Las unidades de Derechos Humanos del Ministerio Publico Fiscal de algunas ciudades del nordeste del país, en coordinación con el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), convocan a a quienes conozcan y deseen brindar información sobre desaparecidos que pueden haber sido arrojados al Río Paraná durante la última dictadura militar.

En concreto, las fiscalías de Resistencia (Chaco) y Corrientes, en forma conjunta con las fiscalías federales de Reconquista y Goya, buscan recaudar información sobre cuerpos y/o restos de desaparecidos que hayan sido arrojados al Río Paraná entre 1975 y 1980, o de sepulturas en cementerios próximos a ese cauce u otros lugares en localidades de la costa, zonas rurales e islas.

Según resaltaron en un comunicado, las investigaciones judiciales en causas de lesa humanidad han logrado reconstruir en estos años la sistemática del terrorismo de Estado en Corrientes y Chaco de eliminar a sus víctimas arrojando sus cuerpos al Río Paraná con un corte importante en el abdomen para evitar que flotaran, desnudos, maniatados con alambres, cortadas las yemas de sus dedos para dificultar la identificación y con balas de plomo a modo de ejecución. 

"Gracias a la colaboración de la sociedad y del testimonio de diversas personas, la justicia federal junto al EAAF han establecido el paradero y la identidad de tres personas desaparecidas, que fueron halladas en el Río Paraná y enterradas como NN en el cementerio de la localidad de Empedrado", contaron desde el MPF.

Sin embargo, resaltaron que aún son muchas más las personas que permanecen desaparecidas y cuyas familias hace más de 45 años que esperan la posibilidad de conocer la verdad, hallarlos y así concretar el duelo tan negado. Los dirigentes de las Ligas Agrarias de Chaco Carlos Oriansky, Hugo Bocouver, Luis Fleitas y Armando Molina permanecen desaparecidos. 

Lugares dónde aportar la información:

• Unidad de DD HH Corrientes: Tel. Ce: 3794330375. Correo Electrónico: MSanauria@mpf.gov.ar.
• Unidad de DD HH Resistencia, Chaco: Tel Ce 3794252793. Correo Electrónico: DVigay@mpf.gov.ar ovigaydiegojesus@yahoo.com.ar.
• Fiscalía Federal de Reconquista – Santa Fe-: Te 03482 422522 Correo electrónico : fisfed-rqt@mpf.gov.ar.
• Fiscalía Federal de Goya – Corrientes: Correo Electrónico : fisfed-goy@mpf.gov.ar. Teléfono 03777-475794.

Mercedes Colás de Meroño, vicepresidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo, también conocida como “Porota”, falleció este miércoles a los 95 años en su casa del barrio porteño Villa Devoto. La noticia fue confirmada a través de un comunicado firmado por la presidenta de la organización, Hebe de Bonafini.

“Hoy al mediodía nos dejó Porota. Desde hace ya varios meses estaba muy enferma. Después de su fractura de cadera, no se recompuso más. Se fue despacito, todos los días se moría un poco. Así somos las Madres: estamos lo más enteras que podemos, cada vez que se nos va alguna, se nos va un pedazo de nosotras mismas. Pero sabemos el compromiso que tenemos con nuestros hijos y debemos seguir”, precisó de Bonafini en la carta.

La vicepresidenta de Asociación Madres de Plaza de Mayo había nacido en Argentina en 1925, pero emigró a España en 1931, con su padre, su madre y su hermano. Su progenitor, José María Colás, era albañil y anarquista.

Durante la Guerra Civil española, su padre fue fusilado por grupos fascistas en el pueblo de Tudela, en Navarra, y regresó a la Argentina con el resto de su familia. A sus 14 años, se puso de novia con Francisco Meroño, un trabajador de la industria textil, con quien luego se casaría y tendría una hija llamada Alicia, quien fue desaparecida durante la última dictadura cívico militar. La joven fue secuestrada el 5 de enero de 1978 en una vivienda de la calle Benito Juárez, también de Devoto, cuando tenía 31 años.

El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), una organización científica sin fines de lucro creada en 1984, desarrolla desde 2016 un trabajo de identificación que ya permitió restituir la identidad de 90 soldados muertos en la Guerra de Malvinas en 1982 que, hasta entonces, permanecían enterrados en el Cementerio Militar de Darwin como anónimos.

