El juez penal, Marcelo Malvar, rechazó este sábado el segundo hábeas corpus que presentó el ex asesor judicial de Juntos Por el Cambio, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón.  Ahora, la justicia argentina podrá solicitar a Interpol la alerta roja y la policía internacional podrá detenerlo.

A comienzos de mayo, el exfuncionario del gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) ingresó un pedido de asilo político como refugiado en Uruguay y denunció que es víctima de una persecución política en su país, al que aseguró que no puede volver por “temores fundados” a ser “privado indebidamente” de su libertad. El 7 de mayo el juez Malvar desestimó una demanda de habeas corpus preventivo de Rodríguez por entender que fue “apresurada”. Señaló que no existía en ese momento “ninguna autoridad administrativa” que afectara la “libertad” del exfuncionario. En la resolución judicial se exhorta a Interpol y al Ministerio del Interior uruguayo que “en caso de ser detenido en cumplimiento de los mandatos legales, se vele con especial cuidado por la vida, integridad física, intimidad, y honor del actor”. El juez considera que Rodríguez “tiene derecho a ser protegido en todos sus derechos, en especial a su vida e integridad”.

Según fuentes judiciales del país vecino, aún no existe en Uruguay un pedido de captura solicitado por Interpol. Rodríguez debe demostrar que es inminente la pérdida de libertad, dijo un informante. El miércoles pasado, la jueza federal argentina María Servini ordenó la captura internacional de Rodríguez Simón y el gobierno uruguayo recibió un día antes el pedido formal de refugio del operador judicial que es investigado por el delito de "hostigamiento y ahogo financiero" a las empresas del Grupo Indalo. 

El exoperador judicial del gobierno de Cambiemos, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón, permanece prófugo de la Justicia argentina y se presentó en un juzgado uruguayo para dar a conocer su situación de refugiado. Fuentes de la Fiscalía de ese país aseguraron que "por el momento" no está prevista su detención. Fuentes de Cancillería uruguaya aseguran que está el pedido de refugio y que todavía no saben que decisión tomarán al respecto. El diputado del Parlasur de Cambiemos ya presentó un segundo recurso de “habeas corpus” para atender su situación legal en el país vecino, del cual aún no hay novedades.

Por otro lado, el diputado renunció a su residencia legal permanente en Uruguay para poder solicitar el estatus de refugiado, una figura jurídica que se contrapone a un eventual pedido de extradición hacia Argentina. Esto fue una consecuencia de la solicitud de la jueza argentina María Servini, que pidió la captura nacional e internacional de Rodríguez Simón. La alerta roja de Interpol ya está activa. La Comisión de Refugiados de Uruguay tiene 90 días para elevar un informe tras entrevistar a la persona que solicita refugio.

El primer habeas corpus fue presentado por Rodríguez Simón el último 6 de mayo, cuando solicitó refugio sosteniendo que en Argentina está siendo perseguido “por sus opiniones políticas”. Agregó: “A fines de 2019, se inició una causa en su contra ante el juzgado a cargo de la Dra. María Servini de Cubría, la que se ha tramitado en forma anómala, arbitraria, irregular, con denuncia de delitos no graves y con medidas cautelares desproporcionadas”. 

En tanto, la resolución de la jueza Servini dice que no tiene ningún argumento para alegar que existe en su contra una "persecución política", la razón que invoca para que le den el carácter de refugiado y evitar su posible extradición. Servini lo había citado a indagatoria en la causa donde investiga una presunta asociación ilícita y le atribuye amenazas y extorsiones concretas contra los dueños del Grupo Indalo, Cristóbal López y Fabián de De Sousa, y maniobras con el objetivo de perjudicar a sus empresas o de quitárselas. 

Repercusiones en Uruguay

El presidente de Uruguay, Luis Lacalle Pou, se refirió al tema el último martes en el acto de conmemoración del 210 aniversario de la batalla de Las Piedras. Dijo que se había enterado por las noticias del pedido de refugio y que se había comunicado por teléfono con el canciller, Francisco Bustillo. “Si cumple con determinados requisitos, se le concede; si no, no”, subrayó.

