Amenazas a Sergio Massa y su familia: los imputados deberán realizar tareas comunitarias

La Justicia determinó que 10 personas culpables de amenazar al ministro de Economía y su grupo familiar deberán hacer tareas comunitarias y donaciones en efectivo a una asociación civil.

El Juzgado Federal N°2 de San Isidro determinó la culpabilidad de diez imputados por amenazas al ministro de Economía Sergio Massa y su familia. Los hechos ocurrieron en 2020, a través de redes sociales y a los números de celular particulares de Massa y su esposa, Malena Galmarini. 

Qué resolvió la Justicia

La Justicia detalló en la causa que los acusados se declararon culpables por la intimación al titular de Economía y su familia. Por este motivo, se les impuso la pena de realizar tareas comunitarias y donaciones de dinero a una asociación civil sin fines de lucro por montos que van entre los $20.000 y los $200.000.

Se trata de una causa por una denuncia realizada por Massa, por entonces presidente de la Cámara de Diputados, a raíz de múltiples amenazas de muerte que recibieron él y su esposa, la titular de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Malena Galmarini, y otros familiares en septiembre de 2020, tanto en redes sociales como por WhatsApp, tras haberse difundido sus respectivos teléfonos.

A partir de la denuncia, se identificaron diez responsablesFranco Ezequiel BaralesJuan Ignacio BogadoMartín Rubén FernándezJulio Ariel Lovera, Sebastián Medina CanchariBlas PawlukDarío Hernán PosniakIgnacio SaluzzoMarcela Alicia Villabrille Luis Hernán Molina.

Las penas

Luego de la investigación y tras considerarse que "se encontraba suficientemente demostrada las autorías y responsabilidades penales" de los acusados, la justicia resolvió imponerles obligaciones por el término de hasta dos años y seis meses.

De ese modo, teniendo en cuenta que según lo manifestado por la fiscalía sobre que "cada frase empleada es distinta y algunas tienen mayor entidad", los imputados deberán abonar entre $20.000 y $200.000 a la Asociación Civil "Pequeños Pasos".

Además, deberán entregar los celulares utilizados para enviar los mensajes amenazantesrealizar tareas comunitarias y cursos de Derechos Humanos, entre otras obligaciones formales.