El Gobierno nacional declaró por 180 días el “Estado de Emergencia Hídrica” en la región de la cuenca del Río Paraná. Lo hizo a través de un decreto que faculta a diferentes ministerios y organismos a adoptar medidas, en el ámbito de sus competencias, a los fines de ayudar a mitigar la situación.
Un día antes de que se decretara el “Estado de Emergencia Hídrica”, el Instituto Nacional del Agua (INA), que depende del Ministerio de Obras Públicas, publicó un alerta sobre la bajante extraordinaria del río Paraná.
Desde el organismo detectaron una “tendencia descendente en todas las secciones del Río Paraná del territorio argentino” y señalaron que esta situación “continuará predominando en los próximos tres meses”.
Advirtieron también que este mes, a diferencia de otros que también mostraron tendencias a la baja, “es especialmente crítico” y alertaron que la situación comenzó a afectar “a todos los usos del recurso hídrico, exigiendo especialmente a la captación de agua fluvial para consumo urbano”.
Además, según detallaron, empeoró la situación de la navegación y las operaciones de puerto, la generación de energía hidroeléctrica y las actividades económicas vinculadas a la explotación de la Cuenca Hídrica.
Entre las principales causas de esta situación, se encuentra la escasez de lluvias y el cambio climático relacionado con actividades humanas que afectan al medio ambiente.
Ante las principales consecuencias, están la afectación en: el abastecimiento del agua; en la navegación y exportaciones; en todas las lagunas y brazos laterales que acompañan al río, los cuales van quedando desconectados; en la producción agropecuaria por la sequía sobre los campos y cuencas; en la estabilidad de barrancas y suelos, en el aumento de las condiciones para que se generen incendios en las islas del río y en la producción de la generación energética.
Algunos especialistas sostienen que este fenómeno pudo ser una de las causas del derrumbe del muelle del Parque España, situado en la ciudad santafesina de Rosario, el cual se registró el último viernes.
Frente a la extraordinaria magnitud de los acontecimientos, el Estado Nacional consideró necesario reforzar los esfuerzos para mitigar el fenómeno hidrológico. En este marco, declararon el "Estado de Emergencia Hídrica" por el término de 180 días corridos, en aquellos sectores ribereños del territorio nacional asociados a las márgenes de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú: las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires.
El gobierno declaró por decreto el “Estado de Emergencia Hídrica” por 180 días en la región de la cuenca del río Paraná, ante la histórica bajante que se registra en las provincias de Formosa, Chaco, Corrientes, Santa Fe, Entre Ríos, Misiones y Buenos Aires. La decisión fue tomada debido al “impacto y las consecuencias que está generando la bajante histórica más importante de los últimos 77 años en la cuenta hídrica de los ríos Paraná, Paraguay e Iguazú”, según informa un comunicado oficial.
El decreto instruye a diferentes áreas del Gobierno a adoptar medidas para "mitigar las consecuencias de la grave situación que genera la bajante". Así, los ministerios de Desarrollo Productivo y de Trabajo establecerán las acciones pertinentes para la preservación de la actividad productiva y puestos de trabajo; Obras Públicas dispondrá y monitoreará la realización de obras de infraestructura; Seguridad, a través del Sistema Nacional de Alerta Temprana y Monitoreo de Emergencias (SINAME), planificará las medidas de apoyo y toma de decisiones, y por intermedio del Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo (SINAGIR), asistirá las poblaciones ribereñas.
En tanto, el Ministerio de Transporte "observará las posibilidades de navegación y acceso a puertos; el Instituto Nacional del Agua brindará sus servicios técnicos con relación a la emergencia; la Secretaría de Energía, asegurará el abastecimiento de energía eléctrica y el Ministerio del Interior se encargará de la coordinación con las provincias afectadas". Por su parte, el Banco Nación y la AFIP dispondrán la asistencia en materia crediticia e impositiva, respectivamente.
El Paraná atraviesa una prolongada y excepcional bajante. Según proyecciones elaboradas desde el Instituto Nacional del Agua (INA), esta situación se profundizará hasta llegar a ser la peor jamás registrada. Tanto el déficit de precipitaciones en las cuencas brasileñas del río Paraná y del río Iguazú como la sequía son factores determinantes. La falta de agua también afecta la navegabilidad del Paraná, una vía troncal clave desde donde salen el 80% de las exportaciones argentinas de granos y cereales.
