El joven es un policía de la Ciudad que está desaparecido desde febrero de 2019.

La resolución es sobre el alerta a la vulneración de los Derechos Humanos en Afganistán, frente al nuevo régimen talibán. 

El equipo forense de de la Cruz Roja realizó el descubrimiento en la exhumación de tumbas en el cementerio de Darwin.

Luego de una desagradable experiencia de la década de los '90, las afganas viven con temor los primeros días del nuevo régimen talibán.

Un equipo internacional de expertos, con dos argentinos entre ellos, trabajan en una tumba colectiva de Puerto Darwin.

A cuatro años de la desaparición de Santiago Maldonado, la presidenta de la Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló en Somos PM sobre el apoyo de la organización hacia la familia del joven. “Mientras la familia nos necesite vamos a estar a su lado, acompañándolos”, expresó. Luego agregó que el caso se trató de “un crimen feroz”.

Al ser consultada sobre el video publicado por la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y grabado en el lugar donde Maldonado apareció muerto, la activista dijo que “es una persona maligna y peligrosa”. Sin embargo, afirmó: “Va a llegar el momento de la verdad. No hay que bajar los brazos, no hay que olvidar. Ella tiene que pagar en la justicia por este crimen”.

En ese sentido, De Carlotto dijo que el recrudecimiento del relato que contradice las luchas de los organismos de Derechos Humanos. “Está siendo usado como estrategia de campaña. Recuerdo esta mentira que decían de que no habían sido 30 mil los desaparecidos. También negaron el robo de bebés. Con la mentira quieren avanzar para conseguir votos”, agregó.

Por último, la referente habló sobre la campaña #ElMejorEncuentro: “Refuerza nuestra búsqueda y nuestro amor. Las abuelas viven y aún no han encontrado a sus nietos. Todas nuestras campañas buscan mostrar la vida que van a tener quienes se acerquen a descubrir su identidad. Aquel que duda tiene que dar el paso”.

El caso Santiago Maldonado

El 1° de agosto de 2017, Santiago Maldonado participaba en una protesta de la comunidad Mapuche del Pu Lof de Cushamen en un corte en la ruta 40, cerca de la localidad de Esquel. La manifestación tenía que ver con un conflicto de tierras que la comunidad tenía con el grupo empresarial Benetton.

En el marco de un operativo represivo, Gendarmería ingresó al predio del Pu Lof y persiguió a los concentrados hasta orillas del río Chubut. Fue en ese momento en el que el joven desapareció. Su cuerpo sin vida apareció 78 días después en el mismo río en un área que, según la familia, había sido rastrillado tres veces.

Este año, la familia reitera su pedido de que el caso sea investigado como “desaparición forzada”. Hasta ahora no hubo avances significativos en la investigación.

El municipio de Bahía Blanca había llevado adelante una iniciativa a través de las redes sociales para cambiar el nombre del parque "Campaña del Desierto" a otro que no lo vinculara con algún hecho violento de la historia nacional. Sin embargo, el plebiscito tuvo que ser cancelado porque los usuarios participantes votaron por el nombre "Julio Argentino Roca".

La elección de la nueva nomenclatura devolvió a la mesa la misma polémica del nombre anterior, ya que el General Roca fue el militar que llevó a cabo la Campaña del Desierto que consistió en el exterminio de los pueblos originarios que habitaban distintas regiones del país, y consolidó así uno de los mayores genocidios de la historia argentina. El Concejo Deliberante de Bahía Blanca resolvió suspender la votación y consultar por una nueva iniciativa para el renombre.

El jurado estuvo compuesto por tres funcionarios de Juntos por el Cambio (JxC) y uno del Frente de Todos, que manifestó que no participaría activamente de las elecciones porque desde su bloque no habían aprobado el método de elección a través de las redes sociales. Originalmente, la idea de cambiar el nombre surgió de una iniciativa de la Concejal Laura Biondini y el proyecto fue aprobado con 13 votos en el Legislativo. El concejal Marcos Streitenberger (JxC) declaró que tras la fallida iniciativa, el proyecto volvería al Concejo Deliberante para que "se revean algunas cuestiones antes de seguir avanzando".

¿Cuáles eran las reglas del concurso?

