Atentado a CFK: la Cámara Federal ordenó secuestrar todos los celulares de Gerardo Milman

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó el secuestro de todos los celulares del diputado de JxC, Gerardo Milman, en el marco de la causa por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. 

Además, la querella cuestionó las negativas de la magistrada a cargo del proceso judicial, María Eugenia Capuchetti, sobre el avance investigativo en la llamada "Pista Milman", que vincularía al exjefe de campaña de la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, con el intento de asesinato a CFK.

Los celulares de Milman

La Sala I de la Cámara Federal porteña dispuso que Capuchetti deberá secuestrar cada uno de los teléfonos móviles que sean propiedad de Milman, algo que la querella demandó desde el comienzo de la investigación.

Hasta el momento, el diputado del PRO solo entregó uno de sus celulares, marca iPhone 14 Pro Max, que salió a la venta luego del intento de asesinato a la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Además, en caso de que Milman cumpla con la orden judicial de entregar sus otros celulares, se deberá solicitar la autorización al Congreso para hacerlo tal como pasó con el que entregó de manera voluntaria.

La "Pista Milman"

Los abogados de Fernández de Kirchner y la propia vicepresidenta, señalaron que ni Capuchetti ni Rívolo tomaron en cuenta la pista que vincula Milman como uno de los posibles ideólogos del atentado.

Un testigo declaró haberlo visto un día antes del atentado reunido en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde junto a dos de sus asesoras, habría dicho "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa". Además, quince días antes, Milman había publicado un texto donde especulaba con un "falso ataque" a CFK.

Luego de la declaración del testigo de identidad reservada que vinculó a Milman con el ataque, la jueza Capuchetti llamó a declarar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las dos asesoras del diputado cercano a Patricia Bullrich.

En un principio, ambas negaron la existencia de la reunión pero cuando se les mostró las cámaras donde se las ve ingresar al bar junto a Milman admitieron haberse reunido con él.

Asimismo, Gómez Mónaco continuó como asesora de Milman y denunció una operación en su contra para involucrarla en los hechos.

Distinto es el caso de Bohdziewicz quien luego de ser despedida de su cargo, se presentó en la Justicia y declaró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en una de las oficinas de Patricia Bullrich.

Del teléfono de Bohdziewicz se logró encontrar un chat donde pedía sus compañeros que "borren todo", el día anterior del encuentro con Milman en Casablanca. En el caso de Gómez Mónaco se le secuestraron dos celulares pero no se logró tomar información.

La Cámara Federal de la ciudad de Buenos Aires ordenó el secuestro de todos los celulares del diputado de JxC, Gerardo Milman, en el marco de la causa por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner. 

Además, la querella cuestionó las negativas de la magistrada a cargo del proceso judicial, María Eugenia Capuchetti, sobre el avance investigativo en la llamada "Pista Milman", que vincularía al exjefe de campaña de la excandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, con el intento de asesinato a CFK.

Los celulares de Milman

La Sala I de la Cámara Federal porteña dispuso que Capuchetti deberá secuestrar cada uno de los teléfonos móviles que sean propiedad de Milman, algo que la querella demandó desde el comienzo de la investigación.

Hasta el momento, el diputado del PRO solo entregó uno de sus celulares, marca iPhone 14 Pro Max, que salió a la venta luego del intento de asesinato a la vicepresidenta, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

Además, en caso de que Milman cumpla con la orden judicial de entregar sus otros celulares, se deberá solicitar la autorización al Congreso para hacerlo tal como pasó con el que entregó de manera voluntaria.

La "Pista Milman"

Los abogados de Fernández de Kirchner y la propia vicepresidenta, señalaron que ni Capuchetti ni Rívolo tomaron en cuenta la pista que vincula Milman como uno de los posibles ideólogos del atentado.

Un testigo declaró haberlo visto un día antes del atentado reunido en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde junto a dos de sus asesoras, habría dicho "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa". Además, quince días antes, Milman había publicado un texto donde especulaba con un "falso ataque" a CFK.

Luego de la declaración del testigo de identidad reservada que vinculó a Milman con el ataque, la jueza Capuchetti llamó a declarar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las dos asesoras del diputado cercano a Patricia Bullrich.

En un principio, ambas negaron la existencia de la reunión pero cuando se les mostró las cámaras donde se las ve ingresar al bar junto a Milman admitieron haberse reunido con él.

Asimismo, Gómez Mónaco continuó como asesora de Milman y denunció una operación en su contra para involucrarla en los hechos.

Distinto es el caso de Bohdziewicz quien luego de ser despedida de su cargo, se presentó en la Justicia y declaró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en una de las oficinas de Patricia Bullrich.

Del teléfono de Bohdziewicz se logró encontrar un chat donde pedía sus compañeros que "borren todo", el día anterior del encuentro con Milman en Casablanca. En el caso de Gómez Mónaco se le secuestraron dos celulares pero no se logró tomar información.

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Un fiscal pidió reforzar la seguridad de Cristina Kirchner por amenazas de Revolución Federal

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la Justicia refuerce la seguridad de la vicepresidenta, Cristina Kichner, por denuncias de nuevas amenazas en redes sociales ligadas a la agrupación Revolución Federal.

En el pedido, Pollicita destacó que, luego de dar cuenta de las intimaciones hacia la figura de la mandataria, se informe al Ministerio de Seguridad para tomar "los recaudos necesarios" sobre la integridad de CFK.

Las amenazas a CFK

La solicitud de carácter judicial fue activada después de que los miembros de Revolución Federal hicieran publicaciones amenazantes contra la figura de Cristina Fernández, de manera directa e indirecta, vía redes sociales.

"Mañana CFK vuelve a Buenos Aires. Mañana vuelve Revolución Federal", expresó en Twitter, Leonardo Sosa, uno de los procesados en la causa por amenazas a la vicepresidenta desde la cuenta de Revolución Federal.

"Adonde es el búnker de Milei??? Es verdad que es en Juncal y Uruguay??", publicó más tarde, aludiendo al domicilio que CFK tiene en Recoleta, donde Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla.

Debido a esta situación, la querella indicó al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que realicen el secuestro del teléfono desde donde se hicieron las publicaciones lo que llevó a verificar que Sosa había hecho las amenazas.

"Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada", fue otra de las expresiones del imputado en las redes de Revolución Federal.

La intervención judicial

Por su parte, la querella indicó: "El atentado contra la Vicepresidenta (el 1 de septiembre del año pasado) fue precedido por mensajes como este, provenientes, en parte, del propio Leonardo Sosa".

Acto seguido, se pidió "el inmediato secuestro del celular de Leonardo Sosa, con el fin de conocer el entramado que dio lugar al retorno de la agrupación Revolución Federal, cuyo único fin ha sido desplegar la violencia política".

Finalmente, los abogados de Cristina Fernández solicitaron que Martínez De Giorgi cite a indagatoria a Sosa por las amenazas y que "realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal".

"Es necesario que, con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner", expresaron en el documento. 

El fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó que la Justicia refuerce la seguridad de la vicepresidenta, Cristina Kichner, por denuncias de nuevas amenazas en redes sociales ligadas a la agrupación Revolución Federal.

En el pedido, Pollicita destacó que, luego de dar cuenta de las intimaciones hacia la figura de la mandataria, se informe al Ministerio de Seguridad para tomar "los recaudos necesarios" sobre la integridad de CFK.

Las amenazas a CFK

La solicitud de carácter judicial fue activada después de que los miembros de Revolución Federal hicieran publicaciones amenazantes contra la figura de Cristina Fernández, de manera directa e indirecta, vía redes sociales.

"Mañana CFK vuelve a Buenos Aires. Mañana vuelve Revolución Federal", expresó en Twitter, Leonardo Sosa, uno de los procesados en la causa por amenazas a la vicepresidenta desde la cuenta de Revolución Federal.

"Adonde es el búnker de Milei??? Es verdad que es en Juncal y Uruguay??", publicó más tarde, aludiendo al domicilio que CFK tiene en Recoleta, donde Fernando Sabag Montiel intentó asesinarla.

Debido a esta situación, la querella indicó al magistrado Marcelo Martínez de Giorgi que realicen el secuestro del teléfono desde donde se hicieron las publicaciones lo que llevó a verificar que Sosa había hecho las amenazas.

"Dejaremos nuestra sangre en las calles con tal de llevar a Milei a la Casa Rosada", fue otra de las expresiones del imputado en las redes de Revolución Federal.

La intervención judicial

Por su parte, la querella indicó: "El atentado contra la Vicepresidenta (el 1 de septiembre del año pasado) fue precedido por mensajes como este, provenientes, en parte, del propio Leonardo Sosa".

Acto seguido, se pidió "el inmediato secuestro del celular de Leonardo Sosa, con el fin de conocer el entramado que dio lugar al retorno de la agrupación Revolución Federal, cuyo único fin ha sido desplegar la violencia política".

Finalmente, los abogados de Cristina Fernández solicitaron que Martínez De Giorgi cite a indagatoria a Sosa por las amenazas y que "realice un relevamiento de las redes sociales de todos los miembros de Revolución Federal".

"Es necesario que, con carácter de urgente, tome medidas sobre Leonardo Sosa que permitan desbaratar un nuevo ataque o nuevas actividades violentas sobre el kirchnerismo y sobre Cristina Fernández de Kirchner", expresaron en el documento. 

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Elecciones 2023: Axel Kicillof ganó la reelección en PBA

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ganó la reelección.

Con el 75% de las mesas escrutadas, Kicillof alcanzó el 44,83% de los votos, seguido de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) con el 26,66%; Carolina Píparo (La Libertad Avanza) con 24,61%Rubén Sobrero (Frente de Izquierda), con 3,87%.

El territorio bonaerense abarca a cuatro de cada 10 electores potenciales del total acumulado en todo el país.

La palabra de Axel Kicillof

El gobernador reelecto agradeció a los ciudadanos y a la militancia por la jornada democrática. 

"Estamos muy emocionados. Ustedes recordarán, allá por 2019 nos entregaron una provincia a la que denominamos tierra arrasada. Pasamos muchas dificultades, lo que emociona y emocionó todo el dia de hoy es tener el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegria y la convicción que le puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires", expresó. 

Además, reivindicó democracia argentina. "Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. Votamos por decima vez candidato a presidente en argentina y quiero decir y dejar en claro, que esta democracia se basa en la profunda memoria y que este voto significa dictadura nunca mas". 

"No nos venció la resignación ni la antipolítica"

Kicillof dio su agradecimiento a los intendentes bonaerenses y a todos los que lo acompañaron en la campaña.

"Muchas gracias a los compañeros y compañeras. A los que están acá presentes, a todos los trabajadores del gobierno de la Provincia. Quiero agradecer muy pero muy especialmente a los intendentes e intendentas del peronismo que son artífices de este triunfo", indicó.

"Vamos a seguir trabajando de esta manera. Quiero agradecerle muy especialmente a Cristina Fernández por su acompañamiento permanente. Ustedes saben que en este tiempo atravesó un atentado contra su vida y la proscripción y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer en el rencor y la revancha va de ejemplo para los que usan el rencor y la violencia", remarcó. 

"Las cosas se resuelven con más Estado"

Además, el gobernador de PBA criticó las políticas de ajuste estatal propuestas por los candidatos opositores. 

"Este fue un voto por lo conseguido, por lo que nos falta, pero también por la democracia, por la memoria, por las Malvinas que son y serán argentinas. Un voto por el respeto a los laburantes y a los jubilados. Aunque trataron de instalar que había un cambio en el sentir de las tradiciones y nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender la salud pública ni la escuela pública, se equivocaron", destacó. 

En esta línea, enfatizó: "En la provincia de Buenos Aires se resuelven las cosas con más Estado, no con menos Estado; pensando en los otros, tendiéndole la mano al que lo necesita. La Provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria", remarcó. 

"La campaña no terminó. Termina cuando Sergio Massa sea presidente de la Nación", cerró. 

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ganó la reelección.

Con el 75% de las mesas escrutadas, Kicillof alcanzó el 44,83% de los votos, seguido de Néstor Grindetti (Juntos por el Cambio) con el 26,66%; Carolina Píparo (La Libertad Avanza) con 24,61%Rubén Sobrero (Frente de Izquierda), con 3,87%.

El territorio bonaerense abarca a cuatro de cada 10 electores potenciales del total acumulado en todo el país.

La palabra de Axel Kicillof

El gobernador reelecto agradeció a los ciudadanos y a la militancia por la jornada democrática. 

"Estamos muy emocionados. Ustedes recordarán, allá por 2019 nos entregaron una provincia a la que denominamos tierra arrasada. Pasamos muchas dificultades, lo que emociona y emocionó todo el dia de hoy es tener el respaldo, el acompañamiento, la fuerza, la alegria y la convicción que le puso el pueblo de la provincia de Buenos Aires", expresó. 

Además, reivindicó democracia argentina. "Este año estamos cumpliendo 40 años de democracia. Votamos por decima vez candidato a presidente en argentina y quiero decir y dejar en claro, que esta democracia se basa en la profunda memoria y que este voto significa dictadura nunca mas". 

"No nos venció la resignación ni la antipolítica"

Kicillof dio su agradecimiento a los intendentes bonaerenses y a todos los que lo acompañaron en la campaña.

"Muchas gracias a los compañeros y compañeras. A los que están acá presentes, a todos los trabajadores del gobierno de la Provincia. Quiero agradecer muy pero muy especialmente a los intendentes e intendentas del peronismo que son artífices de este triunfo", indicó.

"Vamos a seguir trabajando de esta manera. Quiero agradecerle muy especialmente a Cristina Fernández por su acompañamiento permanente. Ustedes saben que en este tiempo atravesó un atentado contra su vida y la proscripción y sin embargo sigue liderando y nunca nos llamó a caer en el rencor y la revancha va de ejemplo para los que usan el rencor y la violencia", remarcó. 

"Las cosas se resuelven con más Estado"

Además, el gobernador de PBA criticó las políticas de ajuste estatal propuestas por los candidatos opositores. 

"Este fue un voto por lo conseguido, por lo que nos falta, pero también por la democracia, por la memoria, por las Malvinas que son y serán argentinas. Un voto por el respeto a los laburantes y a los jubilados. Aunque trataron de instalar que había un cambio en el sentir de las tradiciones y nuestra historia, que nuestra sociedad había resuelto no defender la salud pública ni la escuela pública, se equivocaron", destacó. 

En esta línea, enfatizó: "En la provincia de Buenos Aires se resuelven las cosas con más Estado, no con menos Estado; pensando en los otros, tendiéndole la mano al que lo necesita. La Provincia sigue creyendo en más Estado, más solidaridad y más patria", remarcó. 

"La campaña no terminó. Termina cuando Sergio Massa sea presidente de la Nación", cerró. 

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La Justicia confirmó una condena contra Brenda Uliarte y Fernando Sabag Montiel

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por tenencia ilegal de un documento de identidad.

Los acusados por el intento de magnicido contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, fueron condenados a un año de prisión en suspenso en una causa paralela donde se constató que tenían en su poder un documento que no les pertenecía.

Tenencia ilegal de DNI

En el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta, la Justicia allanó la vivienda en la que convivían los acusados, en la localidad bonaerense de San Andrés, partido de San Martín.

Allí, la Policía encontró un DNI que no pertenecía ni a Uliarte ni a Sabag Montiel, lo que constituye un delito tipificado en el Código Penal.

Se descubrió que el documento pertenecía a Francisco Antonio Almada, quien declaró en el juicio oral que lo había perdido en un recital en el Hipódromo de Palermo, en 2018, y que nunca hizo la denuncia porque al otro día inició el trámite para solicitar uno nuevo.

Uliarte negó su vínculo con el documento

La defensa de Uliarte, encabezada por los abogados Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla, argumentó que ella desconocía la existencia del DNI, pero la Cámara no dio lugar a este reclamo.

"Resulta inverosímil que la imputada desconociera la presencia del documento nacional de identidad, hallado por los preventores a simple vista, dentro del diminuto monoambiente (15 m2) que compartía con Sabag Montiel", argumentaron desde el Tribunal.

La sentencia continúa: "Más inverosímil resulta, cuando vemos que esa convivencia era coetánea con la detención de ambos en relación a los hechos concomitantes por los que fueran procesados. Y que uno de esos hechos consiste en el acopio de municiones, que fueron secuestradas en el mismo domicilio que compartían", argumentaron desde el Tribunal. 

Por otro lado, Uliarte realizó una presentación en la causa por el atentado a CFK donde confirmó vínculos entre Sabag Montiel y el grupo Revolución Federal, que habría estado financiado por el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

La Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena contra Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte por tenencia ilegal de un documento de identidad.

Los acusados por el intento de magnicido contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, fueron condenados a un año de prisión en suspenso en una causa paralela donde se constató que tenían en su poder un documento que no les pertenecía.

Tenencia ilegal de DNI

En el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta, la Justicia allanó la vivienda en la que convivían los acusados, en la localidad bonaerense de San Andrés, partido de San Martín.

Allí, la Policía encontró un DNI que no pertenecía ni a Uliarte ni a Sabag Montiel, lo que constituye un delito tipificado en el Código Penal.

Se descubrió que el documento pertenecía a Francisco Antonio Almada, quien declaró en el juicio oral que lo había perdido en un recital en el Hipódromo de Palermo, en 2018, y que nunca hizo la denuncia porque al otro día inició el trámite para solicitar uno nuevo.

Uliarte negó su vínculo con el documento

La defensa de Uliarte, encabezada por los abogados Carlos Telleldín y Sabrina Mansilla, argumentó que ella desconocía la existencia del DNI, pero la Cámara no dio lugar a este reclamo.

"Resulta inverosímil que la imputada desconociera la presencia del documento nacional de identidad, hallado por los preventores a simple vista, dentro del diminuto monoambiente (15 m2) que compartía con Sabag Montiel", argumentaron desde el Tribunal.

La sentencia continúa: "Más inverosímil resulta, cuando vemos que esa convivencia era coetánea con la detención de ambos en relación a los hechos concomitantes por los que fueran procesados. Y que uno de esos hechos consiste en el acopio de municiones, que fueron secuestradas en el mismo domicilio que compartían", argumentaron desde el Tribunal. 

Por otro lado, Uliarte realizó una presentación en la causa por el atentado a CFK donde confirmó vínculos entre Sabag Montiel y el grupo Revolución Federal, que habría estado financiado por el diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman.

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Atentado a CFK: ordenan realizar pericias a las redes sociales de Uliarte y Sabag Montiel en Estados

La Cámara Federal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti dar celeridad a la medida de prueba solicitada a Estados Unidos, sobre las redes sociales de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uriarte, detenidos y acusados por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al planteo del fiscal Carlos Rívolo por "la posibilidad de demora y/o eventual pérdida de una medida de prueba".

Mediante una resolución, la Cámara Federal se pronunció:

"Luce apropiado que frente a la premura del caso sea la sede instructora la que proceda al envío por vía diplomática del pedido de información solicitado, sin perjuicio de lo que en definitiva se disponga en el eventual caso de que se remita el contenido de la información obrante en dichas cuentas de redes sociales".

El avance de la causa

El juzgado a cargo de Capuchetti, que llevó a cabo la primera etapa de la investigación del atentado contra la actual vicepresidenta, había requerido a Estados Unidos información sobre las redes sociales de Sabag Montiel y Uliarte.

Desde el Departamento de Justicia de EE.UU requirieron "una serie de datos de titularidad y contenido de cuentas de redes sociales que utilizaban los imputados" para poder cumplir con la petición.

No obstante, con el pase de la causa a la etapa de juicio oral, la jueza resolvió que sea el Tribunal Oral Federal 6 el que culmine con esa prueba.

Sin embargo, desde el Tribunal se pronunciaron "no corresponde que este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 responda o se expida respecto del pedido de aclaraciones o precisiones efectuado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en razón de tratarse de una prueba cuya producción quedó pendiente en la etapa instructoria".

Ante esta situación fue la Cámara Federal la que determinó en su resolución que sea el juzgado a cargo de Capuchetti quien acelere la prueba requerida a Estados Unidos "a fin de que no se demore más esta cuestión y al efecto de poder concentrar esfuerzos en el descubrimiento de la verdad".

La Cámara Federal ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti dar celeridad a la medida de prueba solicitada a Estados Unidos, sobre las redes sociales de Fernando Sabag Montiel y Brenda Uriarte, detenidos y acusados por el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner.

Los camaristas Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi hicieron lugar al planteo del fiscal Carlos Rívolo por "la posibilidad de demora y/o eventual pérdida de una medida de prueba".

Mediante una resolución, la Cámara Federal se pronunció:

"Luce apropiado que frente a la premura del caso sea la sede instructora la que proceda al envío por vía diplomática del pedido de información solicitado, sin perjuicio de lo que en definitiva se disponga en el eventual caso de que se remita el contenido de la información obrante en dichas cuentas de redes sociales".

El avance de la causa

El juzgado a cargo de Capuchetti, que llevó a cabo la primera etapa de la investigación del atentado contra la actual vicepresidenta, había requerido a Estados Unidos información sobre las redes sociales de Sabag Montiel y Uliarte.

Desde el Departamento de Justicia de EE.UU requirieron "una serie de datos de titularidad y contenido de cuentas de redes sociales que utilizaban los imputados" para poder cumplir con la petición.

No obstante, con el pase de la causa a la etapa de juicio oral, la jueza resolvió que sea el Tribunal Oral Federal 6 el que culmine con esa prueba.

Sin embargo, desde el Tribunal se pronunciaron "no corresponde que este Tribunal Oral en lo Criminal Federal 6 responda o se expida respecto del pedido de aclaraciones o precisiones efectuado por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, por intermedio del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, en razón de tratarse de una prueba cuya producción quedó pendiente en la etapa instructoria".

Ante esta situación fue la Cámara Federal la que determinó en su resolución que sea el juzgado a cargo de Capuchetti quien acelere la prueba requerida a Estados Unidos "a fin de que no se demore más esta cuestión y al efecto de poder concentrar esfuerzos en el descubrimiento de la verdad".

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Cristina Kirchner apeló los fallos contra su sobreseimiento en las causas Hotesur y Memorándum

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kircher, apeló a los fallos que revocaron sus sobreseimientos en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum de entendimiento con Irán.

La defensa de la exmandatario presentó un escrito detallando el pedido de nulidad de estos fallos que fueron dictaminados por la Cámara Federal de Casación Penal, que además elevaban las causas a juicio oral.

Fernández había sido sobreseída en ambas causas y su defensa planteó que en la decisión de reactivar los fallos no participó la magistrada Ana María Figueroa.

Los abogados de CFK, Ari Llernovoy y Carlos Beraldi, destacaron en los recursos extraordinarios presentados a la Corte que los fallos son "arbitrarios" por violar la garantía del juez natural y el derecho de ser juzgado "en un plazo razonable".

Por otro lado, la causa Hotesur-Los Sauces dejó firme el sobreseimiento de la hija de la mandataria, Florencia Kirchner.

El caso de Ana María Figueroa

La jueza Ana María Figueroa fue apartada de la Cámara Federal de Casación Penal por la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que cumplió 75 años, a pesar de que la magistrada había solicitado una extensión laboral por otros cinco.

En esa instancia de apartamiento, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone fallaron a favor de reabrir las dos causas contra la Vicepresidenta y elevarlas a juicio oral. Luego, el Senado de la Nación aprobó el pliego de extensión de la jueza y advirtió a la Corte por intromisión en sus facultades.

"La resolución recurrida presenta un vicio de base que fulmina su validez: el decisorio fue dictado con el voto de dos magistrados, sin que el Tribunal se integrara con un tercer juez que también participara de la deliberación", destacaron los abogados de Cristina Fernández.

En esta línea, agregaron: "Más allá de lo dispuesto por el artículo 30 bis del código de rito (que habilita la decisión por parte dos jueces), lo cierto es que esta norma de dudosa constitucionalidad sólo podría ser legítimamente aplicada de manera excepcional en aquellos supuestos en los que se produce una vacancia que no puede ser cubierta inmediatamente y en los que median razones de urgencia para emitir el fallo, las cuales jamás fueron explicadas en el sub lite".