 

La Corte Suprema de Justicia de la Nación dictaminó que la denuncia por abuso sexual contra el senador tucumano, José Alperovich, sea investigada en la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. Alperovich fue denunciado en 2019, por su sobrina de 29 años, en una carta pública en la que relataba lo acontecido: 

“No escribo para convencer a nadie de nada. Estoy aquí contra la opresión del silencio y por la necesidad de recuperar mi vida, de sanar llamando a las cosas como son, sin suavizarlas ni teñirlas, poniéndole al monstruo nombre y apellido. Cuando no le ponés nombre, no existe (...) “El mío se llama José Jorge Alperovich, mi tío segundo y jefe, por quien fui violentada sexual, física y psicológicamente desde diciembre del 2017 hasta mayo de 2019. Durante un año y medio sufrí violaciones a mi integridad física y sexual. El avasallamiento fue demoledor. Tanto que ni siquiera pude ponerlo en palabras. Él oscilaba libre y cómodamente en los tres escenarios ante los que me posicionaba: el familiar, el laboral y el del horror de la intimidad que me forzaba a vivir con él", explicó la joven. 

El senador solicitó licencia sin goce de sueldo en el Congreso e intentó volver el 4 de junio pero se le otorgó una prórroga para evitar que se ampare en sus fueros para no ser encarcelado en caso de que llegue a esta instancia. 

La Justicia brasileña ordenó este miércoles allanar el Ministerio de Medio Ambiente e investigar a su titular Ricardo Salles, una de las figuras más polémicas del gobierno de Jair Bolsonaro, por su presunta implicación en un esquema de exportación ilegal de madera.

La Policía Federal cumplió allanamientos en Brasilia, San Pablo y en el estado de Pará, tras identificar un "grave esquema criminal de carácter trasnacional" en el cual estarían "implicadas autoridades (...), entre ellas el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo de Aquino Salles, así como funcionarios públicos y personas jurídicas", señaló el Juez de la Corte Suprema que autorizó las investigaciones.

La Justicia también autorizó el levantamiento de su secreto bancario y ordenó separar del cargo a diez personas que ocupan posiciones de confianza en el Ministerio y en el órgano de regulación ambiental Ibama, incluido su presidente, Eduardo Bim.

Salles afirmó a periodistas en Brasilia que las irregularidades señaladas por la policía "jamás ocurrieron" y las acusaciones no tienen "sustancia alguna", por lo que no presentó su renuncia.

"El Ministerio del Medio Ambiente y el Ibama siempre buscaron actuar de acuerdo con las reglas, el sentido común y el equilibrio y eso quedará demostrado en la investigación", aseguró el ministro.

El gobierno de Bolsonaro es acusado de haber favorecido el repunte de la deforestación, reduciendo los recursos de los organismos de control y preconizando la apertura de la región amazónica a actividades agropecuarias y mineras.

Greenpeace Brasil celebró la destitución del presidente del Ibama y pidió que Salles "sea apartado de su cargo inmediatamente".

El Gobierno Nacional alcanzó la mayoría en las comisiones de Justicia y Asuntos Constitucionales y dio dictamen del proyecto de reforma del Ministerio Público Fiscal. Con 34 acompañamientos a favor, el oficialismo se aseguró el dictamen en comisión. La periodista Analía Argento explicó los detalles de la medida para IP Noticias.  “El candidato al cargo de Procurador General del presidente de la Nación, Daniel Rafecas, cuyo pliego está en el Senado, dijo que si se modifica esta ley y el presidente la promulga, él se baja de la candidatura; no quiere cambios en la ley en medio del proceso”, relató. 

Además, Argento contó que el debate estuvo marcado por un clima de profunda discusión y cruces entre diputados oficialistas y opositores. "Leopoldo Moreau acusó al gobierno de Macri de perseguir a la procuradora anterior, Alejandra Gils Carbó, con el aval del Senado. Silvia Lospennato acusó al oficialismo de avasallar la Justicia, si el procurador interino, Eduardo Casal, continúa en el cargo", describió. También dijo que el oficialismo aún no tiene el mínimo de votos para aprobar el proyecto de ley que intenta generar cambios como poner plazo al mandato del procurador general y flexibilizar su designación. 

 

El Gobierno Nacional negocia con los bloques en Diputados para alcanzar una mayoría con el objetivo de aprobar el proyecto de ley que impulsa la reforma del Ministerio Público Fiscal. Al respecto, el diputado Nacional José Luis Ramón, que apoyará la iniciativa, habló con Redacción IP.

