Con la detención de Alejando Candia, apresado por la policía provincial en una vivienda ubicada en la zona sur de Rosario, son ya son cinco los presos recapturados luego de la cinematográfica fuga que protagonizaron ocho reclusos de la Cárcel de Piñero el pasado 27 de junio. Los presos recapturados hasta el momento son el citado Candia, Ezequiel Rodolfo Romero, Alejandro Antonio Schmittlein, Joel Rojas y Sergio Cañete. Los reclusos que continúan prófugos son Claudio “Morocho” Mansilla -un narco de 38 años y de quien se sospecha que fue el “cerebro” de la fuga-, David Piscione y Martín Cartelli, sobre quienes la Justicia de Santa Fe ya ordenó la captura internacional.
La espectacular fuga de los ocho internos de la Cárcel de Piñero, ubicada a 30 kilómetros de Rosario, ocurrió cuando la unidad penitenciaria recibió un ataque desde el exterior. Las versiones coinciden en que se trató de un ataque externo para liberar a varios detenidos: se cree que el alambrado exterior fue cortado con una amoladora.
El apoyo externo para la fuga llegó con tres personas que se manejaban en dos vehículos y contaban con subfusiles automáticos FMK3, pistolas calibre 9 milímetros y 11.25 milímetros, con las que se enfrentaron a tiros con el personal penitenciario mientras cortaban los dos tejidos del vallado. A raíz del tiroteo, murió uno de los tres atacantes que llegaron desde el exterior, mientras que un interno resultó herido.
Sonia Rebeca Soloaga, ex integrante de la Policía de la Ciudad, fue condenada a prisión perpetua por los delitos de "robo, homicidio agravado y falsa denuncia", luego de asesinar a un matrimonio de Parque Avellaneda para robarle unos 70 mil dólares, con los que planeaba pagar el viaje a Disney de su hija que cumplía 15 años. Soloaga, de 36 años, fue condenada a la pena máxima por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7.
Poco antes de que se conociera la condena, la mujer había vuelto a afirmar que era inocente. "Lamentablemente, de lo que le pasó a estas personas no pienso hacerme cargo nunca, porque no tengo nada que ver", dijo. El doble crimen ocurrió el 11 de junio de 2019, en el barrio porteño de Parque Avellaneda. Ese día, Soloaga mató al matrimonio de jubilados conformado por Alberto Antonio Chirico, de 71 años, y María Delia Speranza, de 63. Soloaga conocía a la pareja porque trabajaba como policía en el barrio y solía conversar con ellos. Según la fiscal del caso, Soloaga mató al matrimonio de un disparo en la cabeza y usó un almohadón para disminuir el estruendo del arma. Antes, los había golpeado para que le dijeran donde guardaban los dólares que tenían como ahorros en la vivienda. Así, tras el doble crimen, se apoderó de unos 70 mil dólares. Con ese dinero, pensaba pagar el regalo de su hija de 15 años: un viaje a Disney.
En la Fiscalía General de San Isidro comenzarán las indagatorias en el caso que investiga la muerte de Diego Armando Maradona, con siete profesionales de la salud imputados y acusados de “homicidio simple con dolo eventual”, un delito que prevé de 8 a 25 años de prisión. El proceso se iniciará al mediodía con el enfermero Ricardo Omar Almirón, quien estaba a cargo de los turnos noche y madrugada. El miércoles le tocará a Dahiana Gisella Madrid, enfermera encargada del turno mañana y tarde. Luego de ellos, el vienes comenzará la indagatoria de Mariano Ariel Perroni, coordinador de los dos enfermeros.
La toma de declaraciones se retomará el lunes 21 con la declaración de Nancy Edith Forlini, la médica coordinadora de la internación domiciliaria de Swiss Medical. La obra social había contratado a todos los enfermeros ayudantes mediante la empresa "Medidom", tercerizada por la prepaga. El miércoles 23 comenzarán las indagatorias al equipo de salud mental de Maradona: primero deberá declarar Carlos Ángel "Charly" Díaz, luego la psiquiatra Agustina Cosachov y el lunes 28 el neurocirujano Leopoldo Luque, quien también estaba indicado específicamente como su médico de cabecera.