• No estaban permitidas las denominaciones que conlleven connotaciones político partidaria, religiosas, sectoriales, y/o que excluyan a sectores de la sociedad.
• No estaban permitidas las denominaciones que hagan referencia a expresiones xenófobas, racistas, machistas o discriminatorias.
• Tampoco se aceptaban denominaciones contrarias a los valores democráticos, a la paz y los derechos humanos o que signifiquen una reivindicación de hechos violentos o una ofensa a cualquier persona o grupo de personas-
• No eran aceptadas como opción nombres de personas vivas o cuyo fallecimiento hubiera ocurrido dentro de los 10 años ni el nombre de personas que se hubiesen desempeñado en cargos públicos de cualquier tipo durante los gobiernos de facto.

 

La década de 1990 estuvo marcada por la lucha incesante del colectivo LGBTIQ+ por conquistar derechos que históricamente le habían sido negados. En ese entonces, el Congreso de la Nación atajaba una lluvia de proyectos de ley para una modificación en el Código Civil que impactaría enormemente en la sociedad: la habilitación del matrimonio igualitario. Otra década pasó hasta que el 15 de julio del 2010 se convirtió en ley y comenzó una nueva época.

En 2002, luego de 7 años en pareja, María Rachid, ahora dedicada a la militancia LGBTIQ+ y a su carrera política, y Claudia Castrosín, debieron presentar un amparo para confirmar su estatus frente al Estado. Este amparo habilitó a la Comunidad Homosexual Argentina (CHA) a reimpulsar su proyecto de ley de Unión Civil, que permitió que la pareja pudiera oficializar su unión en la ciudad de Buenos Aires.

Aunque la capital argentina se convertía en la primera ciudad de América Latina en permitir estas uniones, la ley garantizaba solo algunos derechos de lo que implicaba un matrimonio heterosexual, porque, a pesar de todo, la reglamentación accionaba en los márgenes del Código Civil nacional. Era importante que la ley reconociera que la palabra era matrimonio y que cualquier otro contrato civil no bastaba para garantizar los derechos de las parejas del mismo sexo. En 2009, la CHA y la Federación Argentina LGBT lanzaron una campaña nacional para visibilizar esta distinción y presentaron un proyecto que contemplaba cientos de recursos de amparo de todo el país que demostraban la necesidad de una actualización de las normativas.

La jornada duró más de 15 horas de debate en el Senado. Una fiesta estalló en los alrededores del Congreso cuando se anunció que 33 votos se impusieron a los 30 votos negativos. Bajo la consigna “Los mismos derechos, con los mismos nombres”, la campaña se volvió el estandarte de la militancia LGBTQI+. El 15 de julio de 2010, se logró que la Legislatura reconociera la modificación del Código Civil: “El matrimonio tendrá los mismos requisitos y efectos, con independencia de que los contrayentes sean del mismo o de diferente sexo”.

Argentina se convirtió entonces en el primer país de América Latina y el décimo en el mundo en conquistasr un derecho fundamental para todas las parejas no heterosexuales. Desde entonces y hasta 2020, se registraron más de 20 mil uniones de este tipo.

¿Dónde sigue prohibido el matrimonio igualitario?

Existen 68 países de los 193 reconocidos por la Organización de las Naciones Unidas donde las parejas del mismo sexo son catalogadas como delictivas y algunos hasta aplican la pena de muerte como sentencia por el vínculo. Según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuaes, Trasexuales e Intersexuales (ILGA), esta resolución existe en los códigos penales de los siguientes países:

• Mauritania
• Sudán
• Somalia
• Nigeria
• Arabia Saudita
• Afganistán
• Brunei
• Qatar
• Emiratos Árabes Unidos
• Irán
• Pakistán
• Yemén

En países como Jamaica, San Cristóbal y Nieves, la pena para hombres homosexuales es la realización de trabajos forzosos. En Malasia, el delito es considerado como "coito contra natura" y puede llegar a otorgar 20 años de cárcel. Otros países, como China y Rusia, limitan la libertad de expresión y prohíben la posesión o producción de cualquier elemento cultural que haga alusión a parejas del mismo sexo.

Hasta el momento, en Sudamérica solo en seis países es legal que dos personas del mismo sexo se casen: Uruguay, Guayana Francesa, Ecuador, Colombia y Argentina. En Chile, el presidente Sebastián Piñero promovió el tratamiento del matrimonio igualitario este año y en Perú desde el año pasado distintas ONGs comenzaron el movimiento "Si, acepto" para visibilizar el pedido por la normativa.