"Estamos dando paso a un cambio de época y las cosas van a cambiar porque la economía del mundo va a tener que repensarse y empezar tratar de levantar el estándar de la calidad de vida de abajo para arriba. Las economías del bienestar de las familias con una gran presencia del estado", remarcó en diálogo con Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

En ese sentido, Ramón explicó que en vistas del proyecto de ley para reformar el Ministerio Público Fiscal tienen "una visión particular en relación al cambio de época" y que conversaron cambios y propuestas con el ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria. "No entra dentro de este proyecto, pero se lo propusimos: los fiscales y los jueces de la Argentina tienen que ser elegidos por el voto popular".

"Patricia Bullrich (presidenta del PRO) y el presidente de la UCR (Alfredo Cornejo) ambos han planteado una manera de oposición que va con los tapones de punta y no está permitiendo esto que la ciudadanía nos está pidiendo a gritos: ¡Pónganse de acuerdo!", agregó el legislador.

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou.

Luego de que el juez federal Daniel Rafecas ratificara que declinará su postulación a Procurador si cambia la ley del Ministerio Público Fiscal, el diputado Nacional (PRO) por la Ciudad de Buenos Aires Pablo Tonelli conversó con IP Noticias.

"Esta ley del Ministerio Público es la que realmente nos preocupa, porque nada bueno va a traer al funcionamiento de la Procuración, sino todo lo contrario: va a significar que pierda su autonomía, su independencia y quede sometida a los designios del poder político con todo lo que eso implica", comentó Tonelli en diálogo con Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

Además el legislador remarcó que el Gobierno nunca puso en consideración el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración. "En su momento hubo reclamos de senadores pidiendo que se pusiera a consideración y el oficialismo se ha negado", dijo.

"El modo sencillo, republicano y constitucional de salir de la situación es, en primer lugar, que el oficialismo ponga en consideración el pliego de Daniel Rafecas y, si no, proponer un candidato idóneo que a todos nos dé garantías de que va a actuar con ecuanimidad con equilibrio y respetando la ley", concluyó Tonelli.

IP Noticias Edición Central  se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El 10 de marzo de 2014 los grandes medios anunciaron que Carmen Argibay, la primera miembro mujer de la Corte Suprema de Justicia Argentina, había fallecido a causa de un efisema pulmonar. "Es que Carmen fumaba mucho", dijeron muchos de sus conocidos más cercanos.

Se la conocía por estar sentada en su escritorio bajo filas de expedientes, con un cigarrillo en mano mientras pasaba hoja por hoja. Carmen estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y se recibió de abogada el 11 de junio de 1964. Trabajó en varios juzgados públicos y enseñó en facultades hasta que el 24 de marzo de 1976, el día del golpe militar, ordenaron que fuera arrestada y detenida.

La letrada reconoció que no le fue fácil superar ese período. Luego de meses en la cárcel, se exilió en Europa, aunque no por mucho tiempo. Cuando volvió a la Argentina, paso a paso, volvió a la práctica del derecho. A pesar de que ella se sentía flaquear ante el recuerdo de la dictadura, su voz se convirtió en una de las más fuertes de la época.

"A la sociedad le hace falta un examen de conciencia muy serio sobre lo que pasó, sobre cómo se permitió soportar esto. Nunca se ha puesto sobre la mesa. Yo creo que la sociedad tiene mucha culpa en esto, no solamente los políticos que golpeaban la puerta de los cuarteles. ¿Por qué nadie sabía nada, cuando todos sabíamos todo?", cuestionó en una entrevista que dio para la revista Mu.

Además de convertirse en integrante de la Asociación Internacional de Derecho Penal, Argibay era miembro fundadora de la Asociación Internacional de Mujeres Jueces, organización que presidió desde 1998 hasta 2000. En 2001, la Asamblea General de las Naciones Unidas la convocó como jueza ad litem para el Tribunal Criminal Internacional que juzgó crímenes de guerra en la ex Yugoslavia.

Cuando terminó sus deberes en La Haya, el Senado nacional aprobó su designación para convertirse en la primera mujer miembro de la Corte Suprema seleccionada por un gobierno democrático.