Continúa el segundo juicio por abusos sexuales ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza, un día después de que se llevara a cabo la audiencia en la que se definió cómo estará integrado el nuevo tribunal tras el apartamiento del juez Horacio Cadile, quien se había burlado de una monja imputada a través de mensajes de WhatsApp. Según lo informado por el Ministerio Público Fiscal, el jefe de fiscales de la UFI de Delitos contra la Integridad Sexual, Alejandro Iturbide, había recusado a dos juezas luego del apartamiento de Cadile, pero su planteo fue declarado inadmisible al considerarlo extemporáneo.
Se estima que el juicio durará 4 meses aproximadamente y se realizará de manera semipresencial con la transmisión de algunos testimonios vía streaming.
La monja japonesa Kumiko Kosaka está acusada por los delitos de abuso sexual agravado, corrupción de menores y partícipe primaria por omisión, y es la única imputada que llega al juicio con prisión preventiva domiciliaria, mientras que el resto está en libertad.
Completan la nómina de imputadas la monja Asunción Martínez (53), la representante legal Graciela Pascual (65), las exdirectoras Gladys Pinacca (66), Valeska Quintana (48), Cristina Leguiza (50) y Laura Gaetán (60), la psicóloga Cecilia Raffo (43) y la cocinera Noemí Paz (63), acusadas como partícipes necesarias y/o secundarias por omisión.
Este viernes, el Tribunal Oral de Menores número 2 condenó a Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc. Esta sería la segunda sentencia que recibe el imputado, ya que la primera fue la pena por 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El abogado Fernando Soto, en diálogo con Tarde a Tarde, dio su parecer respecto al accionar de la Justicia.
“Estoy con tristeza por la justicia que tenemos, con las pruebas que había donde se acreditaba que él había obrado bajo la ley y cumpliendo los protocolos, la fiscal no pudo explicar porqué se había excedido”, declaró el abogado. “Es una pena chiquita pero le arruina la vida, él es policía y con una condena, si queda firme, no puede trabajar más, lo van a echar” sumó, refiriéndose al impacto de la medida sobre la vida del oficial. “Los jueces optaron por la cómoda”, dijo respecto a la decisión tomada por el Tribunal. Además, agregó: “Los policías dudaban antes de obrar, ahora después de confirmarse el precedente Chocobar no van a querer disparar”.
“Esto es un fallo político, no jurídico”, argumentó el abogado e hizo referencia al resultado de los peritajes consultados por la defensa, “fue de derecha a izquierda y en el flanco derecho, el tiro no fue por la espalda”, manifestó en relación a las declaraciones hechas por la fiscal. "Hasta que no tenga sentencia firme, no lo pueden despedir y el sigue siendo policía" aclaró el abogado en relación a la imposibilidad que tiene el acusado de ejercer sus funciones.
Tarde a Tarde se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes de 17 a 20, con la conducción de Agustina Díaz e Ignacio Corral.
El Tribunal Oral de Menores número 2 condenó este viernes a Luis Chocobar a dos años de prisión en suspenso por la muerte de Pablo Kukoc. Esta es la segunda sentencia que recibe el imputado, ya que la primera fue la pena por 5 años de inhabilitación como autor del delito de homicidio agravado por su comisión con un arma de fuego, cometido con exceso en el cumplimiento de un deber. El exefectivo mató a Pablo Kukoc, el 8 de diciembre de 2017, a pocos metros de Caminito. Un joven de 18 años tras haber robado y atacado a puñaladas a un turista estadounidense en el barrio de La Boca.
