El coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, desmintió las acusaciones de la oposición contra integrantes de la organización y el sindicato de Camioneros por supuestas intervenciones violentas en comercios para fiscalizar precios.

En diálogo con IP Noticias, el dirigente aseguró que se trata de capacitaciones públicas sobre el uso de la aplicación prevista en el programa Precios Justos, el cual contempla participación ciudadana en el control de disponibilidad y valor de productos en las góndolas.

En el video, la entrevista completa con Gabriel Sued, en IP Central.

"Hace dos meses aproximadamente se construyó una política pública que es Precios Justos y un acuerdo con empresarios que tendía a buscar desacelerar el proceso inflacionario. No hay nada más democrático, componedor y sensato que encontrar un punto de acuerdo en la rentabilidad, en los márgenes de ganancia y en la perspectiva de mantener el poder adquisitivo del salario", explicó Menéndez.

En esa línea, expresó que fueron "insólitas" las reacciones por parte de dirigentes del gobierno de la ciudad de Buenos Aires (CABA) y las denuncias penales contra funcionarios de la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía, como las presentadas por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió.

Reacción por el control a las empresas

Según señaló Menéndez, la iniciativa para capacitar a vecinos en los barrios surgió porque con la implementación de Precios Justos, que contempla acuerdos entre mayoristas y grandes supermercados, "venía un problema histórico, que es que en los comercios de barrio se compra más caro que en los supermercados".

"Nosotros planteamos la dificultad en la Secretaría de Comercio y trabajamos en un esquema de capacitación en las proximidades de los comercios, con material que es público", amplió el también subsecretario de Políticas de Integración del Ministerio de Desarrollo Social.

Y agregó: "Es insólito pensar que un gremio o un movimiento social no puede atender reclamos y canalizarlos con la institucionalidad que se construye en este tiempo".

"Cualquier cosa que tenga que ver con levantar la participación o instar a hacer uso de nuestros derechos, genera la estigmatización. Y cualquier control sobre las empresas, con mas acuerdo previo que se haya construido con el Estado, se pone siempre en tela de juicio", remarcó Menéndez.

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