Carmen era una mujer de principios que intentaba esquematizar soluciones a los problemas del derecho cotidiano que a veces parece perdido en la institución Judicial. "Carmen Argibay se resistió siempre a la tentación de decidir lo que era políticamente más fácil", la describió póstumamente Sebastián Elías, doctor en Ciencias jurídicas y su compañero en el Consejo Asesor del Departamento de Derecho de San Andrés.

"Nos devolvió la esperanza a todos los argentinos que aspiran a vivir en una república bajo los principios de la Constitución", ilustró el Dr. Elías.

Te lo cuenta Maxi Legnani en Gente que nos hace bien, una sección de "Somos PM", programa co-conducido con Pía Slapka y Ana Sicilia. Lunes a viernes de 14 a 17 hs.

Noemí Alvarado, una mujer de 80 años, será juzgada por abuso y corrupción de menores. El proceso iniciará con la acusación del Ministerio Público Fiscal a la imputada. Rosalía Alvarado y Belén Duet, quienes impulsan la denuncia, se contactaron en 2013 y desde ese momento decidieron encarar el proceso judicial en conjunto. Los hechos denunciados ocurrieron entre 1970 y 1980. Los relatos de las sobrevivientes apuntan a las conductas inapropiadas del exdiputado nacional fallecido en 2018, Daniel Pacce, y la complicidad de su viuda, Noemí Alvarado. 

El proceso judicial pudo ser llevado adelante gracias a la Ley de Respeto a los Tiempos de las Víctimas de Abusos Sexuales, sancionada en 2015, que amplió el período de prescripción de los delitos sexuales perpetrados durante la niñez. La ley establece que el período de prescripción comienzan cuando la víctima "formule por sí la denuncia o ratifique la formulada por sus representantes legales durante su minoría", luego de haber cumplido la mayoría de edad. 

Una serie de audios de WhatsApp inculparon a la diputada radical Estela Regidor de organizar un "sistema de recaudación" donde exigía a sus empleados la mitad del sueldo. En la seguidilla de declaraciones, se puede escuchar a la diputada de Corrientes, la misma que en el debate por el aborto del 2018 comparó a las mujeres con mascotas, excusándose que lo hacía como una especie de sistema de reintegro por todo "su trabajo social".

"Yo sé que otros diputados los cupos se los quedan, no hacen las donaciones que yo hago, no contratan en negro como yo contrato. Tengo gente a la que le doy ayuda económica en negro. Van a cobrar cada uno 40 mil pesos , el resto es reintegro", se le escucha decir a Regidor. "Lo mío es mío. Tu recibo en mano dice 80, en un sobre ponés 40 y 40 te lo quedás", remata en otro de los audios.

Luego de la publicación y viralización de los audios, la legisladora nacional reconoció que es su voz pero que las declaraciones están editadas para perjudicarla y tergiversar sus palabras. Si bien aún no hay denuncia formal a la Justicia, Regidor se pidió licencia.

 

La Cámara de Casación Penal de Paraná absolvió a Joe Lemonge, el joven trans que había sido condenado en mayo de 2018 a más de 5 años de prisión por tentativa de homicidio. El fallo consideró al caso como legítima defensa. El joven entrerriano de 25 años se defendió con un disparo de escopeta en 2016 de los hostigamientos constantes de parte de tres agresores de Santa Elena, al noroeste de Entre Ríos, que lo acosaban por su orientación sexual. 

Juan Manuel Gutiérrez, uno de los agresores, denunció el hecho y el viernes 4 de mayo la jueza Cristina Van-Dembroucke condenó a Lemogne a 5 años y 6 meses de prisión. Lemogne, que también es activista por los derechos LGTBQ+, celebró el fallo que le otorgó su libertad. 

"Me enteré a las 13 de hoy. Mi abogada inició una videollamada pero pensé que era un error, y llorando me dice que soy libre, que acababa de llegar la sentencia en un mail con el fallo con la absolución", declaró Lemonge a Télam.

También explicó el sufrimiento y transfobia padecida desde el hecho hasta el juicio, en el que fue tratado como mujer. En aquella instancia la Justicia entrerriana argumentó que debido a una desactualización en el DNI, se desconocía la identidad autopercibida de Joe. 

