El diputado Nacional del PRO Juan Aicega, uno de los 11 legisladores que este jueves votó en contra de la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, conversó en IP Noticias Edición Central y dio los motivos de su decisión. "Creemos que la solución de los problemas de estos grupos sociales no pasa por estas propuestas que consideramos son una discriminación inversa", dijo.

El legislador expresó que actualmente hay "millones de personas que tal vez tienen las mismas dificultades o similares de acceso al trabajo" y que cree estas políticas de estado deben ser abarcativas y no sectarias. Aicega también votó en contra del proyecto de Equidad en Medios de Comunicación que también se votó y se convirtió en ley en el Congreso Nacional.

"Hay diferencias entre los medios de comunicación de gran porte y otros en el interior que no tienen posibilidad de generar este tipo de infraestructuras. Hay que entender la gravedad de condicionar la pauta oficial por cuestiones que están por afuera de cuestiones que no son periodísticas", concluyó.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

La diputada Nacional del Frente de Todos, Gisela Marziotta, conversó con IP Noticias Edición Central desde el Congreso de la Nación, donde apunta a votarse este jueves por la noche la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans y la Ley de Equidad en Medios de Comunicación. "El proyecto apunta a la búsqueda de la equidad, que no solamente es la paridad entre varones y mujeres en los medios, sino que incluye a todas las diversidades y hay un cupo de un 1% para que personas trans se incorporen a los medios de comunicación", explicó la legisladora en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, plantea que esta equidad sea transversal y llegue a todos los puestos dentro de un medio de comunicación. Además habrá un "Certificado de Equidad" que será aplicable de cumplir cuatro de los ocho requerimientos propuestos en la norma.

"Los medios son los que entran en las casas de todos los argentinos y las argentinas, con lo cual para deconstruir realmente el discurso patriarcal se tiene que trabajar con esta perspectiva", remarcó Marziotta.

La periodista y diputada también criticó que hay quienes critican el proyecto sin haberlo leído y desinforman. "La polémica pasa por el Artículo 8 que dice que quienes tengan Certificado de Equidad van a tener preferencia a la hora de la pauta oficial, que es un incentivo para que se cumpla la ley".

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En el día que el Congreso Nacional tiene su agenda legislativa más que completa, una decena de manifestantes se pronuncian en la entrada de Diputados contra la Ley de Emergencia COVID-19, con temor a lo que la agenda de la oposición denominó la "ley de superpoderes". IP Noticias MD dialogó con Ana Carolina Gaillard, diputada nacional de Entre Ríos por el Frente de Todos, para indagar sobre las verdaderas intenciones del proyecto.

"No estamos tratando ni una ley de super poderes ni para cerrar escuelas. Estamos tratando una ley que le da las herramientas al Presidente, a nuestros ejecutivos provinciales, nuestros gobernadores y nuestros intendentes para que puedan tomar medidas sanitarias, evitar el colapso del sistema de salud y para bajar el número de casos", declaró la diputada.

La representante también aclaró que la tratativa de esta ley tiene la intención de unificar criterios para las políticas sanitarias a lo largo del país y para que las autoridades locales y regionales puedan responder con medidas que originalmente serían facultades del Congreso.

"Lo más lógico"

Gaillard también explicó que esta medida federal es para garantizar la "previsibilidad" con el fin de que los gobiernos de cada provincia puedan actuar por sobre su nivel de emergencia sanitaria en su zona.

"La oposición pretende parar este debate porque no quiere darle las herramientas a nuestro gobierno de tomas las medidas que debemos tomar", dijo la diputada. "Por eso es tan importante que se cumpla el quorum y sea parte del debate. La verdad que no se puede estar haciendo política barata", agregó.