El Gobierno nacional denunció en la Justicia al expresidente Mauricio Macri y exfuncionarios de su gobierno, entre los que figuran Patricia Bullrich y Oscar Aguad. La acción llevada adelante por la ministra de Seguridad, Sabrina Frederic y el excamarista Eduardo Freiler, se enmarca dentro del envío de material bélico a Bolivia, para reprimir al pueblo en el golpe de Estado contra Evo Morales. "Inicialmente estamos hablando de un contrabando de armas que por ser cometido por funcionarios públicos, con más de tres implicados, esto lo agravaría. Por tratarse de material prohibido, sería contrabando agravado", declaró Freiler en diálogo con AM750. "Creo que al haber sido cometido esto para colaborar con una represión en la cual la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha explicado que existieron masacres, en el ataque a una población civil por razones políticas y étnicas. Estos elementos configuran delitos de lesa humanidad, poniendo bajo sospecha el accionar del golpe por parte de otros estados", resumió.

Cómo actuó el gobierno de Macri ante el golpe en Bolivia

Además, el excamarista recordó que el gobierno de Macri negó el asilo de Evo Morales en Argentina. "El mismo día que le negó el asilo, partió con destino a Bolivia el avión con el cargamento del que estamos hablando. Cuando se consigue que México envíe un avión para rescatar al presidente y vice, nuevamente Macri le negó la posibilidad de entrar en el espacio aéreo argentino", recordó. También subrayó que "al poco tiempo de haber llegado ese material, se produjeron dos masacres muy grandes en diferentes localidades cercanas a La Paz, donde hubieron decenas de muertos y centenares de heridos. Estamos hablando de 70 mil cartuchos que se enviaron; es el mismo material que dejó el tendal de heridos y fallecidos por la represión". 

 

 

Tras una jornada de festejos y marchas por el 9 de Julio, se descubrió el sábado por la mañana que se habían intervenido 13 de los 20 pañuelos de Madres de Plaza de Mayo. Las pintadas dicen "100 mil", aludiendo a una cifra aproximada de personas fallecidas durante la pandemia. IP Noticias MD, junto a Valeria Licciardi, se acercó a Taty Almeida, madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, para saber su reflexión ante la intervención. "El odio no construye; nosotras seguimos y a pesar del horror que nos han hecho siempre exigimos justicia legal", sentenció la referente social. 

"El odio que tiene esta gente, estos anti-todo... Al ensuciar los pañuelos blancos están en realidad ensuciando y faltándole el respeto a nuestros hijos, los 30 mil", dictaminó la representante. Almeida recordó la lucha de Madres de Plaza de Mayo al reclamar por la aparición de sus hijos durante la dictadura y afirmó que la comparativa no constituye ningún tipo de reclamo. 

Podés ver IP Noticias MD con Rocío Kalenok y Silvana Cataruozzolo de lunes a viernes de 12 a 14 por IP Noticias

El Tribuna Oral Federal 1 de La Plata fijó para el 30 de agosto próximo el inicio del juicio contra los genocidas Miguel Etchecolatz y Julio Garachico por las torturas y crímenes cometidos contra siete víctimas, entre ellas el albañil Jorge Julio López, que permanece desaparecido. Así lo confirmó hoy la Subsecretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, que será querellante en el proceso y participó hoy de la audiencia preliminar sobre lo que será el debate de la causa denominada Arana II.

En el proceso oral y público se investigará la responsabilidad de los dos genocidas (condenados en otras causas) en los delitos cometidos contra cientos de víctimas que permanecieron cautivas en el centro clandestino Destacamento de Arana, que funcionó entre abril de 1976 y marzo de 1978. El juicio se llevará adelante a partir del 30 de agosto próximo por los secuestros, torturas y crímenes cometidos en perjuicio del albañil Jorge Julio López, Norberto Rodas, Alejandro Emilio Sánchez, Patricia Dell Orto, Efraim Guillermo Cano, Ambrosio De Marco y el estudiante de La Noche de los Lápices Francisco López Muntaner.

