este lunes como "competente" para dirimir el conflicto.

Los integrantes del Consejo Asesor de la Unidad de Información Financiera (UIF) durante el gobierno de Mauricio Macri fueron citados a declarar por el juez federal Luis Rodríguez para determinar si hubo protección hacia el banco HSBC.

La medida se encuadra en el marco de una investigación por los movimientos que realizó durante años la red del narco colombiano Henry de Jesús López Londoño −conocido como Mi Sangre−, y que no fueron alertados por el banco. El Consejo Asesor había establecido en dos oportunidades que el banco HSBC debía ser sancionado con una multa. También se le había exigido que le informe a la Justicia sobre los movimientos sospechosos para poder llevar a los implicados a un juicio oral.

Al parecer, el entonces titular del organismo, Mariano Federici, luego de evaluar el caso y con apoyo de un dictamen de Legales de la UIF, concluyó que el HSBC no falló al no reportar dichas operaciones. En las próximas semanas, todos los integrantes del Consejo Asesor deberán declarar ante el juez Rodríguez y el fiscal de la fiscal Alejandro Mangano.

La Procuración del Tesoro de la Nación presentó un planteo para inhibir la decisión de la justicia porteña en favor de la presencialidad en las escuelas de la Ciudad de Buenos Aires, informó la agencia Télam. La causa impulsada por Carlos Zannini, Procurador del Tesoro, quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal Nº 2, a cargo del magistrado Esteban Furnari.

La Sala IV de la Cámara Contencioso Administrativa y Tributaria de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de los magistrados Marcelo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini hizo lugar este domingo por la noche a la presentación realizada por dos organizaciones no gubernamentales para habilitar la presencialidad en las escuelas porteñas.

 

La Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo de la Ciudad de Buenos Aires determinó que el distrito federal deberá garantizar clases presenciales en las escuelas porteñas. “El Decreto sancionado por el Poder Ejecutivo nacional, en su artículo 2°, párrafo tercero, vulneraría en forma directa la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires y su poder de policía, respecto de materias específicamente locales, como es el derecho a la educación”, consigna en su fallo. Y agrega: "que lo atinente a la prestación de la educación inicial, primaria y secundaria en el ámbito jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, es una competencia netamente local, cuya regulación le compete a la Ciudad y no al Estado Nacional. Lo contrario, implicaría vulnerar la autonomía local, con grave afectación del sistema republicano de Gobierno”.

La votación de Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli, jueces que integran el cuerpo, fue unánime. El pedido para mantener las instituciones educativas abiertas fue realizado por dos organizaciones no gubernamentales, la ONG Abramos Las Escuelas y el espacio Centro de Estudios de Políticas Públicas. La decisión contradice lo resuelto por el Gobierno Nacional y el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que el presidente Alberto Fernández firmó el último viernes ante la pronunciada suba de casos de coronavirus en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

 

Horacio Rodríguez Larreta anunció que "a partir de una presentación realizada por un grupo de padres, de alumnos y de docentes, la Justicia acaba de determinar que en la Ciudad de Buenos Aires, a partir de la autonomía con la que cuenta, debemos garantizar la continuidad de las clases presenciales". El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encabezó el domingo por la noche una conferencia de prensa, luego del fallo de la Cámara de Apelaciones porteña que ordenó a CABA garantizar clases presenciales en las escuelas.

En la Sede de Gobierno ubicada en el barrio de Parque Patricios, y acompañado por el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós; y el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; Rodríguez Larreta aseguró que "esta decisión está fundamentada en base a la evidencia, recogiendo la opinión de expertos nacionales e internacionales". En medio de un conflicto que incluye un paro docente para este lunes y una posible disputa judicial entre la Ciudad y la Nación por el alcance del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Jefe de Gobierno anunció medidas que acompañarán la presencialidad en las aulas.

Las medidas anunciadas por la Ciudad

• Las escuelas e institutos terciarios y los Centros de Formación Profesional van a funcionar de manera virtual.

• Presencia de agentes de tránsito y personal del Gobierno de la Ciudad en el ingreso a las escuelas.

• Se establecerán horarios de ingreso diferenciados para reducir la congestión en el transporte.

• Refuerzo en los controles en el transporte público, en paradas y estaciones.

La Cámara de Apelaciones ordenó al Gobierno porteño garantizar las clases presenciales en CABA a partir del próximo lunes. Esto se da en un contexto de tensión entre el Gobierno Nacional y el Gobierno de la Ciudad: tras las medidas de restricción preventivas anunciadas el pasado miércoles por el presidente Alberto Fernández, Horacio Rodríguez Larreta anunció que iría ante la Justicia en búsqueda de un amparo que respalde su decisión y, así, mantener la presencialidad en las aulas.

Marcelo López Alfonsín, Laura Alejandra Perugini y Nieves Machiavelli son los jueces que fallaron a favor del regreso a las aulas de forma presencial.

Nieves Machiavelli

La camarista es hermana de Eduardo Machiavelli, secretario de Ambiente del Gobierno de la Ciudad y uno de los principales armadores políticos del PRO. Por esta razón, un grupo de padres hizo una presentación para recusarla.

Antes de asumir como jueza, fue secretaria General del Ministerio Público Fiscal de CABA entre 2015 y 2020. Es abogada recibida en la Universidad de Buenos Aires (UBA).

Marcelo López Alfonsín

Titular de Parques Nacionales durante el gobierno de la Alianza, el magistrado Marcelo López Alfonsín se desempeñó como titular del Juzgado N° 18 de CABA hasta octubre de 2020. Es un especialista en derecho ambiental y profesor Adjunto Regular de las asignaturas Régimen Jurídico de los Recursos Naturales y Derechos Humanos y Garantías en la UBA.