Podés ver IP Noticias MD con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo de lunes a viernes de 12hs a 14hs por IP Noticias

 

La Cámara de Diputados revisará cuatro proyectos de ley: la Ley de Zonas Frías, la Ley de Consenso Fiscal, la Ley de Equidad de Género en Medios Audiovisuales y la Ley de Cupo Laboral Trans. La columnista de Política, Mayra García explicó en Imagen Positiva cómo será la jornada.

Además, antes de la asamblea oficial se volvió a revisar la Ley de Emergencia COVID-19, de la cual se requirió una rápida tratativa por el vencimiento del DNU de restricciones sanitarias este viernes. Esta ley buscó reunir los criterios de todos los decretos firmados por el Poder Ejecutivo, establecer parámetros comunes para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo al riesgo, el dictado de clases presenciales y las prácticas sanitarias para comercios, locales gastronómicos, prácticas recreativas y la circulación.

¿De qué se tratan estos proyectos de Ley?

• Ley de Zonas Frías:

La iniciativa propone una disminución entre el 30% y el 50% a la tarifa de gas en distintas zonas del país, especialmente a los usuarios de Mendoza, Salta, San Luis, San Juan y municipios de la provincia de Buenos Aires.

• Ley de Consenso Fiscal:

La ley otorga 70 mil millones de pesos a las provincias para reactivar sus economías tras la pandemia, prohibiría el aumento de la deuda pública en moneda extranjera y suspende procesos judiciales por al distribución de la Coparticipación Federal.

• Ley de Equidad de Género en Medios Audiovisuales:

Según el informe Global de Medios en Argentina, dentro del sector demostró que las mujeres representan y disidencias representan solo el 26,2% en medios de comunicación mientras que la mayoría de las empresas periodísticas nacionales cuentan con políticas de igualdad de género. El proyecto tiene como objetivo garantizar la paridad de género al acceso y permanencia del personal en medios.

• Ley de Cupo Laboral Trans:

El proyecto busca establecer que las personas travestis, transexuales y transgénero, que reúnan las condiciones de idoneidad, deberán ocupar cargos en el sector público nacional en una proporción no inferior al 1% del total de los cargos.

 

La Cámara de Diputados de la Nación realizará una nueva sesión especial, donde debatirán una serie proyectos, entre los que se incluyen la ley de Cupo Laboral Trans y de Equidad en los medios de comunicación audiovisual. La sesión fue solicitada por el jefe del bloque del Frente de Todos (FDT), Máximo Kirchner. El proyecto de ley que ya tiene media sanción del Senado y va camino a repetir el resultado sin modificaciones en Diputados, busca la equidad de género en los medios de comunicación de cualquier soporte tanto de la órbita pública, privados con y sin fines de lucro.

La Ley de Promoción del Acceso al Empleo Formal para Personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán/Lohana Berkins”, establece “medidas de acción positiva orientadas a lograr la efectiva inclusión laboral de las personas travestis, transexuales y transgénero, con el fin de promover la igualdad real de oportunidades en todo el territorio de la República Argentina.

De acuerdo al temario difundido por la Cámara baja, en esta sesión también se tratarán otros proyectos, como el de Consenso Fiscal suscripto por el Poder Ejecutivo Nacional y los representantes de las provincias el 4 de diciembre pasado; y el nuevo tarifario para las denominadas "Zonas Frías".  El primero permite a las provincias tomar deuda en pesos a través de "una estrategia para el endeudamiento responsable"; y denomina y suspende las exenciones y reducciones impositivas pactadas en el acuerdo de 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri. El segundo, en tanto, establece un nuevo tarifario para las “Zonas Frías”, que propone una disminución en las tarifas de gas en las denominadas zonas frías y beneficiará a usuarios de Mendoza, San Juan, San Luis, Salta y municipios de la provincia de Buenos Aires.

En la agenda también figuran el tratamiento de un Acuerdo de Reconocimiento y Convalidación Provisoria de Títulos Universitarios para la Realización de Estudios de Posgrado, entre la República Argentina y la República Dominicana; el convenio de reconocimiento de Certificados de Estudios de Nivel Primario y Medio no Técnico o sus denominaciones equivalentes entre la República Argentina y los Estados Unidos Mexicanos; y un reconocimiento de la Cámara de Diputados al doctor Bernardo Houssay.