Respecto de la modalidad en la que se llevará a cabo el debate, las partes plantearon que las audiencias se realicen dos veces por semana, que quienes presten testimonio puedan estar acompañados y que sus testimonios no sean interrumpidos. A su vez, se solicitó que los imputados se encuentren presentes en el debate, ya sea de forma presencial o telemática virtual (con cámara prendida) y que las audiencias sean difundidas a través de alguna plataforma para garantizar así el carácter público del juicio.

El tribunal, conformado por Alejandro Daniel Esmoris, Andrés Fabián Basso y José Antonio Michilini escuchó los planteos de las partes y se expedirá en los próximos días sobre estas peticiones y toda otra cuestión práctica de interés para el desarrollo del debate. La Subsecretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires es querellante en este juicio y por el Ministerio Público Fiscal intervendrá la Unidad Fiscal Federal de La Plata, integrada por los fiscales generales Hernán Schapiro y Gonzalo Miranda, la auxiliar fiscal Ana Oberlin y el auxiliar fiscal Juan Martín Nogueira.

El expolicía Derek Chauvin fue condenado este viernes en Minneapolis, EE. UU., a 22 años y seis meses de cárcel por el asesinato de George Floyd, ocurrido en mayo de 2020, de los que cumplirá, al menos, 15 años en prisión efectiva. El juez Peter Cahill leyó la sentencia en una sesión celebrada en el tribunal del condado de Hennepin, donde Chauvin fue hallado culpable en abril por un jurado del asesinato de Floyd.

Durante la sesión, el exefectivo, quien apoyó su rodilla sobre el cuello del afroamericano durante más de 9 minutos hasta matarlo, le envió sus condolencias a la familia. "Habrá información en el futuro que podría ser de interés y espero que les dé, de alguna manera, paz mental", precisó Chauvin.

Estas son las primeras palabras que se escuchan de Chauvin en el juzgado después de que se negara a declarar durante el juicio que duró seis semanas entre marzo y abril pasado. Habló después de que la familia de Floyd, la Fiscalía, la defensa y su propia madre ofrecieran unas palabras en esta sesión, antes de escuchar la sentencia. El exagente permaneció en todo momento sentado en el banquillo de los acusados llevando un barbijo contra el COVID-19, y cuando todos terminaron de hablar se acercó al estrado y se quitó el tapabocas para dar su declaración.

El expolicía fue declarado culpable por un jurado en abril de asesinato involuntario en segundo grado, penado con hasta 40 años de cárcel; asesinato en tercer grado, con una condena máxima de 25 años; y homicidio involuntario en segundo grado, que acarrea hasta 10 años de privación de libertad.

Sin embargo, Chauvin no tiene antecedentes penales y la legislación estatal indica que, para una persona en esa condición, la sentencia presunta por homicidio en segundo y tercer grado es de 12 años y medio.

Argentina cuenta con una normativa vigente vinculada a derechos de las personas LGBTIQ+ que es considerada una de las más amplias del mundo. Leyes antidiscriminatorias, de identidad de género, la histórica aprobación del matrimonio igualitario y el cupo laboral travesti trans establecido por decreto, son algunos de los hitos con los que el país cuenta en su haber.

A esto se suma el arduo trabajo de organizaciones sociales y activistas que lograron hacerse escuchar por el Estado, en más de una oportunidad por reclamos judiciales, que recepcionó sus reclamos y atendió su malestar. No obstante, pese a que las normas sean claras en su objetivo de proteger sus derechos, los argentinos y argentinas pertenecientes al colectivo aún siguen sufriendo discriminación y violencia.

Las normativas a través de leyes, decretos o cambios en el Código Civil significan un avance en concreto en la búsqueda de la igualdad, con el fin de cooperar con el cambio cultural necesario para lograr un mayor respeto a la diversidad.

Ley N° 26.618: Matrimonio Igualitario

Aprobada el 15 de julio de 2010, modificó el Código Civil a fin de garantizar el acceso pleno al matrimonio por parte de todas las parejas, incluidas las conformadas por personas del mismo sexo. La ley también establece el régimen filiatorio de las parejas igualitarias y garantiza el derecho a la adopción conjunta para todos los matrimonios.

Ley 26.743: Identidad de Género

Aprobada el 9 de mayo de 2012, garantiza el derecho a la identidad del colectivo trans: travestis, transexuales y transgéneros. Es la única en el mundo que reconoce este derecho sin requisitos médicos, ni psiquiátricos, entendiendo que la identidad es un derecho constitutivo de las personas. Asimismo garantiza la atención integral de la salud en el sistema público y privado, para acompañar el proceso identitario de cada una y cada uno.

