La diputada Nacional Graciela Camaño analizó en IP Noticias el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló la presencialidad en las clases de la Ciudad de Buenos Aires, y la respuesta que dio el gobierno de Alberto Fernández. "No hay posibilidad de subjetividad frente al fallo, dice lo que dice", aseguró.

"El fallo habla de convivencia, de interacción, de coordinación, de lealtad o buena fe federal. O sea que habla en definitiva del federalismo de concertación", analizó la legisladora de Consenso Federal.

La diputada destacó que la decisión del máximo tribunal no declara la inconstitucionalidad ni invalida el Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que reivindica la Constitución Nacional en cuanto a las potestades que tienen la Ciudad y las provincias en materia de salud y en materia de educación. En ese sentido, Camaño entiende que la propuesta de la Corte en el fallo es que "vayan por una ley".

Consultada sobre si apoyará el proyecto que el presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso para establecer parámetros sanitarios de gestión de la pandemia, la legisladora dijo: "No acompañaría ninguna decisión que permita que la suma del poder esté en uno de los poderes del Estado. Por la sencilla razón de que el Congreso funciona, está funcionando. Y por la sencilla razón de que tiene que haber una convivencia entre los Estados. El Estado Nacional es el resultado de la decisión de las provincias, eso dice nuestra Constitución. El Estado Nacional tiene la obligación de entender que es condición sine qua non la convivencia con las provincias".

"Quienes saben lo que se necesita en cada lugar son los gobiernos locales", agregó Camaño.

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La Comisión Bicameral de Seguimiento y Control de los Organismos y Actividades de Inteligencia dará a conocer este martes un informe en el que se recomienda al Poder Legislativo crear una Comisión Bicameral que examine los vínculos y conductas de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte, a partir de las denuncias y argumentos sobre espionaje ilegal durante la gestión de Mauricio Macri.

En el documento, se afirma que en el período 2015 - 2019 "se utilizó el poder del Estado para implantar un plan sistemático de espionaje político ilegal", y solicitan se trate de forma específica la conducta de un puñado de jueces, fiscales, camaristas y miembros de la Corte que “desviaron de las normas constitucionales afectando el Estado de Derecho en sus aspectos más esenciales como lo son la vida pública y privada de los ciudadanos, el principio de inocencia, el debido proceso y la defensa en juicio”.

Alegan que los nombres de las operaciones contra opositores políticos, sindicales y empresarios no alineados con el gobierno de Macri dan cuenta de la amplitud del espectro alcanzado: "Operación Instituto Patria; ARA San Juan; Servicio Penitenciario; Pablo Barreiro; Fariña-Etchegaray; Juez Carzoglio; BrusaDovat-PDVSA; Atentado contra José Luis Vila; Pedro Etchebest; Dirigentes políticos del Norte Argentino; Gas Natural Licuado - GNL, por mencionar sólo algunas, incluyendo la que sufrió la expresidenta de la Nación, Cristina Fernández".

"No quedó nada afuera: hubo aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales y gremiales espiadas ilegalmente; al menos 307 víctimas directas confirmadas; 43 intervenciones de los servicios de inteligencia en causas penales solamente en los primeros 12 meses de gestión", detalla el archivo.

El objetivo, aseguran, era armar denuncias y difundirlas para crear “un clima de odio, rencor y revancha que justificara la intervención judicial sin que importaran las pruebas y mucho menos el debido proceso y las demás las garantías constitucionales, para borrar o montar una nueva memoria popular sobre el ciclo político que había gobernado la Argentina desde el año 2003 hasta el año 2015”. Y que no era posible armar este circuito sin financiamiento, por lo que el gobierno de Macri decidió por decreto que los gastos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) vuelvan a ser reservados "sin control alguno".

“En razón de estos fundamentos y de los hechos investigados que se acompañan, es que dictaminamos la necesidad de imponer al Parlamento argentino y por su intermedio a la sociedad toda, sobre la existencia de una estructura ilegal de espionaje y persecución política de matriz mafiosa que en los últimos años ha conmovido el sistema institucional de nuestro país, sobre cuyos pilares se montó una amenaza a la propia democracia", manifiesta.

El documento fue elaborado por integrantes de la bicameral presidida por el oficialista Leopoldo Moreau, quien a fines de marzo aseguró que hubo “más de 300 víctimas” de espionaje ilegal “sistemático” montado desde la AFI, entonces encabezada por Gustavo Arribas.

La Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados realizó una reunión informativa sobre el proyecto de Ley del Impuesto a las Ganancias para sociedades, presentado por el Poder Ejecutivo.