Laura Alejandra Perugini

Egresada de la UBA, la jueza Perugini ingresó al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires en el año 2000. Luego de un paso por el Ministerio Público Fiscal, en el fuero contencioso administrativo, concursó y ejerció como Fiscal de Primera Instancia entre 2012 y 2020. Forma parte del Centro de Estudios Procesales de la Universidad de El Salvador, donde tiene a cargo el área de Derecho Procesal Administrativo.

Horacio Rodríguez Larreta anunció que recurrirá a la Corte Suprema para evitar la suspensión de la presencialidad de clases y tratar el tema en lo inmediato. "Vamos a presentar un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para que se trate urgente", confirmó en conferencia de prensa. Además le pidió una reunión al presidente Alberto Fernández.

“Los chicos y las chicas de CABA el lunes tienen que estar en las aulas. Vamos a hacer todo lo que tengamos a nuestro alcance para poder lograr que así sea. Tenemos tres, cuatro días para eso, para retomar el diálogo que en este caso el Gobierno Nacional cortó”, se quejó el jefe de Gobierno porteño.

Larreta aseguró que la decisión del Gobierno “es totalmente inadecuada”, y que previamente se había alcanzado un consenso de que “lo último que había que cerrar eran las escuelas”. Sostuvo que los resultados de las medidas comienzan a verse a partir de los 10 días, y que en este caso “no pasó ni una semana y ya quieren tirar por la borda toda la planificación que hicimos”. En ese sentido, remarcó que no fueron consultados sobre las medidas anunciadas este miércoles por el presidente, por lo que consideró que “se rompió una forma de trabajo” con el Gobierno Nacional.

De la conferencia participaron el vicejefe de Gobierno, Diego Santilli; el jefe de Gabinete, Felipe Miguel; la ministra de Educación, Soledad Acuña; el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el secretario de Transporte y Obras Públicas, Juan José Mendez.

Este miércoles, Fernández resolvió restringir la circulación entre las 20 y las 6 de la mañana en el AMBA, suspender durante 15 días las actividades recreativas, sociales, culturales, deportivas y religiosas en lugares cerrados; y suspender las clases presenciales desde el lunes 19 hasta el viernes 30 de abril y retornar a la modalidad virtual en los tres niveles educativos, entre otras restricciones.

Luego de conocerse que la Sala I de la Cámara de Casación dispusiera el sobreseimiento a Cristina Fernández y a Axel Kicillof en la causa "Dólar Futuro", el abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra evaluó esta resolución en Redacción IP.  "El tribunal de casación hizo una interpretación flexible de una norma en la cual si aparecen algunos elementos sobrevivientes, se puede no entrar a juicio y se puede finiquitar la causa. Sobre la base de una pericia que se había llevado a cabo ya con el expediente llevado a juicio, que establecía la ausencia de perjuicio, entendió que correspondía sobreseer.", concluyó. "Creo que esta es la mejor demostración de que el lawfare es un invento total", dice Gil Lavedra a la vez que remarcó que es "absurdo" pensar que fallos y medidas de la justicia pueden ser llamados "lawfare cuando son en contra y justicia cuando son a favor". 

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou

 

 

 

Un exmiembro de la Policía Federal fue condenado este martes a prisión perpetua por el femicidio de su pareja, a quien perpetró el femicidio en octubre de 2018 de un escopetazo en el rostro, dentro de un auto. El hecho se produjo en la localidad bonaerense de Parque Barón, Lomas de Zamora, según informó Télam.

Se trata de Osvaldo Valenzuela, de 76 años, que fue hallado culpable por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 9 de Lomas de Zamora por "homicidio agravado por el vínculo y por haber sido cometido por un hombre contra una mujer mediando violencia de género".

Beatriz Giménez, mamá de la víctima, expresó días atrás que le produjo “muchísimo dolor y bronca” escuchar al acusado, quien llegó preso al juicio oral y siguió el debate por Zoom desde su lugar de detención.

“Todo este tiempo estuvimos muy angustiados porque Valenzuela había solicitado la prisión domiciliaria por la pandemia y no sabíamos qué podía pasar. Ahora espero que los jueces le den la pena máxima al asesino de mi hija”, agregó la mujer.

La vicepresidenta Cristina Fernández y el gobernador bonaerense Axel Kicillof fueron sobreseídos este martes en la causa conocida como “dólar futuro”, al igual que el resto de los acusados del expediente.

El fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que lleva la firma de los magistrados María Figueroa, Diego Barroetaveña, Daniel Antonio Petrone, resolvió suspender el proceso de ambos funcionarios y del extitular del Banco Central, Alejandro Vanoli, y al actual titular de la entidad, Miguel Pesce, entre otros.

El texto dado a conocer deja constancia de que “el presente proceso no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado las personas antes mencionadas”.

A principios de marzo, en una audiencia que se desarrolló por Zoom y fue transmitida en vivo, Cristina Fernández aseguró que la causa se "manipuló al calor del proceso electoral" de 2015, y que con la operatoria de ese tipo de contratos no se le generó ningún perjuicio al Estado, por lo que había exhortado a los jueces que debían decidir si se realizaría o no el juicio oral.

La exmandataria expuso durante cerca de 50 minutos en los que repasó algunos hitos del expediente judicial, cuestionó el papel del fallecido juez Claudio Bonadio y, en un mensaje directo a los jueces que la escuchaban, concluyó: "Yo no les voy a pedir mi sobreseimiento, les voy a pedir que apliquen la Constitución. Está todo escrito, tienen que aplicar la ley".