Los derechos humanos de los presos: la política carcelaria otra vez en discusión
El 10 de diciembre, en coincidencia con el Día Internacional de los Derechos Humanos, la provincia de Buenos Aires (PBA) inauguró 4.100 plazas carcelarias que forman parte de la segunda etapa del Plan de Infraestructura Penitenciaria. El programa apunta a garantizar condiciones de vida digna para la población carcelaria, así como el pleno cumplimiento de sus derechos humanos.
La iniciativa fue puesta en marcha en 2020, luego de que la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia bonaerense informara el estado crítico de las condiciones humanitarias en las cárceles.
Según el organismo, la sobrepoblación en los penales provinciales era mayor al 110% a fines de 2019. La cifra surge del contraste entre los 58.300 detenidos y la cantidad de plazas carcelarias, que según el Ministerio de Justicia eran 24 mil, mientras que la Comisión por la Memoria contabilizó 21 mil.
Derechos humanos, ¿para todos?
La Declaración de 1948 sirvió como instrumento de consenso entre Estados que aceptaron el reconocimiento de una serie de derechos y libertades fundamentales. Incluye a todas las personas sin distinción de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen nacional o étnico, religión, lengua o cualquier otra condición.
Esencialmente, los derechos humanos abarcan aspectos de la vida social y política en su conjunto, y Argentina es una de las naciones que adhiere a ese tratado.
Sin embargo, el cumplimiento de los derechos humanos es y ha sido, en muchos casos, una deuda con sectores vulnerables de la población. Sus principios adquieren relevancia especial en asuntos sensibles como, por ejemplo, la política de seguridad y la organización carcelaria.
A un año de las elecciones, y en un contexto de fuerte polarización en la política en el área de seguridad, el debate por los derechos humanos de quienes cumplen condenas vuelve a tomar protagonismo en la agenda.
Derechos humanos en las cárceles bonaerenses
El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) incluye un paradigma de tratamiento en contextos de encierro.
El mismo busca la reducción de la reincidencia criminal y el fomento de la inclusión social a través de la creación de escuelas, centros de capacitación y polos de producción industrial para fomentar el trabajo.
Con base en el PNUD, el Plan de Infraestructura Penitenciaria consiste, principalmente, en la ampliación de la capacidad de alojamiento para personas detenidas, pero también en destinar más inversión estatal al desarrollo de acciones penitenciarias y pospenitenciaras apuntadas a la reinserción social.
El fundamento de esta política de seguridad es que la sobrepoblación de internos en el sistema penitenciario deriva en situaciones de hacinamiento, falta de higiene, medicación y alimentos y, en consecuencia, mayores índices de reincidencia.
Según informó el gobernador, Axel Kiciloff, entre 2015 y 2019 se incrementó en 16 mil el número de internos del servicio penitenciario, pero solo se construyeron mil plazas para alojarlos. En ese periodo se registró un aumento de la reincidencia en el delito, que llegó al 46%.
Con ese trasfondo, el programa de reestructuración penitenciara establece medidas integrales articuladas entre el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y las intendencias.
El abordaje busca evitar las condiciones precarias de detención en comisarías, facilitar el sostén de los vínculos familiares de los internos y fomentar la participación en programas educativos y laborales, entre otras medidas orientadas a gestionar la penalidad como parte de la seguridad ciudadana.
Política de seguridad en la dirigencia argentina
Según datos del Servicio Penitenciario Bonaerense, la provincia se encuentra en emergencia penitenciaria desde 2001. La sobrepoblación carcelaria es una constante, lo cual se explica no sólo por la desinversión en el sistema, sino por la falta de articulación con mecanismos jurídicos y el diseño de la política criminal.
Las posiciones al respecto por parte de los dirigentes en los últimos años reflejan la falta de acuerdos en torno a las políticas públicas sobre el tema.
En 2018, el entonces ministro de Seguridad de PBA, Cristian Ritondo, destacó que había "récord de detenidos", al detallar que había 42 mil presos, y otros cuatro mil alojados en comisarías. Consultado por la sobrepoblación carcelaria, aseguró: "Yo prefiero a los delincuentes amontonados y no liberados".
En el marco de su campaña como candidato a la gobernación de PBA para 2023, el actual diputado nacional impulsa dos proyectos de ley para bajar la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La iniciativa para modificar el Régimen Penal de la Minoridad fue respaldada por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich y la ex gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.
Ante los cuestionamientos por la sobrepoblación carcelaria durante su gobierno, la mandataria señaló que eso se debió a "una política de seguridad que actuaba contra el delito".
De acuerdo al relevamiento del Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena, en 2017 el 47% de los presos no tenía condena firme, lo cual coincide con el uso excesivo de la prisión preventiva y los criterios de persecución penal.