La iniciativa, enviada al Congreso el 9 de abril pasado, se encuentra dirigida a sociedades y empresas con "enmiendas que buscan robustecer su carácter progresivo" y brindar “más alivio fiscal”.

El proyecto busca una reducción de la carga tributaria para el 90% de las empresas, específicamente las micro y pequeñas empresas, y fortalecer la sostenibilidad fiscal. A partir del nuevo esquema propuesto, solo el 10% de las empresas pagará una alícuota del Impuesto a las Ganancias más elevada.

“Nueve de cada 10 empresas verán reducida su alícuota. Son 2000 empresas que solo pagarán el gravamen más alto. Es importante verlo en términos de lo que es en cada una de las jurisdicciones y provincias: les mejorará la recaudación y supondrá $79 mil millones de recursos tributarios”, aseguró durante su exposición la titular de la AFIP, Mercedes Marcó del Pont.

Según lo precisado en la nota enviada, se intenta revertir la reforma tributaria del 2017, instrumentada por el gobierno de Juntos por el Cambio, que tuvo un carácter “regresivo, debilitó al fisco y no tuvo un impacto positivo en términos de aumentar la producción, el empleo y la inversión”.

En este sentido, una vez que la ley sea aprobada, las empresas pagarán un 25% para un primer tramo de beneficios de hasta 5 millones de pesos anuales, un 30 para un tramo intermedio de 5 millones a 20 millones de pesos anuales, y para los beneficios superiores a ese umbral se aumentará al 35%.

El diputado Nacional por el Frente de Todos (FdT) Federico Fagioli pasó por IP Noticias y explicó los puntos centrales del proyecto de ley de cuidado integral para personas en situación de calle, norma de su autoría que el Congreso de la Nación está en condiciones de debatir.

"Es un proyecto que intenta empezar a discutir la necesidad de recuperar los derechos que han perdido las personas en situación de calle. Una definición clave para entender la problemática es que las personas en situación de calle son aquellos que tienen vulnerados todos sus derechos. Con este proyecto de ley intentamos reparar y generar herramientas para resolver esa problemática", dijo el legislador.

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El Gobierno Nacional comenzó el proceso para establecer el proyecto de ley que significaría un alivio fiscal para aquellas sociedades afectadas por el impuesto a las Ganancias.  El oficialismo tiene la intención de establecer un sistema progresivo de alícuotas que se definirá según el volumen de su recaudación.

Esto significa una modificación importante a la ley del Impuesto a las Ganancias y, según sus impulsores, tiene el objetivo primario de establecer un sistema permanente de tributo a las Sociedades de Capital con el fin de mejorar la recaudación fiscal "sin afectar a las empresas de menor tamaño".

El proyecto de ley describe que pagarán un 25% las Sociedades de Capital con una ganancia de hasta $1.300.000 , un 30% aquellas que tengan una ganancia de hasta $2.600.000 y un 35% las que cuentan con ganancias anuales superiores a $2.600.000.

El sociólogo, antropólogo e investigador del Conicet, Pablo Seman analizó el discurso del presidente Alberto Fernández junto a Alejandra Martínez y Ariel Aleart en la primera edición de IP Noticias. “Alberto se hizo cargo de plantear una cuestión que, para una parte del Frente de Todos es importante, que es la cuestión de la justicia. Pero lo hizo por un camino propio: no planteó lo que le están pidiendo por ahí otros integrantes del Frente de Todos, aunque sí planteó una preocupación y sí planteó una línea de avance. Y en segundo lugar, me parece que toda esta cuestión de las tarifas nuevamente expresa los matices dentro del Frente de Todos porque -uno tiene más o menos entendido o leído- en el área del Ministerio de Economía esto no es visto como lo mejor que podía suceder”, expresó el investigador del Conicet.

“Hubo gestos de entendimiento conceptuales que se traducen, creo yo, en la forma de presentación pública de Alberto y Cristina, que yo creo hablan mutuamente mucho más de cómo se presenta esta situación”, concluyó Seman.

Ante una Asamblea Legislativa dividida entre la presencialidad y la virtualidad por los protocolos sanitarios, el presidente de la Nación Alberto Fernández dio inicio a las 139° sesiones ordinarias del Poder Legislativo con un discurso atravesado por la gestión sanitaria, el tratamiento de la deuda externa y las expectativas económicas.