Tierra del Fuego aprobó una legislación histórica que prohíbe la cría de salmones en la provincia, especialmente en el Canal de Beagle. El proyecto había sido presentado en 2018 por el diputado provincial Pablo Villegas, del Movimiento Popular Fueguino, con el apoyo de organizaciones ambientalistas locales y nacionales. "No se habían registrado, hasta el momento, antecedentes de legislaciones a nivel provincial o nacional en el mundo que protejan los ecosistemas de los daños de esta industria previo a comenzar con sus operaciones", declaró Greenpeace Argentina, que catalogó el suceso como un precedente histórico a nivel mundial.
El proceso de establecer la industria del salmón al sur del país comenzó en 2018, cuando el gobierno de Mauricio Macri firmó un acuerdo con Noruega para instalar centros de cría en la provincia. La propuesta fue rechazada categóricamente por la población de Tierra del Fuego y se remitieron a la problemática que la salmonicultura provocó en Chile.
El Día Mundial del Ambiente, se celebra el 5 de junio con el objetivo de sensibilizar a la población mundial sobre ecología y cuidado del planeta. El actor y cantante Mariano Torre, que vive en una casa autosustentable en Ushuaia, conversó acerca de las principales cuestiones de cuidado ambiental con Melina Fleiderman para IP Noticias. "Mi casa se llama Nave Tierra y la construimos con mi pareja, Elena Roger, cuando decidimos vivir en un lugar un poco más amigable con el medio ambiente. Investigando en la web, me contacté con el arquitecto Michael Reynolds que hace este tipo de construcciones, que generan su propia energía y no queman combustibles fósiles", declaró sobre la vivienda.
Además, Torre participó del desafío de realizar una Estación Experimental, edificio autosustentable montado por 70 personas en un plazo de 26 días, que hoy es utilizada por la Municipalidad de Ushuaia. Su vivienda personal, construida con el mismo método, es la primera autosustentable del mundo dentro de una gran ciudad. "Tenemos errado el concepto de progreso; decimos que el agua es esencial para la vida y no paramos de contaminarla. Hay que desarmar todos esos paradigmas que nos hacen mal. Los comportamientos conocidos son los que nos llevaron a estar encerrados en nuestras casas con una pandemia global", declaró.
IP Noticias fin de semana, conducido por Melina Fleiderman, se emite los sábados de 13 a 14hs.
El Gobierno promulgó este jueves la Ley para la Implementación de la Educación Ambiental Integral con el objeto "de establecer este derecho como una política pública", según publicó el Boletín Oficial. Esta es la tercera ley en materia ambiental que se sanciona desde noviembre del año anterior hasta este 5 de diciembre, fecha en la que se celebra el Día Mundial del Ambiente. Previamente, se aprobó la modificación a la Ley de Manejo del Fuego, la Ley Yolanda y se celebró la ratificación del Acuerdo de Escazú.
La Ley 27.621 aborda tres ámbitos de la educación: el formal (el sistema educativo tradicional de escuelas y universidades), el no formal (organizaciones de la sociedad civil) y el informal (medios de comunicación).
El proyecto fue enviado por el titular de la cartera ambiental, Juan Cabandié, junto a su par de Educación, Nicolás Trotta, al Congreso por decisión del presidente Alberto Fernández, y tiene como objetivo la implementación de una política pública nacional en materia de educación ambiental, cuyo principal instrumento es la Estrategia Nacional de Educación Ambiental (ENEA).
“Saldamos una deuda histórica con nuestro pueblo. Esta ley será el inicio de un proceso que traerá grandes beneficios y generará conciencia sobre el cuidado del planeta desde la educación formal e informal desde edad temprana”, aseguró Cabandié al respecto.
“Estoy convencido de que la educación ambiental debe ser un componente fundamental de la formación de la ciudadanía. Es la mejor manera de defender nuestro planeta y el futuro. Es reconfortante saber que quienes sancionan las leyes tengan la vocación de interpretar lo que la sociedad demanda en estos tiempos”, agregó.
Previamente, en diciembre del 2020, se aprobaron en el Senado las modificaciones a la Ley de Manejo del Fuego, con el fin de establecer la prohibición de cambios en el uso y destino de tierras que hayan sido afectadas por incendios.
Gracias a esta norma, se impide la realización de emprendimientos inmobiliarios y cualquier actividad agropecuaria que sea distinta al uso y destino que la superficie tenía al momento de iniciarse el fuego. La prohibición es por el término de 30 años en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales, y por 60 años en el caso de bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales.
