Cómo se originó la quiebra del banco de las empresas tecnológicas y qué impacto se espera.

La Organización Internacional para la Alimentación y la Agricultura (FAO) de las Naciones Unidas advirtió que podrían faltar alimentos a nivel mundial, especialmente en el Caribe y en América del Sur por las consecuencias de la guerra.

El dirigente del Frente de Unidad Piquetera, Eduardo Belliboni, afirmó que "el desarrollo está paralizado".

La historia detrás de la foto que el fotoperiodista Enrique García Medina obtuvo en el estallido social del 19 y 20 de diciembre de 2001. Un ícono de la caída del gobierno de Fernando De la Rúa.

El 19 de diciembre de 2001, la Policía asesinó de un disparo a Claudio "Pocho" Lepratti, un militante social.

Es criticado por estimular el consumo con fondos públicos en un contexto inflacionario.

Veinte años después de los hechos, la Cámara de Casación confirmó las penas de prisión efectiva para Enrique Mathov y Rubén Santos.

El exministro de Producción del gobierno de Duhalde presentó en Redacción IP su libro "2001-2021: La historia no contada de la gran crisis".

Miles de empresas cerraron al no poder mantener su infraestructura con una economía mundial paralizada por la emergencia sanitaria.

Un informe especial de IP y Canal 9 revela la triste realidad de uno de los principales sectores económicos argentinos.

Representantes de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) realizan un "pescadazo" frente al Congreso Nacional: la acción consiste en la venta a precios muy populares de más de 12 toneladas de pescado de río, desde 100 pesos el kilo. El objetivo de la iniciativa  es "visibilizar la problemática de la pesca artesanal" y  también "contrarrestar los altos precios de la carne vacuna", informó la organización en un comunicado. Según explicaron pescadores artesanales de Mar del Plata, Santa Fe, Rosario, Helvecia, Concordia, Ensenada y Punta Indio se está ofreciendo corvina, besugo, pescadilla, sábalo, patí, dorado y boga.

Desde la UTEP señalaron que "el 30% del precio de venta del 'pescadazo' permitirá cubrir los gastos de transporte" y el resto "brindará un ingreso muy superior al habitual para los trabajadores de la pesca artesanal", con  el agregado de ofrecer "un valor muy económico para las y los consumidores".

En el Día Nacional del Guía de Turismo, grupos de guías turísticos realizaron protestas frente a la Legislatura porteña para exigir la atención del ministro de Turismo, Matías Lammens, ante la falta de propuestas para paliar la difícil situación que afrontan los trabajadores del sector respecto a la crisis epidemiológica.

“A nivel nacional somos 14 mil guías, en la ciudad de Buenos Aires somos más de mil”, comentó Lilia, una manifestante que habló en exclusiva con IP Noticias, y señaló que la mayoría de los guías turísticos son monotributistas, independientes de las agencias de turismo. “Ya no nos quedan recursos o ahorros para subsistir esta situación de pandemia. Sabemos la dificultad de abrir las fronteras, pero pedimos por favor que nos ayuden", señaló subrayando que desde el inicio de esta etapa no tuvieron respuesta por parte de ninguna entidad turística así como tampoco del Ministerio de Turismo. 

El año pasado, apenas comenzada la pandemia, la presidenta de la Asociación de Guías Profesionales de Villa Carlos Paz, Elizabeth Bocca gestionó junto con otras organizaciones nacionales las primeras “Reunión País” para analizar las distintas situaciones. “Tenemos contabilizadas más de 28 instituciones participantes y juntas hemos logrado armar un informe de situación y elevar una carta detallada al ministro de Turismo y Deportes, Matías Lammens", había comentado en su momento.

Desde Buenos Aires, el Foro de Profesionales de Turismo y el Colectivo de Guías Autoconvocados de Buenos Aires también elevó petitorios con opciones para suplir la problemática. Aun así, los manifestantes insisten en que hasta el momento no existió ningún tipo de respuesta conclusiva para su sector. “El Ministerio de Turismo no entiende que nosotros no trabajamos para las agencias de turismo. Nos dejan afuera de todo tipo de ayuda hace 14 meses", compartió Lilia.

 

La crisis económica generada por la pandemia no se detiene. Frente a la emergencia sanitaria, la demanda de personas que asisten a comedores comunitarios creció exponencialmente. Según datos de la asociación civil Ingeniería Sin Fronteras, más de 3 millones de personas se sumaron a recibir alimentación en comedores de asistencia social, resultando un total de 11 millones en todo el país. En este contexto, los vecinos de los barrios más vulnerables se organizan para frenar la crisis, colaborando en estos espacios. Jonathan Casco, uno de los voluntarios de la olla popular del barrio Zavaleta, dialogó al respecto con Melina Fleiderman, para IP Noticias. "Arranqué a ayudar en medio de la pandemia. Los fines de semana alimentamos a más de 120 personas con las ollas populares. Empezamos con 50 platos y ahora estamos superando los 250", declaró. 