Ley 26.862: Reproducción Médicamente Asistida

Aprobada en el Congreso el 5 de junio de 2013, y promulgada el 25 de junio de ese mismo año, regula las más variadas posibilidades de fecundación. La ley también incluyó a las mujeres solteras y familias homoparentales, demandas impulsadas por la Federación Argentina LGBT.

Leyes contra la discriminación

Si bien a nivel federal no existe una ley que prohíba en general toda forma de discriminación basada en la orientación sexual y la identidad de género, se encuentra vigente la Ley 23.593 de antidiscriminación, promulgada en 1988, aunque no incluye como categorías protegidas la orientación sexual o la identidad de género. A partir del Decreto 214/2006, se prohíbe la discriminación basada en la “orientación o preferencia sexual” en los ámbitos de la Administración Pública Nacional.

Un tema que genera fuertes debates es el rechazo a las personas homosexuales a donar sangre. En 2015, el Ministerio de Salud puso fin a la restricción para donar sangre según la orientación sexual. Concretamente, la nueva norma modifica la Resolución Nº 865/2006, reglamentaria de la Ley Nº 22.990, que contenía un cuestionario (anamnesis) de donación de sangre con una exclusión discriminatoria de las personas gays, lesbianas, travestis, transexuales, bisexuales e intersexuales.

Ley 26.791: Contra los crímenes de odio

Promulgada en diciembre de 2012, modificó el Código Penal añadiendo la pena de prisión perpetua a delitos de odio motivados por la “orientación sexual y la identidad de género o su expresión”. 

El artículo 80, inciso 4, del Código Penal basado en "Delitos contra las personas", estableció que “se impondrá reclusión perpetua o prisión perpetua, pudiendo aplicarse lo dispuesto en el artículo 52, al que matare: (...) Por placer, codicia, odio racial, religioso, de género o a la orientación sexual, identidad de género o su expresión”.

Inclusión laboral para personas trans y travestis

El 4 de septiembre del 2020 a través del Decreto 721/2020, el presidente Alberto Fernández estableció el Cupo Laboral Travesti Trans en el sector público, que garantiza un mínimo del 1% de la totalidad de cargos y contratos para personas travestis, transexuales y transgénero. 

Las organizaciones consideraron este acto un “hecho histórico” que busca reparar una desigualdad estructural que existe en la sociedad respecto a la población travesti trans.

Luego de más de dos horas y media de debate, la Cámara de Senadores aprobó este jueves el proyecto de promoción del acceso al empleo formal para personas Travestis, Transexuales y Transgénero “Diana Sacayán – Lohana Berkins”, por 55 votos a favor; uno en contra y seis abstenciones. 

La iniciativa finalmente se convirtió en ley. En la Cámara Baja, la iniciativa sumó 207 votos a favor; 11 en contra y 7 abstenciones y es una completa reivindicación a un colectivo cuya expectativa de vida es menor a 35 años, debido a la discriminación que se vive en un sentido amplio: la falta de acceso al trabajo, la salud y a la vivienda, son las principales razones.

Los gobiernos de Argentina y México instruyeron a sus embajadores en la República de Nicaragua, Mateo Daniel Capitanich y Gustavo Alonso Cabrera Rodríguez, respectivamente, a que regresen a sus países, informó el Ministerio de Relaciones Exteriores. Según el comunicado, a ambos diplomáticos se le harán consultas respecto a la situación sobre los Derechos Humanos en el país centroamericano tras las detenciones de líderes opositores al gobierno de Daniel Ortega.

"Se los instruyó con el objetivo de realizar consultas sobre las preocupantes acciones políticas-legales realizadas por el gobierno nicaragüense en los últimos días que han puesto en riesgo la integridad y libertad de diversas figuras de la oposición (incluidos precandidatos presidenciales), activistas y empresarios nicaragüenses", señala el texto. "Argentina y México se mantendrán atentos a la evolución de los acontecimientos relacionados con la hermana República de Nicaragua y seguirán promoviendo inequívocamente el pleno respeto y promoción de los derechos humanos, las libertades civiles, políticas y de expresión de toda persona, con independencia de su nacionalidad y/o profesión", agrega.