Las causas

Causas contra CFK

En la causa denominada Memorándum con Irán, la vicepresidenta está acusada de supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había sobreseído a la expresidenta y otros implicados. Ahora la Casación anuló esa medida y ordenó el debate oral y público, además de apartar a los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.

Por otro lado, en la causa Hotesur se responsabiliza a Cristina Fernández por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Ésta última acusación había sido descartada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del TOF 5. 

"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor", habían sostenido los magistrados.

Junto al nuevo dictamen para dar inicio al juicio oral, los jueces de Casación dispusieron apartar, también, a Obligado y Grünberg.

La vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kircher, apeló a los fallos que revocaron sus sobreseimientos en las causas Hotesur-Los Sauces y Memorándum de entendimiento con Irán.

La defensa de la exmandatario presentó un escrito detallando el pedido de nulidad de estos fallos que fueron dictaminados por la Cámara Federal de Casación Penal, que además elevaban las causas a juicio oral.

Fernández había sido sobreseída en ambas causas y su defensa planteó que en la decisión de reactivar los fallos no participó la magistrada Ana María Figueroa.

Los abogados de CFK, Ari Llernovoy y Carlos Beraldi, destacaron en los recursos extraordinarios presentados a la Corte que los fallos son "arbitrarios" por violar la garantía del juez natural y el derecho de ser juzgado "en un plazo razonable".

Por otro lado, la causa Hotesur-Los Sauces dejó firme el sobreseimiento de la hija de la mandataria, Florencia Kirchner.

El caso de Ana María Figueroa

La jueza Ana María Figueroa fue apartada de la Cámara Federal de Casación Penal por la Corte Suprema de Justicia con el argumento de que cumplió 75 años, a pesar de que la magistrada había solicitado una extensión laboral por otros cinco.

En esa instancia de apartamiento, los jueces Diego Barroetaveña y Daniel Petrone fallaron a favor de reabrir las dos causas contra la Vicepresidenta y elevarlas a juicio oral. Luego, el Senado de la Nación aprobó el pliego de extensión de la jueza y advirtió a la Corte por intromisión en sus facultades.

"La resolución recurrida presenta un vicio de base que fulmina su validez: el decisorio fue dictado con el voto de dos magistrados, sin que el Tribunal se integrara con un tercer juez que también participara de la deliberación", destacaron los abogados de Cristina Fernández.

En esta línea, agregaron: "Más allá de lo dispuesto por el artículo 30 bis del código de rito (que habilita la decisión por parte dos jueces), lo cierto es que esta norma de dudosa constitucionalidad sólo podría ser legítimamente aplicada de manera excepcional en aquellos supuestos en los que se produce una vacancia que no puede ser cubierta inmediatamente y en los que median razones de urgencia para emitir el fallo, las cuales jamás fueron explicadas en el sub lite".

Las causas

Causas contra CFK

En la causa denominada Memorándum con Irán, la vicepresidenta está acusada de supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA.

El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había sobreseído a la expresidenta y otros implicados. Ahora la Casación anuló esa medida y ordenó el debate oral y público, además de apartar a los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.

Por otro lado, en la causa Hotesur se responsabiliza a Cristina Fernández por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Ésta última acusación había sido descartada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del TOF 5. 

"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor", habían sostenido los magistrados.

Junto al nuevo dictamen para dar inicio al juicio oral, los jueces de Casación dispusieron apartar, también, a Obligado y Grünberg.

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Brenda Uliarte afirmó que "alguien está atrás" del atentado a Cristina Kirchner

Después de un año presa bajo la acusación de coautora del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, Brenda Uliarte intentó desligarse del autor material, Fernando Sabag Montiel, y planteó presuntos vínculos entre él, el diputado Gerardo Milman y la agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF).

La joven presentó un escrito a modo de ampliación de indagatoria, pese a que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dieron por cerrada la investigación sobre ella cuando la causa pasó a etapa de juicio oral, descartando así la posible vinculación con la causa de RF.

En el texto, Uliarte aseguró que Sabag Montiel la obligó, bajo amenaza, a acompañarlo a la manifestación en el domicilio de la expresidenta el 1 de septiembre de 2022. Pero además, planteó: "él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás".

"Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaba para que vayamos a las marchas y actos; en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí", 

La mención a Milman

En otro fragmento del texto, Uliarte hizo dos menciones que vincularían a Milman con Sabag Montiel y las convocatorias violentas que organizaba y de las que participaba RF.

"Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo", relató.

A continuación, involucró al tercer detenido por presunta participación, Nicolás Carrizo: "Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a 'Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados'", dijo Uliarte.

Por otra parte, dijo que escuchó a Sabag Montiel hablar con "una chica, de nombre Carolina". "Cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano", señaló.

Aunque Uliarte no dio más detalles, la descripción coincide con Carolina Gómez Mónaco, una de las dos asesoras de Milman implicadas en la denominada "pista Casablanca", quien recientemente entregó a la Justicia un teléfono de fabricación posterior al atentado, al igual que Milman.

Antes, la segunda asesora, Ivana Bohdziewicz, declaró que Gómez Mónaco habría intentado disuadirla de denunciar ante la fiscalía que Milman les pidió acercarse al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), para que un perito borrara información de sus teléfonos.

Revolución Federal

En el curso de la investigación se comprobó que Uliarte frecuentaba las manifestaciones de RF contra el Gobierno, organizadas por Jonathan Morel y Leonardo Sosa. En una foto publicada en sus redes sociales, la imputada aparece en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde se convocó la "marcha de las antorchas".

"Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. El era parte de todo eso, yo no. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendía re bien", relató en el escrito.

Después de un año presa bajo la acusación de coautora del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, Brenda Uliarte intentó desligarse del autor material, Fernando Sabag Montiel, y planteó presuntos vínculos entre él, el diputado Gerardo Milman y la agrupación de ultraderecha Revolución Federal (RF).

La joven presentó un escrito a modo de ampliación de indagatoria, pese a que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo dieron por cerrada la investigación sobre ella cuando la causa pasó a etapa de juicio oral, descartando así la posible vinculación con la causa de RF.

En el texto, Uliarte aseguró que Sabag Montiel la obligó, bajo amenaza, a acompañarlo a la manifestación en el domicilio de la expresidenta el 1 de septiembre de 2022. Pero además, planteó: "él no es capaz de organizar y hacer todo esto solo, claramente alguien está atrás".

"Yo no puedo asegurar que a él lo financiaron para que mate a alguien, pero sí en dos oportunidades me contó que financiaban a Revolución Federal. Había gente contactada al gobierno anti K, que pagaba para que vayamos a las marchas y actos; en realidad le pagaban a él y él me llevaba a mí", 

La mención a Milman

En otro fragmento del texto, Uliarte hizo dos menciones que vincularían a Milman con Sabag Montiel y las convocatorias violentas que organizaba y de las que participaba RF.

"Yo nunca vi a Milman, pero decían que le pagaba a varias personas para que participaran en manifestaciones y con con ello generar disturbios y violencia alrededor de la casa de Cristina Kirchner. A ver, yo no digo que financiaron el atentado, pero sí financiaban para agitar y armar quilombo", relató.

A continuación, involucró al tercer detenido por presunta participación, Nicolás Carrizo: "Carrizo sabe todo eso, pero él va a cubrir a 'Nando’ porque no quiere tener quilombos con los de arriba, saben que hay peso pesados'", dijo Uliarte.

Por otra parte, dijo que escuchó a Sabag Montiel hablar con "una chica, de nombre Carolina". "Cuando le pregunté quién era, me dijo que era la secretaria de un amigo, y que ella le daba una mano", señaló.

Aunque Uliarte no dio más detalles, la descripción coincide con Carolina Gómez Mónaco, una de las dos asesoras de Milman implicadas en la denominada "pista Casablanca", quien recientemente entregó a la Justicia un teléfono de fabricación posterior al atentado, al igual que Milman.

Antes, la segunda asesora, Ivana Bohdziewicz, declaró que Gómez Mónaco habría intentado disuadirla de denunciar ante la fiscalía que Milman les pidió acercarse al Instituto de Estudios Estratégicos de Seguridad (IEES), para que un perito borrara información de sus teléfonos.

Revolución Federal

En el curso de la investigación se comprobó que Uliarte frecuentaba las manifestaciones de RF contra el Gobierno, organizadas por Jonathan Morel y Leonardo Sosa. En una foto publicada en sus redes sociales, la imputada aparece en las inmediaciones de la Casa Rosada, donde se convocó la "marcha de las antorchas".

"Yo fui un solo día a la sede de Revolución Federal, a vender copitos, que me llevó Fernando. El era parte de todo eso, yo no. De hecho, si le preguntan a los miembros de Revolución Federal nadie me conoce, o si me vieron, fue alguna vez vendiendo en algún acto, no porque me interese el acto en sí, sino porque se vendía re bien", relató en el escrito.

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Hotesur y Memorándum con Irán: Cristina Kirchner apelará los fallos que anularon sus sobreseimientos

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apelará los fallos que revocaron sus sobreseimientos en las causas "Memorándum con Irán" y "Hotesur-Los Sauces". 

"Ambos fallos fueron arbitrarios y serán apelados", destacaron fuentes cercanas a la defensa de la exmandataria, que deberá presentar los recursos extraordinarios en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

Las apelaciones 

En este marco, se detalló que los abogados defensores de CFK, Ary Llernovoy y Carlos Beraldi, trabajan en las presentaciones de apelación en ambas causas, que serán revisadas por decisión jueces Diego Petrone y Diego Barroetaveña, titulares de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, fuentes del procedimiento expresaron que los dictámenes estuvieron dentro de lo esperado por la defensa de Fernández de Kirchner, después de que la Corte Suprema cesó de sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa, quien era la tercera integrante del máximo tribunal penal del país.

La jueza fue apartada de su cargo al cumplir los 75 años, a pesar de haber solicitado al Senado una prórroga para mantenerse en el cargo por cinco años más, lo que no fue considerado por la Corte. 

Causas contra CFK

Al poco tiempo del apartamiento de la jueza Figueroa, los jueces de Casación resolvieron anular los sobreseimientos dictados a favor de la expresidenta en las causas denominadas Memorándum de entendimiento con Irán y "Hotesur-Los Sauces".

En la primera, la Vicepresidenta está acusada de supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había sobreseído a la expresidenta y otros implicados. Ahora la Casación anuló esa medida y ordenó el debate oral y público, además de apartar a los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.

En la segunda se la responsabiliza por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Ésta última acusación había sido descartada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del TOF 5. 

"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor", habían sostenido los magistrados.

Junto al nuevo dictamen para dar inicio al juicio oral, los jueces de Casación dispusieron apartar, también, a Obligado y Grünberg.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, apelará los fallos que revocaron sus sobreseimientos en las causas "Memorándum con Irán" y "Hotesur-Los Sauces". 

"Ambos fallos fueron arbitrarios y serán apelados", destacaron fuentes cercanas a la defensa de la exmandataria, que deberá presentar los recursos extraordinarios en un plazo máximo de 10 días hábiles. 

Las apelaciones 

En este marco, se detalló que los abogados defensores de CFK, Ary Llernovoy y Carlos Beraldi, trabajan en las presentaciones de apelación en ambas causas, que serán revisadas por decisión jueces Diego Petrone y Diego Barroetaveña, titulares de la Cámara Federal de Casación Penal.

Además, fuentes del procedimiento expresaron que los dictámenes estuvieron dentro de lo esperado por la defensa de Fernández de Kirchner, después de que la Corte Suprema cesó de sus funciones a la magistrada Ana María Figueroa, quien era la tercera integrante del máximo tribunal penal del país.

La jueza fue apartada de su cargo al cumplir los 75 años, a pesar de haber solicitado al Senado una prórroga para mantenerse en el cargo por cinco años más, lo que no fue considerado por la Corte. 

Causas contra CFK

Al poco tiempo del apartamiento de la jueza Figueroa, los jueces de Casación resolvieron anular los sobreseimientos dictados a favor de la expresidenta en las causas denominadas Memorándum de entendimiento con Irán y "Hotesur-Los Sauces".

En la primera, la Vicepresidenta está acusada de supuesto encubrimiento a los responsables del atentado a la AMIA. El Tribunal Oral Federal (TOF) 8 había sobreseído a la expresidenta y otros implicados. Ahora la Casación anuló esa medida y ordenó el debate oral y público, además de apartar a los jueces Daniel Obligado y José Antonio Michilini y a la jueza Gabriela López Iñiguez.

En la segunda se la responsabiliza por supuesto lavado de dinero y asociación ilícita. Ésta última acusación había sido descartada por los jueces Daniel Obligado y Adrián Grünberg, del TOF 5. 

"La apariencia de licitud de los activos estuvo dada desde el primer momento; es decir, desde que se realizaran los traspasos de fondos por las contrataciones de obra pública, licencias o concesiones, o se dispusieran beneficios impositivos o de otro tipo; todos ellos respaldados por la normativa de rigor", habían sostenido los magistrados.

Junto al nuevo dictamen para dar inicio al juicio oral, los jueces de Casación dispusieron apartar, también, a Obligado y Grünberg.

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Atentado a CFK: reclaman el acceso "urgente" al celular de Gerardo Milman

La querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández, solicitó el "acceso de modo urgente" al celular del diputado de JxC, Gerardo Milman, en la causa que investiga el intento de magnicidio a la mandataria, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

El pedido fue realizado por los abogados de la exmandataria, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Los letrados presentaron un "recurso de reposición" frente a la disposición que la jueza María Eugenia Capuchetti hizo sobre el teléfono móvil de Milman de "mantenerlo en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado".

La petición de la querella

Los abogados de Cristina Fernández indicaron en la misiva que se anule la orden de aislar el celular del diputado de Juntos por el Cambio y destacaron que la magistrada "debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente".

"Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta", agregaron los letrados.

Además, en el escrito se destacó que la decisión de Capuchetti fue argumentada en base a que "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes".

De esta forma, la magistrada ordenó al fiscal "que vuelva a oficiar a las telefónicas para que especifiquen si pueden remitir los IMEI sin informar llamadas entrantes y salientes y que, recién en caso de una respuesta negativa, curse el pedido a través del artículo 258 CPPN".

El secuestro del celular de Milman

La orden de secuestro del teléfono móvil de Milman fue indicada por la Cámara Federal porteña, para realizar peritajes sobre comunicaciones y mensajes en la causa que lo investiga como supuesto ideólogo del atentado a Cristina Fernández.

El secuestro del celular se llevó a cabo el 22 de agosto con la disposición de la fiscalía para "acreditar datos acerca de las líneas telefónicas del diputado nacional".

"El fiscal avisó que la contestación sobre el tráfico de IMEI incluye datos sobre llamadas y mensajes", destacaron desde la querella y remarcaron que la actitud de Capuchetti "respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia".

La querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández, solicitó el "acceso de modo urgente" al celular del diputado de JxC, Gerardo Milman, en la causa que investiga el intento de magnicidio a la mandataria, ocurrido el 1 de septiembre de 2022.

El pedido fue realizado por los abogados de la exmandataria, José Manuel Ubeira y Marcos Aldazábal. Los letrados presentaron un "recurso de reposición" frente a la disposición que la jueza María Eugenia Capuchetti hizo sobre el teléfono móvil de Milman de "mantenerlo en una caja fuerte, en sobre lacrado y cerrado".

La petición de la querella

Los abogados de Cristina Fernández indicaron en la misiva que se anule la orden de aislar el celular del diputado de Juntos por el Cambio y destacaron que la magistrada "debe poner a disposición de las partes la información digital vinculada con Gerardo Milman de modo urgente".

"Verdaderamente, nos enfrentamos a situaciones insólitas. Recordamos, por si alguien lo olvidó, que lo aquí se investiga es un intento de asesinato contra la Vicepresidenta", agregaron los letrados.

Además, en el escrito se destacó que la decisión de Capuchetti fue argumentada en base a que "Telefónica y Telecom no dieron una respuesta satisfactoria al pedido del fiscal, ya que no informaron si para remitir el tráfico de IMEI era necesario revelar información vinculada con llamadas o mensajes".

De esta forma, la magistrada ordenó al fiscal "que vuelva a oficiar a las telefónicas para que especifiquen si pueden remitir los IMEI sin informar llamadas entrantes y salientes y que, recién en caso de una respuesta negativa, curse el pedido a través del artículo 258 CPPN".

El secuestro del celular de Milman

La orden de secuestro del teléfono móvil de Milman fue indicada por la Cámara Federal porteña, para realizar peritajes sobre comunicaciones y mensajes en la causa que lo investiga como supuesto ideólogo del atentado a Cristina Fernández.

El secuestro del celular se llevó a cabo el 22 de agosto con la disposición de la fiscalía para "acreditar datos acerca de las líneas telefónicas del diputado nacional".

"El fiscal avisó que la contestación sobre el tráfico de IMEI incluye datos sobre llamadas y mensajes", destacaron desde la querella y remarcaron que la actitud de Capuchetti "respecto de todo el trámite vinculado con Gerardo Milman cada vez despierta mayores sospechas de que las obstrucciones a la producción de prueba son producto de mala voluntad y no solo de una evidente incompetencia".

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Casación ordenó volver a juzgar a Cristina Kirchner en las causas Hotesur y Memorándum con Irán

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó anular el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas judiciales Hotesur - Los Sauces y por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La decisión fue confirmada por los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, titulares del máximo tribunal penal del país. Los casos tenían una tercera jueza, Ana María Figueroa, quien fue removida del cargo por decisión de la Corte Suprema tras cumplir 75 años, y a falta de la aprobación de su permanencia por parte del Senado.

De esta manera, se decidió convocar a la expresidenta a dos juicios orales, pese a que las primeras investigaciones habían concluido por inexistencia de delito. Así todo, la defensa de Fernández de Kirchner aún puede apelar ambas decisiones ante la Corte Suprema de Justicia.

Causa Hotesur - Los Sauces

Entre 2014 y 2021, Cristina Fernández fue investigada bajo la acusación de integrar una asociación ilícita para lavar dinero de la corrupción a través de sus hoteles y departamentos en alquiler. No obstante, fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal Nº5 por inexistencia de delito.

La causa gira en torno a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, cuyos alquileres de alojamiento eran pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, mientras las constructoras de ambos obtenían licitaciones y contratos de obra pública en Santa Cruz.

Entre los más de treinta imputados figuraban la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, aunque esta última fue sobreseída en la decisión de realizar el juicio, dado que los jueces de Casación entienden que no hay elementos que la impliquen.

Memorándum con Irán

Por la resolución de Casación, la expresidenta también deberá someterse a juicio oral en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La causa inició en 2015 por iniciativa del fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que el acuerdo impulsado por la entonces presidenta buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA, argumentando que provocaba la pérdida de vigencia de las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ordenó anular el sobreseimiento de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en las causas judiciales Hotesur - Los Sauces y por el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La decisión fue confirmada por los votos de los jueces Diego Barroetaveña y Diego Petrone, titulares del máximo tribunal penal del país. Los casos tenían una tercera jueza, Ana María Figueroa, quien fue removida del cargo por decisión de la Corte Suprema tras cumplir 75 años, y a falta de la aprobación de su permanencia por parte del Senado.

De esta manera, se decidió convocar a la expresidenta a dos juicios orales, pese a que las primeras investigaciones habían concluido por inexistencia de delito. Así todo, la defensa de Fernández de Kirchner aún puede apelar ambas decisiones ante la Corte Suprema de Justicia.

Causa Hotesur - Los Sauces

Entre 2014 y 2021, Cristina Fernández fue investigada bajo la acusación de integrar una asociación ilícita para lavar dinero de la corrupción a través de sus hoteles y departamentos en alquiler. No obstante, fue sobreseída por dos de los tres jueces del Tribunal Oral Federal Nº5 por inexistencia de delito.

La causa gira en torno a las empresas Hotesur y Los Sauces, propiedad de la familia Kirchner, cuyos alquileres de alojamiento eran pagados por los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López, mientras las constructoras de ambos obtenían licitaciones y contratos de obra pública en Santa Cruz.

Entre los más de treinta imputados figuraban la expresidenta y sus hijos, Máximo y Florencia, aunque esta última fue sobreseída en la decisión de realizar el juicio, dado que los jueces de Casación entienden que no hay elementos que la impliquen.

Memorándum con Irán

Por la resolución de Casación, la expresidenta también deberá someterse a juicio oral en la causa que investiga el Memorándum de Entendimiento con Irán.

La causa inició en 2015 por iniciativa del fiscal Alberto Nisman, quien consideraba que el acuerdo impulsado por la entonces presidenta buscaba encubrir a los acusados del atentado a la AMIA, argumentando que provocaba la pérdida de vigencia de las alertas rojas de Interpol contra los involucrados iraníes.

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José Glinski: "El celular de Sabag Montiel llegó con manipulación previa"

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, dio detalles sobre la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández.

"El celular de Sabag Montiel nos llegó con una evidente manipulación previa", declaró en diálogo con IP Noticias.

En el video, la entrevista completa.

El peritaje del celular

Glinski remarcó que la PSA fue la encargada de peritar el celular particular de Fernando Sabag Montiel, el hombre de 36 años que gatilló dos veces a la Vicepresidenta con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros, el 1 de septiembre de 2022.

"Cuando hacemos una pericia a un celular no garantizamos la extracción de toda la información porque la limitantes que existen de la tecnología son concretas. De hecho, la recuperación de la información del teléfono de (Fernando) Sabag Montiel se produjo después de un trabajo medio artesanal. Pudimos duplicar un chip y obtener la información que estaba en la nube", destacó.

En este marco, el director de la PSA agregó: "Lo que sí puedo certificar es algo que decimos desde el comienzo de la investigación y es que el celular de Sabag Montiel llegó a la PSA sin cadena de custodia y con una evidente manipulación previa".

Quién peritará el teléfono de Milman

Por otra parte, Glinski explicó que aún la PSA no recibió ninguna orden judicial para realizar el peritaje del celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, indicado como uno de los posibles ideólogos del atentado.

"Los jueces son los que eligen con qué fuerza policial trabajan para realizar este tipo de peritajes. Me da la sensación de que se ha demorado mucho la investigación en este sentido. Incluso en las detenciones iniciales, considerando la gravedad del hecho y que debemos considerar que esto no es un intento de homicidio más", remarcó. 

Asimismo, el director nacional de la PSA calificó al intento de magnicidio como "un atentado con fines políticos".

"Esta situación amerita otro ritmo y otras medidas en la investigación judicial. El estándar de garantías que se utilizó en esta investigación no se utiliza de manera regular ni siquiera en delitos complejos como en el narcotráfico. La velocidad que ameritaba esta investigación para hacer detenciones y secuestros de celulares era inmediata y determinante para poder llevar un buen resultado", agregó. 

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes a las 20:00, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), José Glinski, dio detalles sobre la causa del atentado a la vicepresidenta Cristina Fernández.

"El celular de Sabag Montiel nos llegó con una evidente manipulación previa", declaró en diálogo con IP Noticias.

En el video, la entrevista completa.

El peritaje del celular

Glinski remarcó que la PSA fue la encargada de peritar el celular particular de Fernando Sabag Montiel, el hombre de 36 años que gatilló dos veces a la Vicepresidenta con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros, el 1 de septiembre de 2022.

"Cuando hacemos una pericia a un celular no garantizamos la extracción de toda la información porque la limitantes que existen de la tecnología son concretas. De hecho, la recuperación de la información del teléfono de (Fernando) Sabag Montiel se produjo después de un trabajo medio artesanal. Pudimos duplicar un chip y obtener la información que estaba en la nube", destacó.

En este marco, el director de la PSA agregó: "Lo que sí puedo certificar es algo que decimos desde el comienzo de la investigación y es que el celular de Sabag Montiel llegó a la PSA sin cadena de custodia y con una evidente manipulación previa".