El gobierno impulsará en el Congreso una ley de "alivio fiscal" que contenga mejoras para el monotributo, incluyendo la eximición del pago del retroactivo fijado por la AFIP tras la nueva categorización, que había generado una fuerte repercusión negativa entre muchos contribuyentes. Al respecto, el presidente se reunió con el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, el ministro de Economía de la Nación Martín Guzmán y el secretario de Hacienda Raúl Rigo. La conclusión del encuentro fue que "se avanzará en un proyecto de ley que permita resolver el problema del retroactivo". De acuerdo a la Ley de Inclusión Fiscal para Pequeños Contribuyentes y la posterior reglamentación por parte de la AFIP, los monotributistas se veían obligados a pagar un plus sobre lo ya abonado hasta este mes de junio, ya que se establecía un ajuste retroactivo.

Cuando la nueva norma sea aprobada por el Congreso, los contribuyentes monotributistas quedarán eximidos de abonar la potencial deuda generada de manera retroactiva en base a lo que determina el régimen sancionado en abril pasado por el Parlamento. El nuevo proyecto habilitará al organismo que conduce Mercedes Marcó del Pont a eximir de las deudas reclamadas por las diferencias acumuladas entre enero y junio de este año, originadas por la demora en la sanción de la ley que estableció las nuevas escalas del Monotributo con un ajuste del 35,3%. Pero también se incorporará una "mejora del esquema del Monotributo con carácter progresivo" de manera de reducir la presión impositiva en las escalas mas bajas, en el marco de la menor actividad laboral que registraron muchos de los trabajadores independientes por la pandemia.

La semana pasada la AFIP categorizó a más de 4 millones de monotributistas de acuerdo con la escala que correspondía encontrarse encuadrado a partir de febrero de este año, en función de lo establecido por ley y en igual proporción que la evolución del haber mínimo jubilatorio.

Para atenuar el impacto en los trabajadores independientes, también dispuso un plan por el cual los pequeños contribuyentes podrían financiar hasta en 20 cuotas el pago de la diferencia generada como resultado del proceso de categorización. Según la AFIP, la actualización “garantiza el financiamiento a la seguridad social y el sistema de salud, al tiempo que incrementa los montos que pueden facturarse anualmente en cada escala. En cada oportunidad los monotributistas deben recategorizarse en forma obligatoria”.

La directora Ejecutiva de la fundación Directorio Legislativo, Noel Alonso Murray, conversó en IP Noticias Edición Central sobre el aumento y la discusión en torno al salario del Poder Legislativo. "Si hacemos un comparativo con otros países de América Latina, haciendo el pase a dólares, los sueldos de los legisladores argentinos con los más bajos. Lo que sucede es que con las fluctuaciones del tipo de cambio a lo largo de los años es muy pendular. Nunca fueron los que más ganaron, pero han estado en el medio", explicó.

Además, Murray remarcó que el tema de los salarios en el Congreso siempre es polémico porque hay muchísima informalidad en la ejecución administrativa en ambas cámaras. "Saber exactamente lo que gana un legislador es muy difícil. En un momento estaba el tema de los pasajes aéreos que podían canjearse por dinero. Eso en la Cámara de Diputados dejó de suceder, pero en senadores no responden a los pedidos de esta información".

"Que la dieta de los legisladores esté atada a un sueldo de planta del Congreso se formalizó en 2011, antes, por ejemplo entre 2001 y el 2005 casi no hubo aumentos, después hubo un aumento grande. Lo que pedimos como fundación es que haya transparencia y que no haya que bucear entre montones de documentos para saber exactamente cuál es el monto", concluyó.