Los estados comandados por Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador habían acordado tomar la misma postura la semana pasada cuando la Organización de Estados Americanos (OEA) aprobó una resolución en la que expresaba su “alarma ante el reciente deterioro del entorno político y de la situación de los derechos humanos en Nicaragua” y pone en duda “la legitimidad de las elecciones de noviembre, tal y como se están organizando actualmente”.

¿Qué pasa en Nicaragua?

Cinco precandidatos presidenciales fueron detenidos hasta el momento en medio de una ola de arrestos contra líderes opositores que incluye a dos ex vicecancilleres, dos históricos exguerrilleros sandinistas disidentes, un exdirigente empresarial, un banquero, cuatro activistas y dos extrabajadores de una ONG.

En las elecciones del próximo 7 de noviembre, el actual mandatario nicaragüense se jugará su cuarta reelección consecutiva. En caso de ganar, el líder del partido Sandinista garantizaría su cuarto mandato de cinco años y segundo con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta. 

Las autoridades mexicanas identificaron los restos de Jhosivani Guerrero, uno de los estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, en la denominada barranca de la Carnicería, lejos del basurero donde la versión oficial decía que habían sido quemados los jóvenes. Así lo informó el abogado de las familias, Vidulfo Rosales, al salir de una reunión de los padres de los desaparecidos con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en el Palacio Nacional. Este hallazgo llega casi un año después de la identificación de Christian Alfonso Rodríguez, otro de los estudiantes, cuyos restos fueron encontrados en la misma barranca. Durante la reunión con las autoridades, los familiares fueron informados de que la Universidad de Innsbruck de Austria identificó una vértebra de Guerrero.

El Gobierno anterior, presidido por Enrique Peña Nieto, había anunciado en septiembre de 2015 el hallazgo de restos de Jhosivani, sin embargo no fue una identificación considerada plena por los padres. Con el anuncio de este martes ya son dos estudiantes identificados plenamente por el gobierno de López Obrador, que al llegar al poder en 2018 reinició la investigación de lo sucedido.

Según la polémica versión del gobierno de Peña Nieto, los 43 estudiantes de la escuela para maestros de Ayotzinapa fueron detenidos el 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos en Iguala y entregados al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en un río San Juan. Este relato, conocido como la "verdad histórica", fue cuestionado por los familiares y por una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y su Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar. El gobierno de López Obrador derrumbó esta versión al identificar en julio del año pasado restos de Christian Alfonso Rodríguez en la barranca de la Carnicería, lejos del basurero.

Además de Christian y Jhosivani, en 2014 fue identificado Alexander Mora, con lo que todavía quedan 40 estudiantes en paradero desconocido. El 26 de septiembre de 2020, al cumplirse seis años de la tragedia, el presidente López Obrador pidió disculpas a las familias en nombre del Estado mexicano y anunció órdenes de arresto contra militares, los cuales no estaban vinculados con los hechos según la versión de Peña Nieto.

Además de la búsqueda de los estudiantes, el actual gobierno persigue a los responsables de la investigación de la anterior Administración, que estuvo liderada por Tomás Zerón, actualmente prófugo en Israel.

Este jueves la Cámara de Diputados buscará la sanción de dos leyes, ambas con el objetivo de garantizar la equidad de género en el ámbito público. Por un lado se tratará la Ley de Cupo Laboral Travesti Trans, por otro, la Ley de Equidad en la Representación de los Géneros en los Servicios de Comunicación. 

La primera ley tiene como objetivo asegurar el mínimo del 1% en la inclusión laboral del colectivo travesti trans en las dependencias de los tres poderes al Estado: Ministerios Públicos, los organismos descentralizados o autárquicos, los entes públicos no estatales, las empresas y las sociedades del Estado. Su nombre formal corresponde al de "Ley de Promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero Diana Sacayán-Lohana Berkins". 

La norma recibió respaldo político por parte del Frente de Todos y la mayoría de Juntos por el Cambio, mientras que las bancas de izquierda plantearon algunas diferencias y observaciones. A su vez, la ley propone garantizar la finalización de los estudios profesionales, dar créditos a emprendimientos productivos efectuados por el colectivo, mientras que, a su vez, busca incentivar al sector privado para que otorgue empleos a personas travestis y trans. 