Quién peritará el teléfono de Milman

Por otra parte, Glinski explicó que aún la PSA no recibió ninguna orden judicial para realizar el peritaje del celular del diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, indicado como uno de los posibles ideólogos del atentado.

"Los jueces son los que eligen con qué fuerza policial trabajan para realizar este tipo de peritajes. Me da la sensación de que se ha demorado mucho la investigación en este sentido. Incluso en las detenciones iniciales, considerando la gravedad del hecho y que debemos considerar que esto no es un intento de homicidio más", remarcó. 

Asimismo, el director nacional de la PSA calificó al intento de magnicidio como "un atentado con fines políticos".

"Esta situación amerita otro ritmo y otras medidas en la investigación judicial. El estándar de garantías que se utilizó en esta investigación no se utiliza de manera regular ni siquiera en delitos complejos como en el narcotráfico. La velocidad que ameritaba esta investigación para hacer detenciones y secuestros de celulares era inmediata y determinante para poder llevar un buen resultado", agregó. 

IP Noticias Edición Central se emite por la pantalla de IP de lunes a viernes a las 20:00, con la conducción de Noelia Barral Grigera y Gabriel Sued.

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Atentado a Cristina Kirchner: qué se sabe hasta el momento

A un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la causa judicial fue elevada a juicio oral con tres imputados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizzo.

Si bien los mencionados están imputados por el hecho, la querella y CFK denunciaron que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo descartaron la investigación acerca de los posibles autores materiales que vincularían a jóvenes de ultraderecha del PRO, apadrinados por el diputado Gerardo Milman y la candidata presidencial, Patricia Bullrich.

"El fiscal (Carlos) Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de estos tres sospechosos. Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido", expresó Cristina Fernández en su momento.

Los detenidos

Los detenidos por el intento de asesinato son: Fernando Sabag Montiel (quién gatilló a la mandataria con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros), Brenda Uliarte (expareja de Sabag Montiel) y Nicolás Carrizo (amigo de ambos).

Los tres son conocidos como "La Banda de los Copitos" y están acusados de planificar las acciones que se llevaron a cabo para el fallido intento de magnicidio que perpetró Sabag Montiel.

Luego de su detención, se descubrió que todos tenían vínculos activos con la organización Jóvenes Republicanos, un ala de la Unión Republicana integrante del PRO y amadrinada por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Vínculos con el PRO

Los abogados de Fernández de Kirchner y la propia vicepresidenta, señalaron que ni Capuchetti ni Rívolo tomaron en cuenta la pista que vincula Milman como uno de los posibles ideólogos del atentado.

Un testigo declaró haberlo visto un día antes del atentado reunido en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde junto a dos de sus asesoras, habría dicho "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa". Además, quince días antes, Milman había publicado un texto donde especulaba con un "falso ataque" a CFK.

"No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores", expresó en aquella ocasión.

Las asesoras de Milman

Luego de la declaración del testigo de identidad reservada que vinculó a Milman con el ataque, la jueza Capuchetti llamó a declarar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las dos asesoras del diputado cercano a Patricia Bullrich.

En un principio, ambas negaron la existencia de la reunión pero cuando se les mostró las cámaras donde se las ve ingresar al bar junto a Milman admitieron haberse reunido con él.

Asimismo, Gómez Mónaco continuó como asesora de Milman y denunció una operación en su contra para involucrarla en los hechos.

Distinto es el caso de Bohdziewicz quien luego de ser despedida de su cargo, se presentó en la Justicia y declaró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en una de las oficinas de Patricia Bullrich.

De acuerdo con la declaración de la asesora, en aquella ocasión habrían estado presentes Milman y el perito Jorge Adolfo Teodoro, representante tecnológico de Juntos por el Cambio quien se encargó de eliminar toda información de los celulares de Mónaco y Bohdziewicz. 

Al respecto, CFK criticó al fiscal por no profundizar esta línea investigativa: "Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo. Curiosamente, este hecho es el único ‘olvido’ de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias", expresó.

Ximena Tezanos Pintos y Delfina Wagner

Además, la querella solicitó investigar a la vecina de la Vicepresidenta, Ximena Tezanos Pinto, y a la periodista Delfina Wagner. 

Wagner, que actualmente vive en el piso que Tezanos Pinto tiene arriba del departamento de CFK, sería el nexo entre Revolución Federal y "Los Copitos".

En este contexto, integrantes de Revolución Federal subieron fotos a sus redes sociales donde se los ve adentro del departamento de Tezanos Pinto, unos días antes del atentado. 

La querella de CFK realizó una presentación donde destacó: "Delfina Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal". 

Asimismo, en las últimas PASO, Tezanos Pinto participó como fiscal de Juntos por el Cambio y desde su domicilio cuelga banderas en contra de CFK.

"Los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos. Esto hace imperante estudiar con profundidad estos vínculos", destacaron los abogados de Cristina Fernández. 

A un año del intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la causa judicial fue elevada a juicio oral con tres imputados: Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizzo.

Si bien los mencionados están imputados por el hecho, la querella y CFK denunciaron que la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo descartaron la investigación acerca de los posibles autores materiales que vincularían a jóvenes de ultraderecha del PRO, apadrinados por el diputado Gerardo Milman y la candidata presidencial, Patricia Bullrich.

"El fiscal (Carlos) Rívolo dio por cerrada la investigación del intento de asesinato que sufrí el 1 de septiembre del año pasado y pidió la elevación a juicio de la causa únicamente respecto de estos tres sospechosos. Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos. Lo que queda no se investiga nunca más. Y Comodoro Py tiene un penoso historial en ese sentido", expresó Cristina Fernández en su momento.

Los detenidos

Los detenidos por el intento de asesinato son: Fernando Sabag Montiel (quién gatilló a la mandataria con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros), Brenda Uliarte (expareja de Sabag Montiel) y Nicolás Carrizo (amigo de ambos).

Los tres son conocidos como "La Banda de los Copitos" y están acusados de planificar las acciones que se llevaron a cabo para el fallido intento de magnicidio que perpetró Sabag Montiel.

Luego de su detención, se descubrió que todos tenían vínculos activos con la organización Jóvenes Republicanos, un ala de la Unión Republicana integrante del PRO y amadrinada por la candidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich.

Vínculos con el PRO

Los abogados de Fernández de Kirchner y la propia vicepresidenta, señalaron que ni Capuchetti ni Rívolo tomaron en cuenta la pista que vincula Milman como uno de los posibles ideólogos del atentado.

Un testigo declaró haberlo visto un día antes del atentado reunido en el bar Casablanca, frente al Congreso, donde junto a dos de sus asesoras, habría dicho "cuando la maten yo voy a estar camino a la Costa". Además, quince días antes, Milman había publicado un texto donde especulaba con un "falso ataque" a CFK.

"No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a la figura de Cristina, para victimizarla, sacarla de entre las cuerdas judiciales en las que se halla y no puede salir, y recrear un nuevo 17 de octubre que la reivindique ante sus seguidores", expresó en aquella ocasión.

Las asesoras de Milman

Luego de la declaración del testigo de identidad reservada que vinculó a Milman con el ataque, la jueza Capuchetti llamó a declarar a Ivana Bohdziewicz y Carolina Gómez Mónaco, las dos asesoras del diputado cercano a Patricia Bullrich.

En un principio, ambas negaron la existencia de la reunión pero cuando se les mostró las cámaras donde se las ve ingresar al bar junto a Milman admitieron haberse reunido con él.

Asimismo, Gómez Mónaco continuó como asesora de Milman y denunció una operación en su contra para involucrarla en los hechos.

Distinto es el caso de Bohdziewicz quien luego de ser despedida de su cargo, se presentó en la Justicia y declaró que fue obligada a borrar el contenido de su celular en una de las oficinas de Patricia Bullrich.

De acuerdo con la declaración de la asesora, en aquella ocasión habrían estado presentes Milman y el perito Jorge Adolfo Teodoro, representante tecnológico de Juntos por el Cambio quien se encargó de eliminar toda información de los celulares de Mónaco y Bohdziewicz. 

Al respecto, CFK criticó al fiscal por no profundizar esta línea investigativa: "Ni siquiera menciona la reciente declaración de Ivana Bohdziewicz, ex asesora de Millman, en la que contó cómo la llevaron a borrar su celular a las oficinas de Patricia Bullrich, en Av. De Mayo. Curiosamente, este hecho es el único ‘olvido’ de Rívolo al repasar los testimonios brindados en la causa. Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias", expresó.

Ximena Tezanos Pintos y Delfina Wagner

Además, la querella solicitó investigar a la vecina de la Vicepresidenta, Ximena Tezanos Pinto, y a la periodista Delfina Wagner. 

Wagner, que actualmente vive en el piso que Tezanos Pinto tiene arriba del departamento de CFK, sería el nexo entre Revolución Federal y "Los Copitos".

En este contexto, integrantes de Revolución Federal subieron fotos a sus redes sociales donde se los ve adentro del departamento de Tezanos Pinto, unos días antes del atentado. 

La querella de CFK realizó una presentación donde destacó: "Delfina Wagner es una activista de ultraderecha con contactos directos con personas vinculadas con esta causa y con personas de la agrupación Revolución Federal". 

Asimismo, en las últimas PASO, Tezanos Pinto participó como fiscal de Juntos por el Cambio y desde su domicilio cuelga banderas en contra de CFK.

"Los contactos entre los imputados, los sospechados en esta causa y actores de grupos de ultraderecha son prolíficos y reiterativos. Esto hace imperante estudiar con profundidad estos vínculos", destacaron los abogados de Cristina Fernández. 

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Cristina sobre el atentado: declaraciones y pedidos de su defensa durante un año

A un año del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la querella a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidió a la Justicia llevar adelante nuevas medidas de prueba.

Se trata de otro reclamo para ligar diferentes puntos de investigación sobre el intento de magnicidio, dado que hasta ahora ninguno de los tribunales a cargo de las causas aceptó unificar la trama de responsabilidades penales del caso.

Un año de dudas y reclamos

Fernández de Kirchner es querellante en la causa del atentado desde el 13 de septiembre de 2022. Para entonces, ya se había probado que los autores materiales del atentado habían actuado con premeditación y en base a una planificación.

También se había registrado el primer inconveniente para la investigación: luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti ordenara el secuestro del teléfono de Sabag Montiel, el dispositivo quedó bloqueado. De todas maneras, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró conseguir un acceso parcial a principios de octubre.

La primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el hecho fue el 15 de septiembre. "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen", expresó, y aseguró que "lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983", en referencia a la recuperación de la democracia.

Dos semanas después, en el cierre de su defensa en la causa Vialidad, la exmandataria advirtió sobre las conexiones políticas de los autores, y pidió profundizar en la búsqueda de la autoría intelectual del atentado.

En noviembre, la querella pidió el apartamiento de la jueza Capuchetti denunciando irregularidades y demoras en la investigación. Y luego, en enero de 2023, apuntó al rol de la magistrada en un organismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En mayo de 2023, la jueza y el fiscal Carlos Rívolo dieron por concluida la etapa de instrucción con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y sus colaboradores como únicos imputados.

"Me quieren presa o muerta", denunció la expresidenta en un escrito donde denunció la omisión de los funcionarios judiciales respecto de otras líneas de investigación.

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos (...) Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa", advirtió Fernández de Kirchner.

Causas paralelas

En junio de 2023, la jueza Capuchetti dispuso, pese a la oposición de la querella, elevar la causa del atentado a juicio oral. Con esta decisión dejó fuera del proceso los avances en la investigación de la agrupación Revolución Federal (RF) y del diputado del PRO Gerardo Milman.

El caso de la agrupación se tramita en una causa judicial separada, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La indagación de comunicaciones de Morel, fundador de RF evidenció contactos con Uliarte y permitió dar con Lidia Margarita Casciano, quien había ofrecido un arma para el atentado y guardaba imágenes de documentación de Sabag Montiel.

Por otra parte, la "pista Milman" forma parte del expediente a cargo de Capuchetti. El testimonio de una asesora del diputado indica que habría ordenado eliminar el contenido de su celular y el de ella. Esto a raíz de la declaración de un testigo que lo habría escuchado decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Días antes de cumplirse un año del intento de magnicidio, la defensa de la expresidenta pidió que se investigue a la panelista televisiva y activista Delfina Wagner, actual inquilina de la vecina de Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, Ximena Tezanos Pintos.

Según señala la presentación, Wagner podría ser el nexo entre la banda detenida por el ataque del 1 de septiembre, la organización Revolución Federal y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman.

A un año del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, la querella a cargo de los abogados José Manuel Ubeira y Marcos Aldazabal pidió a la Justicia llevar adelante nuevas medidas de prueba.

Se trata de otro reclamo para ligar diferentes puntos de investigación sobre el intento de magnicidio, dado que hasta ahora ninguno de los tribunales a cargo de las causas aceptó unificar la trama de responsabilidades penales del caso.

Un año de dudas y reclamos

Fernández de Kirchner es querellante en la causa del atentado desde el 13 de septiembre de 2022. Para entonces, ya se había probado que los autores materiales del atentado habían actuado con premeditación y en base a una planificación.

También se había registrado el primer inconveniente para la investigación: luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti ordenara el secuestro del teléfono de Sabag Montiel, el dispositivo quedó bloqueado. De todas maneras, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) logró conseguir un acceso parcial a principios de octubre.

La primera aparición pública de la Vicepresidenta tras el hecho fue el 15 de septiembre. "Siento que estoy viva por Dios y por la Virgen", expresó, y aseguró que "lo más grave fue haber roto un acuerdo social que había desde 1983", en referencia a la recuperación de la democracia.

Dos semanas después, en el cierre de su defensa en la causa Vialidad, la exmandataria advirtió sobre las conexiones políticas de los autores, y pidió profundizar en la búsqueda de la autoría intelectual del atentado.

En noviembre, la querella pidió el apartamiento de la jueza Capuchetti denunciando irregularidades y demoras en la investigación. Y luego, en enero de 2023, apuntó al rol de la magistrada en un organismo del gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

En mayo de 2023, la jueza y el fiscal Carlos Rívolo dieron por concluida la etapa de instrucción con Sabag Montiel, Brenda Uliarte y sus colaboradores como únicos imputados.

"Me quieren presa o muerta", denunció la expresidenta en un escrito donde denunció la omisión de los funcionarios judiciales respecto de otras líneas de investigación.

"Como he dicho, no hay práctica más clara para buscar la impunidad de causas complejas, que partirlas en pedacitos (...) Rívolo menciona las pruebas producidas en relación con la línea Millman, pero no dedica ni una sola palabra a sopesar su importancia para la causa", advirtió Fernández de Kirchner.

Causas paralelas

En junio de 2023, la jueza Capuchetti dispuso, pese a la oposición de la querella, elevar la causa del atentado a juicio oral. Con esta decisión dejó fuera del proceso los avances en la investigación de la agrupación Revolución Federal (RF) y del diputado del PRO Gerardo Milman.

El caso de la agrupación se tramita en una causa judicial separada, a cargo del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi. La indagación de comunicaciones de Morel, fundador de RF evidenció contactos con Uliarte y permitió dar con Lidia Margarita Casciano, quien había ofrecido un arma para el atentado y guardaba imágenes de documentación de Sabag Montiel.

Por otra parte, la "pista Milman" forma parte del expediente a cargo de Capuchetti. El testimonio de una asesora del diputado indica que habría ordenado eliminar el contenido de su celular y el de ella. Esto a raíz de la declaración de un testigo que lo habría escuchado decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa".

Días antes de cumplirse un año del intento de magnicidio, la defensa de la expresidenta pidió que se investigue a la panelista televisiva y activista Delfina Wagner, actual inquilina de la vecina de Fernández de Kirchner en el barrio porteño de Recoleta, Ximena Tezanos Pintos.

Según señala la presentación, Wagner podría ser el nexo entre la banda detenida por el ataque del 1 de septiembre, la organización Revolución Federal y el círculo del diputado del PRO Gerardo Milman.

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A un año del atentado a Cristina Kirchner: la violencia política contra las mujeres

El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel trató de asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gatillando un arma de fuego contra su cabeza.

A un año del intento de magnicidio, el responsable material del ataque y sus cómplices fueron identificados por la Justicia, aunque no hubo avances significativos en las investigaciones sobre la planificación del hecho.

Por otro lado, el atentado puso en agenda la discusión sobre el riesgo democrático que implican los discursos de odio que, en este caso, se conjugan con una acumulación de diferentes violencias relacionadas al género.

"La bala a la cabeza de Cristina, y el discurso de odio que precede a esa bala, tenemos que pensarlos, también, en términos de género. Los adjetivos, los insultos, la manera en que ha sido predicada y adjetivada la figura de Cristina, es un crimen. Son formas de violencia moral y psicológca, y eso no se ha tenido en cuenta, entonces no entiendo para que sirven las leyes", reflexionó la antropóloga Rita Segato, en diálogo con IP Noticias días después del hecho.

La discusión en las últimas décadas

Meses después del atentado, la Vicepresidenta recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Desde 1994, el organismo forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabaja, entre otros temas, en seguimiento y asesoría técnica para prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres, según la definición de esta como una violación de los derechos humanos.

Además de esa y otras referencias en el derecho internacional, Argentina tiene, desde 2009, su propia normativa contra la violencia de género. Se trata de la ley 26.485, cuya última modificación se produjo en 2019.

Ese año, el espacio político liderado por la expresidenta ya advertía que la violencia sobre su figura crecía. El Frente de Mujeres e Igualdad de Género de Unidad Ciudadana repudió públicamente una tapa gráfica de la revista Noticias por ejercer violencia simbólica contra Fernández de Kirchner. Ediciones de la misma publicación habían sido cuestionadas desde el año 2010 por el mismo motivo.

"Más allá de los discursos de odio en su violencia mediática, de las operetas y noticias inventadas a los cuales los medios nacionales de comunicación nos tienen acostumbradas, esta última agrega una cuestión más a la cual denunciamos: su tapa es la representación gráfica de la violencia simbólica, necesariamente tipificada en la ley 26.485 sancionada durante su gobierno y que no tiene otro fin que la protección integral de todas las mujeres", expresaron las dirigentes.

El 1 de septiembre de 2022, Fernando Sabag Montiel trató de asesinar a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, gatillando un arma de fuego contra su cabeza.

A un año del intento de magnicidio, el responsable material del ataque y sus cómplices fueron identificados por la Justicia, aunque no hubo avances significativos en las investigaciones sobre la planificación del hecho.

Por otro lado, el atentado puso en agenda la discusión sobre el riesgo democrático que implican los discursos de odio que, en este caso, se conjugan con una acumulación de diferentes violencias relacionadas al género.

"La bala a la cabeza de Cristina, y el discurso de odio que precede a esa bala, tenemos que pensarlos, también, en términos de género. Los adjetivos, los insultos, la manera en que ha sido predicada y adjetivada la figura de Cristina, es un crimen. Son formas de violencia moral y psicológca, y eso no se ha tenido en cuenta, entonces no entiendo para que sirven las leyes", reflexionó la antropóloga Rita Segato, en diálogo con IP Noticias días después del hecho.

La discusión en las últimas décadas

Meses después del atentado, la Vicepresidenta recibió en el Senado al Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI).

Desde 1994, el organismo forma parte de la Organización de Estados Americanos (OEA) y trabaja, entre otros temas, en seguimiento y asesoría técnica para prevenir y mitigar la violencia contra las mujeres, según la definición de esta como una violación de los derechos humanos.

Además de esa y otras referencias en el derecho internacional, Argentina tiene, desde 2009, su propia normativa contra la violencia de género. Se trata de la ley 26.485, cuya última modificación se produjo en 2019.

Ese año, el espacio político liderado por la expresidenta ya advertía que la violencia sobre su figura crecía. El Frente de Mujeres e Igualdad de Género de Unidad Ciudadana repudió públicamente una tapa gráfica de la revista Noticias por ejercer violencia simbólica contra Fernández de Kirchner. Ediciones de la misma publicación habían sido cuestionadas desde el año 2010 por el mismo motivo.

"Más allá de los discursos de odio en su violencia mediática, de las operetas y noticias inventadas a los cuales los medios nacionales de comunicación nos tienen acostumbradas, esta última agrega una cuestión más a la cual denunciamos: su tapa es la representación gráfica de la violencia simbólica, necesariamente tipificada en la ley 26.485 sancionada durante su gobierno y que no tiene otro fin que la protección integral de todas las mujeres", expresaron las dirigentes.

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A un año del atentado a Cristina Kirchner: los discursos de odio y su regulación en Argentina

A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, continúan los interrogantes acerca del caso.

El ataque contra la expresidenta ocurrió el 1 de septiembre de 2022 y desde entonces se abrió el debate sobre la relación entre los discursos de odio y su distribución masiva a través de las redes sociales.

Este vínculo podría ser uno de los catalizadores por el que Fernando André Sabag Montiel, miembro activo de Jóvenes Republicanos, se acercó hasta la puerta del domicilio de Fernández de Kirchner y le gatilló con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros.

Jóvenes Republicanos es una organización política integrante del PRO y amadrinada por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Dicho grupo cargaba las redes sociales con discursos de odio hacia el oficialismo, centrados en la figura de Cristina Fernández.

Qué es un discurso de odio

Los especialistas en dialéctica y redes coinciden en catalogar al discurso de odio como una nueva modalidad de autoritarismo social. 

En el informe "Discursos de odio en Argentina", el Conicet otorga la siguiente definición: "Cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social".

Además, el Conicet realizó una encuesta con 3.140 personas mayores de 16 años, a los que le preguntaron sobre el valor de frenar los discursos de odio en la sociedad.

El resultado destacó que un 26,2% de los ciudadanos promoverían o apoyarían los discursos de odio, un 56,8% los reprobaría y un 17% se mostraría indiferente.

Regulación en Argentina

En nuestro país no existe una regulación específica para los discursos de odio en las redes sociales, pero están contemplados en regulaciones más abarcativas.

Ley 23.592 conocida como la "Ley Antidiscriminatoria", que establece sanciones para los actos discriminatorios basados en motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología política o gremial, sexo, orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, la jurisprudencia detalla la importancia de alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y la prevención de los discursos de odio sujeto a las interpretaciones y aplicaciones de estas normas.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Argentina adhiere en su Constitución Nacional, resalta en su artículo 13 el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Además, establece que este derecho puede estar sujeto a limitaciones legales en casos de protección de derechos de terceros, seguridad nacional, orden público y salud o moral públicas.

Finalmente, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó la necesidad de lograr un debate en el Congreso con el objetivo de legislar acerca de los discursos de odio.

A un año del intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, continúan los interrogantes acerca del caso.

El ataque contra la expresidenta ocurrió el 1 de septiembre de 2022 y desde entonces se abrió el debate sobre la relación entre los discursos de odio y su distribución masiva a través de las redes sociales.

Este vínculo podría ser uno de los catalizadores por el que Fernando André Sabag Montiel, miembro activo de Jóvenes Republicanos, se acercó hasta la puerta del domicilio de Fernández de Kirchner y le gatilló con una pistola Bersa calibre 7.65 milímetros.

Jóvenes Republicanos es una organización política integrante del PRO y amadrinada por la candidata a presidenta de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich. Dicho grupo cargaba las redes sociales con discursos de odio hacia el oficialismo, centrados en la figura de Cristina Fernández.

Qué es un discurso de odio

Los especialistas en dialéctica y redes coinciden en catalogar al discurso de odio como una nueva modalidad de autoritarismo social. 

En el informe "Discursos de odio en Argentina", el Conicet otorga la siguiente definición: "Cualquier tipo de discurso pronunciado en la esfera pública que procure promover, incitar o legitimar la discriminación, la deshumanización y/o la violencia hacia una persona o un grupo de personas en función de la pertenencia de las mismas a un grupo religioso, étnico, nacional, político, racial, de género o cualquier otra identidad social".

Además, el Conicet realizó una encuesta con 3.140 personas mayores de 16 años, a los que le preguntaron sobre el valor de frenar los discursos de odio en la sociedad.