“La jueza es un monstruo. No puede ser llamada mujer. No apoya a las mujeres menos a un trans de mierda”, había declarado Lemogne en esa ocasión.

La Cámara de Casación de Paraná, integrada por los vocales  Hugo Perotti, Marcela Badano y Marcela Davte decidieron en fallo unánime la absolución de Lemonge y argumentó que "se apartó e interpretó erróneamente la ley formal y material".

 

La diputada Nacional por el Frente de Izquierda, Myriam Bregman, pasó por Redacción IP para analizar la actualidad política, la pandemia, la vacunación y el año electoral. "Biden se está ubicando geopolíticamente", comentó sobre la propuesta del presidente de Estados Unidos de liberar las patentes de las vacunas, a la vez que remarca que en "Argentina no se puede reivindicar a Biden tras sus dichos sobre Malvinas. Es el mismo partido demócrata que mañana va a bombardear a algún país de medio oriente si necesita petróleo".

Respecto a las vacunas, la legisladora sostuvo que en la Argentina "estamos demostrando que podemos hacer vacunas". "Es una vergüenza total que un año después digan que tendríamos que haber desarrollado la vacuna. Si hubiésemos puesto el dinero en el CONICET, muchos científicos reconocen que hoy Argentina podría tener muy avanzada su vacuna", criticó. 

Sobre la relación entre el Gobierno y la oposición en un año electoral, Bregman dijo que se elige siempre polarizar con la derecha porque "es facilísimo", pero que no es beneficioso para el conjunto de la población. En este sentido y respecto al fallo de la Corte Suprema de Justicia agregó: "Nunca pensé que la Corte iba a hacer otra cosa: por la ubicación que viene teniendo, por los cruces contra una reforma judicial cosmética, desde mi punto de vista. Me asombró que no guarda ni las formas jurídicas".

"El fallo da una clara señal política. En el voto de mayoría dice que aun así si se discutiese por ley en el Congreso Nacional también la ciudad podría cuestionarlo. Le están dando un reinado a Larreta", apuntó Bregman.

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou.

El jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, aceptó la convocatoria del ministro de Economía, Martín Guzmán, y del titular de la cartera de Interior, Eduardo "Wado" de Pedro, para discutir criterios en el proceso de traspaso de la Policía. "Se trata de una instancia de diálogo que el Jefe de Gobierno ha venido ponderando como la mejor vía para encontrar soluciones en temas centrales de la vida republicana", afirmaron desde la administración porteña a través de un comunicado.

En la carta de invitación, ambos ministros recordaron que "como se expresó en la audiencia convocada ante la Secretaría de Juicios Originarios de la Corte Suprema de Justicia", desde el Estado Nacional se continua "bregando por alcanzar puntos de acuerdo" y reiteraron "la invitación a un diálogo de buena fe, sobre la base del respeto a las instituciones y al federalismo".

El Gobierno porteño presentó un expediente ante la Corte Suprema ya que considera que es inconstitucional la quita de fondos adjudicados al traspaso de la Policía que "inconsultamente" decidió el Gobierno Nacional. 

"Esta instancia de diálogo no significa una renuncia a la demanda ante la Corte Suprema como tampoco una convalidación de la Ley 27.606", explicaron desde la Ciudad.

"Por cuestiones de agenda, y a fin de informar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación sobre la reunión, se propondrá realizarla el martes 18 de mayo en el horario que el Gobierno Nacional determine", agregaron.

La población de Mar del Plata está movilizada: este miércoles, los familiares y amigos de Lucía Pérez, la adolescente asesinada en octubre de 2016, marcharon a los Tribunales de esa ciudad para pedir justicia y protestar por la solicitud de Juan Pablo Fidegna de ser excarcelado.

Somos PM se comunicó en directo con Guillermo Pérez, el padre de la víctima del femicidio, que explicó que no está conforme con el accionar de la Justicia: "Nosotros tendríamos que ya estar en un juicio y esta gente no tendría ni siquiera que pedir arresto domiciliario porque tienen expectativa de pena perpetua".