Paridad de género en los medios

La segunda ley busca garantizar la paridad de género en los servicios de radiodifusión sonora y televisiva del Estado nacional. Su campo de acción excede a las mujeres y también integra otras identidades de género. En el pasado, las tres comisiones donde fue tratado el proyecto de ley concluyeron su dictamen por mayoría. De conseguir la media sanción en el recinto, Argentina se convertiría en el primer país del mundo con una ley de equidad en los Servicios de Comunicación nacionales. Actualmente, las mujeres ocupan en su gran mayoría los puestos más precarizados del sector y representan menos del 15% en cargos jerárquicos, según indicó el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA). Los números representan el gran reclamo por la brecha salarial existente entre mujeres y varones, cis y no cis. 

Mónica Macha, diputada nacional del Frente de Todos y una de las encargadas de propulsar el proyecto en la Cámara Baja, twitteó: "Por Diana, por Lohana, por todxs las que están acá luchando, por quienes faltan y por un futuro para todxs. Se nos está haciendo costumbre esto de hacer historia...".

 

 

El Comité Nacional del Paro de Colombia analiza levantar las movilizaciones contra las medidas económicas del Gobierno nacional que preside Iván Duque. A 43 días del paro nacional, voceros del Comité plantearon la posibilidad de finalizar con las medidas de fuerza. La determinación, que aún está en suspenso, fue revisada luego de reunirse con Antonia Urrejola, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Las protestas continúan en distintos puntos del país, siendo la "Toma de Bogotá" una de las más concurridas de la semana, con más de 3.500 personas. 

La visita de la CIDH comenzó el 8 de junio e incluyó reuniones con autoridades gubernamentales, representantes de la sociedad civil, colectivos, sindicatos y gremios para “escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares para recibir sus testimonios, denuncias y comunicaciones”. Autoridades de la Comisión visitaron Cali, centro de grandes manifestaciones durante el Paro Nacional. En la reunión estuvieron presentes miembros del gobierno del Valle del Cauca y la alcaldía de Cali, la Fiscalía, la Procuraduría y Defensoría regional, además de las fuerzas públicas y la policía local.

La delegación dialogó con miembros de la sociedad civil y "escuchó y recibió información sobre violencia contra mujeres, periodistas, personas defensoras, afrodescendientes y pueblos indígenas”, informaron a través de Twitter. El 14 de mayo, la CIDH le solicitó al gobierno de Colombia realizar una visita de trabajo “para verificar la situación de derechos humanos en el marco de hechos de violencia sucedidos durante las protestas iniciadas el 28 de abril”.

Por otra parte, la organización internacional Human Rights Watch (HRW) divulgó este miércoles un informe para advertir que la policía de Colombia ha cometido “abusos brutales contra manifestantes”. “Hemos documentado 20 homicidios y casos de agresiones sexuales, golpizas violentas y detenciones arbitrarias. Urge una reforma profunda de la Policía”, advirtió HRW. 

La Misión Internacional de Solidaridad y Observación de Derechos Humanos de la Argentina que viajó a Colombia para relevar la situación en las protestas convocó a un "tuitazo" en la previa del partido entre Argentina y Colombia, en rechazo a la represión en el país latinoamericano. Con las consignas #LaPelotaEstáManchada y #ColombiaNoEstáSola, el tuitazo está convocado para este martes a las 20:00 de Argentina (18:00 de Colombia), al comienzo del encuentro por las Eliminatorias del Mundial de Qatar 2022.

El viernes pasado, la misión emitió un duro informe final preliminar sobre sus indagaciones durante más de una semana en varias ciudades de Colombia, en las que recibió múltiples denuncias de uso desproporcionado de la fuerza y de abusos sexuales de parte del Estado contra manifestantes. La misión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que llegó a Colombia evaluará 584 presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en el marco de las protestas contra el Gobierno iniciadas hace más de un mes, la mayoría a manos de la fuerza pública, informó la Defensoría del Pueblo.

El estallido social comenzó contra un alza de impuestos promovida por el Gobierno y desechada más tarde ante la presión de cientos de miles de personas en las calles. Las manifestaciones se mantienen a diario con jornadas más intensas que otras. 
 

La Fiscalía General de Colombia le entregó un informe a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se desplazó al país, que explica las acciones de las autoridades para la investigación, el esclarecimiento de delitos y la defensa de los Derechos Humanos durante las protestas que comenzaron el 28 de abril.