El resultado destacó que un 26,2% de los ciudadanos promoverían o apoyarían los discursos de odio, un 56,8% los reprobaría y un 17% se mostraría indiferente.

Regulación en Argentina

En nuestro país no existe una regulación específica para los discursos de odio en las redes sociales, pero están contemplados en regulaciones más abarcativas.

Ley 23.592 conocida como la "Ley Antidiscriminatoria", que establece sanciones para los actos discriminatorios basados en motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología política o gremial, sexo, orientación sexual o identidad de género.

Por otro lado, la jurisprudencia detalla la importancia de alcanzar un equilibrio entre la libertad de expresión y la prevención de los discursos de odio sujeto a las interpretaciones y aplicaciones de estas normas.

Asimismo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, a la que Argentina adhiere en su Constitución Nacional, resalta en su artículo 13 el derecho a la libertad de pensamiento y expresión.

Además, establece que este derecho puede estar sujeto a limitaciones legales en casos de protección de derechos de terceros, seguridad nacional, orden público y salud o moral públicas.

Finalmente, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) expresó la necesidad de lograr un debate en el Congreso con el objetivo de legislar acerca de los discursos de odio.

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Atentado a Cristina Kirchner: Diputados habilitó que se investigue el teléfono de Gerardo Milman

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad autorizar el secuestro judicial del celular o los celulares del diputado Gerardo Milman.

El dictamen al que adhirieron oficialistas y opositores avanzó luego de que la Justicia Federal habilite la búsqueda de información relacionada al atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022.

Antes, la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo la causa original, le había negado al fiscal Carlos Rívolo investigar las comunicaciones del diputado del PRO. Por eso la querella de la expresidenta solicitó que la que Cámara de Casación revisara esa decisión.

Tras el dictamen de ese tribunal superior, Capuchetti notificó a la Cámara baja para dar lugar al procedimiento previsto en la Ley 25.320 de desafuero, el cual fue avalado por voto unánime.

El celular se investigará a casi un año del intento de magnicidio

El dictamen de comisión emitido por Diputados habilita a "acceder a la información y/o comunicaciones que los aparatos contengan, conforme a los téminos del Ministerio Público Fiscal". En ese sentido, remarca que la investigación deberá cumplir "diligencias procesales", tutelando "los derechos y garantías constitucionales".

"Esta es una situación que se debería haber resuelto hace 11 meses, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado a la Vicepresidenta de la Nación. En todo momento Milman ha mostrado una actitud absolutamente impropia de su condición de diputado", sostuvo el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.

Asimismo, recordó que Milman entregó un teléfono, pero subrayó: "no sabemos si es el que borró en la asociación civil de Patricia Bullrich o si lo compró a la tarde en Once", en referencia a una declaración judicial de Ivana Bohdziewicz, secretaria del diputado del PRO.

Por otro lado, señaló: "Milman no era cualquier diputado. Era el vicepresidente del bloque PRO, representante del sector de Patricia Bullrich, fue secretario de Seguridad, jefe de campaña y mano derecha de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio hasta que se conocieron sus vínculos con el atentado a Cristina".

La comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad autorizar el secuestro judicial del celular o los celulares del diputado Gerardo Milman.

El dictamen al que adhirieron oficialistas y opositores avanzó luego de que la Justicia Federal habilite la búsqueda de información relacionada al atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que tuvo lugar el 1 de septiembre de 2022.

Antes, la jueza María Eugenia Capuchetti, que tiene a cargo la causa original, le había negado al fiscal Carlos Rívolo investigar las comunicaciones del diputado del PRO. Por eso la querella de la expresidenta solicitó que la que Cámara de Casación revisara esa decisión.

Tras el dictamen de ese tribunal superior, Capuchetti notificó a la Cámara baja para dar lugar al procedimiento previsto en la Ley 25.320 de desafuero, el cual fue avalado por voto unánime.

El celular se investigará a casi un año del intento de magnicidio

El dictamen de comisión emitido por Diputados habilita a "acceder a la información y/o comunicaciones que los aparatos contengan, conforme a los téminos del Ministerio Público Fiscal". En ese sentido, remarca que la investigación deberá cumplir "diligencias procesales", tutelando "los derechos y garantías constitucionales".

"Esta es una situación que se debería haber resuelto hace 11 meses, inmediatamente después de que el diputado Milman fue involucrado en la investigación del atentado a la Vicepresidenta de la Nación. En todo momento Milman ha mostrado una actitud absolutamente impropia de su condición de diputado", sostuvo el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.

Asimismo, recordó que Milman entregó un teléfono, pero subrayó: "no sabemos si es el que borró en la asociación civil de Patricia Bullrich o si lo compró a la tarde en Once", en referencia a una declaración judicial de Ivana Bohdziewicz, secretaria del diputado del PRO.

Por otro lado, señaló: "Milman no era cualquier diputado. Era el vicepresidente del bloque PRO, representante del sector de Patricia Bullrich, fue secretario de Seguridad, jefe de campaña y mano derecha de la candidata a presidente de Juntos por el Cambio hasta que se conocieron sus vínculos con el atentado a Cristina".

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Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia ordenó revisar el celular de Gerardo Milman

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porteña dio lugar al pedido del fiscal Carlos Rívolo para investigar el celular del diputado Gerardo Milman.

La solicitud había sido elevada a ese tribunal por el funcionario judicial ante la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a cargo la causa por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La querella de la expresidenta repitió en varias ocasiones la demanda para avanzar con esa medida de prueba.

La sospecha en torno a Milman surgió por el testimonio del asesor legislativo Juan Pablo Abello, quien lo habría escuchado decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", en una conversación con sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, horas antes del ataque ocurrido el 1 de septiembre.

Meses después, Bohdziewicz acudió por su cuenta a la Justicia para denunciar que su jefe le había ordenado entregar su teléfono a un perito para borrar información. Según esa declaración, Milman también entregó su celular al especialista.

Qué dicen los jueces sobre la 'pista Milman'

En el fallo que habilita la apertura del teléfono de Milman, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia se manifestaron a favor de la medida solicitada por Rívolo. En ese sentido, remarcaron la necesidad de "agotar esta línea investigativa" y "descartar cualquier mínima duda al respecto".

"Ya hemos mencionado la importancia institucional del ataque a la Vicepresidenta de la Nación. Es nuestro deber jurisdiccional aclarar cualquier incertidumbre relacionada con los indicios presentes en el expediente. Esta es la vía adecuada para responder a la víctima, la sociedad y al propio diputado, quien tiene el derecho de que se aclare con certeza cualquier suposición sobre sus declaraciones y cualquier posible participación en el evento", firmaron los magistrados.

El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, se expresó en disidencia con Bertuzzi y Brugli al argumentar que la "pista Milman" no ha producido resultados y, por lo tanto, no es justificable invadir la privacidad sin evidencia concreta.

Por el momento, Milman no figura como imputado en la causa, por lo que puede decidir no entregar su dispositivo. En ese caso, la Cámara de Diputados podría iniciar un proceso de desafuero para acceder a las comunicaciones.

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal porteña dio lugar al pedido del fiscal Carlos Rívolo para investigar el celular del diputado Gerardo Milman.

La solicitud había sido elevada a ese tribunal por el funcionario judicial ante la negativa de la jueza María Eugenia Capuchetti, quien tiene a cargo la causa por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. La querella de la expresidenta repitió en varias ocasiones la demanda para avanzar con esa medida de prueba.

La sospecha en torno a Milman surgió por el testimonio del asesor legislativo Juan Pablo Abello, quien lo habría escuchado decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", en una conversación con sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e Ivana Bohdziewicz, horas antes del ataque ocurrido el 1 de septiembre.

Meses después, Bohdziewicz acudió por su cuenta a la Justicia para denunciar que su jefe le había ordenado entregar su teléfono a un perito para borrar información. Según esa declaración, Milman también entregó su celular al especialista.

Qué dicen los jueces sobre la 'pista Milman'

En el fallo que habilita la apertura del teléfono de Milman, los jueces Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia se manifestaron a favor de la medida solicitada por Rívolo. En ese sentido, remarcaron la necesidad de "agotar esta línea investigativa" y "descartar cualquier mínima duda al respecto".

"Ya hemos mencionado la importancia institucional del ataque a la Vicepresidenta de la Nación. Es nuestro deber jurisdiccional aclarar cualquier incertidumbre relacionada con los indicios presentes en el expediente. Esta es la vía adecuada para responder a la víctima, la sociedad y al propio diputado, quien tiene el derecho de que se aclare con certeza cualquier suposición sobre sus declaraciones y cualquier posible participación en el evento", firmaron los magistrados.

El tercer integrante del tribunal, Mariano Llorens, se expresó en disidencia con Bertuzzi y Brugli al argumentar que la "pista Milman" no ha producido resultados y, por lo tanto, no es justificable invadir la privacidad sin evidencia concreta.

Por el momento, Milman no figura como imputado en la causa, por lo que puede decidir no entregar su dispositivo. En ese caso, la Cámara de Diputados podría iniciar un proceso de desafuero para acceder a las comunicaciones.

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Cristina Kirchner votó en Santa Cruz: "Vamos a esperar a que opine la gente"

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, emitió su voto en el colegio N° 7 Julio Ladvocat de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Custodiada por un fuerte operativo de seguridad, la expresidenta demoró alrededor de 1 hora y 25 minutos entre la espera en la fila y el acceso al cuarto oscuro.

Al completar el sufragio, la titular del Senado dio una declaración breve ante la prensa que accedió al establecimiento y recordó al expresidente Néstor Kirchner.

"Este lugar es muy entrañable, acá votaba Néstor Kirchner. En octubre de 1991 se hizo el cierre de campaña para la primera gobernación de él. Estábamos en la Municipalidad, él era intendente, e hicimos el cierre de campaña acá. A la vuelta está nuestro estudio jurídico, que son oficinas que todavía utiliza Máximo [Kirchner]", expresó.

A continuación, consultada por un pronóstico sobre la jornada electoral por las PASO nacionales, dijo: "Es un día de muchas emociones, tal vez personales, pero así son las emociones. Vamos a esperar a que opine la gente hoy, y después nos enteramos cómo va a ser la próxima elección".

Fuerte operativo de seguridad

A semanas de que se cumpla un año del atentado contra su vida, Fernández de Kirchner acudió a votar en medio de un despliegue especial de las fuerzas de seguridad provinciales.

Según pudo constatar la corresponsalía de IP Noticias en el lugar, el operativo incluyó un cacheo al personal de prensa que acudió al Julio Ladvocat. También se tomaron precauciones respecto a la circulación de los fiscales y autoridades de mesa en el horario previsto para la llegada de la dos veces presidenta.

Asimismo, se interrumpió el tránsito por la calle principal de acceso al establecimiento educativo.

La vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, emitió su voto en el colegio N° 7 Julio Ladvocat de Río Gallegos, en la provincia de Santa Cruz. Custodiada por un fuerte operativo de seguridad, la expresidenta demoró alrededor de 1 hora y 25 minutos entre la espera en la fila y el acceso al cuarto oscuro.

Al completar el sufragio, la titular del Senado dio una declaración breve ante la prensa que accedió al establecimiento y recordó al expresidente Néstor Kirchner.

"Este lugar es muy entrañable, acá votaba Néstor Kirchner. En octubre de 1991 se hizo el cierre de campaña para la primera gobernación de él. Estábamos en la Municipalidad, él era intendente, e hicimos el cierre de campaña acá. A la vuelta está nuestro estudio jurídico, que son oficinas que todavía utiliza Máximo [Kirchner]", expresó.

A continuación, consultada por un pronóstico sobre la jornada electoral por las PASO nacionales, dijo: "Es un día de muchas emociones, tal vez personales, pero así son las emociones. Vamos a esperar a que opine la gente hoy, y después nos enteramos cómo va a ser la próxima elección".

Fuerte operativo de seguridad

A semanas de que se cumpla un año del atentado contra su vida, Fernández de Kirchner acudió a votar en medio de un despliegue especial de las fuerzas de seguridad provinciales.

Según pudo constatar la corresponsalía de IP Noticias en el lugar, el operativo incluyó un cacheo al personal de prensa que acudió al Julio Ladvocat. También se tomaron precauciones respecto a la circulación de los fiscales y autoridades de mesa en el horario previsto para la llegada de la dos veces presidenta.

Asimismo, se interrumpió el tránsito por la calle principal de acceso al establecimiento educativo.

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Atentado a CFK: la jueza Capuchetti rechazó profundizar la investigación sobre Milman

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal, Carlos Rívolo, desestimaron ordenar nuevas pruebas respecto a la "pista Milman" que relaciona al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández. 

En este marco, la magistrada no hizo lugar al planteo de la querella, que solicitó el secuestro del celular personal de Milman luego de que una exasesora del diputado declaró haber sido citada en una de las oficinas de Juntos por el Cambio para borrar información de su teléfono. 

"De momento no corresponde hacer lugar a las diligencias pedidas por las querellas", expresó el fiscal. 

Un pedido "irrazonable"

Además, la jueza a cargo de la investigación del intento de magnicidio a CFK calificó de "irrazonable" el dictado de una medida de prueba cuando el fiscal Rívolo "manifestó expresamente que el grado de convicción que asigna a las pruebas que componen la línea investigativa, no superan siquiera el exámen para realizar las medidas que le fueron propuestas". 

La querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está encabezada por los letrados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. Fueron ellos quienes reclamaron el avance de la investigación que indica una posible participación ideológica de Milman en el atentado a CFK. 

La pista Milman

En esta línea, un testigo declaró que 48 horas antes del intento de magnicidio, vio a Milman reunido con dos asesoras en el bar Casablanca frente al Congreso, y que lo escuchó decir: "Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa". 

Por otro lado, Ivana Bohdziewicz, una de las exasesoras de Milman que estuvo presente ese día en la reunión, declaró que el perito informático Jorge Adolfo Teodoro borró la información de su celular en las oficinas que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tiene sobre Avenida de Mayo. 

"Nos fuimos a Av. De Mayo 953, tercer piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón", declaró Bohdziewicz frente a la jueza. 

 

La jueza federal, María Eugenia Capuchetti y el fiscal federal, Carlos Rívolo, desestimaron ordenar nuevas pruebas respecto a la "pista Milman" que relaciona al diputado de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, en el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández. 

En este marco, la magistrada no hizo lugar al planteo de la querella, que solicitó el secuestro del celular personal de Milman luego de que una exasesora del diputado declaró haber sido citada en una de las oficinas de Juntos por el Cambio para borrar información de su teléfono. 

"De momento no corresponde hacer lugar a las diligencias pedidas por las querellas", expresó el fiscal. 

Un pedido "irrazonable"

Además, la jueza a cargo de la investigación del intento de magnicidio a CFK calificó de "irrazonable" el dictado de una medida de prueba cuando el fiscal Rívolo "manifestó expresamente que el grado de convicción que asigna a las pruebas que componen la línea investigativa, no superan siquiera el exámen para realizar las medidas que le fueron propuestas". 

La querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está encabezada por los letrados Marcos Aldazábal y José Manuel Ubeira. Fueron ellos quienes reclamaron el avance de la investigación que indica una posible participación ideológica de Milman en el atentado a CFK. 

La pista Milman

En esta línea, un testigo declaró que 48 horas antes del intento de magnicidio, vio a Milman reunido con dos asesoras en el bar Casablanca frente al Congreso, y que lo escuchó decir: "Cuando la maten, yo estoy camino a la Costa". 

Por otro lado, Ivana Bohdziewicz, una de las exasesoras de Milman que estuvo presente ese día en la reunión, declaró que el perito informático Jorge Adolfo Teodoro borró la información de su celular en las oficinas que la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tiene sobre Avenida de Mayo. 

"Nos fuimos a Av. De Mayo 953, tercer piso, oficina Patricia Bullrich, si no me equivoco, llegamos ahí, no había nadie, solo estaba Milman con el perito, cuyo nombre no recuerdo, pero era morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil, no recuerdo si estaba con bastón", declaró Bohdziewicz frente a la jueza. 

 

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Atentado a Cristina Kirchner: qué dicen los peritajes al teléfono de "Dali Revolución"

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investiga el teléfono de Lidia Margarita Casciano, referenciada con el sobrenombre "Dali Revolución" en el marco de la investigación del atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene a cargo el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Casciano fue identificada por la Justicia a fines de junio, luego de que se revisara el celular de Jonathan Morel, líder de la agrupación Revolución Federal (RF). La PSA obtuvo, mediante un allanamiento judicial, un arma 9 milímietros perteneciente a la mujer; en tanto, ella entregó voluntariamente su dispositivo móvil.

En uno de los chats revisados por los investigadores, y al que accedió Página12, "Dali" se comunica con "Gabriel Liva Tiro Federal" para consultar por clases de tiro de arma de fuego:

" ¿Hola Gabriel cuánto sale la clase y un curso para una amiga?

Hola buen día cada clase 11.000, incluye entrada, blancos, instrucción y 59 tiros de 9mm".

En el expediente figuran otros mensajes con consultas anteriores, en las cuales Casciano afirmaba contar con su propia arma. "La investigada comenta que —con anterioridad— había asistido a un curso dictado en el mismo lugar y que actualmente, asiste a clases para no perder la práctica", detalla el informe de la PSA.

Según figura en el registro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Casciano es legítima usuaria de armas y contaba con la tenencia de su pistola 9 milímetros.

Referencias al atentado y un documento de Sabag Montiel

En las primeras revisiones del celular realizadas por la PSA, y que son evaluadas por el fiscal Gerardo Pollicita se encontraron elementos que "revisten relación con el agrupamiento Revolución Federal, como así también, se observa su participación en diversas manifestaciones ajenas a la agrupación...".

Los peritos constataron, además, que Casciano guardaba videos de protestas en contra de Fernández de Kirchner en las inmediaciones del domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. También de la "Marcha de las velas", organizada por RF, en la Quinta de Olivos.

Entre otros elementos había contenidos referidos al día del atentado. Uno decía: "Feriado 2 de septiembre día de la bala perdida". Otro: "Ojalá que el VAR diga que Cristina se adelantó y lo dejen tirar de nuevo".

Por otra parte, Casciano guardaba una foto del acta de nacimiento brasileña de Fernando Sabag Montiel, el hombre que accionó la pistola contra la expresidenta el 1 de septiembre de 2022.

En los peritajes también se encontraron imágenes de situaciones en las que la mujer manipula su arma. "En la primera imagen se visualiza un arma de fuego apoyada sobre la mesa, con su retén de corredera colocado, junto a ella, se encuentra Casciano completando un almacén cargador", detalla el informe.

En otra, constatan los peritos, "se la observa colocada junto a un blanco de prueba, en donde se visualizan diversos impactos de arma de fuego".

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) investiga el teléfono de Lidia Margarita Casciano, referenciada con el sobrenombre "Dali Revolución" en el marco de la investigación del atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que tiene a cargo el juez Marcelo Martínez de Giorgi.

Casciano fue identificada por la Justicia a fines de junio, luego de que se revisara el celular de Jonathan Morel, líder de la agrupación Revolución Federal (RF). La PSA obtuvo, mediante un allanamiento judicial, un arma 9 milímietros perteneciente a la mujer; en tanto, ella entregó voluntariamente su dispositivo móvil.

En uno de los chats revisados por los investigadores, y al que accedió Página12, "Dali" se comunica con "Gabriel Liva Tiro Federal" para consultar por clases de tiro de arma de fuego:

" ¿Hola Gabriel cuánto sale la clase y un curso para una amiga?

Hola buen día cada clase 11.000, incluye entrada, blancos, instrucción y 59 tiros de 9mm".

En el expediente figuran otros mensajes con consultas anteriores, en las cuales Casciano afirmaba contar con su propia arma. "La investigada comenta que —con anterioridad— había asistido a un curso dictado en el mismo lugar y que actualmente, asiste a clases para no perder la práctica", detalla el informe de la PSA.

Según figura en el registro de la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), Casciano es legítima usuaria de armas y contaba con la tenencia de su pistola 9 milímetros.

Referencias al atentado y un documento de Sabag Montiel

En las primeras revisiones del celular realizadas por la PSA, y que son evaluadas por el fiscal Gerardo Pollicita se encontraron elementos que "revisten relación con el agrupamiento Revolución Federal, como así también, se observa su participación en diversas manifestaciones ajenas a la agrupación...".

Los peritos constataron, además, que Casciano guardaba videos de protestas en contra de Fernández de Kirchner en las inmediaciones del domicilio ubicado en el barrio porteño de Recoleta. También de la "Marcha de las velas", organizada por RF, en la Quinta de Olivos.

Entre otros elementos había contenidos referidos al día del atentado. Uno decía: "Feriado 2 de septiembre día de la bala perdida". Otro: "Ojalá que el VAR diga que Cristina se adelantó y lo dejen tirar de nuevo".

Por otra parte, Casciano guardaba una foto del acta de nacimiento brasileña de Fernando Sabag Montiel, el hombre que accionó la pistola contra la expresidenta el 1 de septiembre de 2022.

En los peritajes también se encontraron imágenes de situaciones en las que la mujer manipula su arma. "En la primera imagen se visualiza un arma de fuego apoyada sobre la mesa, con su retén de corredera colocado, junto a ella, se encuentra Casciano completando un almacén cargador", detalla el informe.

En otra, constatan los peritos, "se la observa colocada junto a un blanco de prueba, en donde se visualizan diversos impactos de arma de fuego".

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José Glinski: “Bullrich usa a la Policía para marketing”

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y actual candidato a diputado nacional por Chubut, José Glinski, analizó el clima político de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En este marco, cuestionó la política de seguridad y "mano dura" encarada por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

"Bullrich usa a la policía, no la defiende"

Al respecto de la campaña, Glinski se refirió al paso de Bullrich como ministra de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

En cada una de las escenas en las que Patricia Bullrich participó dejó más problemas de los que solucionó. Defender a la Policía no significa encubrirla. Yo no tengo ninguna duda de su política es encubrir, pero en favor propio, para hacer marketing en los medios" destacó.

"Hay que defender la labor policial"

Por otra parte, el funcionario dio sus impresiones acerca de su experiencia al mando de una fuerza federal y criticó a quienes no aprueban el rol de la Policía en la sociedad.

“Hay que defender la labor policial, amigarse con ‘la poli’. No son los malos de la película, es muy injusto para quienes están en una fuerza tener ese concepto peyorativo respecto de su labor", indicó.

Asimismo, Glinski reflexionó que la gente que la mayoría de quienes integran el cuerpo de fuerzas de seguridad es "de barrios populares".

"Es gente que convive con situaciones de violencia en su vida cotidiana más allá de sus tareas. Cobran malos sueldos y están desprotegidos en términos de derechos laborales. Cargar con ellos, que arriesgan la vida en defensa de la vida de otros o incluso la propiedad privada es injusto”, finalizó. 

"Me siento muy cómodo con Massa"

En otro orden, el candidato a diputado chubutense remarcó su buena relación con el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa“Me siento muy cómodo con Sergio, tengo una conversación habitual”, indicó para luego ampliar su apoyo hacia La Cámpora. 

“La Cámpora es la organización más importante que dio la democracia argentina, es un proyecto de poder con un programa político. Estaba entusiasmado con la idea de que Wado de Pedro sea candidato a presidente; Wado siempre fue una referencia para mi, creo mucho en su capacidad”, declaró. 

Policía, piquetes y despenalización de drogas

Consultado por el ámbito de seguridad Glinski brindó su opinión acerca de los cortes de rutas y sobre el accionar de la Policía en esas ocasiones. 

“No creo que la Policía no tenga derecho a levantar un piquete. Es raro discutir la legitimidad de un piquete mientras tengamos un 40% de pobres, sin embargo hay veces en la que es medio extorsivo y se vuelve una forma en la cual algunos sectores negocian con el Estado. Es un fenómeno que se ha acotado mucho a la Capital Federal”.

En otra línea, el director de la PSA se mostró a favor de despenalizar el consumo de drogas. Conceptualmente, no entiendo cómo el consumo de una sustancia puede ser penado”, expresó. 

