El Consejo Constitucional de Francia validó la reforma de pensiones que el presidente, Emmanuel Macron, sancionó por decreto pese al rechazo social que persiste en manifestaciones desde enero.

La normativa establece, entre otras cosas, el aumento de la edad mínima jubilatoria de 62 a 64 años. Esa y otras modificaciones impulsadas por el Ejecutivo francés carecían de consenso en la población, pero también en la Asamblea Legislativa, donde el oficialismo nunca pudo reunir una mayoría que le asegurara el avance de la reforma.

El veredicto del tribunal encargado de revisar la constitucionalidad de las normas fue recibido con una protesta multitudinaria en el Ayuntamiento de París. La movilización se extendió con cortes en los accesos a la ciudad de Ruán y en una plataforma de alimentos en Estrasburgo.

La oposición sindical a la reforma de Macron

El secretario general del sindicato CGT, Philippe Martínez, acusó al presidente francés de ignorar las advertencias de las agrupaciones gremiales.

"El Presidente no nos tomó en serio cuando le alertamos que el descontento era profundo, que el rechazo a la reforma de las pensiones era muy mayoritario", afirmó el dirigente en una declaración ante la prensa.

La organización sindical había solicitado una reunión con Macron antes de que el mandatario oficializara el decreto. Así todo, el Presidente desestimó la propuesta y avanzó sin apoyo sindical ni del parlamento, a pesar de las mociones de censura presentadas en su contra.