En tanto, en noviembre del 2020, con la aprobación de la Cámara de Diputados, se convirtió en ley el proyecto que lleva el nombre de la primera secretaria de Ambiente del país y de América Latina, Yolanda Ortíz. Dicha ley, garantiza la formación integral en ambiente con perspectiva de desarrollo sostenible y énfasis en el cambio climático para personas que se desempeñan en la función pública en los tres poderes.
La norma sancionada establece “la capacitación obligatoria en la temática de desarrollo sostenible y ambiente, para todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías”. A tales fines, y desde una concepción federal, la Comisión Asesora de Educación Ambiental del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) será la autoridad de aplicación.
Durante el año pasado, como uno de los grandes hitos en materia ambiental, se celebró la aprobación del Acuerdo de Escazú para Argentina, luego de conocerse el resultado afirmativo de la votación de Diputados. “La ratificación de este instrumento era una deuda pendiente en el acceso a derechos en materia ambiental”, reconoció el ministro Cabandié.
El acuerdo fue adoptado en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, y firmado en septiembre de ese año en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos; desde entonces se esperaba su aprobación en el país.
Así, Argentina se sumó a los países que ya lo aprobaron: Antigua y Barbuda, Bolivia, Ecuador, Guyana, Jamaica, Nicaragua, Panamá, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas y Uruguay. Para que el tratado entre en vigencia debe ser ratificado por 11 de los Estados que adhirieron, por lo que solo falta la aprobación de un país más.
El Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe tiene como objetivo garantizar la implementación plena y efectiva en los Estados parte de los derechos de acceso a la información ambiental, participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales y acceso a la justicia en asuntos ambientales, así como la creación y el fortalecimiento de las capacidades y la cooperación, contribuyendo a la protección del derecho de cada persona, de las generaciones presentes y futuras, a vivir en un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible.
El Gobierno promulgó la ley de Educación Ambiental Integral, que había sido aprobada el 14 de mayo pasado en el Senado. La iniciativa busca que la formación en este ámbito sea considerada una política pública nacional. La ley 27621 se promulgó a través del decreto 356/2021 que fue publicado hoy en el Boletín Oficial. Allí se define a la Educación Ambiental Integral (EAI) como un “proceso educativo permanente con contenidos temáticos específicos y transversales, que tiene como propósito general la formación de una conciencia ambiental".
Asimismo, la norma destacó que se apunta a impulsar cuestiones educativas integrales "orientados a la construcción de una racionalidad, en la cual distintos conocimientos, saberes, valores y prácticas confluyan y aporten a la formación ciudadana y al ejercicio del derecho a un ambiente sano, digno y diverso". En el documento se deja constancia que: "se trata de un proceso que defiende la sustentabilidad como proyecto social, el desarrollo con justicia social, la distribución de la riqueza, preservación de la naturaleza, igualdad de género, protección de la salud, democracia participativa y respeto por la diversidad cultural".
Además, el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación, las provincias, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) tendrán la facultad de implementarla en el ámbito de los medios de comunicación, las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) y educación no formal.
Más de 70 países se unieron este lunes para reclamar en Naciones Unidas un nuevo acuerdo vinculante a escala global con el fin de combatir la polución con plásticos en respuesta al “alarmante” aumento de este tipo de contaminación. En una declaración conjunta, los Estados subrayan el impacto de la polución en el medioambiente, la salud y la economía y defienden la necesidad de acciones urgentes para frenar los vertidos de plásticos.
Entre los países firmantes -que a esta hora eran 75, pero otros podían aún sumarse- figuran España y el resto de miembros de la Unión Europea, así como muchas naciones latinoamericanas, entre otros. Entre las ausencias destacan, por ahora, las de grandes potencias económicas como Estados Unidos y China y otros grandes países como India, Rusia o Brasil.
El texto lo presentó en la ONU la Alianza de Pequeños Estados Insulares durante una reunión de alto nivel dedicada a la salud de los océanos y defiende que, para poder cumplir con las metas de protección de los mares acordadas por la comunidad internacional hace falta una respuesta más contundente. "Este asunto es global por su naturaleza y no puede resolverse país por país", señala la declaración, que reclama el desarrollo de "un nuevo acuerdo vinculante global sobre polución plástica".
En la reunión de Naciones Unidas, dedicada en particular a la vida submarina, la organización internacional advirtió de la necesidad de impulsar nuevas soluciones para proteger los océanos. "Sencillamente, nuestra relación con los océanos del planeta debe cambiar", señaló en la apertura de la cita el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, que pidió una "recuperación azul" que mejore la situación de los mares y de los sectores que dependen de ellos.