Atentado a CFK

Para concluir, Glinski contestó sobre la investigación que la PSA llevó adelante por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos convencidos de que fue violada la cadena de custodia del teléfono. Recibimos el sobre abierto con el teléfono encendido. De ahí en adelante hicimos todas las tareas investigativas. Hay dudas también sobre el accionar del juzgado. Yo confío en lo que dicen los colegas de la Federal, que cerró el sobre y lo entregó al juzgado”, resaltó. 

En este marco, el funcionario agregó: “El intento de homicidio a Cristina (Fernández de Kirchner) tiene que ser considerado un acto terrorista. La hipótesis de trabajo para investigar eso tendría que haber sido la de un atentado terrorista porque tiene fines políticos”. 

Identidades, conducido por Mariana Verón, se transmite todos los sábados a las 21:00 por la pantalla de IP.

El director nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y actual candidato a diputado nacional por Chubut, José Glinski, analizó el clima político de cara a las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) del 13 de agosto.

En este marco, cuestionó la política de seguridad y "mano dura" encarada por la precandidata presidencial de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich

"Bullrich usa a la policía, no la defiende"

Al respecto de la campaña, Glinski se refirió al paso de Bullrich como ministra de Seguridad durante el gobierno del expresidente Mauricio Macri.

En cada una de las escenas en las que Patricia Bullrich participó dejó más problemas de los que solucionó. Defender a la Policía no significa encubrirla. Yo no tengo ninguna duda de su política es encubrir, pero en favor propio, para hacer marketing en los medios" destacó.

"Hay que defender la labor policial"

Por otra parte, el funcionario dio sus impresiones acerca de su experiencia al mando de una fuerza federal y criticó a quienes no aprueban el rol de la Policía en la sociedad.

“Hay que defender la labor policial, amigarse con ‘la poli’. No son los malos de la película, es muy injusto para quienes están en una fuerza tener ese concepto peyorativo respecto de su labor", indicó.

Asimismo, Glinski reflexionó que la gente que la mayoría de quienes integran el cuerpo de fuerzas de seguridad es "de barrios populares".

"Es gente que convive con situaciones de violencia en su vida cotidiana más allá de sus tareas. Cobran malos sueldos y están desprotegidos en términos de derechos laborales. Cargar con ellos, que arriesgan la vida en defensa de la vida de otros o incluso la propiedad privada es injusto”, finalizó. 

"Me siento muy cómodo con Massa"

En otro orden, el candidato a diputado chubutense remarcó su buena relación con el ministro de Economía y precandidato presidencial, Sergio Massa“Me siento muy cómodo con Sergio, tengo una conversación habitual”, indicó para luego ampliar su apoyo hacia La Cámpora. 

“La Cámpora es la organización más importante que dio la democracia argentina, es un proyecto de poder con un programa político. Estaba entusiasmado con la idea de que Wado de Pedro sea candidato a presidente; Wado siempre fue una referencia para mi, creo mucho en su capacidad”, declaró. 

Policía, piquetes y despenalización de drogas

Consultado por el ámbito de seguridad Glinski brindó su opinión acerca de los cortes de rutas y sobre el accionar de la Policía en esas ocasiones. 

“No creo que la Policía no tenga derecho a levantar un piquete. Es raro discutir la legitimidad de un piquete mientras tengamos un 40% de pobres, sin embargo hay veces en la que es medio extorsivo y se vuelve una forma en la cual algunos sectores negocian con el Estado. Es un fenómeno que se ha acotado mucho a la Capital Federal”.

En otra línea, el director de la PSA se mostró a favor de despenalizar el consumo de drogas. Conceptualmente, no entiendo cómo el consumo de una sustancia puede ser penado”, expresó. 

Atentado a CFK

Para concluir, Glinski contestó sobre la investigación que la PSA llevó adelante por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

“Estamos convencidos de que fue violada la cadena de custodia del teléfono. Recibimos el sobre abierto con el teléfono encendido. De ahí en adelante hicimos todas las tareas investigativas. Hay dudas también sobre el accionar del juzgado. Yo confío en lo que dicen los colegas de la Federal, que cerró el sobre y lo entregó al juzgado”, resaltó. 

En este marco, el funcionario agregó: “El intento de homicidio a Cristina (Fernández de Kirchner) tiene que ser considerado un acto terrorista. La hipótesis de trabajo para investigar eso tendría que haber sido la de un atentado terrorista porque tiene fines políticos”. 

Identidades, conducido por Mariana Verón, se transmite todos los sábados a las 21:00 por la pantalla de IP.

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Identificaron a "Dali Revolución", la mujer que ofreció un arma para matar a Cristina Kirchner

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el domicilio de Lidia Margarita Casciano, conocida como "Dali Revolución" en la investigación judicial sobre el posible rol de la agrupación Revolución Federal (RF) en la organización del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La mujer de 66 años figura agendada con ese seudónimo en el celular del líder de RF, Jonathan Morel. Según consta en el expediente, Casciano ofreció su pistola 9 milímetros en conversaciones donde ambos mencionaban que "había que matar" a la expresidenta. El arma fue secuestrada por la PSA en el operativo.

Asimismo, se comprobó que "Dali" está inscripta en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), como legítima usuaria de armas de fuego.

Los mensajes que incriminan a Casciano

La sospecha sobre Casciano se sostiene fundamentalmente en mensajes violentos, de los que tomó conocimiento el fiscal Gerardo Pollicita al revisar las comunicaciones de Morel. Los chats se descubrieron meses atrás, pero recién en mayo se encontraron señales de un nexo concreto con el intento de magnicidio.

El 22 de julio de 2022, "Dali Revolución" planteó que "lo único que falta es que la convirtamos en mártir a esta hija de remil putas", en un grupo de Whatsapp donde se compartían imágenes de una manifestación de RF en el Instituto Patria.

A eso agregó: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan". 

El 25 de julio, los integrantes de ese grupo de chat debatían si asistir al predio La Rural a "defender al campo". Casciano propuso: "Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo gas pimienta".

El 22 de agosto, día del último alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, Morel instó a abandonar "el enfoque pacifista" y convocó a una movilización con antorchas y la consigna "que tengan miedo de ser K" para el día siguiente.

El 25 de agosto, el líder de RF compartió videos de la militancia reunida en apoyo a Fernández de Kirchner afuera de su departamento. Morel mismo escribió "Hay que matarla", mientras que "Dali Revolución" envió "Una granada ahí (...) mi límite es la 9 mm que tengo".

El 27 de agosto, Casciano se comunicó en privado con Morel: "Yo no estoy en el grupo pero costa (contá) conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm", le ofreció. Esa noche, Fernando Sabag Montiel estuvo en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner. Cuatro días después, intentó matarla.

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) allanó el domicilio de Lidia Margarita Casciano, conocida como "Dali Revolución" en la investigación judicial sobre el posible rol de la agrupación Revolución Federal (RF) en la organización del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La mujer de 66 años figura agendada con ese seudónimo en el celular del líder de RF, Jonathan Morel. Según consta en el expediente, Casciano ofreció su pistola 9 milímetros en conversaciones donde ambos mencionaban que "había que matar" a la expresidenta. El arma fue secuestrada por la PSA en el operativo.

Asimismo, se comprobó que "Dali" está inscripta en la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), como legítima usuaria de armas de fuego.

Los mensajes que incriminan a Casciano

La sospecha sobre Casciano se sostiene fundamentalmente en mensajes violentos, de los que tomó conocimiento el fiscal Gerardo Pollicita al revisar las comunicaciones de Morel. Los chats se descubrieron meses atrás, pero recién en mayo se encontraron señales de un nexo concreto con el intento de magnicidio.

El 22 de julio de 2022, "Dali Revolución" planteó que "lo único que falta es que la convirtamos en mártir a esta hija de remil putas", en un grupo de Whatsapp donde se compartían imágenes de una manifestación de RF en el Instituto Patria.

A eso agregó: "Lo que fue agresivo fue el mensaje de amenaza de muerte (...) que no es una mala idea tengo una 9 mm cualquier cosa me avisan". 

El 25 de julio, los integrantes de ese grupo de chat debatían si asistir al predio La Rural a "defender al campo". Casciano propuso: "Tengo una 9 mm y el mástil de la bandera y tengo gas pimienta".

El 22 de agosto, día del último alegato del fiscal Diego Luciani en la causa Vialidad, Morel instó a abandonar "el enfoque pacifista" y convocó a una movilización con antorchas y la consigna "que tengan miedo de ser K" para el día siguiente.

El 25 de agosto, el líder de RF compartió videos de la militancia reunida en apoyo a Fernández de Kirchner afuera de su departamento. Morel mismo escribió "Hay que matarla", mientras que "Dali Revolución" envió "Una granada ahí (...) mi límite es la 9 mm que tengo".

El 27 de agosto, Casciano se comunicó en privado con Morel: "Yo no estoy en el grupo pero costa (contá) conmigo la actividad bala tengo unas ganas de usar mi 9 mm", le ofreció. Esa noche, Fernando Sabag Montiel estuvo en las inmediaciones del domicilio de Cristina Kirchner. Cuatro días después, intentó matarla.

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Atentado a Cristina Kirchner: avanza el pedido para investigar el celular de Gerardo Milman

La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la defensa del diputado Gerardo Milman para postergar una audiencia en la que se decidirá por investigar o no su teléfono celular.

La solicitud para que se revise el dispositivo del legislador fue elevada por la querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa judicial que investiga el atentado contra su vida. El fin es comprobar si Milman mantuvo comunicaciones vinculadas a la planificación del intento de magnicidio.

"Hágase saber al doctor (Manuel) Barros, letrado defensor del señor Gerardo Milman, que la audiencia habrá de llevarse a cabo el 22 del corriente mes a las 10 horas, de manera presencial, en la sede de este Tribunal. Así, teniendo en cuenta la fecha en la que el letrado aceptó el cargo en estas actuaciones, a la prórroga solicitada, no ha lugar”, resolvió el juez del tribunal de apelaciones Pablo Bertuzzi.

La sospecha en torno a su posible participación surgió por el testimonio del asesor legislativo Juan Pablo Abello, quien habría escuchado a Milman decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", en una conversación con sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e e Ivana Bohdziewicz, horas antes del ataque.

Meses después, Bohdziewicz acudió por su cuenta a la Justicia para denunciar que su jefe le había ordenado entregar su teléfono a un perito para borrar información.

La decisión de mantener la audiencia

El 24 de mayo, el tribunal de apelaciones que integran los jueces Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia convocó a la audiencia para el 22 de junio.

Esa resolución respondió a la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo, luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara los pedidos para investigar las comunicaciones de Milman.

El reclamo de Rívolo fue validado por el fiscal ante la Cámara Federal de apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, quien consideró que la medida de prueba es necesaria para "determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo", en referencia a las declaraciones de Abello y Bohdziewicz.

"Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal. No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman" sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

La Sala I de la Cámara Federal porteña rechazó un pedido de la defensa del diputado Gerardo Milman para postergar una audiencia en la que se decidirá por investigar o no su teléfono celular.

La solicitud para que se revise el dispositivo del legislador fue elevada por la querella de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa judicial que investiga el atentado contra su vida. El fin es comprobar si Milman mantuvo comunicaciones vinculadas a la planificación del intento de magnicidio.

"Hágase saber al doctor (Manuel) Barros, letrado defensor del señor Gerardo Milman, que la audiencia habrá de llevarse a cabo el 22 del corriente mes a las 10 horas, de manera presencial, en la sede de este Tribunal. Así, teniendo en cuenta la fecha en la que el letrado aceptó el cargo en estas actuaciones, a la prórroga solicitada, no ha lugar”, resolvió el juez del tribunal de apelaciones Pablo Bertuzzi.

La sospecha en torno a su posible participación surgió por el testimonio del asesor legislativo Juan Pablo Abello, quien habría escuchado a Milman decir "cuando la maten yo estoy camino a la costa", en una conversación con sus asesoras, Carolina Gómez Mónaco e e Ivana Bohdziewicz, horas antes del ataque.

Meses después, Bohdziewicz acudió por su cuenta a la Justicia para denunciar que su jefe le había ordenado entregar su teléfono a un perito para borrar información.

La decisión de mantener la audiencia

El 24 de mayo, el tribunal de apelaciones que integran los jueces Bertuzzi, Mariano Llorens y Leopoldo Bruglia convocó a la audiencia para el 22 de junio.

Esa resolución respondió a la apelación presentada por el fiscal Carlos Rívolo, luego de que la jueza María Eugenia Capuchetti rechazara los pedidos para investigar las comunicaciones de Milman.

El reclamo de Rívolo fue validado por el fiscal ante la Cámara Federal de apelaciones, José Luis Agüero Iturbe, quien consideró que la medida de prueba es necesaria para "determinar si el señor Diputado Nacional se encuentra efectivamente vinculado al hecho según los términos de las testimoniales incorporadas al legajo", en referencia a las declaraciones de Abello y Bohdziewicz.

"Es menester señalar que lo requerido tiene el carácter de pertinente y conducente, en atención a la gravedad del hecho investigado y a la vinculación del mencionado al objeto procesal. No existe otra vía alternativa para obtener la información de su celular y determinar la intervención o no del señor Milman" sostuvo el representante del Ministerio Público Fiscal ante el tribunal de apelaciones.

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Elevaron a juicio oral la causa por el atentado a Cristina Fernández de Kirchner

La jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La misma recayó en el Tribunal Oral Federal N°6, que por el momento no tiene ningún juez titular, y tiene como imputados y detenidos a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

"Se impone un rápido avance a la siguiente etapa", sostuvo Capuchetti en el escrito donde rechazó el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que se continúe con la investigación.

"Teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones", explicó.

El intento de magnicidio

El pasado 1 de septiembre de 2022, cuando la vicepresidena llegó a su casa en el barrio porteño de Recoleta, Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma y gatilló al menos una vez. El disparo no salió porque las balas no estaban en la recámara.

Sabag Montiel permanece bajo prisión en la cárcel de Ezeiza desde la noche del 1 de septiembre. Días después, la Justicia detuvo a Brenda Uliarte, imputada como coautora del hecho, y a Nicolas Carrizo, imputado como partícipe necesario.

CFK repudió el pedido de elevación a juicio oral

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo por su accionar en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra.

Luego de que Rívolo pidiera elevar a juicio oral a los acusados de intentar asesinar a la expresidenta, Fernández de Kirchner consideró que el fiscal "omite por completo" las líneas de investigación "que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", afirmó.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti elevó a juicio oral la causa por el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La misma recayó en el Tribunal Oral Federal N°6, que por el momento no tiene ningún juez titular, y tiene como imputados y detenidos a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo.

"Se impone un rápido avance a la siguiente etapa", sostuvo Capuchetti en el escrito donde rechazó el pedido de la defensa de Fernández de Kirchner para que se continúe con la investigación.

"Teniendo en cuenta que las últimas diligencias probatorias que se han venido sustanciando no se relacionan estrictamente a la participación de los tres procesados. Ello, leído de forma armónica con lo puesto de resalto en los apartados que anteceden, imponen el pronto avance de las actuaciones", explicó.

El intento de magnicidio

El pasado 1 de septiembre de 2022, cuando la vicepresidena llegó a su casa en el barrio porteño de Recoleta, Fernando Sabag Montiel le apuntó con un arma y gatilló al menos una vez. El disparo no salió porque las balas no estaban en la recámara.

Sabag Montiel permanece bajo prisión en la cárcel de Ezeiza desde la noche del 1 de septiembre. Días después, la Justicia detuvo a Brenda Uliarte, imputada como coautora del hecho, y a Nicolas Carrizo, imputado como partícipe necesario.

CFK repudió el pedido de elevación a juicio oral

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo por su accionar en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra.

Luego de que Rívolo pidiera elevar a juicio oral a los acusados de intentar asesinar a la expresidenta, Fernández de Kirchner consideró que el fiscal "omite por completo" las líneas de investigación "que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", afirmó.

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Atentado a CFK: Brenda Uliarte designó a Carlos Telleldín como abogado

Brenda Uliarte, detenida por el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, nombró a Carlos Telleldín como su abogado defensor.

De esta manera, la acusada por el atentado a CFK cambió al letrado oficial Gustavo Kollman por Telleldín, conocido como exreducidor de autos implicado en la causa AMIA, quien finalizó la carrera de abogacía en prisión. 

Cambio en la defensa

Fuentes judiciales detallaron que la decisión de Uliarte se dio luego de un episodio nervioso que sufrió en el patio del Servicio Penitenciario General, en la unidad del Pabellón 8 de Ezeiza. La acusada estaba por ser trasladada para Tribunales, donde también iría su pareja, Fernando Sabag Montiel, quien disparó el arma el día del atentado.

Testigos del hecho indicaron que Uliarte empezó a empujar un caño de las duchas del patio mientras gritaba. En ese contexto, una de las celadoras se acercó para calmarla y le dijo que estaba en ese estado porque se enteró que iban a trasladarla a los tribunales de San Martín, donde vería a Sabag Montiel.

Luego, se disculpó por su conducta y más tarde envió un escrito con su firma a la jueza María Eugenia Capuchetti con la decisión de cambiar a Kollman por Telleldín.

Además, la Justicia destacó que la causa está a punto de ser elevada a juicio oral donde Uliarte está acusada de ser coautora del intento de magnicidio contra CKF. 

Quién es Telleldín

El nuevo abogado defensor de Brenda Uliarte, Carlos Telleldín, es conocido por haber sido un exreducidor de autos usados de dudosa procedencia.

Fue el único detenido en la causa AMIA, por comprobarse que vendió la camioneta con la que se realizó el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.

En julio de 1996, Telleldín imputó en el atentado de la AMIA a policías bonaerenses pero se comprobó que su testimonio era falso y que había cobrado 400 mil dólares por su declaración.

Durante su estadía en la cárcel, Telleldín estudió y se recibió de abogado. También fue encontrado culpable de encubrimiento en la investigación de la AMIA y en 2020 la Justicia decidió absolverlo.

En este contexto, el acusado inició una causa contra el Estado por privación ilegítima de la libertad durante los diez años que estuvo preso, por 70 millones de pesos, la que ganó en junio de 2021.

Brenda Uliarte, detenida por el intento de asesinato a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, nombró a Carlos Telleldín como su abogado defensor.

De esta manera, la acusada por el atentado a CFK cambió al letrado oficial Gustavo Kollman por Telleldín, conocido como exreducidor de autos implicado en la causa AMIA, quien finalizó la carrera de abogacía en prisión. 

Cambio en la defensa

Fuentes judiciales detallaron que la decisión de Uliarte se dio luego de un episodio nervioso que sufrió en el patio del Servicio Penitenciario General, en la unidad del Pabellón 8 de Ezeiza. La acusada estaba por ser trasladada para Tribunales, donde también iría su pareja, Fernando Sabag Montiel, quien disparó el arma el día del atentado.

Testigos del hecho indicaron que Uliarte empezó a empujar un caño de las duchas del patio mientras gritaba. En ese contexto, una de las celadoras se acercó para calmarla y le dijo que estaba en ese estado porque se enteró que iban a trasladarla a los tribunales de San Martín, donde vería a Sabag Montiel.

Luego, se disculpó por su conducta y más tarde envió un escrito con su firma a la jueza María Eugenia Capuchetti con la decisión de cambiar a Kollman por Telleldín.

Además, la Justicia destacó que la causa está a punto de ser elevada a juicio oral donde Uliarte está acusada de ser coautora del intento de magnicidio contra CKF. 

Quién es Telleldín

El nuevo abogado defensor de Brenda Uliarte, Carlos Telleldín, es conocido por haber sido un exreducidor de autos usados de dudosa procedencia.

Fue el único detenido en la causa AMIA, por comprobarse que vendió la camioneta con la que se realizó el atentado a la Asociación Mutual Israelita Argentina, el 18 de julio de 1994.

En julio de 1996, Telleldín imputó en el atentado de la AMIA a policías bonaerenses pero se comprobó que su testimonio era falso y que había cobrado 400 mil dólares por su declaración.

Durante su estadía en la cárcel, Telleldín estudió y se recibió de abogado. También fue encontrado culpable de encubrimiento en la investigación de la AMIA y en 2020 la Justicia decidió absolverlo.

En este contexto, el acusado inició una causa contra el Estado por privación ilegítima de la libertad durante los diez años que estuvo preso, por 70 millones de pesos, la que ganó en junio de 2021.

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Atentado a Cristina Kirchner: acusan a la fiscalía de filtrar información a Milman

La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la recusación de la fiscalía que interviene en la investigación por el intento de magnicidio a CFK.

El pedido fue realizado a la Cámara Federal por el abogado Marcos Aldazábal, quien denunció una posible filtración de información clasificada de la causa a los abogados del diputado Gerardo Milman. 

La denuncia

El letrado defensor de Cristina Fernández publicó en Twitter la denuncia que presentó contra la fiscalía, con la acusación de brindar "información al abogado de una persona sospechada" y de poner "en riesgo" a una testigo de la causa.

En el detalle de la misma, el abogado se explayó sobre los motivos de la presentación, argumentando que la fiscalía tuvo acceso por 24 horas de manera exclusiva a la declaración de la testigo Ivana Bohdziewicz,.

Luego de su declaración, la testigo comenzó a recibir mensajes intimidantes de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, quien parecía estar al tanto de la ampliación de la denuncia contra el diputado de Juntos por el Cambio, a pesar de que la causa estaba bajo secreto de sumario. 

En este contexto, Aldazábal explicó: "El 2/5 a las 13:18, una de las asesoras de Milman, Ivana B., presentó un escrito en la Fiscalía para ampliar su declaración. La Fiscalía subió el escrito al expediente el 3/5 a las 13:18", indicó y concluyó: "Ergo, por 24 horas sólo lo tenía la Fiscalía". 

"El 5/5 Ivana B. pidió que le tomen la declaración urgente: desde el día en que se había pedido ampliar su testimonio había comenzado a recibir mensajes sospechosos de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco (ex Dir. de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Nación)", manifestó la defensa. 

En esta línea, la defensa de CFK agregó que "a las 21:43 del 2/5, G. Mónaco le reenvió un audio en el que un abogado ('Diego') le avisaba que Ivana B. quería ampliar su declaración" y manifestó que "esto quiere decir que, antes de que la Fiscalía subiera el escrito a la causa, un abogado allegado a Milman sabía de su existencia". 

Recusación y críticas a Capuchetti

Además, Aldazábal detalló que "la recusación es una herramienta para preservar la imparcialidad, un valor central para la justicia. Para apartar a un juez/fiscal lo que se requieren son "razones legitimas" para dudar de su imparcialidad (objetividad en caso de fiscales)".

Con estos argumentos, la defensa de CFK también criticó el accionar de la jueza, María Eugenia Capuchetti, quien "rechazó la recusación a Rívolo (Carlos, fiscal a cargo) sin siquiera darle trámite, es decir, sin llamarlo a que explique qué pasó". 

"Para ella, no tiene importancia que un abogado ajeno a la causa y cercano a personas sospechadas conozca un escrito antes que las partes", manifestó el letrado. 

La defensa de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, solicitó la recusación de la fiscalía que interviene en la investigación por el intento de magnicidio a CFK.

El pedido fue realizado a la Cámara Federal por el abogado Marcos Aldazábal, quien denunció una posible filtración de información clasificada de la causa a los abogados del diputado Gerardo Milman. 

La denuncia

El letrado defensor de Cristina Fernández publicó en Twitter la denuncia que presentó contra la fiscalía, con la acusación de brindar "información al abogado de una persona sospechada" y de poner "en riesgo" a una testigo de la causa.

En el detalle de la misma, el abogado se explayó sobre los motivos de la presentación, argumentando que la fiscalía tuvo acceso por 24 horas de manera exclusiva a la declaración de la testigo Ivana Bohdziewicz,.

Luego de su declaración, la testigo comenzó a recibir mensajes intimidantes de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco, quien parecía estar al tanto de la ampliación de la denuncia contra el diputado de Juntos por el Cambio, a pesar de que la causa estaba bajo secreto de sumario. 