Pérez indica que es culpa de la lentitud burocrática del poder judicial que habilita a los victimarios a comenzar a hacer pedidos como la libertad asistida. "Los derechos de Lucía se vulneraron el 8 de octubre de 2016. Y llegamos a esta fecha y se siguen vulnerando. Si seguimos con esta lentitud nosotros nos vamos a morir de viejos y Lucía no va a tener justicia", subrayó.

Podés ver Somos PM de lunes a viernes con Anita Sicilia, Pía Slapka y Maximiliano Legnani de 14hs a 17hs en IP Noticias

 

 

 

 

 

 

El Juez de Paz de Gualeguay, Sebastián Salem, fue destituido de su cargo por el Jurado de Enjuiciamiento tras ser denunciado por violencia de género laboral, maltrato y hostigamiento. El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos fue quien inició la denuncia que permitió el enjuiciamiento de Salem, quien había sido denunciado en el 2019 por la secretaria Deolinda Sabina Almada y por la escribente María Carolina Almeida, ambas perteneciente al Juzgado de Paz del que estaba a cargo.

Los casos de las dos profesionales fueron consideradas semejantes en cuanto a los padecimientos de violencia de género en el ámbito laboral. Distintos testigos certificaron cómo Almada había sido "ninguneada, descalificada y cosificada" durante el desempeño de su trabajo, además de ser víctima de amenazas de sanción y malos tratos por parte de Sebastián Salem. La sentencia resolvió la destitución del acusado bajo el consejo de "preservar la salud de todo el equipo, en tanto el juez es el causante del estrés y violencia constatado".

"Guaranga, grosera y fabuladora"

Durante el proceso de jury y alegato final, el defensor Ladislao Uzín Olleros calificó de "mitómana", "proclive a la victimización", "guaranga" y "patética, artera, canalla y perversa", entre otros calificativos peyorativos para aludir a la doctora Almada y a la denuncia de género. El tratamiento fue observado por el Jurado de Enjuiciamiento y formuló una recomendación al Colegio de Abogacía sobre la necesidad de impartir las capacitaciones en el marco de la Ley Micaela.

La sentencia final emitida por el Jurado explicitó que el defensor "utilizó el peor de los recursos como es la descalificación de una de las víctimas, sin lograr desvirtuar los hechos atribuidos a su defendido, lo cual motivó la formación de esta causa".

 

El Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal de la Nación resolvió, por unanimidad, remover de su cargo al  fiscal federal Julio César Castro, por mal desempeño y violación de su deber de observar buena conducta. Se trata del ex jefe de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, acusado de 11 casos de acoso laboral y maltrato a empleadas. Además, Castro tiene una condena  -a confirmar- de 6 años y medio de prisión por abuso sexual y lesiones a su expareja. 

El veredicto se dio a conocer esta mañana y se transmitió por YouTube. El tribunal de enjuiciamiento ordenó su remoción por considerar acreditado que Castro que tuvo ensañamiento con mujeres y personas que trabajan bajo sus órdenes, que nunca se arrepintió y que su comportamiento dista de lo que se espera de un magistrado.

Castro había sido acusado por acoso laboral y sexual y maltrato y abuso de poder en el ámbito judicial. Además, se lo juzga por el contacto inadecuado con una menor de edad mediante una red social y los hechos de maltrato físico y verbal que le propinó a quien fuera su pareja. Durante las audiencias declararon numerosos testigos.

La instrucción del sumario estuvo a cargo de la fiscal Laura Mazzaferri, titular de la Fiscalía Federal Nº1 de Mar del Plata, quien refirió un patrón de conducta donde se identificaban una serie de casos individuales que presentaban características similares. La fiscal sostuvo que “todas las conductas atribuidas se caracterizan por la cosificación de sus empleados/as y su consecuente despersonalización, accionar que por repetición y características horada de manera muy honda en la personalidad”.

Tras el discurso que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, dio este miércoles con duras críticas a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en un acto en la ciudad bonaerense de Ensenada, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia está preparando un comunicado que se va a oficializar este jueves y que manifiesta "su profunda preocupación por la sucesión y el estilo de declaraciones de las más altas autoridades políticas de la Nación", a propósito de la decisión del máximo tribunal de la Argentina en relación a las clases presenciales en la Ciudad de Buenos Aires.

"Esta asociación exhorta a respetar las reglas esenciales del régimen republicano que demandan que cada poder del Estado cumpla con las funciones asignadas por la Constitución", agrega el texto.