Es parte de lo que se conoce como el Plan Proyecto Humanitario Malvinas, una iniciativa que comenzó en 2012 por pedido de la entonces presidenta de la Nación, Cristina Fernández. La mandataria envió una carta al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la que solicitó iniciar un proceso de reconocimiento de los restos de los combatientes. Por su amplia trayectoria en la materia, el EAAF fue convocado.

El cuerpo de científicos tiene un renombre internacional por su intervención en casos emblemáticos alrededor del mundo. Desde la identificación de cuerpos de desaparecidos en la última dictadura cívico militar en Argentina, hasta los crímenes del apartheid en Sudáfrica, femicidios en Ciudad Juárez, México, y la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa.

Plan Proyecto Humanitario Malvinas

Se puede dividir al plan de trabajo de reconocimiento científico en cinco momentos:

• Recuperación arqueológica de los cuerpos.
• Análisis.
• Toma de muestras.
• Re inhumación de los cuerpos en sus sepulturas originales.
• Análisis genéticos de las muestras.

Para dar con las identidades de los cuerpos que descansan en Darwin, el EAAF debió tomar muestras de ADN e información de 107 familias de los caídos. Aún hay más de cien familias que no saben dónde está el cuerpo de su ser querido.

Uno de los paros más importantes en nuestra historia fue en el período final de la dictadura más sangrienta de Argentina. El 30 de marzo de 1982, más de 50.000 personas colmaron la Plaza de Mayo, mientras regía el gobierno de facto de Leopoldo Fortunato Galtieri, Jorge Anaya y Basilio Arturo Lami Dozo.

Bajo la consigna de "Paz, Pan y Trabajo", el movimiento obrero argentino, en ese momento al mando de Saúl Ubaldini, se enfrentó al gobierno genocida a días del comienzo de la Guerra de Malvinas, quizás el último manotazo para sostener el poder.

Seis años del autodenominado “Proceso de Reorganización Nacional” fueron suficientes para romper el tejido social, destruir el empleo y sumir en la pobreza a miles de familias argentinas.

La dictadura se había ensañado particularmente con el movimiento obrero: con la Ley 21.261 suspendió el derecho a huelga, con la Ley 21.536 prohibió la actividad gremial y con la Ley 21.263 eliminó el fuero sindical. Y estas son sólo algunas de las normas tomadas públicamente. A la sombra, miles de trabajadores y trabajadoras fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por el gobierno.

Saúl Ubaldini, líder de la CGT Brasil, fue la figura al frente de esta movilización. La represión de las fuerzas armadas y las fuerzas de seguridad no tardó en llegar. Hubo cientos de heridos, detenidos y una persona asesinada en la provincia de Mendoza.

Tal fue el impacto del paro en el gobierno militar, que la cúpula decidió adelantar la invasión a Malvinas y el comienzo de la Guerra para el 2 de abril, algo que, según se supo después, se pensaba para mayo de 1982.

 

La historia detrás de la foto: una intervención artística icónica que condensa el horror de la dictadura.

"Conservar los lugares donde fueron asesinadas miles de víctimas obedece a un doble propósito: rendirles un homenaje permanente y al mismo tiempo recordar ese capítulo oscuro de la historia de la humanidad para afirmar el “Nunca más” a la repetición de los crímenes", dice en el sitio web del Espacio Memoria y Derechos Humanos, ex ESMA (Escuela de Mecánica de la Armada), donde funcionó el centro de clandestino de detención tortura y exterminio más grande de la última dictadura cívico militar.

El predio de 17 hectáreas ubicado sobre Avenida del Libertador 8151 / 8571 fue originalmente cedido en 1924 por la Ciudad de Buenos aires al Ministerio de Marina para que fueran utilizados con fines educativos. En el decreto se aclaró que ese debiera ser el único fin de dichas instalaciones. 

Durante más de 50 años funcionó allí la Escuela de Mecánica, la Escuela de Guerra Naval y el Casino de Oficiales. Había carreras técnicas como Electrónica, Aeronáutica, Mecánica Naval, Operación Técnica de Radio, Meteorología, Oceanografía, entre otras. 

Ante el golpe de Estado entre el 14 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, las instalaciones del Casino de Oficiales fueron el centro de operaciones del Grupo de Tareas 3.3.2 (GT 3.3.2), creado por el almirante Emilio Massera. Allí fueron secuestradas alrededor de 5 mil personas, hoy desaparecidas. A su vez funcionó una sala clandestina de maternidad donde nacieron y robaron al menos 34 bebes.