En este contexto, Aldazábal explicó: "El 2/5 a las 13:18, una de las asesoras de Milman, Ivana B., presentó un escrito en la Fiscalía para ampliar su declaración. La Fiscalía subió el escrito al expediente el 3/5 a las 13:18", indicó y concluyó: "Ergo, por 24 horas sólo lo tenía la Fiscalía". 

"El 5/5 Ivana B. pidió que le tomen la declaración urgente: desde el día en que se había pedido ampliar su testimonio había comenzado a recibir mensajes sospechosos de la otra asesora de Milman, Carolina Gómez Mónaco (ex Dir. de la Escuela de Inteligencia Criminal de la Nación)", manifestó la defensa. 

En esta línea, la defensa de CFK agregó que "a las 21:43 del 2/5, G. Mónaco le reenvió un audio en el que un abogado ('Diego') le avisaba que Ivana B. quería ampliar su declaración" y manifestó que "esto quiere decir que, antes de que la Fiscalía subiera el escrito a la causa, un abogado allegado a Milman sabía de su existencia". 

Recusación y críticas a Capuchetti

Además, Aldazábal detalló que "la recusación es una herramienta para preservar la imparcialidad, un valor central para la justicia. Para apartar a un juez/fiscal lo que se requieren son "razones legitimas" para dudar de su imparcialidad (objetividad en caso de fiscales)".

Con estos argumentos, la defensa de CFK también criticó el accionar de la jueza, María Eugenia Capuchetti, quien "rechazó la recusación a Rívolo (Carlos, fiscal a cargo) sin siquiera darle trámite, es decir, sin llamarlo a que explique qué pasó". 

"Para ella, no tiene importancia que un abogado ajeno a la causa y cercano a personas sospechadas conozca un escrito antes que las partes", manifestó el letrado. 

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Milman se presentó en la causa por el atentado a Cristina Kirchner

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se presentó voluntariamente a la Justicia en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de no estar imputado en la investigación judicial, el exjefe de campaña de la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, se apersonó en los tribunales de Comodoro Py y nombró a un abogado defensor.

Fuentes del caso detallaron que la posible estrategia de Milman sería tener acceso al expediente por medio de su defensa. Asimismo, el diputado es aludido en la investigación por un testigo que dice haberlo escuchado mencionar el atentado antes de que ocurra, en un bar frente al Congreso Nacional.

La decisión de Milman

Fuentes judiciales también destacaron que Milman podría ingresar a la causa como "autoimputado", por su presentación voluntaria.

"Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)", indicó el diputado de JxC. 

En caso de que la jueza María Eugenia Capuchetti acepte la presentación, Milman tendría acceso al expediente que lo menciona. Además, el 22 de junio, la Cámara Federal porteña decidirá si secuestra el celular del diputado para realizar un peritaje. 

Sin cruces entre Milman y Los Copitos

Por otro lado, la magistrada a cargo de la causa habilitó el entrecruzamiento de llamadas entre los celulares de Milman con los acusados del atentado, conocidos como la banda de Los Copitos. Entre ellos, se encuentran quien apretó el gatillo contra CFK, Fernando Sabag Montiel; su novia, Brenda Uliarte; y un partícipe secundario llamado Nicolás Carrizo junto con Agustina Díaz, quien era amiga de la pareja de Montiel. 

En la investigación de los llamados, se cruzaron los teléfonos de Los Copitos, uno de Milman, y tres de sus secretarias en aquel momento: Carolina Gómez Mónaco (dos líneas) e Ivana Bohdziewicz. 

Luego del peritaje, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, certificó que no hubo cruces entre la banda que atentó contra la Vicepresidenta y Milman o sus secretarias, entre el 1 de agosto al 2 de septiembre del 2022.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio Gerardo Milman se presentó voluntariamente a la Justicia en la causa que investiga el intento de magnicidio contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

A pesar de no estar imputado en la investigación judicial, el exjefe de campaña de la precandidata presidencial de JxC, Patricia Bullrich, se apersonó en los tribunales de Comodoro Py y nombró a un abogado defensor.

Fuentes del caso detallaron que la posible estrategia de Milman sería tener acceso al expediente por medio de su defensa. Asimismo, el diputado es aludido en la investigación por un testigo que dice haberlo escuchado mencionar el atentado antes de que ocurra, en un bar frente al Congreso Nacional.

La decisión de Milman

Fuentes judiciales también destacaron que Milman podría ingresar a la causa como "autoimputado", por su presentación voluntaria.

"Oportunamente, y sin perjuicio de destacar mi ajenidad absoluta en el hecho que aquí se investiga, teniendo en cuenta que durante el curso de la investigación, en forma sistemática, se viene intentando vincularme de algún modo con la comisión de tal suceso, me presenté en autos a estar a derecho y designé abogado defensor de mi confianza frente a las acusaciones disparatadas, pero acusaciones al fin, que la querella viene formulando en este expediente (y también en forma pública)", indicó el diputado de JxC. 

En caso de que la jueza María Eugenia Capuchetti acepte la presentación, Milman tendría acceso al expediente que lo menciona. Además, el 22 de junio, la Cámara Federal porteña decidirá si secuestra el celular del diputado para realizar un peritaje. 

Sin cruces entre Milman y Los Copitos

Por otro lado, la magistrada a cargo de la causa habilitó el entrecruzamiento de llamadas entre los celulares de Milman con los acusados del atentado, conocidos como la banda de Los Copitos. Entre ellos, se encuentran quien apretó el gatillo contra CFK, Fernando Sabag Montiel; su novia, Brenda Uliarte; y un partícipe secundario llamado Nicolás Carrizo junto con Agustina Díaz, quien era amiga de la pareja de Montiel. 

En la investigación de los llamados, se cruzaron los teléfonos de Los Copitos, uno de Milman, y tres de sus secretarias en aquel momento: Carolina Gómez Mónaco (dos líneas) e Ivana Bohdziewicz. 

Luego del peritaje, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado del Poder Judicial, certificó que no hubo cruces entre la banda que atentó contra la Vicepresidenta y Milman o sus secretarias, entre el 1 de agosto al 2 de septiembre del 2022.

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Axel Kicillof: "Si sufro un atentado no se va a investigar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue increpado por una mujer que se le acercó mientras encabezaba un acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad de Brandsen.

En el video, el momento de tensión por la seguridad del mandatario.

La mujer caminó por el costado derecho del escenario y se detuvo muy cerca del gobernador para hacerle un reclamo. Primero se dirigió a él de manera calma, a lo que Kicillof respondió "gracias" y le dio la mano. Después, cuando el personal de seguridad intervino en la escena, comenzó a gritar y actuar de forma violenta.

Mientras los guardias la retiraban, vociferó "No hay hospitales, no tenemos seguridad" y "los chicos no aprenden nada en el colegio". La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y la jefa de Gabinete, Jesica Rey, que acompañaban al gobernador en la actividad, atendieron a la mujer para recibir el reclamo.

"Era gritar por gritar. En ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual. Finalmente, después de varios minutos intentando dialogar, dijo que se iba. Tampoco quiso esperar cuando se le aclaró que no tenía problemas el gobernador en atenderla", detallaron.

La palabra de Kicillof

Al finalizar la actividad, el dirigente del Frente de Todos advirtió sobre la posibilidad de sufrir un ataque y recordó las trabas judiciales que afectan las investigaciones por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea crítica con funcionarios del Poder Judicial, hizo un comentario sobre los fallos recientes de la Corte Suprema respecto a las elecciones en Tucumán y San Juan.

"Obviamente, después de lo que ocurrió en nuestro país, yo sé que si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar. Hay una parte de la Justicia que es un partido judicial, que cuando las cosas le pasan al peronismo no las investigan, y evidentemente ahora también se meten en las fechas de las elecciones provinciales y en la distribución de los recursos", sostuvo Kicillof.

Y agregó: "Mi preocupación es esa, no la gente. Con la gente estoy hablando y caminando así como me ven, en todos lados, no hay ningún problema".

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, fue increpado por una mujer que se le acercó mientras encabezaba un acto de entrega de escrituras a vecinos de la localidad de Brandsen.

En el video, el momento de tensión por la seguridad del mandatario.

La mujer caminó por el costado derecho del escenario y se detuvo muy cerca del gobernador para hacerle un reclamo. Primero se dirigió a él de manera calma, a lo que Kicillof respondió "gracias" y le dio la mano. Después, cuando el personal de seguridad intervino en la escena, comenzó a gritar y actuar de forma violenta.

Mientras los guardias la retiraban, vociferó "No hay hospitales, no tenemos seguridad" y "los chicos no aprenden nada en el colegio". La ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez, y la jefa de Gabinete, Jesica Rey, que acompañaban al gobernador en la actividad, atendieron a la mujer para recibir el reclamo.

"Era gritar por gritar. En ningún momento quiso decir si tenía algún problema puntual. Finalmente, después de varios minutos intentando dialogar, dijo que se iba. Tampoco quiso esperar cuando se le aclaró que no tenía problemas el gobernador en atenderla", detallaron.

La palabra de Kicillof

Al finalizar la actividad, el dirigente del Frente de Todos advirtió sobre la posibilidad de sufrir un ataque y recordó las trabas judiciales que afectan las investigaciones por el intento de magnicidio a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En esa línea crítica con funcionarios del Poder Judicial, hizo un comentario sobre los fallos recientes de la Corte Suprema respecto a las elecciones en Tucumán y San Juan.

"Obviamente, después de lo que ocurrió en nuestro país, yo sé que si sufro un atentado me puede pasar lo de Cristina, que ni siquiera se va a investigar. Hay una parte de la Justicia que es un partido judicial, que cuando las cosas le pasan al peronismo no las investigan, y evidentemente ahora también se meten en las fechas de las elecciones provinciales y en la distribución de los recursos", sostuvo Kicillof.

Y agregó: "Mi preocupación es esa, no la gente. Con la gente estoy hablando y caminando así como me ven, en todos lados, no hay ningún problema".

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Atentado a Cristina Kirchner: Juan Grabois reveló nueva información sobre Revolución Federal

El dirigente social y precandidato a presidente, Juan Grabois, compartió avances de la investigación que inició como querellante en la causa judicial sobre las actividades de la organización Revolución Federal (RF). 

El grupo habría estado involucrado en el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, se lo investiga por amenazas y actos de violencia en un expediente separado del abierto contra los autores materiales del atentado, que fue recientemente elevado a juicio oral.

A través de una publicación en sus redes sociales, Grabois compartió "pruebas que demuestran el rol de RF en una organización más compleja, además de la conexidad entre esta causa y la del atentado".

El elemento principal, aseguró, es "la revelación de la identidad del sujeto identificado en el expediente como 'Dali Revolución'". Según detalló, esa persona ofreció, dos días del ataque, un arma para asesinar a la Vicepresidenta.

La integrante oculta de Revolución Federal

El líder del MTE señaló que "Dali Revolución" no es una persona sino dos, que figuraban agendadas con dos números distintos pero el mismo nombre en el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Asimismo, se registraron conversaciones con Brenda Uliarte "en más de una ocasión". 

En el expediente se le atribuyen expresiones como "yo no estoy en el grupo pero contá conmigo" y "tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros", en comunicaciones vinculadas a la vigilancia del Instituto Patria y la vivienda de la expresidenta en Recoleta. 

"Una es Angelica Dalila Monti, otra es Lidia Margarita Casiano. Bochornosamente, ninguna está imputada porque la fiscalía 11 'no logró' identificarlas en ocho meses. ¿Negligencia o complicidad? Lidia Margarita Casiano es quien ofreció un arma de fuego para matar a CFK pocos días antes del atentado acaecido el 1/9, más precisamente el 27/8", detalló Grabois.

Monti es oriunda de Paraná, Entre Ríos, y se encontraba en compañía del líder de RF, Jonathan Morel, cuando este fue detenido en Entre Ríos.

"La identificación de Casiano es clave porque la oferta de un arma homicida pocos días antes del atentado constituye un nexo incuestionable entre ambas causas que obliga a unificarlas e investigarlas debidamente", agregó el querellante.

La conexión entre causas judiciales

Al reclamo por la negación a los pedidos de unificar la investigación, Grabois agregó que el fiscal Gerardo Pollicita "no ha concretado las medidas de prueba solicitadas" para revisar "el financiamiento millonario de RF por parte de la Familia Caputo".

"La oferta del arma, el contacto entre RF y Uliarte, la presencia de integrantes de RF en el edificio que habita CFK y los llamamientos a la violencia armada realizados por RF con posible financiamiento de la familia Caputo son elementos más que suficientes para unificar las causas", sintetizó.

Por último, remarcó que el vínculo entre el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, Uliarte y miembros de RF está probado "con material fílmico y fotográfico que los muestran ubicados en un mismo tiempo y lugar", en referencia a las protestas que la organización realizó con guillotinas y antorchas en inmediaciones de la Casa Rosada.

El dirigente social y precandidato a presidente, Juan Grabois, compartió avances de la investigación que inició como querellante en la causa judicial sobre las actividades de la organización Revolución Federal (RF). 

El grupo habría estado involucrado en el intento de magnicidio de la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner. No obstante, se lo investiga por amenazas y actos de violencia en un expediente separado del abierto contra los autores materiales del atentado, que fue recientemente elevado a juicio oral.

A través de una publicación en sus redes sociales, Grabois compartió "pruebas que demuestran el rol de RF en una organización más compleja, además de la conexidad entre esta causa y la del atentado".

El elemento principal, aseguró, es "la revelación de la identidad del sujeto identificado en el expediente como 'Dali Revolución'". Según detalló, esa persona ofreció, dos días del ataque, un arma para asesinar a la Vicepresidenta.

La integrante oculta de Revolución Federal

El líder del MTE señaló que "Dali Revolución" no es una persona sino dos, que figuraban agendadas con dos números distintos pero el mismo nombre en el teléfono de Fernando Sabag Montiel. Asimismo, se registraron conversaciones con Brenda Uliarte "en más de una ocasión". 

En el expediente se le atribuyen expresiones como "yo no estoy en el grupo pero contá conmigo" y "tengo unas ganas de usar mi 9 milímetros", en comunicaciones vinculadas a la vigilancia del Instituto Patria y la vivienda de la expresidenta en Recoleta. 

"Una es Angelica Dalila Monti, otra es Lidia Margarita Casiano. Bochornosamente, ninguna está imputada porque la fiscalía 11 'no logró' identificarlas en ocho meses. ¿Negligencia o complicidad? Lidia Margarita Casiano es quien ofreció un arma de fuego para matar a CFK pocos días antes del atentado acaecido el 1/9, más precisamente el 27/8", detalló Grabois.

Monti es oriunda de Paraná, Entre Ríos, y se encontraba en compañía del líder de RF, Jonathan Morel, cuando este fue detenido en Entre Ríos.

"La identificación de Casiano es clave porque la oferta de un arma homicida pocos días antes del atentado constituye un nexo incuestionable entre ambas causas que obliga a unificarlas e investigarlas debidamente", agregó el querellante.

La conexión entre causas judiciales

Al reclamo por la negación a los pedidos de unificar la investigación, Grabois agregó que el fiscal Gerardo Pollicita "no ha concretado las medidas de prueba solicitadas" para revisar "el financiamiento millonario de RF por parte de la Familia Caputo".

"La oferta del arma, el contacto entre RF y Uliarte, la presencia de integrantes de RF en el edificio que habita CFK y los llamamientos a la violencia armada realizados por RF con posible financiamiento de la familia Caputo son elementos más que suficientes para unificar las causas", sintetizó.

Por último, remarcó que el vínculo entre el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman, Uliarte y miembros de RF está probado "con material fílmico y fotográfico que los muestran ubicados en un mismo tiempo y lugar", en referencia a las protestas que la organización realizó con guillotinas y antorchas en inmediaciones de la Casa Rosada.

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Gregorio Dalbón: "Con Cristina no hay igualdad ante la ley en la Justicia Federal"

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por intento de magnicidio, advirtió sobre la "falta de profesionalismo e idoneidad" de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, luego de que éste último diera por finalizada la investigación al avanzar hacia la etapa de juicio oral.

En el video, las declaraciones del letrado en el programa Algo que contar.

"Nadie está diciendo que (Gerardo) Milman ni que Patricia Bullrich tienen la culpa. Todos tienen su principio de inocencia intacto, queremos que se investigue", introdujo el defensor, en referencia a las últimas pruebas desestimadas por Capuchetti sobre la posible complicidad del diputado nacional en el ataque.

"Es extraño que Rívolo trate de sacarse la causa de encima sin siquiera entender que hubo una secretaria que fue a declarar y dijo que un perito técnico, profesional, le borro un celular en la oficina de Patricia Bullrich. ¿Por qué no investigan qué paso?; ¿quién lo borró?; ¿por qué? Nadie está culpando a nadie, pero es para que una causa de magnicidio termine con con un plexo probatorio robusto, y hoy, por como va a ir a juicio, da pena", planteó.

Ley de Víctimas

A continuación, Dalbón reclamó que desde la fiscalía nunca se tomaron en cuenta los pedidos querellantes para ampliar la base de pruebas sobre la planificación del atentado.

"La querella, a través de la Ley de Víctimas, hoy tiene muchísima más fuerza que lo que era un querellante un tiempo atrás, sin esa ley. Y cuando una víctima está pidiendo una medida de prueba, mínimamente, por una cuestión profesional, Carlos Rívolo debería hacerla", reclamó.

En esa línea, afirmó que los plazos de la Justicia en la etapa de instrucción, es decir, incorporación de pruebas, difieren cuando la expresidenta es víctima y cuando ha sido imputada.

"Cuando es investigada no hay ningún problema, pueden estar diez años mintiendo con tapas de diarios y después terminan pidiendo sobreseimiento. Cuando ella es víctima, que está solicitando que se investigue a las personas que quisieron matarla, rápidamente piden elevar la causa. No pasó nada de tiempo para un intento de magnicidio", sostuvo.

Crítica a la Justicia Federal

"No hay una igualdad ante la ley desde parte de la Justicia Federal para con Cristina. Obviamente ella tiene algunas cuestiones que las hace públicas; lo que dice sobre la mafia judicial, pero el Poder Judicial no tendría por qué tomarse a pecho esas palabras, tendrían que tratarla como una víctima más", señaló Dalbón.

Por último, recordó que la defensa presentó recusaciones ante la disconformidad con el trabajo de Capuchetti pero fueron desestimadas.

"Si está la mafia detrás del intento de magnicidio, eligen el día en que lo hacen. Y ven quién está de turno, y de turno estaban Capuchetti y Rívolo. Cristina les abrió la puerta de su casa, confió en ellos. Yo le dije que no coincidía con ese tipo de jueza, consideraba que no era idónea para una causa de esta naturaleza, y a los pocos días perdió el teléfono", remarcó.

Podés ver Algo que contar con Agustina Kampfer de lunes a viernes a las 23.30 por la pantalla de IP.

El abogado Gregorio Dalbón, que representa a Cristina Fernández de Kirchner en la causa por intento de magnicidio, advirtió sobre la "falta de profesionalismo e idoneidad" de la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo, luego de que éste último diera por finalizada la investigación al avanzar hacia la etapa de juicio oral.

En el video, las declaraciones del letrado en el programa Algo que contar.

"Nadie está diciendo que (Gerardo) Milman ni que Patricia Bullrich tienen la culpa. Todos tienen su principio de inocencia intacto, queremos que se investigue", introdujo el defensor, en referencia a las últimas pruebas desestimadas por Capuchetti sobre la posible complicidad del diputado nacional en el ataque.

"Es extraño que Rívolo trate de sacarse la causa de encima sin siquiera entender que hubo una secretaria que fue a declarar y dijo que un perito técnico, profesional, le borro un celular en la oficina de Patricia Bullrich. ¿Por qué no investigan qué paso?; ¿quién lo borró?; ¿por qué? Nadie está culpando a nadie, pero es para que una causa de magnicidio termine con con un plexo probatorio robusto, y hoy, por como va a ir a juicio, da pena", planteó.

Ley de Víctimas

A continuación, Dalbón reclamó que desde la fiscalía nunca se tomaron en cuenta los pedidos querellantes para ampliar la base de pruebas sobre la planificación del atentado.

"La querella, a través de la Ley de Víctimas, hoy tiene muchísima más fuerza que lo que era un querellante un tiempo atrás, sin esa ley. Y cuando una víctima está pidiendo una medida de prueba, mínimamente, por una cuestión profesional, Carlos Rívolo debería hacerla", reclamó.

En esa línea, afirmó que los plazos de la Justicia en la etapa de instrucción, es decir, incorporación de pruebas, difieren cuando la expresidenta es víctima y cuando ha sido imputada.

"Cuando es investigada no hay ningún problema, pueden estar diez años mintiendo con tapas de diarios y después terminan pidiendo sobreseimiento. Cuando ella es víctima, que está solicitando que se investigue a las personas que quisieron matarla, rápidamente piden elevar la causa. No pasó nada de tiempo para un intento de magnicidio", sostuvo.

Crítica a la Justicia Federal

"No hay una igualdad ante la ley desde parte de la Justicia Federal para con Cristina. Obviamente ella tiene algunas cuestiones que las hace públicas; lo que dice sobre la mafia judicial, pero el Poder Judicial no tendría por qué tomarse a pecho esas palabras, tendrían que tratarla como una víctima más", señaló Dalbón.

Por último, recordó que la defensa presentó recusaciones ante la disconformidad con el trabajo de Capuchetti pero fueron desestimadas.

"Si está la mafia detrás del intento de magnicidio, eligen el día en que lo hacen. Y ven quién está de turno, y de turno estaban Capuchetti y Rívolo. Cristina les abrió la puerta de su casa, confió en ellos. Yo le dije que no coincidía con ese tipo de jueza, consideraba que no era idónea para una causa de esta naturaleza, y a los pocos días perdió el teléfono", remarcó.

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El mensaje de Cristina Kirchner por el cierre de la investigación por el intento de magnicidio

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo por su accionar en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra. 

Luego de que Rívolo pidiera elevar a juicio oral a los acusados de intentar asesinar a la expresidenta, Fernández de Kirchner consideró que el fiscal "omite por completo" las líneas de investigación "que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", afirmó.

El mensaje de Cristina Fernández

La vicepresidenta cuestionó la decisión del fiscal de no darle importancia a la línea de la investigación que conecta al diputado Gerardo Milman con el intento de asesinato.

"Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias", protestó.

Y afirmó que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad" ya que la causa "está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

"Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque", señaló.

Y remarcó: "No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde 'atrás'".

 

"Las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", finalizó.

Piden juicio oral a los acusados

La fiscalía pidió elevar a juicio oral a los detenidos Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó a la cabeza a la expresidenta y gatilló; Brenda Uliarte, novia de Sabag Montiel y quien habría ideado el ataque; y Nicolás Carrizo, jefe de 'la banda de los copitos' y acusado de ser partícipe secundario.

El fiscal Carlos Rívolo afirmó que la totalidad de la prueba reunida "permitió comprobar" que el intento de asesinato "fue premetidado".

"Los imputados idearon un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta. Aprovechándose de la confusión que generaba la multitud, Sabag Montiel pasó a la primera línea de individuos, apunta el arma de fuego en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo", sostuvo Rívolo.

Además, estableció que "la actividad desplegada para llevar a cabo el ataque no requirió, por sus características, de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios".

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner apuntó contra la jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal Carlos Rívolo por su accionar en la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra. 

Luego de que Rívolo pidiera elevar a juicio oral a los acusados de intentar asesinar a la expresidenta, Fernández de Kirchner consideró que el fiscal "omite por completo" las líneas de investigación "que apuntan a personas que van más allá de Uliarte, Sabag Montiel y Carrizo".

"Lo dije una y mil veces: ni Capuchetti ni Rívolo quisieron investigar el intento de asesinato y ahora pretenden cerrar la investigación con una celeridad que nunca demostraron en ninguna causa", afirmó.