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"No creo que ninguna empresa que haya hecho un esfuerzo tan serio y consistente, tan prolongado en el tiempo, para explicar una actualización", dijo Pablo Bello, director de políticas públicas de Facebook en la reunión de la comisión de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión del Senado que se desarrolla por videollamada y se emite por el canal de YouTube de la Cámara Alta. Además de ejecutivos de la corporación estadounidense, también participarán y brindarán su exposición el presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, Rodrigo Luchinsky, y el investigador del Conicet, Martín Becerra.

Además, Bello aclaró que los cambios en las políticas de privacidad de Whatsapp "no son para las conversaciones personales" de los usuarios. También aclaró que las modificaciones sólo aplicarán para el uso de la plataforma de la interfaz de aplicación de programaciones (API) en la implementación de chatbots. Bello explicó que muchas veces las empresas actualizan sus políticas "sin que uno se entere que ha ocurrido" y remarcó que WhatsApp "quiso hacer una actualización muy clara e informada a la sociedad" de sus cambios, pero reconoció que "no lo hemos hecho bien" ya que "no informamos bien a la ciudadanía" de qué implicaba.

De acuerdo a las nuevas normas de uso, WhatsApp podrá acceder a datos de la libreta de direcciones, número de teléfono, información sobre interacción con las empresas, dispositivo móvil y dirección IP del usuario. El Ministerio de Desarrollo Productivo había ordenado la suspensión de las nuevas condiciones de privacidad, el 17 de mayo. Un dictamen elaborado por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia indicó que las nuevas condiciones "podrían lesionar la competencia y el interés económico general". 

La Comisión Nacional también alertó que Facebook e Instagram "podrán reforzar su posición de dominio en otros mercados como el de la publicidad on-line". Este panorama "dificultaría la supervivencia de sus competidores no integrados y en última instancia monopolizando el mercado en perjuicio del interés económico general". La medida buscó resguardar la privacidad de los usuarios y puso en tela de juicio el uso de los mismos de parte de las empresas. 

La diputada Nacional del Frente de Todos (FDT) Cecilia Moreau, que propuso la incorporación de la palabra "negligencia" en la ley de vacunas, contó los detalles de la reunión de este martes con los laboratorios productores de vacunas contra el coronavirus en el Congreso de la Nación.

"Se terminó la mentira de Bullrich de que hubo coimas, pedido de retornos o la presencia de intermediarios. Otra cosa importante es que el laboratorio continúa negociando con el Gobierno Nacional para alcanzar un acuerdo", precisó la legisladora.

Moreau remarcó que entienden que las cláusulas de indemnidad son necesarias frente al riesgo que se corrió en la emergencia, "es lógico que tengan un límite en las acciones fraudulentas, maliciosas y aun en las negligentes porque entendemos que ante errores que se puedan cometer en la producción elaboración y transporte de la vacuna se tiene que hacer cargo".

En ese sentido, la diputada del Frente de Todos contó que el laboratorio confirmó la necesidad de establecer otro marco regulatorio, una "Ley Pfizer". Y los criticó por la falta de cumplimiento de acuerdos de entrega de vacunas en otros países.

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La diputada Nacional por la Unión Cívica Radical (UCR) Brenda Austin contó en Tarde a Tarde los detalles de la reunión en el Congreso con los productores de vacunas. "Fue una buena instancia, que el Congreso venía pidiendo hace meses, el de participar tal como dice la ley en conocimiento, seguimiento e información sobre el plan de vacunación en Argentina y los contratos con los distintos laboratorios. Y esto contribuyó a esclarecer algunos puntos, en particular a la negociación con Pfizer", explicó en diálogo con Agustina Diaz e Ignacio Corral.

Respecto a la polémica en torno al artículo le atribuye la responsabilidad al laboratorio en caso de negligencia, Austin contó que en la audiencia se evidenció que la negociación con Pfizer comenzó antes de la aprobación de la actual ley y que está en el Gobierno la decisión de proponer un cambio sobre la normativa, ya que son ellos quienes están negociando el marco legal y las condiciones contractuales con el laboratorio.