El ministro portugués del Mar, Ricardo Serrão Santos, confió este lunes en poder "reavivar el tono" de la Conferencia del próximo año y aumentar las acciones y mejorar la coordinación a todos los niveles para la protección de los océanos.
La Cumbre de Líderes sobre el Clima, una conferencia virtual organizada por el gobierno de los Estados Unidos y con la participación de 40 dirigentes internacionales, comenzó el jueves con las intervenciones de los presidentes Joe Biden, Xi Jinping, Vladímir Putin, Alberto Fernández, Jair Bolsonaro y Sebastián Piñera entre otros, además de la participación del Papa Francisco.
Objetivos y medidas en la lucha contra el cambio climático fueron abordados de manera distinta por los líderes de las superpotencias. En el caso de EE.UU., Biden se comprometió a recortar las emisiones de efecto invernadero un 52% para 2030. Por China, Xi Jinping remarcó los “esfuerzos extraordinariamente duros” que su nación deberá realizar para llegar a la neutralidad de emisiones en un “período mucho más corto de lo que le llevaría a muchos países desarrollados”. El presidente de Rusia, Vladímir Putin, propuso calcular y monitorear todas las emisiones nocivas: “se deben tener en cuenta todos los factores que causan el calentamiento global. Por ejemplo, el metano representa el 20% de las emisiones antropogénicas. Y cada tonelada crea un efecto de gas invernadero entre veinticinco y veintiocho veces mayor que una tonelada de CO2”, señaló.
Desde Sudamérica, los presidentes Alberto Fernández (Argentina) y Jair Bolsonaro (Brasil) expusieron sus propuestas. Alberto Fernández insistió con su idea de una "renovación de la arquitectura financiera internacional" que posibilite un "canje de deuda por acción climática". En línea con las ideas del Papa Francisco, el presidente argentino dijo que el cuidado de la ecología y la situación social son fenómenos íntimamente relacionados. Bolsonaro se mostró con un tono más moderado que en anteriores declaraciones sobre este tema, anunció que su país buscará alcanzar la neutralidad de carbono para 2050 -diez años antes del anterior compromiso- y se comprometió a eliminar la deforestación ilegal para 2030.
El presidente Alberto Fernández publicó en su cuenta de Twitter una campaña por el Día de la Tierra. Bajo el lema: ¿Qué estabas haciendo hace diez años?, la acción apunta a concientizar sobre el cambio climático. Con los hashtags #LaAcciónAmbientalEsAhora y #DíaDeLaTierra, Fernández se sumó al compromiso ecológico propuesto por su par norteamericano Joe Biden.
"En 10 años el planeta alcanzó las temperaturas más altas de la historia. La Cumbre de Líderes sobre el Clima a la que fuimos invitados por el presidente Joe Biden es el primer paso del compromiso necesario para revertir esta situación", expresó en su cuenta de Twitter Alberto Fernández.
El texto fue acompañado por un video que anuncia el compromiso argentino para disminuir las emisiones de gases tóxicos para 2030. También anuncia la creación de un Observatorio del Medio Ambiente para América Latina.
El primer mandatario participó esta mañana de manera virtual de la Cumbre de Líderes sobre el Clima, junto a otros líderes como el presidente ruso Vladimir Putin, el chino Xi Jinping y el Papa Francisco.
El planeta sufre el colapso ambiental provocado por el hombre. En el Día de la Tierra, el abogado ambientalista Enrique Viale dialogó sobre ecología con Paloma Bokser para Imagen Positiva. "El COVID-19 es una crisis relacionada con lo ambiental; tenemos que generar un pacto eco-social con nosotros mismos como sociedad, desde lo económico y con la naturaleza", expresó.
Viale también es coautor junto a Maristella Svampa de El colapso ecológico ya llegó, un ensayo que invita a repensar los modelos redistributivos de manera global. "Es un intento de unir justicia social con ecológica", sentenció respecto al libro.
Además, se refirió a la necesidad de modificar la legislación argentina para lograr una defensa real de los recursos naturales. "La megaminería, el fracking y el uso de glifosato, están destruyendo la salud de nuestra población y nuestra tierra. Se arrojan 500 millones de agroquímicos por año. Nuestros territorios tienen que dejar de financiar esos saqueos cambiando las leyes", remató.
Podés ver Imagen Positiva con Nicolás Artusi y Paloma Bosker de lunes a viernes de 9hs a 12hs en IP Noticias