El presidente de la asociación, Marcelo Gallo Tagle, habló con Redacción IP al respecto. "No podemos tolerar que si un fallo es adverso se agreda a la Justicia. Es agraviante tener que escuchar que la Justicia no trabaja. Hay aspectos del fallo que nosotros tampoco compartimos, pero no justifica esto avanzar de semejante manera y tratar a la Corte de golpista", aseguró.

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Andrés Fidanza, Patricia Blanco y Leandro Renou.

El Intendente de Tigre, Julio Zamora, analizó la coyuntura tras el acto del Frente de Todos en la ciudad de Ensenada y luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó a favor de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. "La Corte Suprema se está inmiscuyendo en los asuntos políticos, está invadiendo la esfera del poder ejecutivo sin respetar las atribuciones que tiene el poder ejecutivo nacional", dijo el intendente bonaerense en Redacción IP.

Además, el jefe del municipio de Tigre hizo hincapié en que el Presidente "remarcó cuál es el norte de nuestro Frente", en un acto que contó con la presencia de la vicepresidenta Cristina Fernández, el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, y el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.

"El Presidente no necesita de ningún actor para ser empoderado. Ha ganado una elección con total legitimidad. No necesita nadie al lado", concluyó.

Redacción IP se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 22 a 23, con la conducción de Patricia Blanco, Andrés Fidanza y Leandro Renou.

El abogado constitucionalista Ricardo Gil Lavedra analizó el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que dictaminó a favor de la presencialidad de las clases en la Ciudad de Buenos Aires. "Siempre es mejor que intervenga el Congreso, que es la normalidad. El Decreto de Necesidad y Urgencia tiene carácter excepcional en circunstancias también extraordinarias. Con lo cual la posibilidad el Congreso quien sancione una ley que establezca algún marco de delegación de facultades al Poder Ejecutivo, estableciendo las bases y los parámetros sobre los cuales pueden ejercer estas facultades, me parece que contribuye", explicó.

Al mismo tiempo, el letrado remarcó que el Poder Ejecutivo "debe tener en cuenta, aún con una norma que le atribuya facultades, el respeto por las autonomías locales".

"Yo no veo que la oposición le haya impedido al presidente, en épocas de pandemia, actitudes colaborativas. Pienso que las ha habido. Me parece que el fallo establece algunos parámetros centrales: que la pandemia no suspende la Constitución, que los derechos deben ser respetados, y que todas las medidas deben tener cierta razonabilidad y proporcionalidad con los males que se intentan evitar", remarcó.

IP Noticias Edición Central  se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

La diputada Nacional Graciela Camaño analizó en IP Noticias el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que avaló la presencialidad en las clases de la Ciudad de Buenos Aires, y la respuesta que dio el gobierno de Alberto Fernández. "No hay posibilidad de subjetividad frente al fallo, dice lo que dice", aseguró.

"El fallo habla de convivencia, de interacción, de coordinación, de lealtad o buena fe federal. O sea que habla en definitiva del federalismo de concertación", analizó la legisladora de Consenso Federal.

La diputada destacó que la decisión del máximo tribunal no declara la inconstitucionalidad ni invalida el Decreto de Necesidad y Urgencia, sino que reivindica la Constitución Nacional en cuanto a las potestades que tienen la Ciudad y las provincias en materia de salud y en materia de educación. En ese sentido, Camaño entiende que la propuesta de la Corte en el fallo es que "vayan por una ley".

Consultada sobre si apoyará el proyecto que el presidente Alberto Fernández enviará en los próximos días al Congreso para establecer parámetros sanitarios de gestión de la pandemia, la legisladora dijo: "No acompañaría ninguna decisión que permita que la suma del poder esté en uno de los poderes del Estado. Por la sencilla razón de que el Congreso funciona, está funcionando. Y por la sencilla razón de que tiene que haber una convivencia entre los Estados. El Estado Nacional es el resultado de la decisión de las provincias, eso dice nuestra Constitución. El Estado Nacional tiene la obligación de entender que es condición sine qua non la convivencia con las provincias".

"Quienes saben lo que se necesita en cada lugar son los gobiernos locales", agregó Camaño.

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 20 a 22, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.