Austin remarcó que Pfizer dejó en claro que no hubo pedido de intermediarios, pero también desmintieron cosas que dijeron referentes del oficialismo vinculados al pedido de recursos naturales y reservas del banco central.

Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.

El presidente del laboratorio Richmond, Marcelo Figueiras expuso ante los legisladores de la Cámara de Diputados. Figueiras, que firmó un convenio para producir la vacuna Sputnik V en el país, subrayó que van a producir 500 mil dosis por semana y que pueden llegar a fabricar 5 millones de dosis por mes de la Sputnik V, "una vez que alcancemos el ritmo, teniendo en cuenta de que se completen los envíos que nos han prometido”.

Ahora se espera la llegada de un vuelo que traerá al territorio nacional el primer lote del principio activo, para comenzar la producción local del fármaco. La vacuna desarrollada por el Instituto ruso Gamaleya será promovida en la planta que posee Laboratorios Richmond en el partido bonaerense de Pilar, con el fin de fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación que despliega el Gobierno Nacional en todo el país y América Latina.

Además, Figueiras aseguró que tuvieron un gran apoyo de los organismos del Estado y de las empresas privadas, pero consideró que se debería ampliar en políticas de inversión. “Competimos con laboratorios extranjeros que tienen una financiación de sus Estados. Esto implica una tremenda inversión en actualizaciones. Una de las empresas de vacunas de Estados Unidos ha recibido para el desarrollo de más vacunas, más de 2 mil millones de dólares y eso luego se vuelca en la experiencia del consumidor. Nosotros no hemos obtenido ninguna financiación, todo lo que hicimos hasta ahora fue con capital propio”, precisó.

Celebró también “las ganas de colaborar de todos los sectores políticos”, y explicó que mantuvo reuniones con todos "para contarles lo que íbamos a hacer, para que esto sea un proyecto nacional de futuro y presente en esta etapa”.

 

El gerente general de Pfizer en Argentina, Nicolás Vaquer informó en la Cámara de Diputados que el marco legal argentino "no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales" que pide el laboratorio. Además, subrayó que “en ningún momento hubo pedido de pagos indebidos o exigencias de intermediarios" para llegar a un acuerdo con el Gobierno nacional. Las declaraciones se dieron en el marco de la exposición de los representantes de laboratorios de vacunas contra el COVID-19, en el plenario televisado de las comisiones de Salud y Legislación General. "En ningún momento se le realizaron pedidos de pagos indebidos o exigencias de intermediarios a Pfizer y la compañía no tiene ningún interés en interferir con los bienes del Estado, esto incluyendo los recursos naturales, reservas del Banco Central, activos militares, estratégicos o culturales del Gobierno", subrayó Vaquer. 

Respecto al marco legal, el gerente de la empresa farmacéutica estadounidense, se refirió a las diferencias que impidieron el acuerdo en primera instancia. “Hoy el marco legal no es compatible con algunos de los mecanismos contractuales que pide Pfizer. Tienen que ver con la indemnidad y otras protecciones. Estas conversaciones están siendo llevadas adelante por abogados con ideas concretas. No me siento con la capacidad de entrar en detalle. Encontramos el mayor nivel de colaboración del Poder Ejecutivo”, precisó.

Consultado por los diputados sobre la pronta resolución y llegada de inoculaciones de la compañía, Vaquer explicó que: "Pfizer está dispuesto a avanzar y quiere hacerlo con Argentina en la firma de un contrato y en el momento que estemos en condiciones de firmarlo haremos una oferta con volúmenes y fechas de entrega para que nos podamos comprometer con eso”, agregó en su exposición.