En uno de los pasajes más fuertes de su discurso, el máximo mandatario apuntó contra el préstamo que el gobierno de Mauricio Macri tomó con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

"Permitir que los recursos que ingresaron solo hayan posibilitado la más asombrosa fuga de divisas que nuestra historia registra y que la toma de semejantes créditos haya sido resuelta entre gallos y medianoche, sin intervenciones judiciales y técnicas previas, con total irresponsabilidad y a espaldas de este Congreso Nacional, no puede ser visto de otro modo que no sea una administración fraudulenta y una malversación de caudales públicos como nunca antes hayamos registrado", apuntó Fernández.

Ante este escenario, Alberto Fernández aseguró que "es necesario que endeudarse no sea gratis y que los responsables rindan cuentas de sus actos". 

"He instruido a las autoridades pertinentes para que formalmente inicien querella criminal tendiente a determinar quienes han sido los autores y partícipes de la mayor administración fraudulenta", dijo, y despertó el reconocimiento de buena parte de los legisladores presentes.

El Presidente encabezó la apertura 139° de Sesiones Ordinarias en el Congreso de la Nación con un discurso de dos horas donde recorrió los hitos políticos que marcaron el 2020 y la proyección de la agenda 2021 donde incluyó temáticas de género. 

"Hizo un repaso bastante claro de las políticas hechas hasta ahora con respecto a cómo combatir la violencia de género desde el Estado y nombró algunas de las políticas públicas a futuro. Habló de la justicia, habló de una reforma judicial. No lo dijo así, pero dijo que había enviado un proyecto", comentó la columnista especialista en género Paula Giménez en Tarde a Tarde.

Además, Alberto Fernández mencionó el Proyecto Nacional de Cuidados que esta siendo elaborado. Una iniciativa que busca legislar sobre las personas que ejerzan cuidados para que los mismos sean distribuidos de manera mas equitativa. 

"Para mi uno de los pilares mas importantes y una de las banderas de género para el Ministerio de la Mujer", analiza Giménez.

El ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Nación, Roberto Salvarezza, explicó en IP Noticias los puntos centrales de la nueva Ley de Financiamiento de la Ciencia y la Tecnología que aprobó este miércoles el Congreso de la Nación.

"Es muy importante lo que se votó ayer porque permite cuadruplicar en los próximos años, con cuatro veces más presupuesto, lo que pone el Estado en ciencia y tecnología. Si hoy ponemos 1100 millones de dólares, estaremos poniendo al final de 2030 unos 4400 millones de dólares", explicó el ministro.

"Lo que pone el Estado es un 0,25% del PBI. Pero esto no es el total: los privados y las provincias también ponen. Lo que nosotros estamos diciendo es que ese 0.25% llegue a un 1%. Si razonablemente crece la inversión privada uno podría acercarse al 2% del PBI de inversión total, algo que nos acerca a lo que hoy tiene la Unión Europea", agregó Salvarezza.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, presentó el último viernes un proyecto de ley para introducir modificaciones en las alícuotas del impuesto a las ganancias y eximir del pago a las y los trabajadores que perciban salarios menores a 150 mil pesos.

El diputado nacional por Juntos por el Cambio (JxC) Alejandro Cacace dialogó con IP Noticias sobre el texto ingresado al recinto y fijó su posición al respecto: "Que la medida sea de llevar a 150 mil pesos el salario mínimo para el pago del impuesto va a ser apoyado por todos. El tema es cómo hacer la actualización luego, para que esto no vuelva a pasar. Otro tema a discutir es el de los jubilados: hay jurisprudencia que ha establecido que los jubilados no debieran pagar ganancias".

Resta saber si el tratamiento será en sesiones extraordinarias, para lo cual el presidente Alberto Fernández debería incluirlo por decreto en el temario, o bien si será un tema a trabajar a partir de marzo.

De aprobarse el proyecto de ley se calcula que 1.267.000 trabajadores y jubilados dejarían de pagar el impuesto a las ganancias.

En su primera sesión del año, la Cámara de Senadores de la Nación aprobó el pliego de Alejo Ramos Padilla, quien pasará a ocupar el puesto de magistrado con competencia electoral en la provincia de Buenos Aires.

Junto a la designación del juez, la Cámara Alta aprobó los pliegos de otros 14 funcionarios del Poder Judicial y defensores públicos del Estado.

Ley de Defensa de la Competencia

El proyecto de ley de la senadora correntina Ana Claudia Almirón que estipula reformas en la Ley de Defensa de la Competencia obtuvo media sanción y será girado ahora a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El texto de la representante del Frente de Todos (FdT) busca modificar la forma de designación del tribunal de Defensa de la Competencia para que los integrantes sean seleccionados, en primera instancia, por el Ministerio de Desarrollo Productivo, con posterior aprobación del Congreso.