En 2004, gracias al trabajo de los sobrevivientes y los organismos de Derechos Humanos, el espacio fue comprendido por la justicia como “un testimonio de verdad y una prueba judicial sobre el horroroso y vergonzante pasado de nuestro país” y hoy es un espacio de memoria colectiva.

La rebelión en el arte es intrínseca. La circulación de cualquier movimiento artístico funciona como una invitación a cuestionar, gritar, reclamar o incitar. Este es el poder al que recelan las dictaduras. Durante el último golpe de estado, la violenta y constante quema de libros, por ser considerada “documentación perniciosa que afecta el intelecto” según el Teniente Coronel Jorge Eduardo Gorleri, escondió cientos de ideas, opiniones y datos necesarios para construir valiosa información. Incluso, se prohibieron canciones que no necesariamente hablaban de la situación política-social, como Me gusta ese tajo de Pescado Rabioso o Do You Think I’m Sexy de Rod Stewart. 

Hubo muchos y muchas valientes que alzaron la voz con ingenio y arte de resistencia. He aquí tres obras musicales que, durante la dictadura, retrataron el clima que rondaba. Y lograron ser escuchados.

Canción de Alicia en el país, canción de Serú Girán (1980)

El mundo de Alicia es, en este caso, una metáfora de la realidad vivida en la Argentina. Por ejemplo, Alicia representa al pueblo argentino, y cuando dice “Se acabó este juego que te hacía feliz”, hace alusión a la democracia. 

Serenata para la tierra de uno, álbum de Mercedes Sosa (1979)

El título es un homenaje al tema homónimo de María Elena Walsh. Dice la canción: “Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy”. Poco después fue detenida en la ciudad de La Plata mientras realizaba un show, junto con toda la gente que estaba allí. El miedo la llevó a exiliarse primero en París y luego en Madrid.

Como la cigarra, canción de María Elena Walsh (1973)

"Tantas veces me borraron, tantas desaparecí", canta Walsh. A pesar de que el tema fue editado antes del último golpe de estado, fue un emblema en la época; y lógicamente, censurado por el gobierno de facto. Las presiones llevaron a que la artista dejara de cantar en público en 1978. Además de esta canción, muchos de sus temas se convirtieron en símbolo de la lucha por la democracia, como Canción de cuna para un gobernante o No bombardeen Buenos Aires.

Analía Kalinec es integrante del colectivo Historias desobedientes, una agrupación de familiares de genocidas que rechazan el accionar de sus familiares durante la dictadura.Su padre, Eduardo Emilio Kalinec -ex comisario de la Policía Federal, conocido como el tenebroso "Doctor K"- actualmente cumple condena por delitos cometidos en el llamado Circuito ABO -acrónimo de los centros clandestinos Atlético, Banco y Olimpo.

En el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, Analía estuvo en diálogo con Ariel Aleart y Alejandra Martínez en el noticiero de IP. “Mi mamá me llama y me dice ‘no te asustes, papá está preso’. Yo no entendía”, cuenta la activista por los Derechos Humanos sobre el día en que comenzó a conocer la verdad sobre su padre. 

Analía concurrió a la universidad pública y poco a poco se alejó del camino de su familia. “Este posicionamiento tiene un costo emocional muy alto”, señala. “Fue un proceso oscuro, de mucha contradicción entre el mandato de lealtad familiar, frente a un deber social”, expresa sobre la decisión de repudiar públicamente a su padre y decidir militar por los DDHH.

“Yo me posiciono políticamente en el lugar de hija de un genocida para decirle ‘mirá, tu propia hija te repudia y yo desde este lugar te reclamo que cuentes lo que sabés’”, dice Kalinec. “Él sigue justificando lo que hizo”, señala y luego enfatiza en que “la reinserción social es inadmisible en estas personas que, como mi papá, conservan información importante y se niegan a decirla, acerca de dónde están los desaparecidos, qué pasó con los bebés nacidos en cautiverio. Siguen generando daño, eligen seguir guardando silencio”.

Podes ver IP Noticias primera edición, conducido por Ariel Aleart y Alejandra Martínez, de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana

La conducción de Montoneros tenía una casa que funcionó como vivienda para los hijos e hijas de los militantes.