 

En el encuentro del Gobierno nacional con los representantes de laboratorios que fabrican vacunas contra el coronavirus, en el Congreso de la Nación, el gerente general de Pfizer Argentina, Nicolás Vaquer aclaró que la farmacéutica “no tiene ningún interés de intervenir en los bienes del Estado". Así lo explicó la columnista de Política, Mayra García, que también contó que Vaquer aclaró: “Durante la negociación no hubo ningún tipo de pago indebido ni de pedido de intermediarios por parte del Gobierno nacional”. 

En relación a las críticas de la oposición sobre la gestión de Alberto Fernández y la distribución de vacunas, la columnista explicó que Pfizer aclaró que esos supuestos 14 millones de dosis que llegarían al país, según exponían referentes opositores, “no hubieran llegado todavía porque ese acuerdo en caso de haberse concretado, era a partir de la segunda mitad que se iba a completar”, aseguró.

Los trabajadores y trabajadoras del Congreso cerraron este miércoles un acuerdo de aumento salarial del 40 por ciento para el 2021. La suba se otorgará en cuatro tramos, que se pagarán en julio, agosto, septiembre y octubre.

El acuerdo se alcanzó después de una reunión en la que participaron representantes gremiales de las tres entidades que nuclean a las y los trabajadores del Congreso, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Asociación del Personal Legislativo (APL) y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN), la presidenta del Senado, Cristina Fernández y el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

La negociación terminó con una suba de 5 puntos por delante de la nueva pauta salarial del 35%, después de que los resultados respecto a la inflación, que se estimaba en un 29%, reflejaran fuertes cambios. 

El proyecto de ley que posterga las elecciones Primarias Abiertas, Simutláneas y Obligatorias (PASO) del 8 de agosto hasta el 12 de septiembre, y las generales del 24 de octubre al 14 de noviembre, será debatido este miércoles en la Cámara de Senadores en sesión especial, según se informó oficialmente. Además, en la agenda figura un proyecto que modifica el Impuesto a las Ganancias de Sociedades.

Ambas iniciativas, que ya cuentan con la aprobación de la Cámara de Diputados, serán debatidas en la sesión especial de este miércoles 2 de junio, desde las 14. La norma que atrasa las elecciones legislativas para llegar a los comicios en mejores condiciones sanitarias frente a la segunda ola de la pandemia de coronavirus que azota a la Argentina, cuenta con el respaldo del oficialismo y de la oposición.

En sus fundamentos, el expediente plantea que "el aplazamiento de la celebración de los comicios a meses con temperaturas más elevadas permitirá optimizar la ventilación de los locales de votación y la implementación de los protocolos sanitarios". La iniciativa también hace referencia a que "durante ese lapso de tiempo adicional se continuará avanzando con la masiva campaña de vacunación que lleva adelante el Estado Nacional junto a las veinticuatro jurisdicciones, coadyuvando a un mejor cuidado de la mayor cantidad posible de argentinos y argentinas que deben cumplir con su deber cívico".

En tanto, el proyecto de ley sobre el Impuesto a las Ganancias de Sociedades busca aliviar la carga fiscal para las pequeñas y medianas empresas, al proponer una estructura de alícuotas marginales escalonadas con tres segmentos en función del nivel de ganancia neta imponible acumulada. Por ganancias de hasta 5 millones de pesos, las empresas pagarán una alícuota del 25%; sobre ganancias de entre 5 millones y 50 millones de pesos, pagarán el 30%; y finalmente, sobre ganancias superiores a 50 millones de pesos pagarán el 35%, siempre con el criterio escalonado y progresivo, ya que, si una empresa supera los 50 millones, pagará por los primeros 5 millones, el 25 por ciento, luego el 30 y por el resto de lo que supere los 50 millones, recién abonará el 35 por ciento.

En el marco de la Semana Mundial del Parto Respetado, la diputada Nacional del Frente de Todos, Cristina Álvarez Rodríguez, presentó un proyecto de ley para establecer procedimientos médico-asistenciales para la atención de las mujeres y personas gestantes frente a la muerte perinatal, y garantizar que quienes atraviesen esta situación reciban atención profesional integral, técnica y humanizada, que acompañe en la elaboración del duelo.