El mensaje de Cristina Fernández

La vicepresidenta cuestionó la decisión del fiscal de no darle importancia a la línea de la investigación que conecta al diputado Gerardo Milman con el intento de asesinato.

"Como es de público conocimiento, todas las pruebas producidas en relación con la participación de Millman han resultado incriminatorias", protestó.

Y afirmó que "toda la investigación se caracterizó por evitar conocer la verdad" ya que la causa "está plagada de testigos que borraron sus teléfonos, prueba que se destruyó sin investigar sus causas y motivaciones, y un intento evidente y desesperado por evitar hallar la posible participación de terceros, financistas e instigadores".

"Todo ello, sin perjuicio de que en otra investigación inexplicablemente separada a la del atentado, hay pagos injustificados de la familia Caputo y posible lavado de dinero en torno a personajes relacionados con el atentado, junto a innumerables indicios pendientes de investigación que muestran un vínculo entre agrupaciones pseudo políticas violentas y los perpetradores del ataque", señaló.

Y remarcó: "No se entiende cómo ni por qué Rívolo pretende clausurar una causa en pleno trámite, en la que, necesariamente, la responsabilidad de los autores materiales está atada a la de cualquier persona que haya colaborado desde 'atrás'".

 

"Las autoridades judiciales han puesto una traba tras otra para impedir que salga a la luz la verdad. Como he dicho, para CFK no hay ni habrá justicia, ni como acusada ni como víctima. Me quieren presa o muerta", finalizó.

Piden juicio oral a los acusados

La fiscalía pidió elevar a juicio oral a los detenidos Fernando Sabag Montiel, quien le apuntó a la cabeza a la expresidenta y gatilló; Brenda Uliarte, novia de Sabag Montiel y quien habría ideado el ataque; y Nicolás Carrizo, jefe de 'la banda de los copitos' y acusado de ser partícipe secundario.

El fiscal Carlos Rívolo afirmó que la totalidad de la prueba reunida "permitió comprobar" que el intento de asesinato "fue premetidado".

"Los imputados idearon un plan para llevar a cabo el asesinato de la vicepresidenta. Aprovechándose de la confusión que generaba la multitud, Sabag Montiel pasó a la primera línea de individuos, apunta el arma de fuego en dirección a su rostro, la acerca a escasos centímetros y acciona el gatillo", sostuvo Rívolo.

Además, estableció que "la actividad desplegada para llevar a cabo el ataque no requirió, por sus características, de financiamiento económico ni de recursos extraordinarios".

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Atentado a CFK: la jueza Capuchetti negó el pedido para investigar el celular de Gerardo Milman

La jueza María Eugenia Capuchetti negó el pedido de la fiscalía para secuestrar el celular del diputado del PRO, Gerardo Milman, en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En su resolución, la magistrada ordenó la "extracción forense" del segundo celular secuestrado a Gómez Mónaco, pero rechazó la captura del teléfono de Milman dado que, según indicó, se debe iniciar un trámite de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados "por la posible comisión de un ilícito penal".

La solicitud del fiscal Carlos Rívolo había sido elevada a raíz de la última declaración de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria del legislador, que sumó nuevas líneas de investigación a la denominada "pista Milman", surgida a días del ataque a la expresidenta.

El testimonio voluntario de la mujer afirma que Milman las convocó a ella y su compañera, Carolina Gómez Mónaco, a una oficina de la fundación IEES, que dirige Patricia Bullrich, para que un perito informático borrara información de sus celulares y del propio diputado.

En este marco, la jueza remarcó que el diputado no se encuentra imputado en la causa del atentado. Esa salvedad se menciona en el planteo de la fiscalía, que se oficializó mientras el expediente se encontraba bajo secreto de sumario.

Cómo sigue la investigación

Junto al secuestro del celular de Gómez Mónaco, la jueza encomendó el rastreo de información vinculada la causa a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP).

La existencia de ese segundo teléfono de la actual empleada de Milman fue advertida por Bohdziewicz en su último testimonio. En esa oportunidad, la exsecretaria remarcó que el dispositivo no estaba a nombre de Gómez Mónaco, y que nunca había sido entregado al juzgado o la fiscalía.

Con esta información, y a ocho meses del intento de magnicidio, Rívolo también solicitó que Capuchetti habilitara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, Bohdzewicz, Gómez Mónaco y los contactos que figuraran en comunicaciones de los meses previos al atentado.

La jueza también negó este pedido aclarando que en el expediente ya figuran "las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos", en referencia a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz.

La jueza María Eugenia Capuchetti negó el pedido de la fiscalía para secuestrar el celular del diputado del PRO, Gerardo Milman, en el marco de la causa que investiga el atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

En su resolución, la magistrada ordenó la "extracción forense" del segundo celular secuestrado a Gómez Mónaco, pero rechazó la captura del teléfono de Milman dado que, según indicó, se debe iniciar un trámite de desafuero ante la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados "por la posible comisión de un ilícito penal".

La solicitud del fiscal Carlos Rívolo había sido elevada a raíz de la última declaración de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria del legislador, que sumó nuevas líneas de investigación a la denominada "pista Milman", surgida a días del ataque a la expresidenta.

El testimonio voluntario de la mujer afirma que Milman las convocó a ella y su compañera, Carolina Gómez Mónaco, a una oficina de la fundación IEES, que dirige Patricia Bullrich, para que un perito informático borrara información de sus celulares y del propio diputado.

En este marco, la jueza remarcó que el diputado no se encuentra imputado en la causa del atentado. Esa salvedad se menciona en el planteo de la fiscalía, que se oficializó mientras el expediente se encontraba bajo secreto de sumario.

Cómo sigue la investigación

Junto al secuestro del celular de Gómez Mónaco, la jueza encomendó el rastreo de información vinculada la causa a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y a la Dirección de Investigaciones y Apoyo Tecnológico del Ministerio Público Fiscal (DATIP).

La existencia de ese segundo teléfono de la actual empleada de Milman fue advertida por Bohdziewicz en su último testimonio. En esa oportunidad, la exsecretaria remarcó que el dispositivo no estaba a nombre de Gómez Mónaco, y que nunca había sido entregado al juzgado o la fiscalía.

Con esta información, y a ocho meses del intento de magnicidio, Rívolo también solicitó que Capuchetti habilitara un entrecruzamiento de llamadas entre Milman, Bohdzewicz, Gómez Mónaco y los contactos que figuraran en comunicaciones de los meses previos al atentado.

La jueza también negó este pedido aclarando que en el expediente ya figuran "las llamadas entrantes y salientes de los cuatro imputados en autos", en referencia a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte, Nicolás Carrizo y Agustina Díaz.

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Atentado a Cristina Kirchner: la Justicia secuestró un segundo celular a una asesora de Milman

La Justicia Federal secuestró el celular de Carolina Gómez Mónaco, asesora personal del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. El hecho se dio en el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La causa por el intento de magnicidio tiene a cargo a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien dictó el secreto de sumario.

En el video, toda la información del caso por Alfredo Izaguirre.

Un giro en la investigación

La confiscación del teléfono de Gómez Mónaco se resolvió luego de que la exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que la obligaron a borrar todo el contenido de su celular en una de las oficinas de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

La declaración en la Justicia de Bohdziewicz fue clave para que la jueza Capuchetti ordenara a la PSA el secuestro del celular de Gómez Mónaco. En ese contexto, la mujer detalló que su celular fue manipulado por un perito que procedió a eliminar la totalidad del contenido del teléfono.

Asimismo, la exsecretaria de Milman explicó que Gómez Mónaco había entregado a la Justicia un celular nuevo, sin información relevante, pero que poseía otro que estaba a nombre de otra persona. 

Los dichos de Bohdziewicz

"Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe”, indicó la exasesora de Milman. 

En esta línea, Bohdziewicz destacó que Gómez Mónaco "le transmitió preocupación" por el avance de la causa en los medios.

"Me comenta que había hablado con Jerry (por Gerardo Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial (de fútbol 2022 de Qatar) no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente", remarcó. 

Además, la exasesora contó que fue con Gómez Mónaco a una oficina de Bullrich, ubicada en Avenida de Mayo 953. Según su declaración, allí estaba Milman con el perito, al que calificó de "morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil", y procedieron al borrado.

La Justicia Federal secuestró el celular de Carolina Gómez Mónaco, asesora personal del diputado de Juntos por el Cambio Gerardo Milman. El hecho se dio en el marco de la investigación por el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner.

La causa por el intento de magnicidio tiene a cargo a la jueza María Eugenia Capuchetti, quien dictó el secreto de sumario.

En el video, toda la información del caso por Alfredo Izaguirre.

Un giro en la investigación

La confiscación del teléfono de Gómez Mónaco se resolvió luego de que la exsecretaria de Milman, Ivana Bohdziewicz, declaró que la obligaron a borrar todo el contenido de su celular en una de las oficinas de la exministra de Seguridad, Patricia Bullrich. 

La declaración en la Justicia de Bohdziewicz fue clave para que la jueza Capuchetti ordenara a la PSA el secuestro del celular de Gómez Mónaco. En ese contexto, la mujer detalló que su celular fue manipulado por un perito que procedió a eliminar la totalidad del contenido del teléfono.

Asimismo, la exsecretaria de Milman explicó que Gómez Mónaco había entregado a la Justicia un celular nuevo, sin información relevante, pero que poseía otro que estaba a nombre de otra persona. 

Los dichos de Bohdziewicz

"Va pasando el tiempo y más o menos el 10 de noviembre del año pasado, me llama Carolina (Gómez Mónaco). A todo esto, ella tiene dos líneas, una que no está a su nombre. Me llama desde ese celular y me dice de reunirnos pasado el mediodía, que íbamos a un local de Tienda de Café sobre la avenida Scalabrini Ortiz, a dos cuadras pasando Santa Fe”, indicó la exasesora de Milman. 

En esta línea, Bohdziewicz destacó que Gómez Mónaco "le transmitió preocupación" por el avance de la causa en los medios.

"Me comenta que había hablado con Jerry (por Gerardo Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial (de fútbol 2022 de Qatar) no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia (Bullrich) y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares, porque era probable que se filtrara nuestra información. No para borrar algo puntualmente", remarcó. 

Además, la exasesora contó que fue con Gómez Mónaco a una oficina de Bullrich, ubicada en Avenida de Mayo 953. Según su declaración, allí estaba Milman con el perito, al que calificó de "morocho, grandote, de unos 60 años aproximadamente, vestido de civil", y procedieron al borrado.

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Martín Tetaz: "Me gustaría competir con Kicillof"

El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (CABA), Martín Tetaz, analizó el escenario electoral y dio su opinión sobre temas relacionados a la crisis política en Argentina.

En ese marco, el economista planteó que está dispuesto a presentarse en las elecciones PASO de Juntos por el Cambio (JxC) para la provincia de Buenos Aires, donde el actual gobernador, Axel Kicillof, irá por la reelección.

En el video, la entrevista con Agustina Kämpfer en el programa Algo Que Contar.

"Quiero competir con Kicillof"

"Estar en una posición o en otra depende mucho del contexto político en el cual estás, y depende mucho del contexto de la competencia electoral. Yo no tengo una aspiración personal en la política. A mi me gustaría competir con Kicillof, porque creo que es un muy mal gobernador de la provincia", dijo Tetaz.

Siguiendo esa idea, recordó la elección de 2015, en la que el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, perdió contra la exgobernadora, María Eugenia Vidal.

"El peronismo estaba partido, y Aníbal, que era uno de los peores candidatos que podían poner, sacó 36%. Hoy, Kicillof, en la mejor encuesta, con el peronismo unido y (Sergio) Massa adentro, tiene 35%. Hay dos tercios de la población que creen que su gestión es mala. Si nosotros no ofrecemos a la ciudadanía una opción competitiva, está el riesgo de que se parta la oposición en distintas versiones", planteó el diputado opositor.

Así todo, descartó una alianza electoral con el candidato presidencial de La Libertad Acanza, Javier Milei, y aseguró que presentará una "propuesta institucional" para reformar la Constitución bonaerense con el fin de que exista el balotaje en las elecciones a gobernador.

El atentado a CFK y la convivencia democrática

Tetaz dio su opinión sobre las últimas declaraciones en la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que involucran al diputado del PRO, Gerardo Milman.

"Me parece rídiculo todo. Sostenerlo porque una persona escuchó que Milman decía algo. Es incomprobable, cualquiera puede decir cualquier cosa", resumió.

En este sentido, señaló que los responsables materiales del ataque son "dos delirantes", y que "no hay riesgo para la democracia". "Incluso los sectores políticos que atentaron contra la democracia terminaron formando parte de la política", planteó.

Por último, se refirió a la causa judicial paralela en la que se busca determinar la responsabilidad de la agrupación Revolución Federal y los motivos de la transferencia millonaria recibida por parte de la empresa Caputo Hermanos.

"Son cuatro tipos locos que no tienen personería como partido. Se está estudiando una contratación a una empresa que sería de alguna de esas personas. Pero no se los conoce, se los conoció por este evento y eran irrelevantes para la política argentina. No me consta ningún nexo, hubo una transferencia marginal por una cantidad de plata ridícula. Si uno piensa en un atentado contra un Presidente, se imagina otro despliegue", aseveró.

Podés ver Algo que contar con Agustina Kämpfer de lunes a viernes a las 23.30 por la pantalla de IP.

El diputado nacional por la ciudad de Buenos Aires (CABA), Martín Tetaz, analizó el escenario electoral y dio su opinión sobre temas relacionados a la crisis política en Argentina.

En ese marco, el economista planteó que está dispuesto a presentarse en las elecciones PASO de Juntos por el Cambio (JxC) para la provincia de Buenos Aires, donde el actual gobernador, Axel Kicillof, irá por la reelección.

En el video, la entrevista con Agustina Kämpfer en el programa Algo Que Contar.

"Quiero competir con Kicillof"

"Estar en una posición o en otra depende mucho del contexto político en el cual estás, y depende mucho del contexto de la competencia electoral. Yo no tengo una aspiración personal en la política. A mi me gustaría competir con Kicillof, porque creo que es un muy mal gobernador de la provincia", dijo Tetaz.

Siguiendo esa idea, recordó la elección de 2015, en la que el actual ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, perdió contra la exgobernadora, María Eugenia Vidal.

"El peronismo estaba partido, y Aníbal, que era uno de los peores candidatos que podían poner, sacó 36%. Hoy, Kicillof, en la mejor encuesta, con el peronismo unido y (Sergio) Massa adentro, tiene 35%. Hay dos tercios de la población que creen que su gestión es mala. Si nosotros no ofrecemos a la ciudadanía una opción competitiva, está el riesgo de que se parta la oposición en distintas versiones", planteó el diputado opositor.

Así todo, descartó una alianza electoral con el candidato presidencial de La Libertad Acanza, Javier Milei, y aseguró que presentará una "propuesta institucional" para reformar la Constitución bonaerense con el fin de que exista el balotaje en las elecciones a gobernador.

El atentado a CFK y la convivencia democrática

Tetaz dio su opinión sobre las últimas declaraciones en la causa que investiga el atentado a la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que involucran al diputado del PRO, Gerardo Milman.

"Me parece rídiculo todo. Sostenerlo porque una persona escuchó que Milman decía algo. Es incomprobable, cualquiera puede decir cualquier cosa", resumió.

En este sentido, señaló que los responsables materiales del ataque son "dos delirantes", y que "no hay riesgo para la democracia". "Incluso los sectores políticos que atentaron contra la democracia terminaron formando parte de la política", planteó.

Por último, se refirió a la causa judicial paralela en la que se busca determinar la responsabilidad de la agrupación Revolución Federal y los motivos de la transferencia millonaria recibida por parte de la empresa Caputo Hermanos.

"Son cuatro tipos locos que no tienen personería como partido. Se está estudiando una contratación a una empresa que sería de alguna de esas personas. Pero no se los conoce, se los conoció por este evento y eran irrelevantes para la política argentina. No me consta ningún nexo, hubo una transferencia marginal por una cantidad de plata ridícula. Si uno piensa en un atentado contra un Presidente, se imagina otro despliegue", aseveró.

Podés ver Algo que contar con Agustina Kämpfer de lunes a viernes a las 23.30 por la pantalla de IP.

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La reacción de los gobernadores al fallo de la Corte Suprema

Distintos gobernadores se pronunciaron acerca de la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, ordenada por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal decidió hacer lugar a dos medidas cautelares de la oposición, que plantean que las candidaturas del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y del tucumano, Juan Manzur, no respetaban la alternancia fijada en las constituciones provinciales.

El rechazo de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió la medida de la Corte y dijo que los magistrados que la componen "son parte de la oposición y ya ni lo disimulan". "Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina", señaló.

"En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri. Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse", remarcó Kicillof.

Además, Kicillof pidió el avance del juicio político contra los miembros de la CSJ y agregó: "De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo".

El repudio de los gobernadores del NOA

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, acusó a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich por los fallos de la Corte: "Impunemente la presidenta del PRO da pruebas de la unión que tienen con la Corte Suprema en detrimento de las provincias y en beneficio del poder centralizado de la oposición".

"'Frenamos las elecciones', dijo en un descarado atentado a la democracia y el el federalismo. Una demostración de por qué esa misma corte se encuentra en juicio político", indicó.

Quien también se pronunció fue el mandatario de Chaco, Jorge Capitanich: "Lo que hace la Corte es una política para impedir a opositores la libre capacidad de expresión de sus dirigentes, como por ejemplo con la proscripción a Cristina Kirchner. No investigan intentos de magnicidio con una manera alevosa en el ocultamiento de pruebas".

"Esta decisión altera el sistema democrático, republicano y representativo en las provincias. Un fallo que obviamente distorsiona absolutamente una perspectiva que era clara y tiene que ver con el resultado electoral.  El próximo domingo Juntos por el Cambio se iba a comer una goleada y lo que pidieron es que, por lo menos, no sea por tanta diferencia", remarcó.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo que el fallo es "inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos" y que el mismo "perjudica a los ciudadanos de Tucumán y San Juan".

En tanto el gobernador de Santiago dle Estero, Gerardo Zamora, aseveró que la Corte "violó las autonomías provinciales de forma autoritaria" y "avasalló la democracia de San Juan y Tucumán".

El descargo de los gobernadores del sur

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mencionó que el falló significó "un nuevo atropello" y acusó a los jueces de la Corte de "usar el Poder Judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular".

Por su parte, Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, manifestó: "Los dueños de la vida de los argentinos lo hicieron una vez más: en un nuevo fallo absolutamente político -como de costumbre- la Suprema Corte viola y atropella las autonomías provinciales, y suspende de la manera más arbitraria y autoritaria las elecciones en San Juan y Tucumán".

La aprobación de Morales

El único de los gobernadores que se pronunció a favor del fallo de la Corte fue el jujeño Gerardo Morales. "El Gobierno nacional del Frente de Todos, a través de un comunicado, habla de una intromisión de la Corte en temas electorales, cuando sabemos que la obligación del Poder Judicial es garantizar el cumplimiento de la Constitución nacional y las constituciones provinciales", destacó. 

Asimismo, Morales agregó: "La Corte Suprema ha seguido una doctrina invariable adoptada hace años, en el sentido que una reelección sin límites viola los principios republicanos. No se pueden interpretar las constituciones provinciales en función de los intereses electorales. Sería una gran irresponsabilidad nacional que el Frente de Todos no cumpla con un fallo de la Corte Suprema y de la justicia independiente".

Distintos gobernadores se pronunciaron acerca de la suspensión de las elecciones en San Juan y Tucumán, ordenada por dos fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

El máximo tribunal decidió hacer lugar a dos medidas cautelares de la oposición, que plantean que las candidaturas del gobernador sanjuanino, Sergio Uñac, y del tucumano, Juan Manzur, no respetaban la alternancia fijada en las constituciones provinciales.

El rechazo de Kicillof

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, repudió la medida de la Corte y dijo que los magistrados que la componen "son parte de la oposición y ya ni lo disimulan". "Esta Corte Suprema es una vergüenza y está atropellando a la democracia argentina", señaló.

"En el juicio político a la Corte Suprema se ventilan hechos gravísimos sobre los manejos turbios en la obra social, amenazas y extorsiones; coparon ilegalmente el Consejo de la Magistratura; dictaron el 2x1; decidieron sacar recursos a todas las provincias para dárselos a CABA; dos de sus miembros aceptaron ser nombrados por decreto por Macri. Se agrega ahora la suspensión de las elecciones en dos provincias a 4 días de realizarse", remarcó Kicillof.

Además, Kicillof pidió el avance del juicio político contra los miembros de la CSJ y agregó: "De nuevo el centralismo se quiere llevar puesto el federalismo".

El repudio de los gobernadores del NOA

El gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela, acusó a la precandidata a presidenta Patricia Bullrich por los fallos de la Corte: "Impunemente la presidenta del PRO da pruebas de la unión que tienen con la Corte Suprema en detrimento de las provincias y en beneficio del poder centralizado de la oposición".

"'Frenamos las elecciones', dijo en un descarado atentado a la democracia y el el federalismo. Una demostración de por qué esa misma corte se encuentra en juicio político", indicó.

Quien también se pronunció fue el mandatario de Chaco, Jorge Capitanich: "Lo que hace la Corte es una política para impedir a opositores la libre capacidad de expresión de sus dirigentes, como por ejemplo con la proscripción a Cristina Kirchner. No investigan intentos de magnicidio con una manera alevosa en el ocultamiento de pruebas".

"Esta decisión altera el sistema democrático, republicano y representativo en las provincias. Un fallo que obviamente distorsiona absolutamente una perspectiva que era clara y tiene que ver con el resultado electoral.  El próximo domingo Juntos por el Cambio se iba a comer una goleada y lo que pidieron es que, por lo menos, no sea por tanta diferencia", remarcó.

Por su parte, el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, sostuvo que el fallo es "inoportuno por ser a pocos días de los comicios previstos" y que el mismo "perjudica a los ciudadanos de Tucumán y San Juan".

En tanto el gobernador de Santiago dle Estero, Gerardo Zamora, aseveró que la Corte "violó las autonomías provinciales de forma autoritaria" y "avasalló la democracia de San Juan y Tucumán".

El descargo de los gobernadores del sur

La gobernadora de Santa Cruz, Alicia Kirchner, mencionó que el falló significó "un nuevo atropello" y acusó a los jueces de la Corte de "usar el Poder Judicial para imponer decisiones políticas proscribiendo e impidiendo el voto popular".

Por su parte, Alberto Weretilneck, gobernador electo de Río Negro, manifestó: "Los dueños de la vida de los argentinos lo hicieron una vez más: en un nuevo fallo absolutamente político -como de costumbre- la Suprema Corte viola y atropella las autonomías provinciales, y suspende de la manera más arbitraria y autoritaria las elecciones en San Juan y Tucumán".

La aprobación de Morales

El único de los gobernadores que se pronunció a favor del fallo de la Corte fue el jujeño Gerardo Morales. "El Gobierno nacional del Frente de Todos, a través de un comunicado, habla de una intromisión de la Corte en temas electorales, cuando sabemos que la obligación del Poder Judicial es garantizar el cumplimiento de la Constitución nacional y las constituciones provinciales", destacó. 

Asimismo, Morales agregó: "La Corte Suprema ha seguido una doctrina invariable adoptada hace años, en el sentido que una reelección sin límites viola los principios republicanos. No se pueden interpretar las constituciones provinciales en función de los intereses electorales. Sería una gran irresponsabilidad nacional que el Frente de Todos no cumpla con un fallo de la Corte Suprema y de la justicia independiente".

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Patricia Bullrich negó el encubrimiento del atentado a CFK: "Ya no saben qué inventar"

La precandidata presidencial Patricia Bullrich negó haber estado involucrada en el encubrimiento de posibles pruebas del atentado a la Vicepresidenta, como sugiere la declaración voluntaria de Ivana Bohdziewicz en la causa judicial.

La titular en licencia del PRO se refirió al tema con una publicación en su cuenta oficial de Twitter: "Ya no saben qué inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético 'cogobierno'. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba", expresó.