El padre Lorenzo de Vedia, más conocido en el barrio Zavaleta como "Toto", es quien coordina los comedores de emergencia y merenderos "Los comedores son lugares de encuentro y solidaridad; ahí vemos cómo ayudar a los vecinos, familias y tratar de que salgan adelante; también pienso que son los grandes olvidados a la hora de vacunarse", explicó el párroco a Soledad Rojas, la cronista de IP Noticias que se acercó a dialogar con los vecinos. "Toto", organiza la llegada y distribución de mercaderías de lunes a viernes, mientras que cede la responsabilidad a Jonathan y otros colaboradores barriales durante los fines de semana. 

Además, Casco reflexionó sobre el aumento de personas en estos espacios y demostró asombro por la asistencia de ciertos grupos que nunca habían tenido la necesidad de llegar al comedor. "Hay gente que nunca me imaginé que iban a venir a pedir un plato, como personal que trabajaba en la construcción, amas de casa y personal doméstico. Con la pandemia dejaron de recibir ingresos y no les quedó otra alternativa", contó Jonathan, que también está ayudando en las vacunaciones del barrio Zavaleta. 

Podés ver IP Noticias con Melina Fleiderman los sábados de 13 a 14hs. por IP.

Una de las voces más importantes de la política colombiana, Iván Cepeda, se comunicó con Fernando Duclos para una nueva emisión de IP Global. Cepeda es fundador del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (MOVICE), una de las más influyentes redes de organizaciones de víctimas en el país que tiene el objetivo de agrupar a los familiares de víctimas de crímenes de lesa humanidad y las organizaciones que trabajan por los derechos humanos. Es, además, senador y filósofo. Un lujo de invitado para explicar la historia de Colombia, y así tener una mejor comprensión de lo que está pasando en la actualidad de ese país. 

Luego de contar el origen de la Unión Patriótica, Cepeda señala que “lo que ha ocurrido con la UP desde 1984 hasta el día de hoy es un genocidio. Hay reconocidas 6000 muertes ante la Corte Interamericana, pero la cifra puede ser mayor [...] Hay evidencia de que fue en manos del Estado, que comandó cinco planes de exterminio”. 

También explicó qué es la FARC y cómo opera. La define como “una guerrilla que comenzó en la década del ‘80, y pasaron de la vía armada a la vía legal. Fundaron la UP, y los empezaron a asesinar. Hubo, incluso, asesinatos a candidatos presidenciales”. 

Además, analizó el paramilitarismo como un componente de terrorismo de estado de Colombia. “Pongo en duda que en Colombia haya una democracia. El paramilitarismo fue una estructura permanente del terrorismo estatal durante décadas [...] Llegaron a ser una especie de alianza con los políticos para conquistar lugares en el Estado”. 

Para saber todos los detalles, mirá la nota completa. 

La pandemia trajo una crisis económica mundial inesperada. Este contexto provocó que varios colectivos sociales organizaran múltiples estrategias para reactivar el bolsillo de la población. Uno de ellos, La Unión de Trabajadores de la Tierra, organizó este sábado un "corderazo" agroecológico patagónico a precios accesibles en el Mercado Agroecológico de Avellaneda.  Los coordinadores dialogaron al respecto con Melina Fleiderman en IP Noticias. 

"Trajimos unos 400 animales de unos 10 kilos en promedio para venderlos a precios populares, sin intermediarios. Es una buena oportunidad para enfrentar la crisis en las cocinas argentinas que trajo la pandemia", declaró Ariel, uno de los trabajadores que formó parte de la medida. 

El evento se enmarca dentro del Plan Nacional de Abastecimiento de Alimentos del Gobierno Nacional, que promueve el fortalecimiento de las economías regionales y el acceso a los alimentos sin agro tóxicos.  

Podés ver IP Noticias, con Melina Fleiderman, los Sábados de 13 hs a 14 hs.

 

 

Los aumentos del IVA a productos de consumo básico -agua, luz y gas, computadoras, y otros servicios hasta ahora exentos- y un “impuesto a la renta” para los salarios a partir de los 620 dólares -en su mayoría de clase media-, generaron en Colombia una ola de protestas sociales que ya llevan una semana con un saldo de al menos 20 muertos -la ONG Human Rights Watch afirma haber recibido denuncias por 31 fallecimientos-, más de 800 heridos y según un informe de la Defensoría del Pueblo, 87 personas desaparecidas.  

¿Cómo se llegó a esto? Con la llamada “Ley de Solidaridad Sostenible” que incluía estos aumentos, el gobierno alegaba que necesitaba cubrir el saldo negativo generado por la pandemia. La reacción popular comenzó con las movilizaciones de protesta convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores, el miércoles 28 de abril. A partir de ese momento, como ya sucedió en Chile -y también en Perú, por citar dos ejemplos concretos- una chispa avivó el fuego. En verdad, revivió unas llamas que ya se habían encendido en noviembre de 2019 por una creciente crisis económica. Ahora, un año y medio después, se suma el descontento masivo por un pobre gestión sanitaria estatal de la pandemia del coronavirus. Hay una campaña de vacunación en marcha, pero transcurre “muy lenta”, faltan vacunas para grupos de riesgo e incluso se acusa al gobierno de “falsear datos”. Un cóctel explosivo. 