"Vivir en Argentina después de esta madrugada es mucho mejor que el país que teníamos ayer", dice la actual directora del Banco Provincia, Juliana Di Tullio, sobre la Ley de Aborto aprobada la madrugada del miércoles en el Senado. 

Di Tullio, en sus funciones como diputada por el Frente para la Victoria fue una de las propulsoras del proyecto de Ley que fue presentado ocho veces y tratado solo dos en el Congreso de la Nación: "No estaban los votos en la Cámara de diputados y diputadas de la Nación que pretendíamos ser la cámara iniciadora del proyecto de interrupción legal del embarazo. Nos pasaba a todos los bloque políticos. No podíamos juntar ni la mitad de los votos. Faltaba que la política madurara", explicó.

¿Qué cambió ahora? La exdiputada sostiene que es muy importante en términos legislativos porque fue el Presidente de la Argentina quien envió el proyecto al poder legislativo. "Han visto la diferencia de votos en el Senado ayer", dice Di Tullio en referencia al tratamiento de la ley en 2018.

La periodista salteña, Lula Gonzalez conversó con la columnista de género Paula Giménez sobre La ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en la previa al debate en el Senado de la Nación. ¿Cómo se vive dentro del Congreso? ¿Qué cambios hubo del 2018 a esta parte en nuestro país?

"Yo tengo muchos compañeros que son pañuelos celestes. Sin embargo creo en la evolución de cómo hemos dado la pelea desde el feminismo. Eso ha sido algo de lo que estoy orgullosa de mis compañeras. No lo hemos visto como un enfrentamiento como ha sido en el 2018 que te dejaban de hablar o salías en una lista negra porque eras pañuelo verde", dijo Lula en el vivo de IGTV de IP Noticias. 

Además la periodista describió particularmente el folcklore político en el parlamento: "Los diputados son como un camping y el senado es como un country club, donde llegan exclusivos, llegan expresidentes, exgobernadores, una elite de la política". 

El 29 de diciembre se tratará la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo en el Senado de la Nación. Tras cuatro días de debate en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, el proyecto consiguió este jueves el dictamen y las firmas necesarias, pero aún hay algunos senadores que quieren establecer modificaciones:

"El proyecto está en manos de los senadores y senadoras. Si hubiera cambios volvería a diputados", explicó Elizabeth Gómez Alcorta, Ministra de Mujeres Géneros y Diversidad en el Noticiero Central de IP Noticias.

Sobre las posibilidades de que salga la ley dijo: "Los números siguen siendo muy ajustados, lo eran hace una semana. Habrá que trabajar en darle buenas razones a los indecisos o las indecisas parta que se generen los consensos".

A su vez, Gómez Alcorta se mostró preocupada por las "presiones de todo tipo porque es una práctica altamente antidemocrática", en referencia al diputado del Frente de Todos, Daniel Ferreyra, que se abstuvo de votar la ley luego de ser acusado de "vender su voto" y recibir amenazas. 

Pasadas las 7 y cuarto de la mañana, después de largas e intensas horas de debate dentro del recinto, y de espera y vigilia en las calles, la Cámara de Diputados le dio media sanción al proyecto de ley para la legalización de la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE).

Con 131 votos a favor, 117 en contra y 6 abstenciones, finalmente la iniciativa que busca regula el acceso al aborto seguro, legal y gratuito obtuvo la media sanción. Ahora deberá pasar por la Cámara Alta.

La Cámara de Diputados también aprobó el proyecto de ley de los 1000 días, que busca acompañar a las personas gestantes durante el embarazo y los primeros años de vida de los hijos. También deberá pasar por el Senado. 

Nelly Minyersky, apodada "la reina verde" por UNESCO y pionera en el debate por el aborto, tiene años de lucha por temas vinculados a los Derechos Humanos. Más precisamente, por el aborto legal, seguro y gratuito. Mientras en Diputados se debatía el Proyecto de Ley presentado por el Gobierno de Alberto Fernández, Nelly Minyersky conversaba con Diego Iglesias y Tamara Tenenbaum sobre la historia de este movimiento y la expectativa por la media sanción. 

"Todavía se naturaliza la idea de que la mujer es inferior", aseguró. Si es posible o no definir cuándo se interiorizó en el feminismo, es incierto. Lo que sí dice, es que "muchas feministas lo éramos sin saberlo".

Nelly tiene 91 años y en todo este tiempo, siempre militante de los Derechos Humanos, puede afirmar una y otra vez que en su profesión siempre percibió "la desigualdad y discriminación contra la mujer. ¿Cómo fue la historia? ¿Cómo construyó su camino? "Las mujeres somos las primeras en aparecer en las luchas colectivas", dijo en Otro Día Fabuloso. Y a los hechos se remite: con el pañuelo verde de la Campaña por el Aborto y en el piso de IP, profundiza sobre esta problemática.