La iniciativa, conocida como "Ley Johanna", por el caso de Johana Piferrer, quien en 2014 padeció un hecho de violencia obstétrica tras sufrir un caso de muerte perinatal, establece dotar a las/os profesionales de la salud que intervienen al momento del parto y postparto, de procedimientos estandarizados que faciliten la atención sanitaria de quienes sufren esta situación, para que puedan atravesar la pérdida en un ambiente de contención y acompañadas de especialistas.

La muerte perinatal es aquella que se produce luego de la semana 22 de gestación. Las mujeres y personas gestantes que la atraviesan suelen hacerlo en soledad y sin el acompañamiento necesario de las instituciones. Las cifras no son bajas: en todo el mundo hay más de 6,3 millones de muertes perinatales al año.

“Tenemos que humanizar una tragedia como es una muerte perinatal”, señaló Álvarez Rodríguez. Y agregó: “No existe en nuestro país un protocolo de actuación que informe a los/as profesionales de la salud cómo desenvolverse ante la situación concreta de la muerte perinatal. Esto resulta ser traumático para quienes lo sufren y por eso es indispensable que exista un marco de asistencia y ayuda profesional para acompañar a las mujeres, personas gestantes y sus familias”.

El proyecto busca además facilitar el acceso a información sobre las opciones terapéuticas, gestiones y consultas a realizar, a fin de que puedan decidir las alternativas más pertinentes asegurando el acompañamiento de las/os profesionales. Tiene como antecedente otro proyecto de ley presentado por la diputada Magdalena Sierra, cuenta con el apoyo de la Asociación de Abogadas Feministas de Argentina (AboFem), la organización de Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) y la Red de Salud Mental Perinatal, entre otras.

Comienza el debate del proyecto de ley de Restricciones Sanitarias con un plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Salud del Senado, para buscar un dictamen que permita su pase al recinto la semana próxima. El debate en comisión se concretará a través de una videoconferencia: participarán la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti; y la secretaria Legal y Técnica de la Presidencia, Vilma Ibarra. Ambas funcionarias defenderán el texto y luego se someterán a preguntas de los legisladores.

Mayra García, columnista de política de IP Noticias, analizó la medida: "La vicepresidente Cristina Kirchner ya lo giró a dos comisiones para que arranque su tratamiento. Seguramente no habrá problemas en que salga en el Senado porque el Gobierno tiene mayoría. La idea es darle rápido tratamiento y que se apruebe antes del 21 de mayo", precisó. 

La medida intenta que el Ejecutivo nacional y los Gobiernos provinciales puedan actuar rápidamente frente a la pandemia, amparados por una ley nacional. Actualmente, las restricciones en el marco de la emergencia se dictan a través de decretos presidenciales. El proyecto estima que las provincias ejerzan control y fiscalización sobre las medidas sanitarias, mientras que las nuevas restricciones las tomará el Ejecutivo nacional o las autoridades locales. Esto dependerá de la gravedad de la situación en cada región y de distintos criterios epidemiológicos. 

Dentro de los principales puntos del proyecto, se encuentran: que el poder Ejecutivo nacional puede suspender actividades en todo el país en caso de alarma epidemiológica, la suspensión de clases y la clasificación en zonas de riesgo bajo (menos de 50 casos cada 100.000 habitantes), medio (150 casos cada 100.000 habitantes) y alto. 

 

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, consiguió por unanimidad renovar el protocolo para mantener el esquema de sesiones presenciales y virtuales. A pesar de la resistencia de Juntos por el Cambio, los jefes de los bloques de la Cámara de Diputados lograron un acuerdo.

El protocolo de trabajo que se utiliza para sesionar desde el inicio de la pandemia venció el 30 de abril. La modalidad mixta mantiene las reuniones de comisiones y sesiones presenciales y permite la participación virtual de los diputados que se encuentren enfermos o que integran grupos de riesgo.