Sobre todo eso, hay cansancio e indignación acumulados por una sucesión de gobiernos neoliberales que aplicó recetas económicas recesivas: esto se tradujo en una creciente pérdida de poder adquisitivo en las últimas tres décadas y en el aumento hasta el 20% de las cifras de la pobreza. Encima, el llamado “proceso de paz” firmado con las organizaciones guerrilleras en 2016 luego de 50 años de guerra civil -atravesados además por la confrontación con el narcotráfico y la violencia política ejecutada por escuadrones paramilitares- nunca terminó de concretarse. Al contrario, las cifras de muertos por razones políticas crecieron en este último lustro: casi 250 excombatientes reinsertados en trabajo social o proyectos productivos rurales, fueron asesinados y esos crímenes, en la mayoría de los casos, quedaron impunes.

 

El presidente de Colombia, Iván Duque, informó este miércoles que no descarta decretar el "estado de conmoción interior" para buscar ponerle fin a la serie de manifestaciones que se dan en contra de la Reforma Tributaria que busca imponer el gobierno. “Uno como jefe de Estado no puede renunciar a ninguna de las herramientas que le dan la Constitución, que es la que reglamenta el estado de conmoción interior, tiene herramientas taxativas que se pueden emplear", señaló el mandatario en conferencia de prensa.

"Han sido usadas en muy pocas ocasiones. A la pregunta si se renuncia a esta herramienta, ni a esa ni a ninguna otra herramienta constitucional”, agregó Duque.

La afirmación del jefe de Estado colombiano surgió luego del pedido de varios miembros de su partido, el Centro Democrático (CD), de recurrir a esta última herramienta para combatir lo que ellos interpretan como "acciones criminales".

La Constitución Política de Colombia, en su artículo 213, le permite al jefe de Estado acudir a la conmoción interior, “en caso de grave perturbación del orden público que atente de manera inminente contra la estabilidad institucional, la seguridad del Estado, o la convivencia ciudadana, y que no pueda ser conjurada mediante el uso de las atribuciones ordinarias de las autoridades de Policía”.

Entre las facultades extraordinarias en este periodo hasta que "se devuelva el orden", el mandatario puede restringir las manifestaciones sociales, tomar el control de algunos medios de comunicación y medidas "excepcionales". Además, las autoridades podrían ordenar la detención de ciudadanos sobre los cuales haya indicios de la comisión de varios delitos.

La habilitación de esta declaración se tiene que dar con la firma de todos los ministros de la jefatura de Gabinete y será por un término "no mayor de noventa días, prorrogable hasta por dos períodos iguales, el segundo de los cuales requiere concepto previo y favorable del Senado de la República".

Las protestas comenzaron el pasado miércoles de manera pacífica en las principales ciudades del país, sin embargo hechos de vandalismo y desmanes en lugares como Cali, Ibagué, Medellín y Bogotá aumentaron la tensión social.

Los manifestantes rechazan una reforma impositiva propuesta por el gobierno que busca recaudar cerca de 6.300 millones de dólares, equivalente a un 2% del PIB.

Hospitales y crematorios colapsados, faltantes de oxígeno y medicamentos y un promedio de más de 300 mil contagios con nuevos récords casi a diario. India no logra controlar la segunda ola de coronavirus, y a la trágica situación se le suma una nueva cepa del virus. 

Con más de 1.300 millones de habitantes, India es el segundo país más poblado del mundo y los números oficiales son cuestionados por muchos periódicos, que aducen que puede haber hasta 10 veces más de contagios no registrados. El panorama no es bueno: los virólogos vaticinan que continuará el aumento exponencial por dos o tres semanas más. 

El retrato de la situación incluye vagones de trenes transformados en salas de aislamiento y centro de cuidados improvisados con camas de cartón. Los cementerios trabajando 24 horas diarias no dan a a basto con la demanda de cadáveres, y los muertos comienzan a verse en las calles. De hecho, muchas familias organizaron piras funerarias masivas. La asistencia internacional no alcanza en un país con una alta taza de pobreza y el fenómeno preocupa al mundo entero. 

Las pizzerías porteñas están en crisis. La consecuencias económicas de la pandemia afectaron gravemente al sector gastronómico, y los tradicionales negocios de pizzas de Buenos Aires sintieron el golpe. Desde la Asociación de Propietarios de Pizzerías y Casas de Empanadas (APPYCE) anunciaron que debido al contexto económico, la Ciudad podría perder este año el 50% de sus pizzerías.  

La emergencia sanitaria obligó a muchos locales a cerrar sus puertas o atender solamente por delivery, lo que provocó la caída del 15% de los comercios del rubro durante el año pasado. Este número representa a unas 150 pizzerías de la Ciudad de Buenos Aires y la supresión de unos 1500 puestos laborales.  

En APPYCE calculan que este año cerrarán sus persianas un 35% más de negocios dedicados a la pizza de distintos barrios, siendo los de Puerto Madero, Sant Telmo, calle Corrientes y Microcentro los más afectados por la baja de clientes oficinistas y teatros ahora cerrados.