Pablo Rovatti, el abogado de la familia de Kukoc, declaró ante la prensa: "Lo más importante es que el tribunal dictó una condena. Esto quiere decir que los jueces consideraron que lo que hizo Chocobar es un crimen, que ningún policía puede hacer lo que hizo, que esto está prohibido y es delictivo." La condena efectuada por la Justicia impide que, por un lado, Chocobar siga ejerciendo su cargo policial y, a su vez, se le impide absolutamente la portación de armas. "Para lo cual evidentemente no estaba capacitado", agregó Rovatti. "Esto es una garantía y un mensaje importante para toda la sociedad". El abogado, sin embargo, se mostró inconforme ante el falló y consideró la condena como “demasiado leve para la enorme gravedad de la conducta que se probó en el juicio”. La carátula "en suspenso" determina la no efectividad de la prisión. Es decir, que Chocobar no iría preso por el momento (al menos por 5 años). En general, las condenas que son menores a tres años de prisión se reconocen "en suspenso", esto significa que la Justicia cree que no es necesario que el acusado vaya detenido, mientras el mismo cumpla con una serie de condiciones que deberá cumplir para mantener, justamente, en suspenso esa situación.
Susana Pernas, la fiscal del juicio, mantuvo que Chocobar era autor del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con un arma de fuego en exceso del cumplimiento del deber” y, en consecuencia, pidió tres años de prisión en suspenso. Sin embargo, la querella solicitó una pena de prisión perpetua y el delito que le imputó fue el de “homicidio agravado por haber sido cometido por un funcionario de policía con abuso de sus funciones”. Previamente, la fiscal había pedido 18 años de prisión para el menor acusado. El juicio llegó a su fin luego de ocho meses. Aunque sufrió de varias interrupciones por la pandemia. Antes del aislamiento, la defensa del policía acusado planteo la posibilidad de realizar un juicio por jurados, algo que en la Ciudad de Buenos Aires no está regulado.
Mauricio Macri volvió a defender a su ex asesor judicial, Fabián "Pepín" Rodríguez Simón y pidió al actual mandatario, Alberto Fernández, que "termine de explicar por qué no se arribó un acuerdo con Pfizer para la compra de vacunas contra el coronavirus", luego de la acusación de Patricia Bullrich, quien aseguró que la empresa recibió un pedido de coimas por parte del Gobierno argentino. El expresidente consideró que el abogado que solicitó asilo político en Uruguay "está siendo perseguido y juzgado por querer cobrar impuestos de dinero de personas que se apropiaron indebidamente" y denunció que tanto él como su equipo de Gobierno están siendo víctimas de "una persecución inédita en Argentina".
Al referirse a las acusaciones de la presidenta del PRO y aseguró que "no tiene precisiones" y que es "lamentable" que el Gobierno no las haya dado. "Es increíble que el país que hizo el ensayo más grande, nos daban directo a comprar 13 millones de vacunas y el Gobierno no las compró. Es algo que no pueden explicar, no hay una explicación que conforme. La última mentira que dijo el Presidente es que Pfizer dejó de vender al mundo para vender en Estados Unidos, cuando sabemos que Uruguay ha comprado. Lo importante es por qué de Covax compraron la mínima y por qué no tenemos Pfizer pese a la colaboración que habíamos tenido con ellos", señaló.
Al concluir, volvió a criticar que nuestro país tuvo "la cuarentena más larga" y negó estar "focalizado" en las elecciones presidenciales de 2023 porque "falta mucho para eso", aunque aseguró que trabaja para "fortalecer a los dirigentes que son muy valiosos para el país". Además, sentenció: "No puedo saber que voy a querer hacer de acá a tres años y no sé si la gente está dispuesta. Sí estoy convencido de defender la democracia en el país para que puedan elegir en el rumbo que sea correcto. Es muy importante que Argentina tome el rumbo correcto".
La Cámara Federal porteña ratificó este viernes los sobreseimientos del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, y del ex ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, en la causa conocida como “Paseo del Bajo”. Los jueces determinaron que no se corroboró un perjuicio al Estado en la construcción y adjudicación de la obra. El fallo sostiene que resuelven confirmar la resolución adoptada el día 27 de diciembre de 2019, en cuanto a los sobreseimientos, al considerar que "al momento en que se optó por esa forma de contratación, no era posible conocer qué empresas se presentarían a la licitación, cómo serían sus ofertas y cuál de ellas resultaría adjudicataria". En la causa, se investigó si se adjudicó de forma indebida, mediante direccionamiento y a un precio mayor que el que hubiese correspondido, el tramo más oneroso de la licitación pública internacional en cuestión, en favor de la empresa IECSA, por entonces propiedad de Ángelo Calcaterra, primo del expresidente.