Miguel Benancio Sánchez nació el 6 de noviembre de 1952 en el “Barrio de Las Moras” de Bella Vista, cabecera del Departamento Leales de la provincia de Tucumán. Era empleado en la casa matriz del Banco de la Provincia de Buenos Aires, poeta vocacional. Como atleta maratonista, estaba federado por Independiente de Avellaneda.

En la madrugada del 8 de enero de 1978 un grupo de hombres vestidos con ropa deportiva y corte militar se lo llevó de su casa. Tiempo después fue visto por última vez en "El Vesubio" -el centro clandestino de detención y torturas ubicado cerca de la Autopista Ricchieri, por donde pasaron el escritor Haroldo Conti, el historietista Héctor Oesterheld y el cineasta Raymundo Gleyzer-. Miguel tenía 25 años y nunca más se supo algo de él. Su caso es emblemático para reflejar la huella trágica que la dictadura dejó en el mundo del deporte.

Según la tercera edición de libro “Deporte, Desaparecidos y Dictadura” de Gustavo Veiga -prologada por Claudio Tamburrini, ex arquero, filósofo, detenido en “La Mansión Seré de la que logró escapar para exiliarse en Suecia-, hubo 220 deportistas desaparecidos y desaparecidas que -tal fue su “delito”- además eran militantes políticos. La historia de Miguel Sanchez impactó especialmente al periodista italiano Valerio Piccioni del prestigioso periódico deportivo La Gazzetta dello Sport. Publicó el libro La corsa de Miguel (La carrera de Miguel) y desde 2000 organiza una carrera en su memoria que lleva el mismo nombre. La iniciativa cruzó el Atlántico y se replicó en Argentina: en su pueblo natal tucumano, en su ciudad adoptiva Berazategui y también en la capital del país. En Buenos Aires desde 2012, el tramo de la calle Crisólogo Larralde que va de la Avenida Libertador hasta la avenida Lugones lleva su nombre: es el camino que conduce al CENARD, el Centro de Alto Rendimiento Deportivo donde los atletas entrenan sus sueños.

Nicolás Placci tiene 44 años y en enero de 2021 pudo recuperar la casa donde vivió seis meses con sus papás, hasta que el 8 de diciembre de 1976 fueron secuestrados por la última dictadura cívico militar.

"Antes de entrar, yo tenía toda la ilusión de que al entrar a la casa se me despierten un montón de recuerdos y que pueda finalmente recordar a mi mamá y a mi papá", le cuenta Nicolás a Lupita Rolón, quién lo entrevistó acompañada por una cámara de IP 

Su mamá Alba Noemí Garófalo, de 22 años, estudiaba para asistente social y su papá Eduardo Daniel Placci, de 21, derecho. Según reconstruyeron por los vecinos, antes del secuestro su mamá lo dejó al cuidado de los vecinos en frente a la casa en la localidad de San Martín y días después sus abuelos fueron a buscarlo. 

La casa estuvo todo este tiempo usurpada por un expolicía y su familia y recién el 19 de enero, cuando finalmente pudo recuperarla, encontró las instalaciones destrozadas. Para Nicolás hay un mensaje claro en los daños: "es un claro mensaje de odio". 

"Yo doy vuelta la página y doy vuelta otra, y otra más y en todas ellas faltan mis padres. No se que pasó con ellos. muy pocas personas pueden empatizar con eso y ponerse realmente en mis zapatos". 

España, México, Cuba y Brasil, fueron algunos de los refugios durante la década del '70.

El 24 de marzo de 1976 la Junta de Comandantes en Jefe dio a conocer una serie de comunicados que dictaban las medidas que operarían en el país como parte de lo que ellos llamaron Proceso de Reorganización Nacional. Durante la última dictadura, a través del comunicado N°19 se notificó que sería “reprimido con reclusión de hasta 10 años el que por cualquier medio difundiere, divulgara o propagara noticias, comunicados o imágenes con el propósito de perturbar, perjudicar o desprestigiar la actividad de las fuerzas armadas, de seguridad o policiales”.

No fue solo una embestida hacia la cultura y el arte −dos esferas que se perciben como amenazas para cualquier dictadura−, sino que fue parte de un plan para encubrir delitos de lesa humanidad y mantener desinformada a la gente.