Massa consiguió este acuerdo por un mes más y, según detalla Andrés Fidanza, conductor de Redacción IP, "esto deja preparado el terreno para sesionar y tratar dos leyes importantes que se vienen para el oficialismo". Uno de los temas es la prórroga de las PASO. Esto, explica Fidanza, "implica que se patee para adelante el cronograma electoral por un mes más. Pasará de agosto a septiembre y de octubre a noviembre. Este es un punto muy acordado entre oficialismo y oposición".

Por otro lado, el otro punto clave es la ley de "medidas de cuidado de la población" para afrontar la segunda ola de la pandemia de coronavirus. Sobre esto Fidanza señala "Juntos por el Cambio ya dijo que no quiere darle superpoderes a Alberto Fernández con lo cual no lo va a votar. Esto no significa que no se va a aprobar este proyecto, lo más probable es que consiga los votos el oficialismo con estos bloques no alineados en Diputados. En senado se va a aprobar porque tiene mayoría el oficialismo". Se espera, entonces, una agenda de trabajo muy cargada en la cámara de Diputados.

 

El Poder Ejecutivo Nacional envió en la tarde de este lunes a la Honorable Cámara de Senadores el proyecto de ley para facultar al presidente Alberto Fernández para tomar medidas sanitarias "extraordinarias de acuerdo a parámetros epidemiológicos y sanitarios regulatorios de la emergencia COVID-19".

Se trata de una iniciativa de 34 artículos que tiene por objeto "establecer medidas sanitarias generales de prevención que se aplicarán en todo el país y disposiciones sanitarias locales y focalizadas de contención y disminución de contagios por COVID-19".

Además, agrega que los gobernadores y las gobernadoras de provincias, el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Ejecutivo, según el caso, "adopten medidas sanitarias ante la verificación de parámetros epidemiológicos y sanitarios que se establecen en la presente ley, con el fin de mitigar la propagación del virus SARS-CoV-2 para prevenir y contener su impacto sanitario".

El documento divide al país según criterios epidemiológicos y sanitarios “conforme los cuales las jurisdicciones locales y el Gobierno nacional, según las competencias de cada uno, adoptarán medidas para mitigar la propagación del virus”.

Tomando en cuenta las estadísticas y estudios, “el proyecto establece restricciones y, con relación al Poder Ejecutivo, establece los criterios a utilizar para el ejercicio de sus facultades”.

Respecto a las facultades del Jefe de Estado,  puede “establecer suspensiones adicionales y ampliar previa consulta a las provincias, con informe de autoridad sanitaria local, morigerar o dejar sin efecto la suspensión de clases presenciales bajo Alarma Epidemiológica, según la mejora de datos sanitarios, previa consulta a la jurisdicción local y dejar sin efecto o morigerar las prohibiciones con intervención de la Autoridad Sanitaria Nacional”. 

Tras el acuerdo alcanzado con la oposición la semana pasada, el poder ejecutivo envió el proyecto para modificar la fecha de las PASO y las elecciones generales al Congreso, para avanzar con la campaña de vacunación en el marco de la segunda ola de coronavirus en el país. Con la firma del presidente Alberto Fernández, del jefe de Gabinete Santiago Cafiero y del ministro de Interior Eduardo Wado de Pedro, el proyecto ingresó este lunes a la cámara de diputados. El mismo establece modificar "por única vez" la fecha de las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias (P.A.S.O.) para el segundo domingo de septiembre de 2021; y las elecciones nacionales generales para el segundo domingo de noviembre del año 2021. 

A su vez, se modifica "con carácter de excepción y sólo para las elecciones nacionales 2021", el plazo para el registro de candidatos y candidatas y presentación de listas, hasta cuarenta y cinco (45) días anteriores a la elección. Lo mismo para el inicio de la campaña electoral.