"Respetamos profundamente el sentido y la importancia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos que hace parte de nuestro sistema constitucional. Este diálogo fortalece el Estado de Derecho y la defensa de los derechos fundamentales", añadió el fiscal general, Francisco Barbosa Delgado. Por su parte, la presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola agradeció esta información que "sin lugar a duda va a ser muy importante para toda la labor de monitoreo que hace la Comisión". La delegación se reunió también con la Defensoría del Pueblo, con Carlos Camargo al frente, que entregó un informe que recopila sus actuaciones y que incluye 497 revisiones de la actuación de la policía antidisturbios, 2.187 acompañamientos a marchas y movilizaciones, 415 mediaciones y 346 mesas de diálogo.

Previamente, la misión de la CIDH se reunió con la vicepresidenta y ministra de Exteriores de Colombia, Marta Lucía Ramírez. El martes, Ramírez encabezará el encuentro de la CIDH con varios ministros y funcionarios gubernamentales. Asimismo, se reunirán con el consejero presidencial para la estabilización y portavoz de las conversaciones entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro, Emilio Archila, y la consejera de Derechos Humanos, Nancy Patricia Gutiérrez.

De forma paralela, otro grupo de la comisión se trasladará a Cali, Popayán, Tuluá y Buga, donde sostendrán reuniones con autoridades locales y la sociedad civil hasta el jueves. Por su parte, la CIDH ya había adelantado que pretende escuchar "especialmente" a las víctimas de las violaciones a los Derechos Humanos y sus familiares para recibir testimonios, denuncias y comunicaciones.

Las protestas que sacuden el país desde hace ya un mes comenzaron como una movilización contra la reforma fiscal planteada por el Ejecutivo de Iván Duque, pero una vez retirada la misma las movilizaciones reclaman medidas para atajar la desigualdad en el país.
 

Las unidades de Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal de algunas ciudades del nordeste del país, en coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), convocan a a quienes conozcan y deseen brindar información sobre desaparecidos que pueden haber sido arrojados al Río Paraná durante la última dictadura militar.

En concreto, las fiscalías de Resistencia (Chaco) y Corrientes, en forma conjunta con las fiscalías federales de Reconquista y Goya, buscan recaudar información sobre cuerpos y/o restos de desaparecidos que hayan sido arrojados al Río Paraná entre 1975 y 1980, o de sepulturas en cementerios próximos a ese cauce u otros lugares en localidades de la costa, zonas rurales e islas.

Según resaltaron en un comunicado, las investigaciones judiciales en causas de lesa humanidad han logrado reconstruir en estos años la sistemática del terrorismo de Estado en Corrientes y Chaco de eliminar a sus víctimas arrojando sus cuerpos al Río Paraná con un corte importante en el abdomen para evitar que flotaran, desnudos, maniatados con alambres, cortadas las yemas de sus dedos para dificultar la identificación y con balas de plomo a modo de ejecución. 

"Gracias a la colaboración de la sociedad y del testimonio de diversas personas, la justicia federal junto al EAAF han establecido el paradero y la identidad de tres personas desaparecidas, que fueron halladas en el Río Paraná y enterradas como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado", contaron desde el MPF.

Sin embargo, resaltaron que aún son muchas más las personas que permanecen desaparecidas y cuyas familias hace más de 45 años que esperan la posibilidad de conocer la verdad, hallarlos y así concretar el duelo tan negado. Los dirigentes de las Ligas Agrarias de Chaco Carlos Oriansky, Hugo Bocouver, Luis Fleitas y Armando Molina permanecen desaparecidos. 

Lugares dónde aportar la información:

• Unidad de DD HH Corrientes: Tel. Ce: 3794330375. Correo Electrónico: MSanauria@mpf.gov.ar.
• Unidad de DD HH Resistencia, Chaco: Tel Ce 3794252793. Correo Electrónico: DVigay@mpf.gov.ar ovigaydiegojesus@yahoo.com.ar.
• Fiscalía Federal de Reconquista – Santa Fe-: Te 03482 422522 Correo electrónico : fisfed-rqt@mpf.gov.ar.
• Fiscalía Federal de Goya – Corrientes: Correo Electrónico : fisfed-goy@mpf.gov.ar. Teléfono 03777-475794.