El debate por la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo está en curso y más vivo que nunca. Diego Iglesias y la periodista especializada en género Tamara Tenembaum, conversan con 3 integrantes del movimiento en contra del aborto: Las integrantes de la agrupación "Más Vida", Cecilia Serrano y Ayelén Alancay, y la abogada Elizabeth Márquez.

"La vida no se debate, en su momento en el 2018 ya lo debatieron, ya se rechazó. La vida es el primer derecho humano", dijo Cecilia Serrano.

"Yo soy producto de un embarazo no planificado. Mi mamá y mi papá no eran novios, se conocieron y yo llegué a sus vidas. Si el aborto hubiese sido legal hace 30 años no estaría hablando acá con ustedes", expresó Ayelén Alancay. 

"Como abogada tengo la obligación de defender la constitución. Todos los convenios internacionales a los que argentina suscribió en 1994 hablan de que la vida comienza en la concepción. Por eso estoy en contra de votar leyes que vulneren el sistema de garantías", comentó Elizabeth Márquez.

Tras la media sanción obtenida el último 11 de diciembre en la Cámara de Diputados y cuatro días de debate en el plenario de comisiones de la Cámara Alta, el proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) consiguió este jueves dictamen y las firmas necesarias para ser tratado en el recinto el 29 de diciembre.

La senadora por la provincia de La Pampa y titular de la Comisión Banca de la Mujer, Norma Durango, agradeció "el debate serio, responsable y respetuoso". Para quienes apoyan el proyecto de IVE y el Plan de los 1000 Días era muy importante superar la instancia de debate en comisiones con celeridad: los tiempos administrativos del poder legislativo corren, así como la obligación de dejar transcurrir siete días hábiles entre la emisión de un dictamen y la sanción en el parlamento. Este jueves era la última oportunidad para que el debate por el aborto termine en 2020.

Las claves del debate en 2020

Luego de la derrota sufrida por el proyecto de IVE en 2018, el texto enviado en 2020 por la gestión del presidente Alberto Fernández tiene algunas modificaciones que buscan garantizar su aprobación. La principal diferencia con el proyecto que proponía la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito es la inclusión de la objeción de conciencia institucional y la necesidad de un consentimiento de los padres o tutor legal para las mujeres de entre 13 y 16 años.

Después del rechazo del Senado en 2018, el jueves 10 de diciembre volvió al Congreso el proyecto que busca legalizar la interrupción voluntaria del embarazo (IVE), esta vez propio del Poder Ejecutivo, que además va acompañado del Plan de los 1000 días. A las 11 de la mañana arrancó el debate dentro del recinto y finalizó a las 7 de la mañana. 

Las calles ya se preparan para vivir una jornada histórica. Al igual que en 2018, las inmediaciones del Congreso se encuentran divididas en dos: verdes y celestes. Aun así, desde las organizaciones piden respetar el distanciamiento social, el uso del tapabocas y alcohol en gel.

Por el lado de los pañuelos verdes, la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito convoca a una vigilia desde las 10 de la mañana en las inmediaciones del Congreso y en distintas ciudades del país. Hay un escenario principal y pantallas en Rivadavia y Callao. Por el lado de los pañuelos celestes, la Unidad Provida, que integra 150 organizaciones que rechazan el proyecto, convoca a reunirse a partir de las 18 en Hipólito Yrigoyen y Entre Ríos. 

La abogada especialista en ciberdelitos, Marina Benítez Demtschenko, conversó en con Gabriel Sued y Noelia Barral Grigera sobre la difusión no consentida de material íntimo, luego de la noticia del suicidio de Belén San Román luego que su ex viralizara imágenes íntimas. "Estos delitos son mucho más comunes de lo que podemos imaginar", dijo. 

"Todas las víctimas de este tipo de problemáticas, que no son delitos, demandan una actualización del Código Penal para poder principalmente radicar las denuncias. Porque al no estar contemplado, en muchas dependencias públicas, fiscalías o comisarías, no se toman las denuncias cuando hay una situación de difusión no consentida de material íntimo que no tienen un correlato de amenaza o extorsión, que si son delitos", explicó la abogada en IP Noticias. 

Además, Marina Benítez Demtschenko remarcó que hace más de 4 años, se plantea que difusión no consentida de material íntimo forme parte de los delitos contemplados en el Código Penal. "Hay proyectos de ley en curso que nunca se terminan de tratar".