Este comunicado, el N°19, fue utilizado por la Junta Militar para, con entonces total impunidad, realizar la quema de libros en bibliotecas públicas y privadas, intervenir la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa y expulsar corresponsales de agencias extranjeras. Muchos periodistas se exiliaron para salvar sus vidas, como Miriam Lewin y Olga Wornat. Otros padecieron detenciones y prisión sin proceso judicial de por medio, la desaparición y la muerte.

Entre otros desaparecidos, se encuentran Rodolfo Jorge Walsh, Héctor Ernesto Demarchi (redactor El Cronista Comercial), Enrique Raab (Clarín y La Opinión), Haroldo Pedro Conti (revista Crisis).

“Había que hacer sentir a quienes trabajaban en el medio de prensa todo el peso del aparato terrorista, para desalentar de antemano el menor intento de crítica al gobierno, impedir así sea el menor indicio que confirmara públicamente la espantosa suerte reservada a las miles de víctimas de los cotidianos secuestros”, dice el informe de la CONADEP “Nunca más”. Y agrega: “[...] A pesar de ser uno de los problemas más graves que afectó el país, o quizás por ello mismo, se mantuvo desinformada a la opinión pública sobre lo que estaba sucediendo. [...] La consecuencia fue que amplios sectores de la población creyeron ingenuamente en la inexistencia del problema, o al enterarse de los casos concretos , incurrieron en incredulidad, o a lo sumo, restaron importancia”.

Así fue como el 22 de abril, una notificación interna del diario cordobés La voz del interior, que iba dirigido a su redacción, indicaba: “Por disposición de esta Dirección y con motivo de las directivas del Comando del III Cuerpo de Ejército en el día de la fecha, no se deberán publicar reclamos de familias de presuntos detenidos que deseen conocer su paradero”.

 

A pocos días de que se cumplan los 45 años del golpe de estado que instauró la dictadura militar con feroz represión, métodos de tortura y desaparición forzada, se conmemoró a los trabajadores desaparecidos en un acto organizado por H.I.J.O.S Capital, la CTA y la CGT en la ex ESMA. Allí habló Alberto Fernández, presidente de la Nación: “Les pido a los argentinos que hagan todo lo necesario para mantener viva la memoria”. También abogó por una agenda de ampliación de derechos.

En el evento participaron integrantes de distintos organismos de Derechos Humanos como Taty Almeida (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora) y Estela de Carlotto (Abuelas de Plaza de Mayo), Héctor Daer (CGT), Víctor Santa María (Secretario General del SUTERH) y Hugo Yasky (CTA).

“Les pido que cada 24 de marzo recordemos el horror que vivimos. Si yo siento el amor y el respeto que siento por las Madres y las Abuelas, es porque las vi tener el coraje que la sociedad argentina no tuvo. Se pararon solas frente al poder a reclamar lo que veíamos que pasaba, y algunas dejaron su vida”, agregó el Presidente. “Muchos quieren que el olvido nos gane, y que un día dejemos de recordar el pasado. Me parece imperioso que el pasado esté presente en nuestras vidas, no porque somos resentidos, no para vengarnos, sino porque queremos ser mejores”.

Además, plantó, junto a Taty Almeida, un jacarandá como parte de la campaña de los organismos, llamada Sembramos Memoria.

Hace 35 años atrás, el curso de la sociedad argentina cambiaba para siempre. Después de largos e intensos ocho meses, el 9 de diciembre de 1985 el terror era penado: la Cámara Federal compuesta por seis jueces condenó a cinco de los nueve integrantes de las tres Juntas militares por los secuestros, torturas, desapariciones, muertes y robos cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

El juicio, que durante toda su extensión sufrió todo tipo de atropellos en cuanto a amenazas a funcionarios, secuestro de testigos, incluso la declaración del estado de sitio por parte de Alfonsín, finalmente tuvo una decisión unánime a cargo de los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, Jorge Valerga Aráoz, Guillermo Ledesma, Andrés D’Alessio y León Arslanián.

Videla y Massera fueron condenados a prisión perpetua. Viola a 17 años de cárcel, Lamburschini a 8, y Orlando Agosti a 4 años y seis meses. Omar Rubens Graffigna, Arturo Lami Dozo, Leopoldo Galtieri y Jorge Anaya fueron absueltos.