El detalle de la declaración que involucraría a Bullrich

En la primera parte de la declaración judicial que reveló Página12, la ex empleada del diputado del PRO, Gerardo Milman, aseguraba que un perito informático había eliminado información de su celular en la sede de la sede del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Bullrich.

En un segundo artículo periodístico se consignan detalles del expediente con una mención directa a la precandidata. El fragmento corresponde a la reconstrucción que Bohdziewicz hizo de las conversaciones con su ex compañera, Carolina Gómez Mónaco, previo a dirigirse junto a ella a la oficina.

"Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, todo lo que era la parte mediática estaba avanzando, me transmite preocupación y me comenta que había hablado con Jerry (apodo de Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información", declaró, ante la fiscal subrogante Alejandra Mangano.

Repudio a la violencia política

La réplica de Bullrich llegó tras los reclamos de los referentes del Frente de Todos (FdT) al respecto. Horas antes el presidente, Alberto Fernández, había señalado que Bullrich y Milman debían dar explicaciones por la revelación de la exsecretaria.

La noche anterior, el Frente Renovador difundió un comunicado interpelando al "silencio" de las demás fuerzas políticas ante los hechos de violencia contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y la expresidenta, Cristina Kirchner.

La titular del Senado fue la primera en expresarse públicamente: "Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", planteó,  junto a la imagen de un titular de Página 12 con información sobre el caso.

La precandidata presidencial Patricia Bullrich negó haber estado involucrada en el encubrimiento de posibles pruebas del atentado a la Vicepresidenta, como sugiere la declaración voluntaria de Ivana Bohdziewicz en la causa judicial.

La titular en licencia del PRO se refirió al tema con una publicación en su cuenta oficial de Twitter: "Ya no saben qué inventar frente al total y absoluto fracaso de su patético 'cogobierno'. Conmigo, El 10 de diciembre el kirchnerismo se acaba", expresó.

El detalle de la declaración que involucraría a Bullrich

En la primera parte de la declaración judicial que reveló Página12, la ex empleada del diputado del PRO, Gerardo Milman, aseguraba que un perito informático había eliminado información de su celular en la sede de la sede del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Bullrich.

En un segundo artículo periodístico se consignan detalles del expediente con una mención directa a la precandidata. El fragmento corresponde a la reconstrucción que Bohdziewicz hizo de las conversaciones con su ex compañera, Carolina Gómez Mónaco, previo a dirigirse junto a ella a la oficina.

"Nos juntamos y me empieza a preocupar diciéndome que los medios, todo lo que era la parte mediática estaba avanzando, me transmite preocupación y me comenta que había hablado con Jerry (apodo de Milman), que para ese momento estaba desaparecido, y Carolina decía que se ponga las pilas que nos dé un respaldo que con el Mundial no se calmaba nada, y me comenta que Milman le dijo que había hablado con Patricia y que nos iba a poner un perito para ver la información que tenían los celulares porque era probable que se filtrara nuestra información", declaró, ante la fiscal subrogante Alejandra Mangano.

Repudio a la violencia política

La réplica de Bullrich llegó tras los reclamos de los referentes del Frente de Todos (FdT) al respecto. Horas antes el presidente, Alberto Fernández, había señalado que Bullrich y Milman debían dar explicaciones por la revelación de la exsecretaria.

La noche anterior, el Frente Renovador difundió un comunicado interpelando al "silencio" de las demás fuerzas políticas ante los hechos de violencia contra el ministro de Economía, Sergio Massa, y la expresidenta, Cristina Kirchner.

La titular del Senado fue la primera en expresarse públicamente: "Resulta muy impresionante no sólo la naturalización de la violencia política sobre mi persona, sino también el encubrimiento del intento de asesinato ocurrido el 1 de septiembre", planteó,  junto a la imagen de un titular de Página 12 con información sobre el caso.

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Violencia política: el repudio del Frente Renovador al "silencio" de la oposición

El Frente Renovador publicó un comunicado para interpelar a la falta de pronunciamiento del sector político ante los casos de violencia sufrida por dirigentes del Frente de Todos (FdT).

El texto refiere, puntualmente, a las amenazas contra la familia del ministro de Economía, Sergio Massa, y a los obstáculos judiciales que impiden el avance en la investigación del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a ocho meses de ocurrido el hecho.

"El sábado se conoció la probation con aceptación de culpabilidad de 10 personas que en tribunales reconocieron haber amenazado de muerte a Sergio Massa y a su familia luego de una sesión en el Congreso durante la pandemia, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación", señala el escrito.

A continuación, refiere a la información periodística sobre la declaración de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria del diputado del PRO, Gerardo Milman, en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio.

"Ni una voz de condena. Ni un solo mensaje de solidaridad o de condena. El silencio como forma de convalidación de la violencia política nos traslada a las épocas más oscuras de la Argentina. 'Algo habrán hecho' o 'el que calla otorga', son frases que perfectamente podrían caber para justificar", remarcaron.

En esa línea, pidieron a "todas las fuerzas políticas que se expresen alrededor de estos temas", y al Poder Ejecutivo Nacional "que se involucre para que la violencia no sea la regla y se garantice la convivencia democrática".

La palabra de Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, también se refirió al tema en un acto junto al gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela.

El primer mandatario consideró que la nueva declaración testimonial de Bohdziewicz revela algo "imperdonable en términos institucionales" y que "lo que está en riesgo es la democracia".

"La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman, que son los que indujeron a que esa empleada dijera eso. Con esa verdad podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar", planteó el jefe de Estado.

El Frente Renovador publicó un comunicado para interpelar a la falta de pronunciamiento del sector político ante los casos de violencia sufrida por dirigentes del Frente de Todos (FdT).

El texto refiere, puntualmente, a las amenazas contra la familia del ministro de Economía, Sergio Massa, y a los obstáculos judiciales que impiden el avance en la investigación del atentado contra la vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, a ocho meses de ocurrido el hecho.

"El sábado se conoció la probation con aceptación de culpabilidad de 10 personas que en tribunales reconocieron haber amenazado de muerte a Sergio Massa y a su familia luego de una sesión en el Congreso durante la pandemia, en su rol de presidente de la Cámara de Diputados de la Nación", señala el escrito.

A continuación, refiere a la información periodística sobre la declaración de Ivana Bohdziewicz, ex secretaria del diputado del PRO, Gerardo Milman, en el marco de la causa que investiga el intento de magnicidio.

"Ni una voz de condena. Ni un solo mensaje de solidaridad o de condena. El silencio como forma de convalidación de la violencia política nos traslada a las épocas más oscuras de la Argentina. 'Algo habrán hecho' o 'el que calla otorga', son frases que perfectamente podrían caber para justificar", remarcaron.

En esa línea, pidieron a "todas las fuerzas políticas que se expresen alrededor de estos temas", y al Poder Ejecutivo Nacional "que se involucre para que la violencia no sea la regla y se garantice la convivencia democrática".

La palabra de Alberto Fernández

El presidente, Alberto Fernández, también se refirió al tema en un acto junto al gobernador reelecto de La Rioja, Ricardo Quintela.

El primer mandatario consideró que la nueva declaración testimonial de Bohdziewicz revela algo "imperdonable en términos institucionales" y que "lo que está en riesgo es la democracia".

"La que tiene que explicar eso se llama Patricia Bullrich y Milman, que son los que indujeron a que esa empleada dijera eso. Con esa verdad podemos saber cómo se mueven algunos de los que tenemos que enfrentar", planteó el jefe de Estado.

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Atentado a CFK: una secretaria de Milman declaró que un perito le borró datos del teléfono

Ivana Bohdziewicz, secretaria del diputado del PRO, Gerardo Milman, declaró por tercera vez en la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidenta. Ahora aseguró que un perito informático borró información de su teléfono en una oficina de la fundación de Patricia Bullrich, según informó Página 12.

En una declaración ante el fiscal Carlos Rívolo en diciembre de 2022, la mujer había asegurado que ella misma se encargó de eliminar el contenido de su celular por miedo a que se violara su intimidad. Meses después, se acercó voluntariamente a Comodoro Py para rectificar que en realidad lo hizo un especialista.

Según esta nueva reconstrucción, ella y su compañera de trabajo, Carolina Gómez Mónaco, fueron citadas por Milman a la sede del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). Ahí, el perito trabajó durante cuatro horas para borrar información de sus dispositivos y el del entonces diputado del PRO.

La fecha de esa visita de Bohdziewicz al IEES coincide con el día en que Cristina Kirchner advirtió que pediría el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa. El pedido apuntaba a la falta de indagación judicial sobre la posible participación de Milman en la autoría intelectual del intento de magnicidio.

Las secretarias y la "pista Milman"

Bohdziewicz y Gómez de Mónaco declararon por primera vez ante Capuchetti en octubre de 2022, luego de que un testigo asegurara haberlas visto reunidas con Milman cuando escuchó a este decir "cuando esté muerta yo voy a estar en la costa". Eso habría sido días antes del atentado y previo a un viaje que efectivamente haría.

Recién en su segunda declaración frente a Rívolo, quien pasó a encabezar la investigación, ambas pusieron sus celulares a disposición. No obstante, ahí aclararon que una había cambiado el aparato y otra borrado el contenido

Para entonces, la Cámara Federal ya había rechazado el pedido de apartamiento de Capuchetti, pero también solicitado que el fiscal profundizara en "la pista Milman". Días después, Bullrich apartó al diputado de su equipo de campaña; también fue desplazado de la vicepresidencia del bloque PRO en la Cámara baja.

En enero de 2023, Bohdziewicz fue despedida de las oficinas de Milman. Según su declaración reciente, Gómez Mónaco, quien continúa trabajando ahí, habría intentado disuadirla de declarar nuevamente. En esas conversaciones se refirió a un abogado llamado Diego, presuntamente cercano a Bullrich, que las asesoró para las indagaciones anteriores.

Pese a la advertencia de su ex compañera, Bohdziewicz se acercó a sede judicial para hablar de la eliminación de contenido en los celulares. Le tomó testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en su licencia.

Ivana Bohdziewicz, secretaria del diputado del PRO, Gerardo Milman, declaró por tercera vez en la causa que investiga el atentado contra la Vicepresidenta. Ahora aseguró que un perito informático borró información de su teléfono en una oficina de la fundación de Patricia Bullrich, según informó Página 12.

En una declaración ante el fiscal Carlos Rívolo en diciembre de 2022, la mujer había asegurado que ella misma se encargó de eliminar el contenido de su celular por miedo a que se violara su intimidad. Meses después, se acercó voluntariamente a Comodoro Py para rectificar que en realidad lo hizo un especialista.

Según esta nueva reconstrucción, ella y su compañera de trabajo, Carolina Gómez Mónaco, fueron citadas por Milman a la sede del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES). Ahí, el perito trabajó durante cuatro horas para borrar información de sus dispositivos y el del entonces diputado del PRO.

La fecha de esa visita de Bohdziewicz al IEES coincide con el día en que Cristina Kirchner advirtió que pediría el apartamiento de la jueza María Eugenia Capuchetti de la causa. El pedido apuntaba a la falta de indagación judicial sobre la posible participación de Milman en la autoría intelectual del intento de magnicidio.

Las secretarias y la "pista Milman"

Bohdziewicz y Gómez de Mónaco declararon por primera vez ante Capuchetti en octubre de 2022, luego de que un testigo asegurara haberlas visto reunidas con Milman cuando escuchó a este decir "cuando esté muerta yo voy a estar en la costa". Eso habría sido días antes del atentado y previo a un viaje que efectivamente haría.

Recién en su segunda declaración frente a Rívolo, quien pasó a encabezar la investigación, ambas pusieron sus celulares a disposición. No obstante, ahí aclararon que una había cambiado el aparato y otra borrado el contenido

Para entonces, la Cámara Federal ya había rechazado el pedido de apartamiento de Capuchetti, pero también solicitado que el fiscal profundizara en "la pista Milman". Días después, Bullrich apartó al diputado de su equipo de campaña; también fue desplazado de la vicepresidencia del bloque PRO en la Cámara baja.

En enero de 2023, Bohdziewicz fue despedida de las oficinas de Milman. Según su declaración reciente, Gómez Mónaco, quien continúa trabajando ahí, habría intentado disuadirla de declarar nuevamente. En esas conversaciones se refirió a un abogado llamado Diego, presuntamente cercano a Bullrich, que las asesoró para las indagaciones anteriores.

Pese a la advertencia de su ex compañera, Bohdziewicz se acercó a sede judicial para hablar de la eliminación de contenido en los celulares. Le tomó testimonio la fiscala Alejandra Mangano, que subroga a Rívolo en su licencia.

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Atentado a Cristina Kirchner: los datos que Jonathan Morel guardaba en su celular y computadoras

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entregó un informe de peritaje a los dispositivos electrónicos personales de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. El fundador de la agrupación de ultraderecha es investigado por la Justicia por supuestas vinculaciones con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. 

"En los mensajes se nota una tarea de inteligencia contra CFK", destacó Diego García Sáez en Imagen Positiva. 

En el video, el análisis del caso.

La investigación

El informe enviado al juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi consta de información detallada en 76 páginas sobre 50.988 elementos extraídos de "la nube" de Google de Morel. En los mismos, se verifican ciertos vínculos que certifican la relación entre Morel y su agrupación con el atentado a CFK, producido el jueves 1 de septiembre de 2022. 

"Se hallan archivos en formato video de la manifestación/escrache realizado en el domicilio de residencia de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner. En estos archivos se puede visualizar a Jonathan MorelSabrina Basile y Gastón Guerra siendo parte de esta manifestación”, indicó uno de los párrafos del documento. 

¿Quién era el nexo?

"La investigación pone en el centro de la escena a Morel. Uno de los puntos centrales a determinar es de dónde venían los fondos que recibió y quién los contactaba. En definitiva, hay que descubrir quién era el nexo de las actividades de Revolución Federal que luego desembocaron en el atentado a Cristina Kirchner", explicó García Sáez. 

La Justicia investiga a Morel en una causa que está caratulada como “incitación a la violencia”, que refiere a los discursos de odio para el Gobierno y en especial contra la Vicepresidenta.

"Morel tenía una mueblería que de un día para el otro recibió 9 millones de pesos por un pedido que nunca se hizo. A partir de esta financiación es cuando la agrupación comienza a jugar a los detectives e investigar tanto a Cristina Fernández como al presidente Alberto Fernández y organizar actividades en su contra", destacó Saez. 

Podés ver Imagen Positiva con Nicolás Artusi y Paloma Bosker de lunes a viernes a las 9:00 por la pantalla de IP

La Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) entregó un informe de peritaje a los dispositivos electrónicos personales de Jonathan Morel, líder de Revolución Federal. El fundador de la agrupación de ultraderecha es investigado por la Justicia por supuestas vinculaciones con el intento de magnicidio contra la vicepresidenta Cristina Fernández. 

"En los mensajes se nota una tarea de inteligencia contra CFK", destacó Diego García Sáez en Imagen Positiva. 

En el video, el análisis del caso.

La investigación

El informe enviado al juez criminal federal Marcelo Martínez De Giorgi consta de información detallada en 76 páginas sobre 50.988 elementos extraídos de "la nube" de Google de Morel. En los mismos, se verifican ciertos vínculos que certifican la relación entre Morel y su agrupación con el atentado a CFK, producido el jueves 1 de septiembre de 2022. 

"Se hallan archivos en formato video de la manifestación/escrache realizado en el domicilio de residencia de la vicepresidenta de la Nación Cristina Kirchner. En estos archivos se puede visualizar a Jonathan MorelSabrina Basile y Gastón Guerra siendo parte de esta manifestación”, indicó uno de los párrafos del documento. 

¿Quién era el nexo?

"La investigación pone en el centro de la escena a Morel. Uno de los puntos centrales a determinar es de dónde venían los fondos que recibió y quién los contactaba. En definitiva, hay que descubrir quién era el nexo de las actividades de Revolución Federal que luego desembocaron en el atentado a Cristina Kirchner", explicó García Sáez. 

La Justicia investiga a Morel en una causa que está caratulada como “incitación a la violencia”, que refiere a los discursos de odio para el Gobierno y en especial contra la Vicepresidenta.

"Morel tenía una mueblería que de un día para el otro recibió 9 millones de pesos por un pedido que nunca se hizo. A partir de esta financiación es cuando la agrupación comienza a jugar a los detectives e investigar tanto a Cristina Fernández como al presidente Alberto Fernández y organizar actividades en su contra", destacó Saez. 

Podés ver Imagen Positiva con Nicolás Artusi y Paloma Bosker de lunes a viernes a las 9:00 por la pantalla de IP

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Denunciaron a Patricia Bullrich por uso ilegal de fondos para su campaña política

La Inspección General de Justicia (IGJ) intervino la fundación Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Patricia Bullrich, y formalizó una denuncia penal por el uso ilegal de fondos en el financiamiento de su campaña presidencial.

En el video, la periodista de judiciales, Patricia Blanco, explica los detalles de la investigación.

La denuncia

En este contexto, la IGJ presentó una denuncia penal contra Bullrich, por la presunta comisión de delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. La misma se realizó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien determinará si las acusaciones presentadas tienen sustento y si corresponde iniciar una investigación penal contra la presidenta del PRO. 

El escrito presentado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, se centró en la supuesta malversación de fondos públicos a través de la contratación de empresas privadas que brindaban servicios de seguridad para el Ministerio de Seguridad cuando Bullrich era su titular.

Según la IGJ, las empresas contratadas habrían sido seleccionadas sin cumplir con los requisitos legales necesarios, lo que habría permitido que se llevara a cabo el desvío de fondos.

Además, se investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita entre funcionarios públicos y empresarios, en la que se habrían acordado los pagos por los servicios de seguridad contratados por Seguridad.

Por su parte, Patricia Bullrich negó las acusaciones y afirmó que la denuncia es una maniobra política. A través de sus redes sociales, sostuvo que "nunca hubo ningún tipo de irregularidad en la contratación de empresas de seguridad".

Los movimientos y pagos que se investigan

El director de entidades civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, explicó que en 2019 la IEES, que figuraba como organización sin fines de lucro, solicitó un cambio de objeto social orientado a estudios y capacitaciones sobre la seguridad, el crimen y el cibercimen.

En ese entonces el ingreso declarado era de 741 pesos. En 2021, un acta de la comisión directiva indicó que la asociación no tenía ingresos suficientes para pagar gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler).

En mayo de ese año empezaron a registrarse ingresos por "seminarios/almuerzos", aunque con facturas que no especifican fecha, lugar, temática de la capacitación ni número de asistentes.

Según Echeverría, "los ingresos de la asociación civil distan de estar vinculados al objeto social". En tanto, distintas investigaciones periodísticas constataron que en diciembre de 2022 empresarios pagaron "50.000 pesos el cubierto" para los almuerzos, mientras que otros pagaban en dólares.

Las ganancias bajo esos conceptos conformaron la mayor parte de los ingresos de la IEES durante ese año. Los pagos facturados por seminarios provienen de "400 personas físicas y jurídicas", que pagaron desde 30.000 a 3 millones de pesos.

Entre las más llamativas figuran compañías y asociaciones empresariales de CABA, Córdoba, La Pampa, Mendoza; y también bancos y aseguradoras.

Gastos de campaña

Respecto de la coincidencia temporal entre los "egresos de la institución y los movimientos de campaña política" que detalla el dictamen, se enlistan pagos de viáticos y actividades pagados por el IEES en las mismas fechas que Bullrich eligió para sus actos en las provincias.

La IGJ constató que hubo compras de pasajes aéreos a Salta, alojamiento en Mendoza y Bahía Blanca y hasta en Miami, Estados Unidos.

Por otra parte, hay registros de pagos por líneas telefónicas que tienen como beneficiario al partido Unión por la Libertad, fundado por Bullrich e integrado al PRO. También cerca de 6 millones de pesos en honorarios por servicios de consultoría política, análisis de datos y asesoría electoral.

Asimismo, la IGJ comprobó que la IEES destinó cerca de 9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, incluyendo a la propia Bullrich y el diputado Gerardo Milman, alejado de la presidenta del PRO luego de haber quedado implicado en sospechas en torno al atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

La Inspección General de Justicia (IGJ) intervino la fundación Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad (IEES), que dirige Patricia Bullrich, y formalizó una denuncia penal por el uso ilegal de fondos en el financiamiento de su campaña presidencial.

En el video, la periodista de judiciales, Patricia Blanco, explica los detalles de la investigación.

La denuncia

En este contexto, la IGJ presentó una denuncia penal contra Bullrich, por la presunta comisión de delitos de administración fraudulenta y asociación ilícita. La misma se realizó ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi quien determinará si las acusaciones presentadas tienen sustento y si corresponde iniciar una investigación penal contra la presidenta del PRO. 

El escrito presentado por el titular de la IGJ, Ricardo Nissen, se centró en la supuesta malversación de fondos públicos a través de la contratación de empresas privadas que brindaban servicios de seguridad para el Ministerio de Seguridad cuando Bullrich era su titular.

Según la IGJ, las empresas contratadas habrían sido seleccionadas sin cumplir con los requisitos legales necesarios, lo que habría permitido que se llevara a cabo el desvío de fondos.

Además, se investiga la existencia de una supuesta asociación ilícita entre funcionarios públicos y empresarios, en la que se habrían acordado los pagos por los servicios de seguridad contratados por Seguridad.

Por su parte, Patricia Bullrich negó las acusaciones y afirmó que la denuncia es una maniobra política. A través de sus redes sociales, sostuvo que "nunca hubo ningún tipo de irregularidad en la contratación de empresas de seguridad".

Los movimientos y pagos que se investigan

El director de entidades civiles de la IGJ, Guillermo Echeverría, explicó que en 2019 la IEES, que figuraba como organización sin fines de lucro, solicitó un cambio de objeto social orientado a estudios y capacitaciones sobre la seguridad, el crimen y el cibercimen.

En ese entonces el ingreso declarado era de 741 pesos. En 2021, un acta de la comisión directiva indicó que la asociación no tenía ingresos suficientes para pagar gastos corrientes (luz, gas, teléfono, alquiler).

En mayo de ese año empezaron a registrarse ingresos por "seminarios/almuerzos", aunque con facturas que no especifican fecha, lugar, temática de la capacitación ni número de asistentes.

Según Echeverría, "los ingresos de la asociación civil distan de estar vinculados al objeto social". En tanto, distintas investigaciones periodísticas constataron que en diciembre de 2022 empresarios pagaron "50.000 pesos el cubierto" para los almuerzos, mientras que otros pagaban en dólares.

Las ganancias bajo esos conceptos conformaron la mayor parte de los ingresos de la IEES durante ese año. Los pagos facturados por seminarios provienen de "400 personas físicas y jurídicas", que pagaron desde 30.000 a 3 millones de pesos.

Entre las más llamativas figuran compañías y asociaciones empresariales de CABA, Córdoba, La Pampa, Mendoza; y también bancos y aseguradoras.

Gastos de campaña

Respecto de la coincidencia temporal entre los "egresos de la institución y los movimientos de campaña política" que detalla el dictamen, se enlistan pagos de viáticos y actividades pagados por el IEES en las mismas fechas que Bullrich eligió para sus actos en las provincias.

La IGJ constató que hubo compras de pasajes aéreos a Salta, alojamiento en Mendoza y Bahía Blanca y hasta en Miami, Estados Unidos.

Por otra parte, hay registros de pagos por líneas telefónicas que tienen como beneficiario al partido Unión por la Libertad, fundado por Bullrich e integrado al PRO. También cerca de 6 millones de pesos en honorarios por servicios de consultoría política, análisis de datos y asesoría electoral.

Asimismo, la IGJ comprobó que la IEES destinó cerca de 9 millones a sus propios miembros de la comisión directiva, incluyendo a la propia Bullrich y el diputado Gerardo Milman, alejado de la presidenta del PRO luego de haber quedado implicado en sospechas en torno al atentado a la vicepresidenta, Cristina Kirchner.

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